miércoles, 11 de abril de 2018

Notas del Día 11/04/2018

ANDORRA PIDIÓ ORGANIGRAMA DE PDVSA PARA ESCLARECER LAVADO DE DINERO. La Justicia de Andorra investiga a 35 exaltos funcionarios de la estatal venezolana PDVSA, por desfalcar a la petrolera en más de 2.000 millones de euros. La juez andorrana Canòlic Mingorance pidió el organigrama de la compañía a las autoridades venezolanas para intentar descifrar el cobro millonario en comisiones ilegales por parte de funcionarios y empresarios del chavismo entre los años 2007 y 2012. De acuerdo con el diario español El País, la juez busca conocer con exactitud los cargos de estos 35 funcionarios, sus responsabilidades y competencias en relación con PDVSA.
“Los investigados aprovechándose de su influencia en los círculos de poder, organizaron un sistema de comisiones en relación con los contratos públicos de la empresa PDVSA que comportaba que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con su entramado para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros los implicados por asesoramiento, a menudo verbales, en contrapartida por sus gestiones donde el pago era imprescindible para acceder a los mercados públicos de PDVSA y sus filiales”, afirmó Mingorance. Y es que las investigaciones en el país europeo revelan que varios expresidentes y directivos de la compañía depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA). Las indagaciones señalan que el dinero ilícito circuló por al menos 37 cuentas bancarias a nombre de sociedades panameñas y “saltaron” desde Andorra a otros paraísos fiscales como Suiza o Belice. A principios de febrero de 2018 se conoció que tres directivos de la estatal petrolera venezolana PDVSA movieron USD $60 millones en Andorra. Los venezolanos Luis Carlos de León, exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas; Eudomario Carruyo, responsable de la filial de PDVSA Deltaven, y Francisco Jiménez, canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos a través de cuentas en Andorra. Junto a ellos, la BPA también acogió fondos de otros ejecutivos de PDVSA, como la exdelegada en España y Portugal Julia van Den Brule y la exsupervisora de la petrolera en Caracas Íngrid Sánchez González. También se conoció que el actual gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, habría ocultado fondos ilícitos en Suiza y Andorra. Asímismo, exministros, testaferros y funcionarios del Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela se beneficiaron con más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales; dinero que al parecer fue depositado en la BPA. Entre los implicados también están los exviceministros de Energía de Venezuela Javier Alvarado y Nervis Villalobos; además Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, y otros directivos de la industria petrolera venezolana. Cabe destacar que el informe emitido por el FinCen (Unidad Antiblanqueo de Estados Unidos) en 2015 informó que la Banca Privada D’Andorra facilitó transferencias por valor de USD $4.200 millones relacionadas con blanqueo de capital venezolano, con varios métodos para mover fondos, incluidos contratos falsos, préstamos caracterizados erróneamente, sobre y subfacturación y otros esquemas. En el documento se establece que la estatal Petróleos de Venezuela está inmersa en actividades delictivas tras lavar cerca de USD $2.000 millones a través de la BPA. La red de lavado de PDVSA operaba a través de empresas fantasmas con la colaboración de un alto ejecutivo de BPA, a quien se le pagaban “exorbitantes” comisiones para procesar las operaciones con dinero “derivado de la corrupción”, dijo el FinCen. LOS INVOLUCRADOS HASTA AHORA. Nervis Villalobos: fue viceministro de Energía y Petróleo en Venezuela. Detenido en Madrid tras participar en un importante plan de sobornos relacionados con PDVSA. Las investigaciones revelan que realizó 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas habrían recibido 124,2 millones de euros. Javier Alvarado Ochoa: exviceministro de Desarrollo Eléctrico, también fue presidente de la extinta empresa Electricidad de Caracas. Según las investigaciones manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Además de las investigaciones por lavado de dinero en la BPA, Alvarado fue imputado en España por haber recibido sobornos de la empresa española Duro Felguera. La empresa logró firmar un contrato en 2009 con la compañía de Electricidad de Caracas, filial de la pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por más de 1.500 millones de euros. En ese año, Javier Alvarado Ochoa era el presidente de la empresa firmante, y en 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico de Chávez. Diego Salazar: primo directo de Rafael Ramírez, expresidente de la estatal petrolera PDVSA. Salazar recientemente fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro, tras una supuesta “cruzada” contra la corrupción. De acuerdo con el diario El País, acumuló siete depósitos y seis sociedades en la BPA, sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar Carreño también es investigado en Estados Unidos por presuntamente exigir pagos de cientos de millones de dólares a empresas extranjeras para que estas lograran concretar contratos con PDVSA. Según el portal web Poderopedia, Salazar obtuvo un multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela y también se le vincula con la compra de la empresa de medios Cadena Capriles en octubre de 2013. Además, el empresario tenía cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), filial del Banco Madrid, calificada como una institución financiera bajo sospechas por lavado de dinero. Salazar trató, presuntamente, de sobornar, a finales de 2012, a autoridades andorranas para que desbloquearan el dinero de sus cuentas que contenían unos USD $200 millones. Omar Farías: el empresario es conocido como el “Zar de los seguros revolucionarios”. Según el diario español sus depósitos recibieron 586 millones de euros. En el informe estadounidense del Fincen se señala que la entidad financiera española llegó a bloquear una operación de USD $13 millones realizada por Farías, pero no hubo investigación alguna sobre el hecho. Luis Mariano Rodríguez: gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó 10 sociedades con ingresos de 626 millones de euros. Mariano intentó, en nombre de Salazar, sobornar a autoridades andorranas por el desbloqueo de sus cuentas. En 2015 el diario español El Mundo reveló una conversación entre Luis Mariano y el gestor de la Banca Privada d’ Andorra (BPA) Pablo Laplana, al que la Guardia Civil intervino los teléfonos ante las sospechas de que ayudaba a lavar dinero. El Mundo informó que Laplana dijo en su momento a Mariano que el director general de la entidad financiera, Joan Pau Miquel (hoy preso), el ministro de Finanzas de ese principado y la directora del Banco Central de Andorra se habían reunido para discutir el desbloqueo de las cuentas del jerarca venezolano. En otras de las intervenciones telefónicas, Mariano expone que los ingresos de Salazar no cesaban y era necesario burlar el bloqueo. Mariano afirma que “los chinos les estaban pagando y no podían ingresar en las cuentas bloqueadas” y que, para solucionarlo, Diego Salazar abriría cuentas en otro país. – Con información de Agencias - https://es.panampost.com

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. Así fue avería de avión donde viajaba Pedro Carreño
  2. De psiquiatra a diabólico asesino: El caso de Edmundo Chirinos y Roxana Vargas
  3. Caiga Quien Caiga | Historias de venezolanos olvidados, algunos sobreviven, otros ni eso
  4. ¿Quién es Carlos Vargas?... El encargado del Petro


LOS FERNÁNDEZ BARRUECO, LOS VARELA Y LOS NEGOCIOS QUE UNIERON A VENEZUELA CON PANAMÁ. Los grandes negocios de la familia Fernández Barrueco en Panamá comenzaron su esplendor dorado durante el gobierno de Martin Torrijos. Ricardo Fernández se había consolidado como el Zar de Mercal y Panamá era la plataforma para todos sus negocios y distribución de alimentos. Los Fernández Barrueco tenían varios pisos en el edificio presidencial del conocido y exclusivo hotel Miramar, en plena cinta costera , donde hacen desde entonces cercana amistad con otro vecino: Juan Carlos Varela. Además de dichas propiedades, también tenían otros inmuebles, oficinas, empresas y hasta aprovecharon tal bonanza para extender sus tentáculos hasta Costa Rica y Ecuador. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com

PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que (...) pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.com

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- (2012) TSJ declara improcedente amparo constitucional solicitado por Torres Ciliberto
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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"
El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales



(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

Resultado de imagen para "la previsora" site:informe25.com(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias

(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS). – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com


