sábado, 21 de septiembre de 2019

Notas del Día 20/09/2019

GUAIDÓ PEDIRÁ A LA ONU RECURSO DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS PARA CITGO. El equipo de Juan Guaidó, que está a punto de perder Citgo, se prepara para pedir un recurso de protección de activos en la ONU para evitar que los acreedores tomen control de dicha refinería.  Citgo, es el mayor activo que Venezuela tiene en el extranjero, pero ante las deudas y el default, está al borde del abismo.
La propuesta que será presentada en la ONU estaría en etapa inicial; los economistas y abogados asesores de Guaidó buscan que el organismo internacional proteja los activos de Venezuela, tal y como lo hizo el Consejo de Seguridad cuando protegió los activos de Irak en el extranjero tras la invasión estadounidense en 2003.  De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, «la táctica del equipo de Guaidó se debe a que para finales de octubre se tienen que pagar 913 millones de dólares del bono de la petrolera estatal PDVSA que vence en 2020 y que tiene como garantía más de la mitad de las acciones de la filial estadounidense de la industria, Citgo».  Pero lograr que el Consejo de Seguridad apruebe la medida de protección de activos a Guaidó es prácticamente «misión imposible»; debido a que está conformado por países como Rusia y China que tienen poder de veto y que además son aliados del gobierno de Nicolás Maduro.  Aunque la oposición realizó un pago de intereses de 71 millones de dólares del bono 2020 en mayo, no está claro si el equipo de Guaidó tendría acceso a los fondos congelados en cuentas en el exterior para el compromiso de octubre.  Hay que recordar que un decreto emitido en agosto congela los activos del Estado venezolano en Estados Unidos y suspende los juicios contra Citgo, pero no elimina permanentemente los derechos de los acreedores a embargarla.  Perder Citgo implicaría perder la capacidad de poner y distribuir crudo venezolano en Estados Unidos, debido a que este país es la principal nación que paga con divisas en efectivo; sin embargo ese país ha reducido sus compras a Venezuela tras las sanciones del Gobierno de Donald Trump. ->>Vea más… – Con información de panampost.com



EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA – COLOMBIA



EN LA MIRA DE LA OFAC NEGOCIOS EN VENEZUELA DEL EMPRESARIO CAMILO IBRAHIM CON ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO



IMÁGENES DE NEGOCIADORES OPOSITORES EN RESTAURANTE DE CARACAS PROVOCAN LA INDIGNACIÓN DE VENEZOLANOS



EXPLICACIONES ACERCA DE IMÁGENES DE GUAIDÓ CON NARCOPARAMILITARES COLOMBIANOS TIENEN SUS ESCÉPTICOS



LA TODAVÍA POSIBLE EXTRADICIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS DEL EX-MILITAR CHAVISTA HUGO CARVAJAL



VENEZOLANO HÉCTOR DÁGER GASPARD REALIZÓ INVERSIONES EN ESPAÑA, USA Y PANAMÁ TRAS PARTICIPAR EN ESQUEMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT



POLÉMICO AGENTE FINANCIERO. El agente financiero Diego Lepage irrumpió en los negocios del BOD en Ciudad de Panamá en donde el grupo tiene All Bank intervenido. A su lado tenía a una joven de la familia Chumaceiro. Este agente de negocios lleva varios años vendiendo instrumentos financieros y ofreciendo ganancias ilusorias. – Eugenio Araujo

EMPRESARIOS JOSÉ Y CHAMEL GASPARD CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia Herrera

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(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera

(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera


DETENIDO GENERAL RETIRADO DE LA GNB POR LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.  El pasado sábado 14 de septiembre funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en conjunto con el Ministerio Público, detuvieron al general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexi Enrique Escalona Marrero, en la urbanización Bosque Park, municipio Carrizal, estado Miranda.  Los funcionarios detuvieron al militar durante un allanamiento en su residencia. Se encontraba solicitado por peculado doloso propio en grado de continuidad, legitimación de capitales, asociación para delinquir y ultraje violento a funcionario público. Durante el allanamiento incautaron dos escopetas calibre 12 mm, cinco rifles, dos pistolas 9 mm y municiones, así como vehículos Mercedes Benz, Toyota Corolla y BMW.  Según información oficial, estaban realizando investigaciones que determinaron que el general Escalona, durante su gestión desde el 8 de enero 2018 hasta el 29 de mayo del 2019 como jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), presuntamente habría otorgado bienes de manera irregular a Samuel Sánchez Boada, con ayuda de Andrio José Araque Domínguez, quien ejercía como director de Legitimación de Capitales de la referida oficina para el momento del otorgamiento.  En marzo de 2019 el general retirado, aún como director de la Oncdoft, presuntamente, otorgó irregularmente la administración de un inmueble ubicado en el municipio Chacao, estado Miranda, Urbanización Campo Alegre, Edificio Albada, a Marisabel González García.  Según información oficial, estaban realizando investigaciones que determinaron que el general Escalona, durante su gestión desde el 8 de enero 2018 hasta el 29 de mayo del 2019 como jefe de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft), presuntamente habría otorgado bienes de manera irregular a Samuel Sánchez Boada, con ayuda de Andrio José Araque Domínguez, quien ejercía como director de Legitimación de Capitales de la referida oficina para el momento del otorgamiento.  En marzo de 2019 el general retirado, aún como director de la Oncdoft, presuntamente, otorgó irregularmente la administración de un inmueble ubicado en el municipio Chacao, estado Miranda, Urbanización Campo Alegre, Edificio Albada, a Marisabel González García. - Con información de Román Camacho - hispanopost.com

PEDRO TORRES PICÓN, HIJO DEL BANQUERO BOLIGARCA PEDRO TORRES CILIBERTO, EN CÍRCULO DE ASESORES DE GUAIDÓ



PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.com

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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"
El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales



(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

Resultado de imagen para "la previsora" site:informe25.com(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias

(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes.  – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com


