miércoles, 14 de agosto de 2019

Notas del Día 13/08/2019

ARUBA Y CITGO NEGOCIAN FIN DE CONTRATO. La primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, informó que el Gobierno de Aruba y Refinería de Aruba (RdA) están en negociación con CITGO para poder salir del contrato “lo más rápido posible”. “CITGO admitió que no tiene fondos”, dijo Wever-Croes, quien detalló que las negociaciones buscan salir del contrato sin necesidad de pasar años en litigios en corte. Las negociaciones involucran el fin del contrato tanto en el terminal como en la refinería. “La negociación va bien, en buen ambiente”, apuntó la máxima autoridad de Aruba.
Agregó además que “nuestro interés primordial es garantizar empleo a nuestros trabajadores”. De primer momento el Gobierno arubeño buscan salir del contrato, para luego buscar otro operador interesado, o definir si la misma puede o no seguir trabajando y ser el pilar económico de la isla. Las negociaciones están en face 1, “la negociación va bien, es una negociación muy complicada”, aseguró Wever-Croes. - Con información de noticiascurazao.com


EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 13 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA



ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO RETOMAN PROYECTO DE INTEGRARSE AL SECTOR DEL GAS EN VENEZUELA, AHORA CON LA RUSA ROSNEFT



LÍDER OPOSITOR VENEZOLANO HENRIQUE CAPRILES RECIBE FUERTES PALABRAS POR “INSULTAR” A LA DIRIGENTE MARÍA CORINA MACHADO



“LA BODEGUILLA”, UN AUTOMERCADO SOLO PARA PRIVILEGIADOS Y “ENCHUFADOS” EN VENEZUELA



LA ESCANDALOSA HISTORIA DE ANTONIO CHAMBRA, LOS CLAP Y EL «SUPERGUISO» CON LA COMIDA EN VENEZUELA



ARUBA Y CURAZAO: LAS LAVANDERÍAS DEL ORO VENEZOLANO EN EL CARIBE. Al menos 160 toneladas de oro venezolano se movieron a través de las islas de Aruba y Curazao, territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos, desde 2014. Estos destinos turísticos funcionan como trampolín a Estados Unidos y Europa de los minerales extraídos del país gobernado por Nicolás Maduro. Era una tarde de sábado calurosa como cualquier otra en Aruba cuando Rafael González Zambrano pensó haber terminado una operación de rutina, que había desarrollado durante siete años. Natural de Venezuela con pasaporte holandés, acababa de ser escoltado hasta su avión por funcionarios de la aduana de Aruba después de declarar todos los bienes que llevaba en el vuelo de KLM al Aeropuerto Schiphol en Amsterdam, con destino final Dubai. Zambrano trabaja para la firma Paoro Armored Transport, transportista de oro. En cada viaje se gana alrededor de 1.500 dólares por llevar metales preciosos a clientes internacionales. Pero esta vez algo salió mal. Ya estaba sentado en su puesto en el avión cuando un grupo investigadores penales holandeses, el RST, lo detuvo y arrestó, y decomisó 50 kilos de oro que llevaba. Paoro Armored Transport es apenas una pieza pequeña en la red internacional de joyeros, bancos, transportistas y fundidores. Además de Zambrano, el director de Paoro Armored Transport también fue arrestado en lo que se ha convertido en una prueba de fuego para las autoridades que tratan de comprender el alcance de la red internacional de comercio de metales que alimentan conflicto. “Nuestro país vecino”, así es como el Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, Stef Blok, se refiere a Venezuela. No resulta disparatado aún cuando miles de kilómetros de océano separen a Europa de Latinoamérica, ya que Aruba y Curazao, vestigios tropicales de las aspiraciones coloniales de los neerlandeses, se encuentran a 30 y 70 kilómetros, respectivamente, del país sudamericano. Las islas de Aruba y Curazao se independizaron como estados, pero aún pertenecen a los territorios de ultramar del Reino de los Países Bajos. La salud financiera de Aruba y Curazao depende, en gran medida, de Venezuela, en especial de su petróleo, ya que las grandes refinerías que se encuentran en las islas de escasos recursos naturales son los motores de la economía. El colapso total de la industria petrolera de Venezuela las perjudicó especialmente, mostrando la peligrosa falta de otras industrias. La ausencia de yacimientos de oro en el Caribe neerlandés hizo que los colonizadores europeos no se fijaran en estas islas siglos atrás, pero a medida que pasó el tiempo se convirtieron en el centro de trata de esclavos trasatlánticos, piratas y mercaderes. Resulta sorprendente que más de 500 años después, las islas del Reino de los Países Bajos se hayan convertido en el corazón del comercio de oro de miles de millones de dólares. Y buena parte de ese comercio depende del oro ilegal que llega de Venezuela. Cliver Alcalá Cordones, general retirado y amigo cercano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, comandaba soldados en las regiones auríferas al sur río Orinoco. Ahora exiliado en Colombia, Alcalá dijo que ha conocido del tráfico de oro a gran escala a través del Caribe. En 2017 dijo que unas 20 toneladas de oro ilegal venezolano se transportaron al Caribe holandés solamente en 2012, con Europa como destino principal. “Va a Aruba y Curazao”, dijo, insistiendo en que la situación no ha cambiado. ->>Vea más… - Con información de Bram Ebus - ojo-publico.com