CÓMO SE DESARROLLA LA CRISIS VENEZOLANA EN WELLINGTON (+ALEJANDRO ANDRADE). En una gran casa en Sunnyland Lane, en el interior del exclusivo país de los caballos de Wellington, Alejandro Andrade y su familia disfrutan de una vida lejos de las dificultades que enfrentan hoy las personas en su país de origen, Venezuela. Andrade, ex guardaespaldas del fallecido presidente Hugo Chávez antes de ascender al rango de tesorero nacional de Venezuela, ha vivido desde al menos 2012 en una casa de 9,000 pies cuadrados con cinco habitaciones, pisos de mármol y una piscina a pocos kilómetros de la Palm. Centro ecuestre internacional de la playa. La extensión de seis acres en la urbanización cerrada Palm Beach Point también tiene un granero grande para algunos de los 60 caballos que posee. Con nombres como Bon Jovi y Armani Z, los caballos a menudo son montados por su hijo Emanuel Andrade , un ecuestre olímpico cuyas cuentas en las redes sociales lo han convertido en blanco de chismes en español que se burlan de su estilo de vida de jet set con celebridades como el modelo estadounidense Kendall Jenner y la matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner. Pero las lujosas comodidades no han aislado por completo a Andrade de la crisis política y humanitaria que se desarrolla en su país natal, donde los niños y niñas están muriendo de desnutrición y las personas se amotinan debido a las terribles condiciones bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. Las repercusiones de la profunda crisis han roto el mundo de Andrade a 1.400 millas de distancia en Wellington, a menudo detrás de la escena, pero a veces en público. Los venezolanos locales que protestan por las condiciones en su país han realizado manifestaciones cerca de su casa. Y Andrade ha tenido tensas relaciones con otros venezolanos en la comunidad ecuestre de Wellington, creando fricciones que han atrapado al magnate ecuestre Mark Bellissimo y atraído la atención de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach. Ahora, Andrade se enfrenta a una amenaza mucho más seria que los críticos dicen que hacía tiempo que vencía. Las autoridades federales en el sur de la Florida están construyendo un caso masivo de lavado de dinero en su contra, informó The Miami Herald , para deleite de los venezolanos locales que han cuestionado durante mucho tiempo el estilo de vida lujoso de Andrade. Andrade, de 53 años, es sospechoso de lavar millones de dólares robados del gobierno venezolano para invertir en bienes raíces, mostrar caballos y otros activos en el sur de Florida, informó The Herald el 31 de marzo. Se sospecha que Andrade y varias otras personas en el gobierno, la banca y los negocios venezolanos se enriquecen vendiendo miles de millones de dólares en bonos, capitalizando los tipos de cambio fluctuantes y ocultando sus ganancias en cuentas bancarias suizas e inversiones estadounidenses, según The Herald. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com

Resultado de imagen para constantino bonaduce site:informe25.com"EMPRESARIO DE MODA" Y AMIGO DE MISSES CONSTANTINO BONADUCE PRESO EN 2015 POR ESTAFA EN ABASTO BICENTENARIO. El empresario Constantino Bonaduce fue presentado en abril de 2015 ante el Tribunal 4° de Control de Barcelona con Competencia en Ilícitos Económicos. Bonaduce es el presidente de la Cooperativa de Hangares José Antonio Anzoátegui, contratada por el Ministerio de Alimentación para rehabilitar el abasto Bicentenario de Puerto La Cruz. La obra estaba paralizada desde diciembre de 2014, denunció el presidente Nicolás Maduro durante un acto en Barcelona. “Tenemos presos a los tres gerentes principales y al dueño de la empresa por estafador”, dijo. Junto con Bonaduce fueron detenidas otras dos personas. EMPRESARIO DE MODA. “Constantino Bonaduce es el empresario “de moda” en Anzoátegui”, expresó en marzo de 2014 Miguel González, un ciudadano informado del tema. "Es el más ungido. Preside la Cooperativa Hangares General José Antonio Anzoátegui que acomete la ampliación del aeropuerto internacional del mismo nombre. Bonaduce, a través de la cooperativa, ejecuta también la ampliación del puerto de Guanta. Es natural suponer que políticos y no políticos de Anzoátegui le hagan antesala a semejante empresario. ¿No es éste quien tenía una serie de compañías importadoras de medicinas y otros productos investigadas debido a “cadivismo”? Buena pregunta para la comisión nacional que investiga dichos casos. Bonaduce es dueño de la empresa Inversiones C.B. Onix, la cual introdujo una demanda contra el estatal Banco Industrial de Venezuela, C.A. La villa de Bonaduce en Lechería es el mayor centro de negocios, convenciones de jet set y fiestas amenizadas por célebres cantantes, donde desfilan políticos, empresarios y pare usted de contar", acotó González. "El contratista Constantino Bonaduce después de estar quebrado la botó de jonrón con unos galpones. Le asignaron dos obras de gran magnitud en el estado Anzoátegui: ampliación del aeropuerto de Barcelona y construcción del muelle de cruceros. Ahora es “ídolo” de alcaldes y dirigentes de Anzoátegui, ya que mantendría poder e influencias y habría entablado vínculos de solidaridad con funcionarios de infraestructura. Apenas hace unos meses algunas propiedades de Bonaduce eran embargadas por impagos. Hoy pasea en sendos yates por islas de Oriente y tiene sus aviones particulares", añadió. El contratista Constantino Bonaduce abordó el viernes 14 de marzo de 2014 un avión privado en el aeropuerto internacional de Barcelona con rumbo desconocido. 2 alcaldes estuvieron a la misma hora en el mismo lugar con 2 personas más. Están de testigos pasajeros que llegaron en ese momento. ¿Viajaron juntos?, reseñó una ciudadana identificada como Carmen Moreno. MISSES. Quienes conocerían a varias misses y modelos, de incluso la Costa Oriental del Lago, según una fuente, eran los dueños de la mansión Onix en el condominio Las Villas en Lechería y del Yate Eagle II. Las beldades eran invitadas a fiestas en la mansión y salidas en el yate, de quien algunos denominado “el empresario de moda de Puerto La Cruz”, el industrial Constantino Bonaduce. “Por la Onix han pasado varias modelos y misses”, aseguraban fuentes enteradas. A ERONAVE RETENIDA. En diciembre de 2014, se conoció que durante un operativo de revisión de aeronaves fue retenida por la GNB una aeronave perteneciente al contratista Constantino Bonaduce, pues le faltaba el documento único de aduana y el de trámite de admisión temporal o nacionalización. – Con información de Agencias

INDUSTRIA PETROLERA. De un lector: DESFALCO EN CONVENIO PETROLERO ENTRE PDVSA Y HOLANDA. Denuncian trabajadores un desfalco en el convenio petrolero entre Pdvsa y Holanda y aseguran que debe investigarse si fue esto posible gracias a Mario Santoyo y a la aprobación de su padre y de Rafael Ramírez. Comentan que el hermano mayor de Santoyo huyó a Argentina, donde disfruta con su familia de mucho dinero.

