FRANCISCO RODRÍGUEZ: EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DECLARAR UNA DEUDA ILEGAL. Por estos días el tema Citgo y la deuda del bono Pdvsa 2020 copará la agenda económica del país. El 29 de octubre hay que pagar 913 millones de dólares con la nación sumida en una brutal crisis política y una virulento “crash” económico que tiene a Citgo en la picota. El economista venezolano Francisco Rodríguez pone las cosas en blanco y negro, no sin antes pasar por una “escala de grises legales”.
“Aquí las cosas dependen de las decisiones de algunos actores y, en particular, del Gobierno de EE UU”. Sobre este último, opina, basta con que Washington “apruebe una orden ejecutiva o una medida del Departamento del Tesoro que impida el embargo del activo, EE UU tiene la facultad de hacerlo (…)Si dictan esa orden ejecutiva no se pierde”. En conversación con PANORAMA desde Nueva York, el director de la Fundación Petróleo por Venezuela, se refirió también a la “escala de grises legales” que se plantea de cara a una corte de Nueva York. Su planteamiento pasa porque “el Poder Legislativo se atenga al Poder Judicial, esto es importantísimo entenderlo, el Poder Legislativo no puede decidir sobre la legalidad, ni la constitucionalidad de nada, el Poder Legislativo no puede declarar una deuda ilegal, esa es potestad del Poder Judicial”. “El gobierno de Guaidó planteará que no quiere pagar ese bono porque violó el artículo 150 de la Constitución y el juez de Nueva York le va a responder denme el fallo del Poder Judicial que dice que el Gobierno violó la Constitución, no puedo tomar la palabra de usted que tiene el Poder Ejecutivo o Legislativo, que en el caso de Guaidó se mezclan, tomo la palabra del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela”, opina Rodríguez quien recomienda que la decisión pase por el tribunal del exilio que, eventualmente, reconocería un juez de Nueva York. — ¿CUÁL ES SU EXPECTATIVA DEL DESENLACE CON EL CASO CITGO? — Es bastante difícil hacer algunas predicciones, aquí las cosas dependen de las decisiones de algunos actores y, en particular, del Gobierno de EE UU. Supongamos que el Gobierno de EE UU no hace nada, o sigue haciendo lo que hasta ahora, el 28 de octubre se tienen que pagar 913 millones de dólares, si ese pago no se hace; entonces los acreedores tienen el derecho de ejecutar la garantía y ese es un proceso relativamente sencillo, desde el punto de vista jurídico en EE UU. Los sistemas legales en Estados Unidos le dan un nivel central al cumplimiento de los contratos, además, cuando se pone algo en garantía de un préstamo es como si lo llevaras a una casa de empeño, cuando está ahí, si no pagaste no tienes que traer abogados ni nada, simplemente se la quedan; técnicamente la garantía del bono Pdvsa 20 es así: el activo está en manos de una entidad, que se llama el agente del colateral, esta es una compañía contratada por las partes para tener la garantía en su posición. Las acciones de Citgo Holding en este momento no están en manos de Pdvsa. El agente del colateral firma un contrato en el que dice: Si Pdvsa no paga bajo estas condiciones, con estos períodos de gracia, entonces el agente del colateral tiene el deber de traspasarle ese colateral a los acreedores, para que se venda y en base a los ingresos derivados de esa venta se le pague a los acreedores y cualquier remanente lo regresa a esa empresa. Esto lo que quiere decir es que aquí hay un proceso bastante expedito que se puede dar si Pdvsa no paga. Ahora, hay dos preguntas que nos podemos hacer: ¿va Pdvsa a pagar o no?, ¿Tiene Pdvsa el dinero para pagar? Comencemos por el dinero, a principios de año el asesor de seguridad, John Bolton, dijo que con el reconocimiento de Guaidó y con las sanciones económicas a Venezuela se le habían congelado 7 mil millones de dólares al Gobierno de Maduro, de acuerdo con lo dicho por la Casa Blanca habían 7 mil millones de dólares, ese dinero pertenece al gobierno de Guaidó, pero puede que esto siga congelado, y el Guaidó no tenga acceso a ellos sin la autorización de EE UU, ahí comenzamos a ver el rol de la administración Trump en esto. Si EE UU permite que el Guaidó utilice esos 7 mil millones de dólares, entonces tendrá una mayor capacidad de pago que si no se lo permite. El dinero está ahí, la pregunta es si EE UU lo permite. Después de eso está una decisión, política, del gobierno de Guaidó de pagar y explicarle a los venezolanos por qué se están pagando a acreedores internacionales si hay tantas necesidades en el país que se podrían solventar con esos recursos. A su vez hay otra decisión de EE UU y es aprobar una orden ejecutiva o una medida del Departamento del Tesoro que impida el embargo del activo, EE UU tiene la facultad de hacerlo, el gobierno de Guaidó lo ha venido pidiendo, pero EE UU hasta ahora ha decidido no hacerlo. Si dictan esa orden ejecutiva no se pierde y el gobierno de Guaidó no tiene que pagar, si no la dictan hay que pagar o se pierde y entonces entramos en una controversia más reciente, si el bono se puede desconocer. ->>Vea más… – Con entrevista de Heilet Morales - Panorama
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 18 DE OCTUBRE DE 2019 | VENEZUELA – SUIZA
EXPLICADO EN VÍDEO POR QUÉ EL 25 DE JULIO PASADO ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO FUERON SANCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO ESTADOUNIDENSE