LA CIUDADANÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS ¿CÓMO SE OBTIENE?



EMPRESARIOS VENEZOLANOS COMPRAN EDIFICIO EN BARRIO DE SALAMANCA DE MADRID POR 4.7 MILLONES DE EUROS DESDE PANAMÁ Y BARBADOS.  Empresarios venezolanos han comprado un edificio entero de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, por 4,7 millones de euros utilizando cuentas bancarias de Miami, Panamá y la isla Barbados. El inmueble se encuentra en el número 15 de la calle Lope de Rueda, junto a la calle Alcalá y a tan sólo dos minutos del parque del Retiro, en una de las zonas más cotizadas de la capital. El edificio fue adquirido el 26 de diciembre de 2014 por la sociedad Inversiones Guanachi Madrid SL, con sede en Las Rozas, cuya administradora única es la empresaria venezolana Yolanda Martínez Martínez. La promotora (que había sido constituida tan sólo dos meses antes de la compra) ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de reforma para transformar el edificio en 16 apartamentos de lujo y dos áticos. La práctica totalidad de las viviendas han sido adquiridas por empresarios venezolanos, en algunos casos utilizando cuentas bancarias de Miami y de los paraísos fiscales de Panamá y Barbados. Uno de los áticos ha sido comprado por 455.000 euros por Rosa Gisela Olivis de Gray a través de una cuenta del Banco Sabadell en Miami (Florida). Esta empresaria venezolana, que reside en Caracas, es fundadora y accionista de la Corporación Graysam C.A., empresa habilitada como contratista del Gobierno de Nicolás Maduro para la importación y distribución de uniformes, ropa de vestir y maquinaria. Rosa Gisela Olivis Peña (su nombre de soltera) preside una ONG, la Fundación Huellas de Bondad, pero también aparece como presidenta y directora de tres sociedades radicadas en Panamá: Latimex Corporation SA, JM Mercantil Supply Inc y Corporation Visloy SA. Está casada con el empresario australiano Clifford Ross Gray, cuya hija, Samantha Gray Quintero, reconoció en una entrevista que había mantenido una relación sentimental con uno de los generales de la máxima confianza de Hugo Chávez, Jesús Suárez Chourio. El general Suárez participó junto a Chávez en el fallido golpe de Estado de 1992, luego se convirtió en el jefe de su guardia personal de escoltas y, tras la muerte de Chávez, fue una de las personas que ayudó a cargar su féretro. Nicolás Maduro le nombró en 2017 comandante general del Ejército Boliviario. Tanto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como la Unión Europea y el Gobierno de Panamá han impuesto sanciones al general Suárez Chourio. Se le ha prohibido viajar a la UE y sus cuentas en el extranjero han sido bloqueadas. La Corporación Graysam C.A. (la contratista del Gobierno de Nicolás Maduro fundada por Rosa Gisela Olivis de Gray) tiene su “empresa espejo” en Miami, denominada Corporación Graysam Inc. Fue constituida en octubre de 2012 y su representante legal es la venezolana Ambar Yohana Quiroga Mata. Pues bien, Ambar Yohana Quiroga ha comprado por 435.000 euros otro de los apartamentos de lujo del edificio del Barrio de Salamanca situado en la calle Lope de Rueda de Madrid. Esta venezolana ha pagado la reserva y el primer plazo de su piso (en total, 109.249 euros) a través de una cuenta bancaria de la sociedad Impoal Foods Inc. Esta sociedad tiene su sede en Miami y sus representantes legales son la propia Ambar Quiroga Mata y el empresario Roda Saab Ganam. En la actualidad, Roda Saab Ganam es el presidente de la Corporación Gray C.A. de Venezuela (empresa contratista del Gobierno de Maduro). También figura como administrador único de una sociedad creada en septiembre de 2011 en la isla de Santa Cruz de Tenerife, Roda’s Atlatic SL, que ha sido utilizada para pagar la compra de tres de los apartamentos del edificio del Barrio de Salamanca en Madrid. El diario El Nuevo Herald de Miami, el más importante publicado en español en Estados Unidos, desveló en febrero de 2015 que el Gobierno de Nicolás Maduro había ordenado investigar casos de corrupción, con especulación de divisas y precios en la importación de productos básicos, en torno a tres empresas que habían recibido contratos públicos por importe de 125 millones de dólares. Una de las tres “empresas de maletín” investigadas es Inversiones Villaber 2007 C.A., que también tiene su sociedad espejo para canalizar las importaciones de productos desde Estados Unidos: se trata de Inversiones Villaber Inc., constituida en Miami en mayo de 2014, que tiene como representante legal a la misma Ambar Johana Quiroga Mata que se ha comprado uno de los apartamentos de lujo en el barrio de Salamanca de Madrid. Otra de las viviendas del edificio de la calle Lope de Rueda de Madrid ha sido comprada por 445.000 euros por la venezolana Yanori Teresa Bernal Vargas, que reside en Caracas. Ha adquirido un apartamento de 102 metros cuadrados situado en la primera planta. La compra se ha abonado a través de una cuenta del Banco Sabadell en Miami a nombre de la sociedad de Santa Cruz de Tenerife Roda’s Atlatic SL, cuyo administrador es el mismo Roda Saab Ganam (actual presidente de la Corporación Graysam C.A. de Venezuela). Otros futuros inquilinos del edificio de la calle Lope de Rueda no parecen tan significados políticamente, aunque las operaciones resultan igualmente llamativas. Una de las viviendas de la tercera planta ha sido comprada por 450.000 euros por otra ciudadana venezolana, Carmen Teresa L.L., que tiene su residencia oficial en Caracas. El pago se ha efectuado a través de una cuenta bancaria de Panamá a nombre de la sociedad Mogos Inc., que tiene su sede en la isla de Barbados, que actúa como un paraíso fiscal. Otro empresario, Arturo Alexander A.H., ha comprado tres apartamentos en el edificio del Barrio de Salamanca: un bajo de 55 metros cuadrados (por 310.000 euros) y dos viviendas en el primer piso (por 383.000 y 335.000 euros). Arturo Araujo ha realizado la compra a través de cuentas bancarias de Panamá (donde reside) y Puerto Rico. ->>Vea más... - Con información de OKDiario - Cuentas Claras Digital