SOCIEDAD EN PETROPIAR. Comentan en la industria que Yaneth Larez mantenía una sociedad con Juan Tabasta (Petropiar) y que éste a su vez la mantenía con Francisco Velásquez. Aseguran que Larez vela por inversiones y negocios en EEUU. – Fernando Castillo


ASÍ DESCRIBEN CORRUPCIÓN EN EL COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL DE VENEZUELA. El ingeniero Félix Martínez, gerente del Complejo Siderúrgico Nacional de Venezuela, recibe su parte del botín por alquilar la romana para el pesaje. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com

¿CORRUPCIÓN EN LA SUNAVI DEL ESTADO ANZOÁTEGUI? ¿Existe un foco de corrupción en la sede de la SUNAVI del Estado Anzoátegui ubicada en Tronconal 5? ¿Lidera Lisbeth Meneses Balza un grupo que se dedica a cobrar por desalojos arbitrarios? ¿Son parte del esquema de corrupción Lilibeth Cumaná (quien no es abogada) y el alguacil Luis Sabino? ¿Es Sabino señalado por estafas en la Superintendencia Nacional? (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://debatiendoelpresente.blogspot.com

QUIÉN ES EL “LADRÓN DE MEDICAMENTOS” RAÚL FALCÓN, “PROTEGIDO” DEL EXGOBERNADOR AMELIACH DE CARABOBO.
Traumatólogo Raúl Falcón había vendido clínica en Panamá cuando fue detenido por hurto de medicinas en Carabobo
La millonaria y ambiciosa inversión del doctor venezolano especialista en traumatología y ortopedia Raúl Falcón, de construir una red de clínicas hospitales en Panamá, salió de su agenda de trabajo al poner a la venta en 2013 la Clínica Hospital San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de La Chorrera.
Se trataba de un moderno edificio de dos pisos de 4.000 metros cuadrados y en un globo de terreno total de 6.000 metros cuadrados, con capacidad para 30 camas de hospitalización y consultorio para casi todas las especialidades. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Fuente: NP


FRANCISCO AMELIACH SANCIONADO POR PANAMÁ. Francisco Ameliach es uno de los sancionados por Panamá en una lista que incluye a 55 funcionarios del gobierno venezolano “considerados de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva”. Así lo expresa en la Resolución 02-018 Panamá, publicada en la Gaceta Oficial No. 28493-A del miércoles 28 de marzo de 2018, firmada por el Ministerio de Economía y Finanzas del país caribeño. Panamá argumenta su resolución en que forma parte del Grupo de Acción Financiera para América Latina (Gafilat) para combatir el lavado de dinero, pero además sostiene que su decisión está respaldada en la Declaración de Lima, que propone una serie de medidas injerencistas contra el gobierno venezolano. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Fuente: NP


INTERNACIONALES

(PANAMÁ) DETENIDA FUNCIONARIA DEL ÓRGANO JUDICIAL. La mañana de este miércoles, 11 de abril de 2018, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, tuvo conocimiento sobre la aprehensión de una funcionaria del Órgano Judicial, durante una diligencia de allanamiento que realizó la Fiscalía de Atención Primaria del Área Metropolitana junto con la Policía Nacional, en el sector de Carrasquilla. Inmediatamente, la joven se puso a órdenes de las autoridades competentes y se le informó a su superior jerárquico. Este Órgano del Estado mantiene una política de transparencia y lucha contra la delincuencia en todos los ámbitos, pero siempre respetando las garantías y derechos fundamentales, sin tolerar la impunidad. – Fuente: Con información de Nota de Prensa

(PANAMÁ) NEGOCIO HOTELERO DE TRUMP PIDIÓ AYUDA AL PRESIDENTE VARELA. Los abogados que representaban al negocio hotelero de la familia del presidente Donald Trump recurrieron al mandatario panameño para pedirle ayuda antes de que un árbitro de emergencia rechazara reincorporar al equipo administrativo de Trump a un hotel de lujo en Panamá. El bufete Britton & Iglesias, que ha representado a la Organización Trump en su disputa para continuar al mando del hotel, envió una carta fechada el 22 de marzo al presidente panameño Juan Carlos Varela. Una copia de la carta fue proporcionada a The Associated Press por parte de la nueva gerencia del hotel. El 27 de marzo, un árbitro falló que la compañía de Trump no debería haber sido desalojada mientras estaba en curso el arbitraje con los condóminos del inmueble, pero dijo que no reincorporaría a la gerencia anterior. Una fuente en la oficina de Varela, que habló bajo condición de anonimato debido a que no podía discutir el tema públicamente, confirmó el lunes la recepción de la carta. Alan Garten, el consejero general de la Organización Trump, no respondió a preguntas enviadas por correo electrónico sobre si Trump sabía del exhorto hecho a las autoridades panameñas. Las llamadas a Britton & Iglesias, así como al equipo de comunicación de Varela realizadas, no fueron contestadas de forma inmediata. La carta dirigida a Varela requería “ de manera URGENTE de sus buenos oficios en relación a la disputa comercial del Hotel Trump ventilada ante el Órgano Judicial de la República de Panamá”. Continúa para indicar que el desalojo viola el Tratado Bilateral de Inversiones. “Agradecemos sus buenos oficios a fin de evitar que estos daños le sean atribuidos ya no a la contraparte, sino al Estado panameño”, señalaron los abogados en la misiva, insinuando que el gobierno, y no la nueva gerencia del hotel, podrían ser acusados por irregularidades. La carta plantea preguntas sobre el hecho de que el negocio hotelero de la familia de Trump solicitó la ayuda de otro presidente en un asunto de negocios privados al invocar un tratado firmado por ambos países. “Organización Trump presiona a Varela”, se leyó en el titular de la primera plana del periódico panameño La Prensa y describió a la carta como una advertencia de que podría haber consecuencias para Panamá si la antigua gerencia no se reincorpora. La misiva fue remitida a los funcionarios del gabinete, así como a los presidentes de la Corte Suprema y de la Asamblea Nacional, entre otros. El hotel de lujo de 70 pisos ubicado en el malecón de la ciudad de Panamá tuvo un cambio de nombre y ahora se llama The Bahia Grand Panamá. En febrero, Orestes Fintiklis, el propietario mayoritario del hotel, intentó despedir al personal administrativo de Trump para tomar el control de la propiedad a nombre de la asociación de condóminos. La compañía de la familia del mandatario estadounidense reforzó la seguridad, pero el 5 de marzo los funcionarios judiciales apoyaron a Fintiklis. Los agentes de la policía ordenaron a la gerencia de Trump que abandonara el inmueble. El fallo del arbitraje de emergencia del mes pasado indicó que el caso debió de haber permanecido en el arbitraje y que nunca debió de haber llegado a las cortes panameñas. Ambas partes continúan con una disputa sobre quién incumplió con el contrato de administración del hotel. – Con información de Agencias