ELECNOR PAGÓ 11 MILLONES AL EXVICEMINISTRO NERVIS VILLALOBOS TRAS UNA ADJUDICACIÓN. La compañía energética vasca Elecnor abonó 11,5 millones de euros al exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis Villalobos. El expolítico, que está procesado en Andorra por cobrar sobornos a empresas extranjeras a cambio de conseguir contratos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013), ingresó el dinero en este principado pirenaico, según un auto de una jueza andorrana, según publicara José María Irujo de El País. Los pagos de Elecnor a Villalobos se desembolsaron entre 2010 y 2012 bajo el concepto de un supuesto servicio de asesoramiento. El Gobierno de Chávez adjudicó en 2009 a través de su principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), una central termoeléctrica por 1.420 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) donde figuró la energética vasca.  Elecnor niega haber contratado al exministro de Chávez. Sin embargo, la causa que instruye una jueza de Andorra –un antiguo paraíso fiscal donde el exjerarca chavista ocultó el dinero de sus negocios- contiene numerosos documentos que vinculan al exfuncionario venezolano con la empresa. En uno de ellos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el entonces director del área internacional de Elecnor, Germán Junquera, afirma: “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”.  Villalobos aportó a la Banca Privada d’Andorra (BPA) -donde manejó 12 cuentas- dos contratos de “asesoramiento técnico” con Elecnor. Lo hizo para justificar el origen de su dinero. La energética vasca se comprometía en estos documentos a pagar un 5% de comisión a dos sociedades instrumentales de Villalobos por el proyecto de la planta de ciclo combinado Juan Manuel Valdez en Güiria, en el estado de Sucre.  Además, el exministro comunicó al banco andorrano en 2010 su plan para ingresar, al menos, 12 millones de dólares (10,2 de euros) en “dos o tres pagos” de Elecnor por una supuesta “asesoría en infraestructuras eléctricas”.  Las actas del departamento de prevención de blanqueo de la BPA de ese periodo recogen la supuesta relación contractual del exministro venezolano con la energética española.  Villalobos recibió entre 2010 y 2012 en una cuenta del banco del principado pirenaico cinco transferencias desde Malta por 13,5 millones de dólares (11,5 de euros), según la jueza andorrana Canòlic Mingorance.  La energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba que el que fuera ministro de Petróleo de Venezuela entre 2001 y 2006 recibiría un 4,5% del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento del pasado día 13 que encausa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos.  La resolución señala que la sociedad del paraíso fiscal de Belice Merol Ganem Development es una “fiduciaria de Villalobos” y“actúa en la presente operación por cuenta de la UTE Iberdrola Ingeniería y Construcción SA- Elecnor SA, por lo que respecta a la obra de construcción de la planta termoeléctrica de ciclo combinado Juan Manuel Valdez (aunque inicialmente se iba a llamar Antonio José de Sucre). A pesar de que en la UTE figuran las dos empresas, en 2012 Iberinco cedió todos sus derechos y obligaciones a Elecnor, dejando la UTE, pero manteniendo el mismo contrato con PDVSA”.  El expolítico venezolano abrió 12 cuentas en la BPA, una entidad intervenida por blanqueo en 2015 por las autoridades del pequeño principado pirenaico. Las cuentas figuraban a nombre de sociedades creadas por el banco en Panamá para camuflar los ingresos inconfesables de algunos clientes.  Para facturar sus “servicios”, Villalobos utilizó un alambicado esquema de ocultación. Su sociedad de Belice Megana International,con cuenta en la BPA, firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice, para que esta última actuara de fiduciaria de la primera y “por cuenta” de la citada UTE, según el auto.  La magistrada indica que las dos sociedades de Belice eran propiedad de la misma persona: Nervis Villalobos.  El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez –1.420 millones de euros y capacidad para producir 1.000 megavatios- se anunció en julio de 2009 en la sede gubernamental del Palacio de Miraflores, en Caracas. Al encuentro asistieron el expresidenteHugo Chávez y el exministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos junto a ejecutivos de PDVSA, Iberinco y Elecnor. Iberinco se desvinculó oficiosamente de la UTE en 2011.  REPARTO DEL BOTÍN.  La juez considera que el exministro Villalobos repartió parte de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas. Se trata del exviceministro de Energía y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Javier Alvarado, que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones, según la magistrada.  Villalobos, Alvarado y De León se encuentran entre los 28 procesados por la jueza andorrana Canòlic Mingorance por pertenecer a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos a empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de PDVSA.  Villalobos fue detenido el pasado octubre en Madrid junto a Luis Carlos de León. El exministro permaneció hasta la semana pasada en prisión preventiva. Junto a la causa andorrana, el exmandatario de Chávez afronta una solicitud de extradición de Estados Unidos por un presunto delito de blanqueo y está siendo investigado por un supuesto caso de corrupción en el marco del denominado caso Duro Felguera, que indaga el cobro de comisiones. Villalobos ha declinado responder a El País.  Por su parte, Elecnor señala que no contrató al exministro venezolano Villalobos. “Ni Elecnor ni ningún directivo de esta compañía está siendo investigado por estos hechos. No entendemos la referencia en los documentos judiciales. No tenemos, ni hemos tenido, ni participado nunca en ninguna sociedad radicada en Malta. No hemos realizado nunca ninguna operación con entidades financieras de Andorra”, zanja la energética. – Con información de iberoeconomia.es

VENEZOLANOS INDIGNADOS CON EL EMPRESARIO HERNÁN PORRAS MOLINA POR “LAVARLES LA CARA” A DUEÑOS DE RESTAURANTES DE MIAMI VINCULADOS CON CORRUPCIÓN



