lunes, 22 de octubre de 2018

Turbias negociaciones de Diego Salazar y Villalobos con empresa Kerui y Pdvsa

Pese a figurar entre las empresas que habrían mantenido negociaciones irregulares con Diego Salazar , Petróleos de Venezuela S.A. continúa contratando con las compañías chinas del Kerui Group Holding Company en el contexto de los acuerdos de cooperación suscritos entre los gobiernos de China y Venezuela.

Empresas pertenecientes al Kerui Group Holding Company figuran en el expediente de Diego Salazar Carreño, primo del exministro de Energía y Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela S.A. por casi una década, Rafael Ramírez Carreño, a cuyo amparo se habrían llevado a cabo las negociaciones irregulares que el primero llevó adelante como intermediario y cuyas causas se siguen en tribunales de Andorra, Estados Unidos y por la propia Fiscalía General de la República en manos del fiscal Tarek William Saab. Pero aparecer como entes presuntamente pagadores de coimas a cambio de obtener jugosos contratos no sería óbice ni suficiente justificación para que la estatal petrolera venezolana continúe contratando con la citada firma asiática, de acuerdo con un reportaje de la periodista Mabort Petit.

Documentos en nuestro poder revelan tanto el papel de Diego Salazar como intermediario en las contrataciones de PDVSA con el Grupo Kerui, como la forma cómo se realizaron parte de los supuestos pagos de comisiones por parte de Shandong Kerui Petroleum Eguima CO LTD a través de un conjunto de empresas de maletín cuyo titular sería Salazar o sus testaferros y que se llevaron a cabo mediante cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA) en las que tanto el familiar de Rafael Ramírez, como Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Energía y expresidente de la C.A. Electricidad de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución, habrían lavado más de 2 mil millones de dólares provenientes de las comisiones pagadas para la obtención de contratos con PDVSA que ya hemos reseñado en publicaciones anteriores que hoy refrescaremos en estas páginas.

Estas operaciones fueron detectadas por la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos quienes lograron desenredar la red que les permitió a Salazar y a sus socios lavar el dinero producto de las coimas cobradas desde PDVSA por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez mediante un refinadísimo esquema de corrupción.

Esta investigación tuvo su desenlace el 10 de marzo de 2015 cuando fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA)[1] por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) respondiendo a la denuncia del Fincen, organismo este que informó a las autoridades andorranas que un gerente de la BPA recibió grandes comisiones de parte de intermediarios venezolanos con el fin de crear empresas de maletín a través de las cuales se legitimara el producto de las operaciones de corrupción. El total de las operaciones sumaba 4.200 millones de dólares de Venezuela.

Las averiguaciones que llevaron a que la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra a cargo de la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat, formulara una rogatoria internacional dirigida a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2012, para que esta informara acerca de diligencias que pudieran estar en curso en ese despacho sobre la presunta comisión del delito de blanqueo de dineros o valores por parte de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Nervis Villalobos Cárdenas y Diego Salazar Carreño. La magistrada estaba indagando si la red de Salazar había utilizado el conjunto de cuentas que manejaba en la BPA para cobrar comisiones ilegales a empresas extranjeras que obtuvieron contratos PDVSA. También debía informar el Ministerio Público venezolano si cursaban investigaciones por corrupción sobre los señalados y otro conjunto de personas que estaban involucrados con el caso[2].

Diego Salazar quiere hacer negocios con Kerui
El 29 de noviembre de 2011, Nelson Rodríguez, Director de Negocios de InverDT Asesores de Negocios C.A., remitió a John Pan, gerente general del Departamento de Negocios Internacionales del Grupo Kerui, para darle a conocer que Diego Salazar, presidente de la firma (de InverDT C.A.) estaría en Pekín entre los días 11 y el 16 de diciembre de 2011 junto a miembros de la empresa, quienes a saber serían Nelson Rodríguez (Director Comercial), Hercilio Rivas y Luis Tenorio (asesores de negocios), Luis Mariano Rodríguez (Director Financiero).

En la misiva, Rodríguez, solicitó una reunión con el presidente o con una representación de alto nivel del Grupo Kerui con el fin de “intercambiar ideas y evaluar posibles oportunidades comerciales de interés para ambas compañías con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones comerciales”.

Las negociaciones con China
Como ha sido ampliamente reseñado, Venezuela y China suscribieron en 2007 un acuerdo marco de cooperación denominado Fondo de Cooperación Binacional, a través del cual el país asiático otorga préstamos al primero. Posteriormente, en septiembre de 2010, ambas naciones firmaron un nuevo acuerdo marco que se llamó El Gran Volumen.

De acuerdo a los documentos de respaldo de los convenios, China hace empréstitos por USD 20.000 millones con la condición de que se contrate con este dinero a empresas chinas para que desarrollen proyectos en el país latinoamericano. Se convino también que la mitad del dinero —USD 10.000 millones— debía devolverse en yuanes chinos y el resto con entregas de petróleo venezolano.

Con este panorama como contexto, Diego Salazar compró en 2010 el 99 por ciento de las acciones que José Luis Rodríguez poseía en Inver DT y entre el 29 de noviembre de 2011 y el 6 de septiembre de 2012, ocurre que cinco empresas chinas hicieron pagos a Highland Assets por USD 154.120.449,30. Se sabe que Highland Assets es una sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios cuyo derechohabiente es Diego Salazar.

Los servicios de asesoría fueron el justificativo de las operaciones entre las empresas chinas e Inver DT. Hay que apuntar, sin embargo, que las citadas compañías chinas no detallan los conceptos de la contraprestación, siendo que el total abonado por cada empresa es equivalente a un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento del contrato de obra alcanzado en el marco del plan Gran Volumen. Por otra parte, es altamente significativo que siendo Venezuela el lugar donde se prestó el servicio, el pago por los mismos se haya realizado en Andorra. ->>Vea más...

Fuente: Con información de Maibort Petit - http://www.venezuelaaldia.com ->> Ir

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