(MÉXICO) FABRICANTES DEL NUEVO COMPLOT (+OPINIÓN). Según transcurren las semanas, cobra mayor verosimilitud la versión de que una reunión del presidente Peña Nieto con empresarios clave del país fue utilizada para solicitarle “robarse” las elecciones de este año a fin de impedir la llegada de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con fuentes acreditadas, el hecho ocurrió al término de un encuentro, celebrado el 14 de diciembre pasado, entre el mandatario y el Consejo Mexicano de Negocios, que reúne a 50 magnates que en conjunto han anunciado inversiones durante la actual administración por 150 mil millones de dólares. El propio gobierno mexicano dio cuenta de la reunión en términos formales. (https://goo.gl/itz2XB). Los reportes disponibles indican que al término del evento, Claudio X. González Laporte, que lidera al citado Consejo, pidió al Presidente un momento aparte para hacerle un comentario privado, por lo que ambos se dirigieron a una oficina, donde habría ocurrido la petición de “robo” electoral, más estrafalaria si se considera que desde el entorno personal de este empresario han surgido acres cuestionamientos sobre actos de corrupción en la administración Peña Nieto. El 31 de enero pasado, 45 días después, el propio López Obrador denunció la existencia de este reclamo y aseguró que el mismo había sido recibido por el mandatario con perplejidad e indignación. Pero González Laporte es apenas uno de los rostros, hasta ahora el más visible, en una coalición de intereses determinados a combatir la posibilidad de que el político tabasqueño conquiste Los Pinos en esta tercera y última oportunidad. Lo singular es que múltiples evidencias documentan que no se trata de encararlo bajo los recursos que toda democracia permite a los rivales políticos. La apuesta es, como ocurrió en 2006, hacer del movimiento anti López Obrador un fenómeno de rumor y propaganda negra. Se pretende, en sentido estricto, construir un nuevo complot. En esa línea se han venido sumando expresiones como el autodenominado portal de noticias pejeleaks.com; de aplicaciones para teléfonos celulares como “Mata un peje zombie”, y múltiples cuentas en redes sociales cuyos administradores tienen capacidad técnica y económica para “viralizar” contenidos. El nombre de sus directivos, técnicos, patrocinadores o supuestos periodistas pertenece al más absoluto misterio. Estudios iniciales revelan que estos proyectos digitales están lejos de ser creaciones de improvisados. Su entrada en escena necesariamente fue respaldada por una inversión en equipo y en dispositivos varios para ocultar la sede y cualquier otra información sobre sus operadores. En este contexto, un personaje capta sospechas dentro y fuera del primer círculo del candidato de Morena. Este personaje es Juan José Rendón, un controvertido publicista que en 2012 colaboró en la campaña del ahora presidente Peña Nieto, y quien de manera confidencial seguiría prestando servicios al PRI. Rendón, nacido en 1964 en Caracas, Venezuela, radica en Miami. El más superficial acercamiento a su historia (en su portal en internet, en entrevistas) revela a un hombre afectado por la megalomanía, por lo que es difícil determinar dónde termina la leyenda que él mismo busca construirse y dónde comienzan las verdaderas tareas que podrían habérsele encomendado, pese a que el presidente del PRI, Enrique Ochoa, ha declarado que no trabaja para el partido oficial. Con gesto hierático, el rostro de JJ Rendón, como gusta en llamarse, se ha multiplicado en anuncios espectaculares con la portada de una revista Líder, en la que él advierte que hará todo lo que esté a su alcance para evitar el triunfo de López Obrador. Está demostrado que este tipo de anuncios no corresponde a una campaña formal, sino que es un recurso necesariamente caro, para promover políticamente al sujeto en cuestión, en este caso el señor Rendón. Pejeleaks.com y otros espacios de esta naturaleza han difundido ya supuestas investigaciones sin respaldo documental, con la elaboración propia de libelos, con las que se busca levantar acusaciones de corrupción contra López Obrador y su entorno personal, incluso sus hijos. El difícil interpretar si el propósito de tales iniciativas es que estos señalamientos permeen entre el electorado, o provocar exasperación en el candidato al grado de emprender acciones que lo pongan en predicamento, como ya ha ocurrido en otras ocasiones con López Obrador. Por ahora es un misterio también la actitud que las autoridades electorales y el resto de los candidatos asumirá frente a este tipo de recursos que harían palidecer de envidia a los ficticios o reales conspiradores rusos que tanta fama han cobrado. APUNTES: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdova, tienen listo un dictamen que dispone invalidar las candidaturas independientes de Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez El Bronco, por irregularidades en la recolección de firmas. La única duda es si tendrán el temple de soltar esa bomba. – Artículo de opinión - Roberto Rock L. – El Universal (México)

(ESPAÑA) LOS BANQUEROS DE PUJOL COMPARTIERON EN WASHINGTON LOBBY CON LA GENERALITAT Y LA TRAMA RUSA DE TRUMP. La consultora estadounidense SGR, que opera como lobby bajo la marca Sphere Consulting, ha tenido entre sus clientes no solo a la Generalitat de Cataluña y al general Flynn, el polémico exasesor de Donald Trump investigado por el «Rusiagate», sino también a los dueños de la entidad andorrana BPA, que fue intervenida por lavar dinero del crimen organizado. En marzo de 2015, el FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una alerta en la que aseguraba que Banca Privada de Andorra era sospechosa de blanquear dinero para distintos grupos criminales. Este aviso supuso que el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) interviniera la entidad para evitar la quiebra. El Banco de España hizo lo propio con Banco Madrid, filial al cien por cien de BPA. En ese contexto, los entonces propietarios de la entidad andorrana, los hermanos Ramón e Higini Cierco Noger, comenzaron a contratar a abogados y grupos de presión en Estados Unidos, España y otros países en los que tenían intereses. En Washington eligieron a SGR-Sphere, el lobby manejado por el polémico Jim Courtovich, investigado en una trama de sobornos, para ayudarles a coordinar una respuesta al FinCEN. 3,4 MILLONES EN UN MES. Aproximadamente un año antes de la intervención de la BPA, un empleado de la entidad había facilitado a un comisario de la Policía un pantallazo en el que figuraba que miembros de la familia Pujol Ferrusola habían ingresado en este banco 3,4 millones de euros en solo un mes. El motivo fue que la BPA admitió como cliente a la familia del expresidente catalán cuando fueron expulsados de otra entidad andorrana, Andbank, que no se fiaba de que el origen del dinero fuera lícito. Los dueños de la BPA denunciaron «presiones» para aportar cuentas secretas de políticos independentistas y quieren hacer creer que la intervención de Banco Madrid se debió a que no colaboraron lo suficiente. Desde 2015, Higini y Ramón Cierco Noguer –que fue miembro de la directiva del F.C. Barcelona– usan su inmensa fortuna para «combatir» a sus enemigos: las autoridades financieras y los reguladores de EE.UU., España y Andorra. Dos años después de que los Cierco contraran a SGR-Sphere, la delegación de la Generalitat en Estados Unidos recurrió a este mismo lobby. El contrato se firmó el 15 de agosto de 2017 a cambio de 60.000 dólares (alrededor de 49.000 euros). El grupo de presión de Jim Courtovich se dedicó a mover propaganda e intentar influir en Washington a favor de la independencia de Cataluña y contra los intereses de España. Entre la contratación de los Cierco (2015) y la de la Generalitat (2017), SGR-Sphere tuvo como cliente en 2016 al general retirado Michael Flynn, principal asesor de Donald Trump en la campaña electoral. La empresa de Flynn había cobrado más de medio millón de dólares de un empresario turco para conseguir que EE.UU. extraditara al clérigo Fetulah Gülen, a quien el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, culpaba del intento de golpe de Estado de 2016. Según los documentos entregados al FARA (Foreign Agents Registration Act– Ley de Registro de Agentes Extranjeros) consultados por ABC, el general Flynn subcontrató a SGR y le hizo al menos tres pagos que suman 40.000 dólares (unos 32.500 euros) entre octubre y noviembre de 2016. Por otro lado, Flynn mantuvo una serie de contactos secretos con el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kislyak, sobre los que mintió al FBI. Trump ganó la presidencia y nombró a Flynn asesor de seguridad nacional, cargo del que tuvo que dimitir en febrero de 2017, tras solo tres semanas de mandato, por la investigación del «Rusiagate», que versa sobre cómo Moscú pudo intervenir en la campaña contra Hillary Clinton. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de Javier Chicote - http://www.abc.es

(ESPAÑA) EL JUICIO DE FÓRUM ENCARA SU RECTA FINAL CON LOS INFORMES DE LAS PARTES. El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico llega esta semana a su recta final con la presentación de las conclusiones de las partes, tras ocho meses de sesiones en los que han desfilado por la Audiencia Nacional cerca de 150 personas, entre acusados, testigos y peritos. Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, en mayo de 2006, la excúpula de la sociedad se sentó en el banquillo y sus miembros fueron acusados de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero. Delitos por los que el que fuera presidente de Fórum, Francisco Briones, se enfrenta a una petición de condena de hasta 19 años de cárcel como "líder de una organización de marcado carácter presidencialista" que dejó un desfase patrimonial de 2.848 millones, como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. Anticorrupción extiende, además, su acusación a otras 29 personas, incluidos el que fuera director general Antonio Merino Zamorano; el Consejo de Administración integrado por Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte y Juan Maciá; y el asesor jurídico, Juan Ramón González. Para ellos solicita penas de hasta once años de prisión por participar de una actividad de captación masiva de fondos mediante contratos de inversión filatélica que ofrecían elevadas rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal. Desde aquel 9 de mayo de 2006 en el que fueron intervenidas las sedes de Fórum Filatélico y de Afinsa, el destino de ambas sociedades ha estado indisolublemente unido. Ambas captaban inversores a los que aseguraban una alta rentabilidad mediante la adquisición y gestión de un fondo filatélico, y aunque no tenían relación accionarial ni compartían gestores, utilizaron un sistema similar de negocio. En total, ambos casos ocasionaron un agujero de 5.000 millones con el que resultaron afectados 470.000 pequeños ahorradores, de los que sólo han recuperado el 20,5 % en el caso de Fórum mientras que los de Afinsa han percibido un 5 %. Durante estos ocho meses los acusados han negado todos los hechos, han reiterado que las operaciones de compraventa de sellos se ajustaban a las condiciones de mercado y han señalado a la administración como la responsable de las perdidas sufridas por los clientes. Todos ellos han defendido que el dinero de los clientes no peligró hasta la intervención judicial, pese a que el desfase patrimonial del que tienen que responder se eleva a 2.848 millones de euros, como consta en la acusación de la Fiscalía Anticorrupción. El expresidente Briones se encargaba de fijar personalmente cada trimestre el valor de los sellos, y junto con otro de los acusados, Carlos Llorca, actualmente en busca y captura y supuestamente refugiado en Isla Margarita (Venezuela) tras haberse sometido a varias operaciones de cirugía estética, embarcó a Fórum en numerosas inversiones. Para el fiscal Juan Pavía, está claro que Briones y Llorca realizaban operaciones inmobiliarias con fondos procedentes de los inversores, previamente desviados a cuentas bancarias de sociedades controladas por ambos. Entre los que han comparecido como testigos destacan los expresidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe y Juan Fernández Armesto. Conthe explicó que la sociedad pudo aumentar su actividad piramidal tras el "lamentable" cambio normativo de 2003, y señaló al Banco de España como el organismo que debió impedir las operaciones. Fernández Armesto, por su parte, indicó que Fórum no estaba bajo la supervisión de la CNMV, que en 1999 atendió una reclamación sobre la filatélica, y añadió que en aquellos años, los supervisores -Banco de España, Dirección General de Seguros y CNMV- se repartían el control de bancos, aseguradoras y emisores de valores. - Con información de Agencias