ASÍ DESCRIBEN AL ENCHUFADO APODERADO DE TECHNOBIO CORP



TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EN EL OCEAN BANK DE MIAMI VINCULARON A EX-PRESIDENTE DE PDVSA RAFAEL RAMÍREZ.  Una disputa judicial en Miami puso al descubierto en 2011 las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank vinculada a uno de los que fueran los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela.  Un amplio seguimiento de  Univision, pudo determinar que la cuenta estaba relacionada con Rafael Ramírez, expresidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo en el gabinete del presidente Hugo Chávez.  Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen.  La oficial de fortunas privadas, Niurka Sánchez, quien manejaba la cuenta, alegó en una demanda en Miami que la despidieron injustamente en enero de 2009 luego de reportar como "sospechosas" varias transacciones de la cuenta ante autoridades financieras de Estados Unidos.  "Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra", dijo Pelayo Durán, abogado que representó a Sánchez en el litigio.  De acuerdo con documentos de la corte del condado de Miami-Dade y fuentes de Univisión,  la operación funcionaba de la siguiente manera: Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado de Venezuela, identificado en los papeles de la corte por las iniciales “RB”.  Según fuentes familiarizadas con las investigaciones federales, RB consignó al banco un contrato legal para demostrar que el origen del dinero era legítimo, y provenía de pagos realizados por Ramírez por honorarios profesionales.  El abogado es descrito en algunos documentos de la corte como un especialista en el área criminal en Venezuela. Los papeles, sin embargo, no detallaron qué tipo de trabajo realizó el jurista a favor de Ramírez.  RB también fue mencionado en la declaración jurada del presidente del banco, Alfonso Macedo, como una persona muy cercana a su familia, que prestaba regularmente servicios de asesoría legal al Banco Plaza, en Venezuela, también propiedad de los accionistas mayoritarios del Ocean Bank.  El abogado enviaba regularmente a la cuenta en el Ocean Bank transferencias de entre $300,000 a $600,000, que superaron los $3 millones en un período de unos 14 meses, entre 2007 y 2008.  Una vez que el dinero ingresaba en su cuenta, RB impartía instrucciones para que los depósitos se transfirieran de inmediato a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo.  Preocupada porque algunos de los giros eran ajenos al contrato de asesoría entre el abogado y el presidente de Pdvsa, Sánchez decidió informar al Fincen, el organismo del gobierno de Estados Unidos que investiga el lavado de dinero en el sistema financiero norteamericano e internacional.  De acuerdo al documento de la corte, Macedo, el presidente del banco, recriminó a Sánchez por haber reportado la cuenta a Fincen, y le advirtió que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a RB.  “La señora Sánchez reportó la actividad sospechosa y la reportó al presidente del banco, entre otros, y a raíz de haberlo reportado, ella se volvió un problema”, dijo Rod Hannah, miembro del equipo de defensa de Sánchez.  La ex ejecutiva bancaria, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, alegó en la demanda que el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales’’, afirmó la demanda.  Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales adelantaban en el Ocean Bank.  “Específicamente nosotros sabíamos que había una investigación y nosotros hemos asistido al gobierno federal en todo lo que han necesitado bajo nuestras restricciones”, dijo el abogado defensor Pelayo Durán.  Los abogados de la firma Holland & Knight, que representaron al banco, dijeron a Univisión que “la política de Ocean Bank no es hacer comentaqrios sobre casos en litigio”. Ambas partes llegaron a un acuerdo para evitar un juicio público.  Un cuestionario enviado por Univisión al expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, a través de la embajada de Venezuela en Washington, no fue respondido.  Si el FDIC no aprueba el acuerdo entre las partes, “vamos a ir a un juicio abierto y público”, advirtieron los abogados de Sánchez.  Ocean Bank fue sometido a una pesquisa federal con una multa al banco por más de $10 millones, debido a que no tomó las medidas adecuadas para evitar el lavado de dinero durante casi diez años.  Los investigadores federales encontraron que las fallas del banco no sólo se presentaron en el manejo de cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos. – Con información de Agencias