MARIO VILLARROEL LANDER, PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA EN VENEZUELA, CARGADO DE CONTROVERSIAS



EL MAGNATE VENEZOLANO ALEJANDRO CEBALLOS EN LA RUTA DE CORRUPCIÓN DEL DINERO K DE LÁZARO BÁEZ



LAS GEMELAS BRAUN WALDECK Y EL EMPRESARIO MANUEL ALONSO CEVALLOS SEÑALADOS POR FUGA DE CAPITALES CORRUPTOS DE VENEZUELA



Patricia Azócar
PERIODISTA RECLAMA PAGOS DE SUELDOS A GRUPO EDITORIAL EXCLUSIVA. “A finales de febrero del año en curso firmé un contrato (no me dieron copia) como Corrector de Textos freelance para varias revistas (8 en total), pertenecientes al Grupo Editorial Exclusiva que dirige la señora Patricia Azócar. Las publicaciones son: ePets, ePrive, eIntegral, eEspitual, eKids, eTecns, eExclusiva y eRegalo. Comencé a laborar a partir del 10 de marzo con un sueldo bastante aceptable que me depositaban en mi cuenta de Banesco y que cumplieron hasta el 15 de mayo del 2019. A partir de esta fecha dejaron de cancelarme mis siguientes quincenas de sueldo y suspendí el servicio de corrección a finales de junio. De ahí en adelante ha sido imposible cobrarles lo adeudado por mis trabajos. Para no pagarme mis honorarios la empresa, a través de su administradora Lluvizsa Villa, esgrime que no tienen dinero; que están a la espera de que lleguen algunos recursos financieros por concepto de publicidad y que por ser trabajador freelance ellos le daban preferencia a los de nómina, muy a pesar que la misma administradora se comprometió conmigo verbalmente a hacer los respectivos depósitos en mi cuenta, cuestión que hasta el momento no ha cumplido. Antes esta irregularidad y acción de mala fe e irrespeto hacia un trabajador de la prensa como yo, denuncié el caso ante el gremio periodístico y es ahora cuando lo estoy haciendo ante los medios de comunicación social. Cabe destacar, que ante lo expuesto anteriormente son de aplicación los siguientes Fundamentos de Derechos. 1° Constitución de República Bolivariana de Venezuela. Artículos 89 y 91; Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Artículos 53, 54; Estatutos del SNTP. Artículos 35, y punto único; Ley de Ejercicio del Periodismo. Artículos 1, 2 y 3.” – Lic. Héctor J. García




LAS IMPACTANTES REVELACIONES DE CHIKUNSOBERANO2018, 13 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA



INTERNACIONALES

POR ESTAS RAZONES «OK RENT A CAR» PIERDE CLIENTES EN ESPAÑA



JEAN FIGALI VINCULADO EN COLOMBIA CON EL CARTEL DE MEDELLÍN. Un reportaje de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo de Colombia acusó en 2014 al empresario panameño Jean Figali de haber sido miembro del cartel de Medellín a mediados de la década de 1990. El reportaje titulado: "Colombia y Panamá van tras Jean Figali, capo del contrabando", fue publicado en la edición digital de este diario de Bogotá. "El empresario es señalado de lavarle plata a capos y a contrabandistas de ambos países (Colombia y Panamá)", señaló el rotativo en un amplio reportaje donde se citan a exnarcos de este cartel. “En el cartel de Medellín lo conocimos con el nombre de Jhon Nasser. Fue socio nuestro en varios envíos de droga y en 1999, cuando nos entregamos a Estados Unidos, se fue a Panamá y ahora es un influyente