(COLOMBIA) EL LLENO DE PETRO EN MONTERÍA QUE LE CAUSÓ MOLESTIA AL EXPRESIDENTE URIBE. El sábado 7 de abril Gustavo Petro ratificó que Córdoba también es su casa política. Así lo dejaban ver los videos publicados en su propia cuenta de Twitter. Ese día, un río de gente salió a respaldarlo en la capital de un departamento en donde las fuerzas de izquierda venían perdiendo terreno de manera vertiginosa en las últimas elecciones. Y en donde el uribismo y el santismo han tenido su fortín político. Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, no solo tiene allá su emblemática finca ‘El uberrimo‘ sino que en la reelección ocupó el primer lugar en el corazón de los cordobeses con 221.661 votos y se llevó el 58 por ciento de los sufragios de la región. Algo similar le pasó a Juan Manuel Santos. Con el partido de La U se llevó el apoyo del departamento: 217.592 votos en el 2010 y 205.061 en el 2014. Durante los ocho años de su gobierno, la llamada Ñoñomania parecía ser el dueño político de la región. Sin embargo, las pasadas elecciones parlamentarias demostraron que el ajedrez político en esa región cambió y que uno de los ganadores en ese espectro puede ser Gustavo Petro. El sábado, se podría decir que el ex alcalde de Bogotá demostró que en esa región juega de local. El sábado, sin embargo, el lleno de Petro en esa ciudad coincidió con una polémica en el que resultó protagonista. Esa mañana, Petro publicó un video alterado, en donde se escucha a Poncho Zuleta "Viva la tierra paramilitar. De los paracos” frente a Iván Duque. Rápidamente, la publicación del video original dejó claro que se trataba de un audio sobrepuesto de una frase que Poncho Zuleta sí había dicho, pero en 2004, nunca frente a Duque. Petro, en un hecho muy elogiado en redes, se disculpó a través del mismo medio y aseguró: "Pido disculpas por retransmitir algo que debe quedar superado. Los errores del pasado de alguna persona no pueden ser estigma permanente". El tema generó un ambiente de confrontación entre el petrismo y el uribismo en Twitter que fue atizado en la tarde por un trino del ex presidente. Uribe compartió un mensaje de whatsapp que le llegó de un ciudadano de Monteria llamado Gregorio. En ese, el hombre señalaba que Petro había llegado a la ciudad a "infestar a los jóvenes de Montería de odio y rencor", justo en momentos en que se vivía un trágico acontecimiento. Petro, a quien el trino no le cayó bien, le respondió. “Este trino de Álvaro Uribe Vélez dice que mi propuesta de Universidad pública y gratuita es infestar a los jóvenes de odio y rencor y lo enlaza con el asesinato de dos policías en Puerto Escondido por parte del narcotráfico con poder político que se desarrolló por su influjo”, aseguró en la misma red social. Uribe se refería a un hecho que había conmocionado a Córdoba. El viernes antes de la llegada de Petro a Montería, Jairo Polo Arroyo, un patrullero de la policía de 27 años, fue asesinado a disparos a una cuadra de la estación de Policía en Puerto Escondido, Córdoba. El uniformado había prestado servicio durante casi ocho años y aunque se desconocen las causas de este atentado, en el que por primera vez resulta asesinado un policía durante el 2018 en el departamento, las autoridades creen que se trató de una represalia del Clan del Golfo por los golpes que la fuerza pública le ha dado a la organización, específicamente por el reciente abatimiento de alias El Indio. El hecho no tenía nada que ver con la visita de Petro. Ese sábado, horas después del trágico suceso, una multitud acompañaba al candidato presidencial en su visita a Montería, Córdoba. El mismo candidato compartió en sus redes sociales imágenes de los ciudadanos del departamento que salieron a apoyarlo y a escuchar sus propuestas. Los usuarios de esta red social criticaron al expresidente Uribe por haber relacionado dos momentos que nada tienen que ver. Así como el sábado muchos le pidieron a Petro jugar limpio con Duque, el domingo otros tantos le exigían coherencia a Uribe. – Con información de http://www.semana.com