LAS DENUNCIADAS OPERACIONES DE CAICATIAMA MANAGEMENT Y HUMBERTO ARAQUE UGARTE



INTERNACIONALES

ASÍ DE EXTRAVAGANTE ES EL ABOGADO COLOMBIANO ABELARDO DE LA ESPRIELLA



LAS RAZONES POR LAS QUE PANAMEÑOS CREEN QUE EL GOBIERNO DE JUAN CARLOS VARELA FUE DE LOS PEORES QUE HAN TENIDO



CORTIZO NO DESTITUIRÁ A JEFA DE MIGRACIÓN DE PANAMÁ TRAS CONTROVERSIA DE PRIMOS



JEAN FIGALI VINCULADO EN COLOMBIA CON EL CARTEL DE MEDELLÍN. Un reportaje de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo de Colombia acusó en 2014 al empresario panameño Jean Figali de haber sido miembro del cartel de Medellín a mediados de la década de 1990. El reportaje titulado: "Colombia y Panamá van tras Jean Figali, capo del contrabando", fue publicado en la edición digital de este diario de Bogotá. "El empresario es señalado de lavarle plata a capos y a contrabandistas de ambos países (Colombia y Panamá)", señaló el rotativo en un amplio reportaje donde se citan a exnarcos de este cartel. “En el cartel de Medellín lo conocimos con el nombre de Jhon Nasser. Fue socio nuestro en varios envíos de droga y en 1999, cuando nos entregamos a Estados Unidos, se fue a Panamá y ahora es un influyente empresario”, indicó el reportaje. En el artículo se citan también declaraciones de José Gabriel Carrillo, abogado de Figali. Carrillo le dijo a El Tiempo que su cliente ya fue juzgado y hallado inocente de conductas que algunos quieren endosarle de nuevo. Además, el abogado expresó que su cliente fue objeto de una encarnizada persecución política en Panamá por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, al punto que se le hicieron cargos inventados por lavado de dinero, de los cuales fue absuelto, según el reportaje. El cartel de Medellín fue fundado por el narcotraficante Pablo Escobar, muerto en 1993. EN LA PALESTRA. El entonces director de las Aduanas de Colombia, Juan Ricardo Ortega, acusó a Figali de contrabandear telas. En mayo de 2014, el expresidente Martinelli señaló públicamente que había recibido amenazas de Figali, señalamientos que fueron desmentidos por los abogados del empresario. En abril de 2013, el gobierno anunció que subastaría las propiedades secuestradas a Figali en el año 2009, valoradas aproximadamente en 150 millones de dólares. Se trata de las parcelas 4, 5 y 7 en la calzada de Amador, que la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) entregó en concesión a Figali hacía más de una década. En total estas suman 103 mil metros cuadrados sobre los cuales el empresario construyó un centro de convenciones y un complejo de habitaciones que formarían parte de un hotel, que nunca se terminó. PROBLEMAS CON EL FISCO. De acuerdo a un reportaje de La Prensa, publicado en abril de 2013, dentro de esta venta también se tenía programado las 23 casas en las que Figali pretendía construir un bulevar con tiendas de alta costura, pero finalmente las transformó en una franja de restaurantes y discotecas conocida hoy día como "Zona de la Rumba". En la nota de este diario se especificaba que: "En noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó secuestrar las propiedades de Figali ante el incumplimiento del arreglo de pago que había acordado la empresa por la morosidad que mantenía con la UABR. Dos años después el empresario acordó firmar un acuerdo extrajudicial con el Gobierno, donde cedió todas sus propiedades para cancelar una deuda por 29 millones de dólares que mantenía con diferentes instituciones del Estado. De este monto, 20 millones de dólares correspondían a la UABR en concepto de arrendamiento; 8 millones de dólares en un fideicomiso que mantenía el grupo con la Caja de Ahorros y el resto de la deuda correspondía a facturas pendientes con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y con la Autoridad Nacional del Medio Ambiente". El reportaje agregaba que "de acuerdo con el contrato de arrendamiento, Figali debía pagar una renta mensual de 83 centésimos por cada uno de los 112 mil metros cuadrados que recibió en concesión durante la administración de Mireya Moscoso. Después de múltiples recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, se dictaminó que la empresa no tenía derecho a realizar el relleno de mar, por lo cual la propiedad fue expropiada por la actual administración gubernamental. Este relleno formará parte de la ampliación a cuatro carriles de la calzada de Amador". - Fuente: Agencias