ASÍ DE MAL SE EXPRESARON VENEZOLANOS SOBRE GUSTAVO MARCANO, EL «MINISTRO CONSEJERO» CAPTADO EN ZONA VIP DE JUEGO DE GRANDES LIGAS
ÓSCAR RÍOS DELLÁN, EL EX-GERENTE QUE DISFRUTARÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS DEL SAQUEO ESTATAL EN VENEZUELA
ABOGADO VENEZOLANO HÉCTOR DAGER GASPARD EN LA MIRA DE LA JUSTICIA BRASILEÑA
LA HISTORIA CONTADA EN 2013 ACERCA DE CHARLES HENRY DE BEAUMONT, UN ASESOR FINANCIERO DE «BOLIGARCAS» VENEZOLANOS
GUSTAVO MIRABAL CASTRO, UN VINCULADO A LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA QUE FALTA POR SER SANCIONADO EN USA
EMPRESARIOS JOSÉ Y CHAMEL GASPARD CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia HerreraContenidos Relacionados…
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(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS
(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera
(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera
INTERNACIONALES
LA INVITACIÓN DE PANAMEÑOS A LA PRESIDENTA DE LA CIDH DESPUÉS DE SER LA ONU LA QUE SE PRONUNCIASE A FAVOR DE RICARDO MARTINELLI
«COYOTES» Y MAFIAS ALIENTAN EL MOVIMIENTO DE MIGRANTES ILEGALES EN PANAMÁ
ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ RECHAZÓ PROPUESTA DE DIPUTADA ZULAY RODRÍGUEZ QUE BUSCABA NEGAR NACIONALIDAD A HIJOS DE EXTRANJEROS
LA DIRECTORA DE MIGRACIÓN DE PANAMÁ SAMIRA GOZAINE SIGUE EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA, AHORA POR DENUNCIAS DE VENTAS DE TRÁMITES
EL ACUERDO CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y LA EVASIÓN DE IMPUESTOS QUE ALGUNOS VEN COMO UN TRIUNFO DE COLOMBIA SOBRE PANAMÁ
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.comContenidos Relacionados...
(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
(IRAK) PISTOLEROS ATACAN AL MENOS TRES EMISORAS DE TELEVISIÓN EN BAGDAD. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena los ataques de pistoleros contra al menos tres emisoras de televisión, perpetrados en 24 horas en Bagdad. Para RSF, los ataques fueron claramente diseñados para silenciar la cobertura informativa de la ola de protestas contra el gobierno. Entre los objetivos se cuentan la oficina de Bagdad del canal de televisión panárabe Al-Arabiya, financiado por el gobierno saudí, que fue atacado en la noche del 5 de octubre por un gran grupo de hombres fuertemente armados con uniformes, cascos y máscaras. Las imágenes de la cámara de circuito cerrado de televisión muestran a un empleado levantando las manos y luego arrodillándose mientras los pistoleros entran y arrancan cables, rompen pantallas y roban cámaras. "Estos ataques coordinados y premeditados de intensidad excepcional son inaceptables y extremadamente inquietantes", denucia Sabrina Bennoui, directora del departamento de RSF para Oriente Medio. “Ya no se trata solo de ataques a equipos sobre el terreno, ahora se ataca a las oficinas de los medios de comunicación, y esto les impide informar sobre lo que está sucediendo en Irak ". Los locales de Bagdad de Dijlah TV, un canal privado de televisión iraquí, fueron incendiados el 6 de octubre. Dijlah TV emitió rápidamente una declaración describiendo el ataque como "parte de una política para amordazar a los periodistas y matar a la prensa libre". El tercer objetivo principal fue la oficina del canal de televisión kurdo-iraquí NRT en Bagdad, que sufrió saqueo y corte de la emisión. Poco después del ataque, NRT publicó un mensaje en Facebook con el hashtag "No nos callarán" en el que prometía volver pronto al aire. Alghad TV también informó de que hombres armados habían herido a miembros de su personal. La emisora de televisión había publicado un video en el que uno de sus presentadores se entera de que un invitado no podrá llegar al estudio a causa de los enfrentamientos. Según la última información recabada por RSF, las autoridades han bloqueado internet en todo el país, excepto en el Kurdistán iraquí. Anteriormente habían bloqueado ciertas redes sociales. Irak ocupa el puesto 156, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org(RUSIA - IRÁN) RSF PIDE LA PUESTA EN LIBERTAD DE LA PERIODISTA RUSA YULIA YUZIK, DETENIDA DESDE EL 2 DE OCTUBRE. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide la liberación inmediata de Yulia Yuzik, una periodista rusa que fue detenida en Irán el 2 de octubre y a la que todavía no se le ha permitido ver a un abogado o a funcionarios consulares rusos. Desde su arresto, solo se le ha permitido hacer una breve llamada telefónica para decirle a su familia que la detuvieron en su hotel de Teherán y que la Guardia Revolucionaria sospechaba de que estaba espiando. El portavoz del gobierno, Ali Rabiei, rechazó el lunes cualquier pregunta sobre un cargo de espionaje y dijo que estaba detenida por un "problema de visado". "Los problemas de visado no podrían constituir motivos para detener a Yulia Yuzik", señala Johann Bihr, jefe del departamento para Europa Oriental y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras.“Pedimos a las autoridades iraníes que la liberen sin demora". Después de trabajar como freelance durante varios años en Irán, Yuzik regresó en una visita privada el 29 de septiembre. Ex reportera de Komsomolskaya Pravda y Russian Newsweek, es autora de los bestsellers ‘Brides of Allah’ y ‘Requiem for Beslan’. Es crítica del gobierno ruso y fue candidata al Parlamento ruso en 2016 en una lista liberal. Irán ocupa el puesto 170, de 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org
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