(ARGENTINA) RED NARCOPOLICIAL. Los escándalos por narcocorrupción han sacudido Argentina en los últimos años. El país, que hasta los 90 supo mantenerse al margen del mapa narco regional, se ha convertido en el tercer exportador de cocaína del planeta. La preocupación en torno al tema es tal que el Ministerio de Seguridad creó la Subsecretaría de lucha contra el narcotráfico y el actual presidente, Mauricio Macri, ubicó el tema en el centro de su discurso durante su campaña a finales de 2015. En los últimos dos años, varias denuncias y operativos dejaron en evidencia la existencia de un mecanismo de narcocorrupción en las fuerzas de seguridad. En la actualidad, se celebra el juicio contra una supuesta red de agentes que colaboraba con narcos en la provincia de Buenos Aires. Se trata de uno de los procedimientos contra la narcocorrupción policial más importantes de la historia del país. El Confidencial asistió a una de sus sesiones. Cuando “el Enano” Cabral, ex alto cargo del departamento antidrogas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, esposado y flanqueado por dos agentes armados, me vio a la salida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de San Martín, 20 kilómetros al noroeste de la capital, sonrió, se acercó con la anuencia de sus carceleros y saludó a esta reportera con un beso en la mejilla. Ya nos conocíamos. Dos años atrás lo había entrevistado en una finca a media hora en coche de donde hoy está siendo juzgado, junto a otros siete policías, por integrar una supuesta red de agentes que protegía a narcotraficantes en la "villa" -así se llama a las favelas en Argentina- La Cárcova, en la Provincia de Buenos Aires. En aquel momento, estaba prófugo y había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre: si él caía, caían todos. Iba a denunciar por narco-corrupción ante los medios y ante la justicia a la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires, la fuerza de seguridad más importante del país, con más de 100.000 efectivos responsables de la seguridad del 40% de los argentinos. La aparente pataleta tenía un propósito más elevado: Gabriel Cabral estaba convencido de que sus compañeros iban a matarlo para silenciarlo. Tenía la esperanza de que, si hacía pública su acusación, tal vez podría ver crecer a su hija. Apuntó alto, a la cabeza de Pablo Bressi, el entonces Jefe de Policía, antes número 1 de la División Antidrogas de la Fuerza. Las apariciones mediáticas del “Enano” llevaron la narco-corrupción de las fuerzas de seguridad al centro del debate social y político y fueron el pistoletazo de salida de una carrera de obstáculos que Bressi estaba condenado a perder. En abril de 2017, un año después de las denuncias, el 'número uno' de la policía se vio forzado a renunciar. Para entonces, Cabral había sido capturado y llevaba ocho meses en prisión. Estas semanas, en el que es uno de los juicios contra la narco-corrupción policial más importantes de la historia argentina, se decide su futuro. Sentado en una silla de estructura metálica y respaldo de cuero, en una de las esquinas de la sala, Cabral conversa con dos de sus cuatro abogados antes del inicio de una de las últimas sesiones del debate oral, que se prolonga desde diciembre pasado. Está más delgado, 55 kilos de hueso y ojeras. Junto a él, en siete asientos idénticos pegados a la pared, el resto de la supuesta banda de narcopolicías: el Comisario Mayor José Luis Santiso, Daniel Alberto Gil, José Roberto Cano, Mario Maruri, Ezequiel Francisco Mautouchet y Carlos César Aguirre. La mayoría está en la treintena y sus cortes de pelo imitan a los de futbolistas de primera división. Visten de civil, con vaqueros, forros polares de colores y zapatillas deportivas. En las cárceles argentinas no hay recursos para uniformar a los presos. Antes de la llegada de los jueces, algunos hablan entre ellos y con sus abogados. El ambiente es distendido, por momentos se ríen. No están esposados, y así seguirán hasta que finalice la sesión y los cuatro agentes de la Dirección de Traslados del Servicio Penitenciario Federal que los vigilan los escolten hasta el furgón que los llevará de vuelta al Complejo Penitenciario Federal Marcos Paz II, donde permanecen detenidos. Están acusados de colaborar con una banda de narcotraficantes posiblemente vinculada con Mameluco Villalba, uno de los narcos más importantes de la historia Argentina -hoy preso-, liderada por Ceferino Benítez, dueño y señor de La Cárcova, donde unas 12.000 almas cohabitan con la basura que se desprende del Ceamse, el mayor vertedero de la capital porteña y de la Provincia de Buenos Aires. La red de agentes habría asegurado la venta libre de droga a la gente de Ceferino y eliminado a la competencia. En el argot, esto se conoce como “liberar la zona”. El descubrimiento de la narco-banda policial fue casual, las escuchas telefónicas en el móvil de Ceferino fruto de la investigación que pesaba sobre él señalaron directamente a los policías. La denuncia de un vecino del barrio y el testimonio de un arrepentido -se cree que un narco apodado ´mate cocido´- fortalecieron la acusación. Aunque el contenido de las cintas no puede trascender aún por el Secreto de Sumario, la rotundidad de la prueba llevó a la jueza de instrucción Alicia Vence a ordenar la detención de los acusados y al fiscal federal Jorge Sica a pedir la elevación a juicio. Durante décadas, existió un dudoso código moral en la policía argentina. Se podía recaudar 'dinero negro' del juego e incluso de la prostitución, pero el narcotráfico era un campo de minas sobre el que los agentes no estaban dispuestos a poner un pie. A partir de los 90, con el florecimiento de las bandas de narcotraficantes, cuyos líderes en algunos casos eran ex combatientes peruanos de Sendero Luminoso, esta tradición no escrita empezó a quebrarse: el dinero del narcotráfico empezaba a ser demasiado como para mirar hacia otro lado, y aún sería más. Los casos de sobornos vinculados con estas bandas se hicieron moneda corriente y hoy la narco-corrupción está anquilosada en las fuerzas de seguridad del país. A cambio de una cuota mensual que para comisarías o departamentos suele oscilar entre los 100.000 y 150.000 pesos al mes -entre 24.000 y 36.000 euros-, los agentes dispuestos a venderse despliegan su poderío en favor del narco que haya sabido acogerse al plan, es decir, casi todos. Entre sus tareas, mirar hacia otro lado para permitir la venta de droga en un territorio determinado, eliminar a la competencia, falsificar u ocultar pruebas, implementar investigaciones cuestionables o evitar las pertinentes, liberar a detenidos, pagar información con droga o recolectar el dinero del narco de turno para trazar su ruta 'oficial' en estricto orden jerárquico. Cuando en diciembre de 2015, Mauricio Macri asumió la Presidencia de la Nación y María Eugenia Vidal el gobierno de la Provincia de Buenos Aires -el segundo cargo más importante del país- bajo la promesa de luchar contra el narcotráfico, el ascenso de Pablo Bressi a la jefatura de la Fuerza provincial sorprendió a muchos. Hasta entonces, había sido 'número uno' de la División Antidrogas de la Policía Bonaerense -como también se conoce a la Policía de la Provincia de Buenos Aires- y sobre él pesaban sospechas de corrupción. No obstante, desde entonces, Asuntos Internos ha expulsado a cerca de 9.000 agentes de la Bonaerense, desde comisarios generales a policías locales, por narco-corrupción y otros delitos. Delante de los acusados, sus respectivos abogados -once en total y hoy no han venido todos-, se amontonan blindados por una fila de escritorios y mesas auxiliares empapelados con los cuerpos de la causa. Damián Odetti, abogado especializado en anticorrupción y principal representante de Cabral, asegura que quiere redimirse, que “el Enano” ya no tiene miedo. Quiere seguir hablando aún a riesgo de su propia vida. Se le acusa de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y de ayudar en la entrega de dinero del narco Ceferino Benítez a un agente antidroga. Hasta ahora, Cabral siempre lo negó. Habrá que ver si sigue haciéndolo. Como él, hay otro imputado que está contra las cuerdas, el acusado número nueve, Víctor Gutiérrez, un civil que se hizo pasar por policía durante años con el consentimiento de algunos de sus ´colegas´. Se le acusa de formar parte de la organización narcocriminal con la que se vincula a la red de agentes, de extorsionar a narcos y de ser intermediario del dinero entre Ceferino y sus falsos compañeros. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Alba Rojo - https://www.elconfidencial.com

GUATEMALA, UN PAÍS DE DELINCUENTES (+OPINIÓN). Estados Unidos valoró los avances alcanzados en el combate de la impunidad, gracias al trabajo coordinado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público, y decide seguir trabajando con el Ejército de Guatemala. Trump añadió: “Vamos a proteger nuestra frontera hasta que podamos tener un muro y una seguridad adecuada: en la que México será la defensa de las fronteras. Y en Guatemala: “El Ministerio de Gobernación será el responsable de la seguridad interna y del régimen migratorio”. ¿? Y anunció la cancelación de la política de permitir a millones de inmigrantes ilegales, padres de niños nacidos en Estados Unidos, permanecer en el país. La caravana que viajaba con familias completas fue detenida en Oaxaca. Trump, dijo: “Nuestro país (USA) está siendo robado” debido a la afluencia de inmigrantes ilegales y lanzó una serie de tuits amenazando con terminar también con el Daca. Esto afectará la seguridad de Guatemala, ya que la economía no es suficiente para ofrecer empleo digno a todos estos emigrantes. El presidente Jimmy Morales llegó al gobierno por un golpe de suerte, por lo que entregó los espacios políticos a personajes muy discutidos como Arzú y Degenhart, quienes durante años han hecho del Estado un modo de vida. Nombra ministro de Gobernación a un personaje controversial, Enrique Antonio Degenhart Asturias, que expuso su plan de trabajo sobre: ¿Seguridad Ciudadana, Seguridad Empresarial y Seguridad Internacional?, que le sería útil, por lo que primero retira 11 agentes a la Cicig, cuya función es “desmantelar aparatos clandestinos en el Estado”. El jefe de la Cicig le envió una carta al ministro de Gobernación exigiendo al Gobierno que restituyera a los 11 policías que dejaron de prestar apoyo a este ente adscrito a la ONU, cuya función es desmantelar aparatos clandestinos en el Estado, por lo que estos tuvieron que regresar. Fue una movida distractora, pues el ministro está vinculado con el crimen organizado y con nexos con carteles del narcotráfico. Según Degenhart Asturias Ripoff Reports, con 30 empresas registradas en Panamá, entre ellas Hidroenergia Panam S. A, usadas para el lavado de activos por parte del clan familiar Degenhart Asturias, que ha acumulado en los últimos años una inmensa fortuna y se desconoce su procedencia”. (Miami Florida Report #834281. Publicado el 26/06/2007 en Vizcaya.) Tuvo dos contratos con el Estado. El primero en el Registro General de la Propiedad por Q71 mil 200. Ingresó a la comuna capitalina en el mismo período devengando Q99 mil 600, en los seis meses que duró la relación. El paso de Degenhart por la Municipalidad de Guatemala lo vincularía con el alcalde Álvaro Arzú. La Contraloría General de Cuentas (CGC) analiza actualmente los contratos que tuvo en la Municipalidad de Guatemala en el 2017 y en el Registro General de la Propiedad, de manera simultánea, como interventor de Migración durante la administración con el clan de Álvaro Colom (2008-2012) ligado a proceso penal (Prensa Libre). Por consiguiente, la lucha contra la corrupción no es una guerra ganada. 2018 será un año clave, no solo para consolidar las investigaciones judiciales, sino para saber si la clase política está comprometida con esa tarea titánica de la Cicig. Con la advertencia de Trump de que “quitarían la ayuda del Plan para la Prosperidad si no se mantiene una lucha frontal contra el crimen organizado y la corrupción”. A Honduras ya la amenazó directamente. Ha sido un mensaje claro para Morales, Degenhart, Arzú y el Pacto de Corruptos. – Artículo de Opinión - Alfonso Yurrita - http://www.prensalibre.com