empresario”, indicó el reportaje. En el artículo se citan también declaraciones de José Gabriel Carrillo, abogado de Figali. Carrillo le dijo a El Tiempo que su cliente ya fue juzgado y hallado inocente de conductas que algunos quieren endosarle de nuevo. Además, el abogado expresó que su cliente fue objeto de una encarnizada persecución política en Panamá por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, al punto que se le hicieron cargos inventados por lavado de dinero, de los cuales fue absuelto, según el reportaje. El cartel de Medellín fue fundado por el narcotraficante Pablo Escobar, muerto en 1993. EN LA PALESTRA. El entonces director de las Aduanas de Colombia, Juan Ricardo Ortega, acusó a Figali de contrabandear telas. En mayo de 2014, el expresidente Martinelli señaló públicamente que había recibido amenazas de Figali, señalamientos que fueron desmentidos por los abogados del empresario. En abril de 2013, el gobierno anunció que subastaría las propiedades secuestradas a Figali en el año 2009, valoradas aproximadamente en 150 millones de dólares. Se trata de las parcelas 4, 5 y 7 en la calzada de Amador, que la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) entregó en concesión a Figali hacía más de una década. En total estas suman 103 mil metros cuadrados sobre los cuales el empresario construyó un centro de convenciones y un complejo de habitaciones que formarían parte de un hotel, que nunca se terminó. PROBLEMAS CON EL FISCO. De acuerdo a un reportaje de La Prensa, publicado en abril de 2013, dentro de esta venta también se tenía programado las 23 casas en las que Figali pretendía construir un bulevar con tiendas de alta costura, pero finalmente las transformó en una franja de restaurantes y discotecas conocida hoy día como "Zona de la Rumba". En la nota de este diario se especificaba que: "En noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó secuestrar las propiedades de Figali ante el incumplimiento del arreglo de pago que había acordado la empresa por la morosidad que mantenía con la UABR. Dos años después el empresario acordó firmar un acuerdo extrajudicial con el Gobierno, donde cedió todas sus propiedades para cancelar una deuda por 29 millones de dólares que mantenía con diferentes instituciones del Estado. De este monto, 20 millones de dólares correspondían a la UABR en concepto de arrendamiento; 8 millones de dólares en un fideicomiso que mantenía el grupo con la Caja de Ahorros y el resto de la deuda correspondía a facturas pendientes con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y con la Autoridad Nacional del Medio Ambiente". El reportaje agregaba que "de acuerdo con el contrato de arrendamiento, Figali debía pagar una renta mensual de 83 centésimos por cada uno de los 112 mil metros cuadrados que recibió en concesión durante la administración de Mireya Moscoso. Después de múltiples recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, se dictaminó que la empresa no tenía derecho a realizar el relleno de mar, por lo cual la propiedad fue expropiada por la actual administración gubernamental. Este relleno formará parte de la ampliación a cuatro carriles de la calzada de Amador". - Fuente: Agencias

