Diego Antonio Salazar Carreño es hijo del exguerrillero, exconstituyentista y
miembro fundador del partido Movimiento Quinta República (MVR) en Venezuela,
Diego Antonio Salazar Luongo. Primo por parte materna del exministro de
Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Según escribiese
la periodista Olga Wornat, en La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de
vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de
Venezuela, y todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el
multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de
Venezuela. Al “Rojo de Oro” le encanta la fiesta, el derroche y los lujos.
Vacaciona en Dubai, donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y
custodios. Tiene mansiones en EE.UU. y Europa. En Caracas, adquirió un lujoso
piso en la urbanización Campo Alegre, pero como le resultaba poco, compró el
edificio. Aficionado al canto, creó una orquesta de cien músicos de salsa -con
salarios en dólares- con los que ensaya tres veces por semana en el hotel
Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda”.
Según un reportaje de Wall Street Journal, Salazar, junto con Rafael Ramírez,
pedían sobornos para presentarse a licitaciones de proyectos de energía. Ambos
serían investigados por autoridades federales estadounidenses.
Según un reportaje del diario español El País, publicado el 13 de septiembre
de 2018, su nombre engrosa una lista de 28 procesados por blanqueo de
capitales entre 2007 y 2012 de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa). Según la
investigación, mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en
paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a
parar a Andorra. Asimismo, en la lista de procesados también aparece su
esposa, Rosycela Díaz.
Se llamaban “empresas de maletín», carecían de actividad y sirvieron para
ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000
millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo
Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de
Venezuela SA (PDVSA).
El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA,
controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la
adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según reseñase el
diario EL PAÍS.
Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio”
de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y
Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.
La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló
directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de
Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.
La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas
compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de
negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo
del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo
accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales
comerciales a su nombre.
“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los
verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de
acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luongo. El documento atribuye
a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias,
legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.
Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las
indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al
registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales
vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas
controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.
Junto a Salazar y Luongo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos
sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y
Luis Mariano Rodríguez Cabello.
La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro
de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de
la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante
este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes
inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl
Morodo.
La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de
1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones
abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del
Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de
PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.
Documentos revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera
viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis
Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis
Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través
de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un
“acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el
acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10
millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo
que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera
de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico
procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la
petrolera.
A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments,
Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex
responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez
justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos
servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado
energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de
prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los
investigadores.
Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de
adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5
millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de
Petróleo del Ejecutivo de Chávez.
Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como
protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA. La
antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como
supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de
la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no
existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez
de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus
Baptista fue arrestada el pasado julio por su presunta conexión con la trama
que saqueó la petrolera.
Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ordenó rastrear el
patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de
PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El
exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y
2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también ordenó
cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la
Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró
presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en
Venezuela.
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FUENTE: Con información de reportedelaeconomia.com
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