Resultado de imagen para reporteros sin fronteras site:informe25.com(ESTADOS UNIDOS) LA CAMPAÑA CONTRA LAS "NOTICIAS FALSAS" DEL GRUPO SINCLAIR AMENAZA LA INDEPENDENCIA EDITORIAL DE SUS TELEVISIONES. Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su preocupación por la reciente campaña contra las "noticias falsas" que Sinclair Broadcast Group, una de las mayores compañías de medios audiovisuales de Estados Unidos, ha impuesto a los presentadores de sus filiales locales. La campaña, que denuncia "historias falsas" en los medios nacionales, amenaza la independencia editorial y la credibilidad de dichos medios locales. En un vídeo que se hizo viral el 31 de marzo, docenas de presentadores de informativos de televisiones locales propiedad de Sinclair recitan un discurso idéntico en el que denuncian prejuicios en los medios nacionales. El discurso, que fue transmitido a la hora de los informativos de las televisiones locales, es en realidad un guión mandado por Sinclair, uno de los diversos segmentos "obligatorios" que la compañía de radiodifusión ha impuesto a sus filiales de noticias locales en los últimos meses. "Algunos miembros de los medios nacionales están usando sus plataformas para impulsar su propio sesgo personal y su agenda para controlar 'exactamente lo que la gente piensa'... Esto es extremadamente peligroso para nuestra democracia", dice el guión en un momento dado. "Este último movimiento de Sinclair para sacar la retórica contra los medios a través de sus afiliados locales durante los informativos es una amenaza para la independencia editorial de estos canales y de los periodistas que trabajan en ellos. La campaña es aún más preocupante dado el alto nivel de confianza que los estadounidenses depositan en los medios de comunicación locales", señala Margaux Ewen, directora de la oficina en América del Norte de Reporteros Sin Fronteras. "Este es un signo angustioso de hasta qué punto el uso del término 'noticias falsas' que hace el presidente Trump se está extendiendo para deslegitimar la información crítica en Estados Unidos". Si bien los representantes de Sinclair han reiterado que esta campaña tiene la intención de expresar el "compromiso de su compañía con la información de los hechos", les han llegado las críticas de miembros del Congreso, reporteros, empleados y antiguos trabajadores de la empresa. Aaron Weiss, ex jefe de informativos de una emisora de televisión propiedad de la compañía, dijo a CNN que "el problema con lo que hace Sinclair es que optan por la credibilidad que los presentadores locales han acumulado en sus comunidades durante años y décadas, y la usan para promover una agenda política". Una encuesta de Morning Consult / Politico reveló en 2017 que la mayoría de los votantes registrados confían más en los medios de comunicación locales para informarse de la verdad que en las noticias nacionales. Sinclair posee la mayor red de emisoras de televisión local en Estados Unidos, y la compañía está en negociaciones para comprar Tribune Media por 3,900 millones de dólares. La adquisición proporcionaría a la empresa 42 emisoras de televisión adicionales, dejando a Sinclair con más de 200 canales de televisión de noticias en todo el país. En respuesta a la campaña, algunos de los empleados han expresado su desacuerdo e incluso han renunciado a sus puestos, y al menos un canal afiliado se ha negado a transmitir el segmento. Empleados actuales y ex trabajadores han hecho llegar a la prensa pruebas que muestran un ambiente de trabajo que dificulta a los trabajadores expresar sus preocupaciones e incluso abandonar la empresa, y que Sinclair a suele ejercer influencia editorial sobre la forma en que sus afiliados locales presentan los reportajes y gráficos, incluida la eliminación de comentarios del contenido digital de los afiliados antes de que los editores web los aborden. A algunos empleados de canales de televisión propiedad de la compañía también se les exige una cláusula de "daños liquidados" para pagar el 40 por ciento de su compensación anual si deciden abandonar su puesto antes de que acabe el período, según recoge Bloomberg. Otros trabajadores han compartido extractos de manuales para empleados que dicen que la empresa "puede supervisar, interceptar y revisar, sin previo aviso, las actividades de cada empleado usando los recursos electrónicos y sistemas de comunicación de la Compañía". Mientras los expertos legales afirman que se trata de lenguaje contractual estándar, los empleados de Sinclair explicaron a The Huffington Post que la cultura en el lugar de trabajo los ha hecho "particularmente conscientes" de estas políticas. Tras caer dos posiciones en el último año, Estados Unidos ocupa el puesto 43, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 elaborada por RSF. – Con información de https://www.rsf-es.org