(CAMERÚN) RSF PIDE LA EVACUACIÓN SANITARIA DEL PERIODISTA AMADOU VAMOULKÉ. La salud del ex director general de la radiotelevisión pública de Camerún, Amadou Vamoulké, se deteriora, después de más de tres años de detención. Dos informes médicos certifican que el periodista debe realizar amplios exámenes que no pueden llevarse a cabo en su país. Reporteros Sin Fronteras (RSF) exige por ello a las autoridades su puesta en libertad inmediata para que pueda recibir los cuidados médicos que precisa.  ¿Dejará la justicia camerunesa que Amadou Vamoulké muera lentamente tras las rejas de la prisión central de Kondengui en Yaundé? El antiguo director general de la radiotelevisión de Camerún (CRTV) debió comparecer el lunes 16 de septiembre ante un tribunal penal especial que le juzga de un presunto delito económico, nunca demostrado por la fiscalía después de más de tres años de instrucción.  RSF ha tenido acceso a dos informes médicos, cuyas conclusiones son unánimes. El primero, realizado por el hospital central de Yaundé, recomienda "una evacuación a un centro especializado", justificada según los médicos por "limitaciones técnicas”, por un lado y por la “severidad de la afección neurológica" de la que sufre el paciente, por otro. Estas recomendaciones han sido corroboradas por el Hospital Americano de París al que se transmitió el expediente médico de Amadou Vamoulké para su estudio .  En el certificado consultado por RSF, el profesor y neurólogo Hervé Taillia, dictamina que el paciente de 69 años presenta "un cuadro clínico deficiente que afecta a ambas extremidades, de manera severa y progresiva" lo que requiere exámenes y tratamientos específicos "que parecen difíciles de realizarse en el lugar donde se encuentra el enfermo". Recomienda, por lo tanto, su "hospitalización en Francia".  "¿Tendremos que esperar una tragedia para que termine la terrible experiencia sufrida por este periodista que no ha sido juzgado tres años después de su detención? Los informes médicos son inequívocos: Amadou Vamoulké debe ser evacuado para recibir tratamiento, afirma Arnaud Froger, responsable de la oficina de RSF en África. Hacemos un llamamiento a las autoridades camerunesas para que no permitan que uno de los periodistas más destacados de su país muera en prisión".  El ex director de CRTV, designado por el presidente Paul Biya para dirigir la emisora pública de Camerún en 2005, fue detenido en julio de 2016, acusado de apropiación de fondos públicos en beneficio de la CRTV, cargos que nunca han sido probados desde el inicio de su juicio y después de 21 audiencias.  Amadou Vamoulké fue el único periodista africano nominado este año para el premio RSF a la libertad de prensa. Ferviente defensor de la apertura del mercado audiovisual en nombre del pluralismo y partidario de la despenalización de los delitos de prensa en su país, Vamoulké también fue el primer presidente de la Unión de Periodistas de Camerún.  En marzo, RSF envió una carta abierta al presidente Paul Biya instándole a poner fin a la detención del periodista.  En febrero, una docena de parlamentarios franceses escribieron al presidente Emmanuel Macron y al Ministerio de Relaciones Exteriores para denunciar esta "detención política". En su respuesta, el gabinete del ministerio reconoció que la fiscalía "no demostró la relevancia de su acción" y anunció que "prestaría mucha atención" a las conclusiones del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria al que ha recurrido Reporteros Sin Fronteras.  RSF denuncia que el tribunal que juzgó a Amadou Vamoulké había excedido con creces el plazo máximo de nueve meses que establece la ley para este tribunal especial.  Camerún ocupa el puesto 131 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la libertad de la Prensa elaborada anualmente por RSF. – Con información de rsf-es.org