(COSTA RICA) LA TORMENTA QUE RODEA AL PRESIDENTE CARLOS ALVARADO. El Gobierno de Carlos Alvarado en Costa Rica alcanza el primer tercio de su mandato presidencial sumido en un remolino de impopularidad, conflictos y desempleo. El presidente más joven de la historia moderna de este estable país centroamericano ha perdido en el último mes tres importantes piezas de su gabinete, un miembro de su pequeña fuerza legislativa y hasta la serenidad que le caracterizaba cuando llegó al poder, en mayo del 2018. Una de sus imágenes más difundidas en semanas recientes es la del momento en que se enfureció y golpeó el podio durante un discurso en Nicoya (Pacífico Norte) mientras un grupo de sindicalistas le gritaba que se fuera del poder. “Gobierno débil” es casi un lugar común entre analistas políticos en tiempos recientes. Lo caracterizan así por la tendencia política de las últimas dos décadas, pero también por las circunstancias que rodean al mandatario de discurso progresista que debió formar gobierno con figuras de distintos partidos para intentar compensar la exigüidad de la bancada oficialista, que ocupa solo el 17% de los escaños. Eran 10 diputados y ahora serán solo nueve, pues el jefe de la bancada deja congelado su escaño para ir al Ejecutivo para funcionar como ministro de la Presidencia. Sustituye al excandidato conservador Rodolfo Piza, quien se había integrado al gabinete inicial como una señal de diversidad en “gobierno de unidad”, pero que falló como escudero de Alvarado y como enlace con fuerzas opositoras o con gremios que se suman poco a poco a los reproches contra el Ejecutivo. Sindicatos del sector salud mantienen una huelga desde hace una semana y trastornaron el 27% de los servicios del amplio sistema sanitario costarricense, según las autoridades. También la mayor asociación de maestros decidió apoyarlos y anunciaron que vuelven a las calles, como lo hicieron en 2018 al realizar el movimiento más prolongado en el último siglo. Dicen que defienden las instituciones estatales ante los afanes privatizadores, pero también los beneficios salariales que se limitan con las políticas fiscales que impulsa el Ejecutivo. No es que Carlos Alvarado haya caído en la popularidad; es que ni siquiera gozó la “luna de miel” que suelen tener los presidentes en su prólogo. Su triunfo en segunda ronda contra el predicador evangélico Fabricio Alvarado, en abril de 2018, no se tradujo en apoyo popular a su Gobierno. Al cumplir su primer año en el mando, en abril, las opciones negativas duplicaban a las positivas en una encuesta de la Universidad de Costa Rica (UCR), aunque la élite empresarial apoyaba el impulso a la reforma fiscal. Para ese momento los gremios de trabajadores públicos le cobraban la aprobación de normas que limitan el crecimiento de sus beneficios salariales, y algunos sectores privados fustigaban la aplicación de un nuevo esquema de impuestos. ->>Vea más… – Con información de Álvaro Murillo – El País