(HUNGRÍA) VICTOR ORBÁN, UN ENEMIGO DE LA LIBERTAD DE PRENSA QUE ACARICIA UN TERCER MANDATO. Viktor Orbán esperaba que las elecciones parlamentarias que Hungría celebró este domingo, 8 de abril, le dieran un tercer mandato como primer ministro. En su intento de silenciar todas las críticas, este hombre fuerte ha remodelado por completo el sector mediático húngaro en los últimos seis años. Desde su regreso al poder en 2010, Orbán ha propiciado tantos cambios en el panorama mediático húngaro que ya casi ningún propietario de medios anterior a 2010 lo sigue siendo. En este camino, se ha acarreado muchas advertencias de la Unión Europea. CONTROL SOBRE LOS MEDIOS ESTATALES Y LOS OLIGARCAS. La radio y la televisión estatales fueron el primer objetivo. Después, el gobierno apuntó a los medios privados, dejándolos sin contratos publicitarios estatales. Los aliados de Orbán se hicieron con el principal diario opositor, Nepszabadsag, en 2016, pocos días después de forzarlo a la bancarrota. Los oligarcas partidarios de Orbán compraron luego todos los diarios regionales. Los empresarios aliados del partido Fidesz de Orbán tienen ahora una posición dominante y a menudo de monopolio en prácticamente todos los medios, ya sean diarios locales, televisiones comerciales nacionales, periódicos sensacionalistas, diarios digitales o semanarios políticos. Los grupos de medios controlados por estos empresarios llegan a un público mucho más amplio que los medios independientes o críticos (aparte de los diarios digitales). Además, independientemente de su rentabilidad en el mercado, los medios pro Fidesz obtienen importantes ayudas estatales en forma de publicidad institucional y subsidios oficiales basados en decisiones completamente arbitrarias por parte de los funcionarios. Mientras tanto, el número de medios de comunicación independientes que gozan de buena salud financiera sigue en caída. La polémica ley de 2010 que revisó los medios estatales y creó un Consejo de Medios con poderes totalmente desproporcionados abrió el camino para dirigir el control político sobre el contenido editorial de los medios de servicio público y los convirtió en herramientas de propaganda. "Si Fidesz obtiene una mayoría de dos tercios, será una masacre para los medios, pero si obtiene solo una mayoría simple, los medios podrán respirar nuevamente", afirma Péter Pető, director adjunto del diario digital independiente 24.hu. "La propaganda actual no puede sostenerse porque todos, incluidos los miembros de Fidesz, se dan cuenta de que tiene sus límites. Con un poco de suerte, Fidesz tendrá que cambiar sus tácticas hacia los medios". VETO A MEDIOS Y A PERIODISTAS. Desde 2010, Fidesz se ha preocupado de garantizar que los medios no alineados con una audiencia significativa permanezcan alejados de las campañas electorales. En esto es de ayuda la ley electoral de 2010, pues prohíbe la publicidad política en los medios comerciales. Orbán ha dicho en repetidas ocasiones durante esta campaña que "el tiempo de los debates" ha terminado. Aunque los partidos de la oposición tienen programas electorales sustanciales, reciben muy poca atención de los medios porque Fidesz se niega a participar en los debates sobre cuestiones de política pública. Se trata de una decisión deliberada, adoptada con el objetivo de evitar una repetición de los reveses de 2002 y 2006, cuando Fidesz aún debatía con los líderes de los otros partidos. La constante negativa de los líderes de Fidesz a hablar con periodistas de medios de comunicación que no son afines al partido refuerza la polarización de gran parte de los medios. Por un lado, los progubernamentales están obsesionados con los inmigrantes, en defender las fronteras de Hungría y en su odio hacia el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros. Por otro, los medios sensacionalistas están repletos de historias de todo tipo de escándalos. Una de las más graves restricciones impuestas a los medios es la prohibición selectiva de los periodistas que cubren el Parlamento húngaro. El portavoz de la Asamblea Nacional está facultado para restringir como bien le parezca el acceso de periodistas. Suele usar este poder para prohibir el acceso a periodistas críticos, y a veces a todos los de medios de comunicación determinados. El gobierno prohíbe que los funcionarios, especialmente los directores y el personal de las instituciones públicas, hablen para los medios sin su permiso previo. Algunos medios de comunicación ya no tienen derecho a dirigirse a miembros del gobierno o a hacer preguntas durante las ruedas de prensa. El portavoz del gobierno incluso recriminó recientemente a periodistas extranjeros que intentaron hacer una pregunta durante una conferencia de prensa. El mes pasado, Orbán se negó a responder las preguntas que le hizo un canal de noticias de televisión crítico, HírTV, argumentando que no es más que una fuente de "noticias falsas". La Constitución húngara de 2011, no obstante, dice que "Hungría (...) debe garantizar la libertad de recibir e impartir información en una sociedad democrática". El mes pasado, RSF preguntó al portavoz del gobierno, Zoltán Kovács, sobre la negativa de los miembros del ejecutivo a responder las preguntas de ciertos periodistas. Contestó que se reservaba el derecho de decidir a quién consideraba periodista, porque algunos periodistas, dijo, son solo "activistas que ejercen una actividad periodística". Las amenazas a periodistas extranjeros son una fuente de creciente preocupación. En los últimos meses, varios corresponsales que han trabajado en Hungría durante muchos años han explicado a Reporteros Sin Fronteras que les resulta cada vez más difícil trabajar. Desde que Orbán regresó al poder, Hungría no hace más que caer en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF. Actualmente ocupa el puesto 71 de 180 países. – Con información de https://www.rsf-es.org


(PANAMÁ) ESTAFAS MIGRATORIAS. De un lector: El panameño Manuel Mora Cornejo se hace pasar por abogado con idoneidad en Panamá, usando la de la abogada Vanessa March, para ofertar tramitaciones migratorias que carecen de validez y cobrar altas sumas de dinero. Al parecer Mora Cornejo, es familiar del comisionado Mora, importante comisionado del Servicio de Inmigración, cuyo buen nombre emplea. Manuel Mora tiene varias denuncias y un prontuario muy amplio por estafas migratorias.– Franklin Linares




(PANAMÁ) LOS NADA ATRACTIVOS APARTAMENTOS DE PANAMÁ BRIDGE SERVICES. De un lector: Con recurrencia la empresa de servicios inmobiliarios Panamá Bridge Services ha dejado a clientes defraudados e inconformes. Lo ejemplifica el caso del apartamento 66 en un edificio de Ciudad de Panamá. Como los arrendatarios anteriores eran venezolanos y en Panamá muchos piensan que todos los venezolanos solventes forman parte de esquemas ilegales y de corrupción, mensualmente pagaban 5 mil 500 dólares, exigiéndoles pagos por adelantado, imponiéndoles controles, verificaciones internas, mantenimiento de aires acondicionados centrales de las dos alas del apartamento y de las consolas en tres de las cuatro habitaciones. Hay que acotar que el mantenimiento de la mayoría de las propiedades de la empresa regularmente no sería oportuno y adecuado. A los propietarios anteriores les tocó reparar varias filtraciones graves en los baños y closets, sin recibir nunca un reintegro. Las reparaciones que correspondían a la empresa administradora tardaban meses y hasta semanas en efectuarse. Completamente cerrado por la altura, sin terrazas o balcones, el apartamento carece de depósito (maletero), como otros del mismo edificio. El gasto promedio mensual de las reparaciones ascendía a 1 mil dólares. El lugar carecía de cortinas y las cañerías estaban tapadas. Cuando los ocupantes anteriores, venezolanos, ofrecieron 900 mil dólares para comprarlo, el primer año les dijeron que era una buena oferta, el segundo lo elevaron a 1 millón 500 mil dólares y así estuvieron durante tres años, antes de mudarse a otro país. El apartamento, que desde hace más de tres meses permanece vacío, se ofertaría ahora para la venta en 1 millón 200 mil dólares, pero nadie lo alquila o lo compra. Los atractivos que se ofrecen son áreas sociales y comunes del edificio. Pero la edificación empieza a envejecer y es víctima de la humedad por su cercanía al mar. Un estudio termoeléctrico demostró que las paredes internas y externas del inmueble estaban llenas de agua y humedad. Las baldosas del baño principal se han levantado como un acordeón, ¿Por qué? Al edificio estar construido sobre un relleno, allí estaba el vertedero de basura de la ciudad, lo cual hace que la estructura se mueva o incline, ocasionando rupturas en las paredes y baños. Es más llamativo aún el hecho que Panamá Bridge Services es una empresa de Eric Van Hoorde, que como presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), debería mostrar a sus clientes el lado positivo de los inmobiliarios panameños. (…) El caso de los apartamentos del edificio Ocean Two es, al igual que otros, uno de sus peores ejemplos. – Adrián Ramírez



(PANAMÁ) RETRASOS EN PROYECTO ALTA TERRA. De un lector: El conjunto residencial Alta Terra fue publicitado a lo grande en Panamá, como de alto nivel, lujo y confort para la clase media, pero ha resultado en un proyecto donde los menos beneficiados han sido los compradores. La verdad es otra. El proyecto tuvo retrasos, la calidad de los acabados es sumamente baja, se encuentra en una peligrosa zona, rodeada de barriadas inhóspitas y su “plus”, la línea del metro, ha traído más caos e inseguridad a la zona de San Miguelito. El gerente del proyecto, Ricardo Mejía, representa a un grupo de inversores colombianos, cuyo dinero, desde el aspecto fiscal y financiero, da mucho qué decir. (…) Además de meses de retraso en la entrega de los apartamentos, el Conjunto Residencial Alta Terra de Ciudad de Panamá presenta graves problemas en los acabados, que resultaron no teniendo el lujo ofrecido. El aspecto de Alta Terra muestra que la construcción es por hoy mucho menos de lo que en proyecto le vendían a los compradores. (…) Tampoco cuenta con los servicios ofrecidos en planos y maquetas. – Adrián Ramírez

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