(UNIÓN EUROPEA) LIBERTAD DE PRENSA: PROGRESOS E INCERTIDUMBRES EN LA NUEVA COMISIÓN EUROPEA.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebra el nombramiento, en el seno de la nueva Comisión Europea, de una vicepresidenta responsable de la libertad de prensa, pero manifiesta su preocupación por la designación de un antiguo ministro de Justicia del gobierno de Viktor Orban al frente de la cartera de Ampliación. RSF pide al Parlamento Europeo que bloquee el nombramiento de este último.  La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el martes 10 de septiembre a su nuevo equipo. La nueva responsable del Ejecutivo comunitario ha decidido nombrar al frente de la cartera de Política de Vecindad y Ampliación al ex ministro de Justicia de Viktor Orban, László Trócsányi(*).  "¿Cómo se puede creer que László Trócsányi garantizará el respeto al Estado de derecho, la libertad de prensa y el pluralismo de los medios en los países candidatos cuando ha sido uno de los arquitectos del retroceso de las libertades en su país?", denuncia Julie Majerczak, representante de RSF ante las instituciones europeas. "Esta elección plantea una serie de interrogantes sobre el deseo real de la Comisión de promover el Estado de derecho, los derechos humanos y la libertad de prensa en la UE y en terceros países".  RSF pide a los eurodiputados que denieguen esta cartera al candidato de Orban. Los eurodiputados deben examinar a cada comisario designado a finales de este mes.  Por otra parte, RSF se congratula de que la libertad de información sea uno de los temas centrales dentro de la vicepresidencia de Valores y Transparencia que ocupará la actual comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.  En su Carta de Mandato, la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma su voluntad de dar un nuevo impulso a la democracia europea y especifica que la lucha contra la desinformación, así como la defensa del pluralismo de los medios de comunicación, se encuentran entre sus principales prioridades.  "Es una señal positiva que la libertad de prensa y el pluralismo de los medios sean temas de primer orden para la presidenta de la Comisión", asegura la representante de RSF en la UE, Julie Majerczak. “Durante la campaña electoral europea, RSF elaboró un documento con 10 propuestas para que la UE haga de la información gratuita e independiente una prioridad para los próximos cinco años. Ahora estamos esperando que este prometedor comienzo en la nueva Comisión se traduzca en acciones concretas. Y estaremos atentos”.  La Vicepresidencia de Valores y Transparencia estará en manos de la checa, Vera Jourova, actualmente a cargo de la cartera de Justicia, del Ejecutivo presidido por Jean-Claude Juncker, cuyo mandato expira el próximo 31 de octubre. RSF pide a Jourova que continúe demostrando la misma independencia e integridad en sus futuros cargos como lo hecho hasta la fecha.  Además, para defender de manera eficaz la libertad de prensa, la independencia y el pluralismo de los medios en una Europa donde las agresiones contra los periodistas se multiplican, RSF aboga por un examen periódico del respeto a la libertad de información en todos los Estados a través de la elaboración de un informe independiente, que podría conducir a recomendaciones específicas para cada país y posibles sanciones en caso de violaciones graves.  Asimismo, cuando se constate la vulneración de los derechos fundamentales, especialmente si se trata de ataques contra la integridad física de los periodistas, RSF propone que las ONG y los defensores de la libertad de prensa puedan remitir el asunto con urgencia a la Comisión Europea para que esta intervenga lo antes posible ante las autoridades nacionales competentes.  Por otra parte, con el fin de combatir el fenómeno de la información falsa, RSF considera que se debe dar prioridad a la fiabilidad de los contenidos y no a una política represiva que es difícil de aplicar y peligrosa para la libertad de expresión. En este contexto, RSF pide a la Unión Europea el reconocimiento y el apoyo al proyecto “Journalism Trust Initiative”, un dispositivo de autorregulación de los medios de comunicación para luchar contra la desinformación en línea que distingue la información fiable a través de una serie de indicadores sobre la transparencia de los medios, la independencia editorial, la implementación de métodos periodísticos y el respeto a las normas deontológicas.  Igualmente, con vistas a proteger mejor el espacio público de los ataques de los troles, mercenarios creados por regímenes autoritarios, y la aceleración de la difusión de informaciones manipuladas, RSF hace un llamamiento a los países europeos para que respalden la iniciativa "Información y Democracia" lanzada por la organización en noviembre de 2018 y que ya cuenta con el apoyo de una veintena de Estados democráticos.  RSF también aboga por la creación de un nuevo marco legislativo que permita responsabilizar a aquellas plataformas digitales que no cumplan con sus obligaciones frente a las violaciones de la libertad de opinión y expresión en internet.  Finalmente, RSF pide que la UE se dote de autoridad para imponer sanciones específicas e individuales contra los responsables de violaciones graves de la libertad de prensa y de la seguridad de los periodistas en terceros países, siguiendo el modelo de la estadounidense "Ley Magnitsky".  RSF insta a los eurodiputados a interrogar a los comisarios designados del nuevo Ejecutivo comunitario sobre estos temas durante la audiencia prevista en el Parlamento Europeo a finales de mes, especialmente a Vera Jourova, pero también a Margrethe Vestager (vicepresidenta segunda para asuntos digitales y competencia), Didier Reynders, (Justicia) Sylvie Goulard (Mercado interior digital) así como a Josep Borrell (Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad).  Tras las audiencias parlamentarias de los comisarios, los eurodiputados deben decidir si dan su aprobación al nuevo Colegio de Comisarios en una votación plenaria programada para el 23 de octubre.  (*) El nombramiento Trócsányi ha suscitado una viva polémica, ya que participó activamente en la redacción de leyes declaradas incompatibles con los estándares europeos. – Con información de rsf-es.org

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