(HONDURAS) 54 PERIODISTAS Y 18 OPERADORES DE JUSTICIA ESTÁN BAJO PROTECCIÓN. Con motivo de la crisis política y social que impera en Honduras hubo un aumento de las agresiones, amenazas e intimidaciones contra defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, según el último informe de la Dirección General del Sistema de Protección. Hasta el 30 de julio pasado, al menos 151 defensores de derechos humanos, 29 periodistas, 25 comunicadores sociales y 18 operadores de justicia se encontraban con medidas de protección por diferentes motivos, especialmente agresiones y amenazas a su integridad física. En total se registraban 223 casos tramitados en el mecanismo, 46 de ellos admitidos en el primer semestre de 2019. De los casos antes mencionados se archivaron dos expedientes, uno de un comunicador social que prefirió salir del país por motivos de seguridad personal y otro de un operador de justicia que desestimó continuar con el proceso. El Sistema de Protección fue creado en 2015 con el fin de prevenir y proteger del riesgo a las personas que se dedican a la promoción y defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y las labores jurisdiccionales. HISTÓRICO.  Desde julio de 2015 al 30 de julio de 2019, el sistema atendió 472 solicitudes de protección, de los cuales se admitieron 352 casos y se desestimaron 120 solicitudes que no cumplían con los requisitos que establecen el artículo 43 de la ley. Del total de expedientes admitidos se archivaron 136 por diversas causas, entre ellas, desestimiento, salida del país de los beneficiarios o por procedimientos administrativos, de modo que solo quedaron 216 casos activos. Danilo Morales, director general del Sistema de Protección, informó a LA PRENSA que durante 2018 y parte de 2019 hubo un incremento de las solicitudes de protección de periodistas que han sido objeto de amenazas, ataques, intimidaciones y agresiones por motivos de su actividad periodística. “A raíz de la convulsión social que impera en el país se han elevado los índices de agresiones a periodistas, comunicadores y el equipo que les compaña en la cobertura de las manifestaciones”, afirmó Morales. Explicó que hay varios casos de periodistas y defensores que han tenido que salir del país; pero aclaró que el sistema no cuenta con fondos para trasladarlos a otra nación, solamente puede coadyuvar o facilitar el proceso de su salida. Explicó que regularmente se otorga a los beneficiarios protección policial o militar y se facilitan otras medidas tecnológicas, como botones de pánico, cámaras de seguridad, sistemas de movimiento e iluminación de viviendas, videoporteros, escoltas y vehículos blindados. – Con información de La Prensa de Honduras

(GUATEMALA) PRÓXIMO PRESIDENTE PODRÍA SER UN GRAN DOLOR DE CABEZA PARA TRUMP EN CUANTO A LA INMIGRACIÓN.  Guatemala tiene un virtual presidente electo, y Donald Trump probablemente debería prestar atención. Alejandro Giammattei, que parece haberse asegurado casi el 60% de los votos en las elecciones del domingo, se ha manifestado abiertamente en oposición a un acuerdo de migración que su predecesor, Jimmy Morales, firmó con Estados Unidos el mes pasado. Para los guatemaltecos, el resultado probablemente será más de lo mismo: otro presidente que promete combatir la corrupción y traer un resurgimiento económico, pero que se le dificulta —o falla— en cambiar el statu quo en ambos temas, como Morales. Y, peor que Morales, Giammattei debe llegar al poder con solo el 42% de participación, y solo el 59% de ellos votando por él. Sin embargo, lo que está por delante es regional, si no global. Más de lo mismo significa más del colapso económico que precedió a Giammattei y envió un número récord de guatemaltecos hacia el norte, en busca de una vida mejor en Estados Unidos. En las montañas fronterizas de Huehuetenango, casi el 3% de la población ya había huido a la frontera con Estados Unidos desde fines del año pasado. Las condiciones de las que escapaban incluyen: el cambio climático que devasta los cultivos; carteles de la droga que controlan pueblos enteros; vuelos de narcotraficantes que aterrizan en el bosque; y asesinatos usuales de pandillas. Porque la administración Trump tiene un plan que pretende usar Guatemala para limitar la cantidad de migrantes que intentan dirigirse al norte hacia su frontera. Según un acuerdo firmado por el entonces ministro del Interior de Guatemala, Enrique Asturias, en Washington a principios de este mes, los migrantes en Guatemala deben solicitar asilo allí, y no obtenerlo, antes de poder solicitarlo en Estados Unidos. Los migrantes que continúan su viaje hacia el norte de EE. UU. a pesar de las nuevas restricciones serán devueltos a Guatemala, según el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. ->>Vea más… - Con información de CNN en Español

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