Según un reporte de la web awriterwithfreedom.com, entre los sospechosos de este crimen se encuentran los venezolanos, Juan Carlos Moniz y su socio, Luis Adolfo Román Fermín.
Según una investigación realizada por el Nuevo Herald, la trama pudo haber sido el resultado de negocios furtivos derivados del mercado negro de divisas en Venezuela.
Sergio Schael, viajó de Miami hacia Panamá para cobrarle una deuda de $40 mil a Juan Carlos Moniz, empresario que se había establecido en suelo panameño en el 2011. Moniz era socio y dueño de la compañía Asset Management, cuyo gerente general era Luis Adolfo Román Fermín, de acuerdo con el diario La Estrella de Panamá.
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| Sergio Schael Medina |
Pero según una breve nota que dejó Shael en su apartamento en Miami, indica que cobraría $625 mil y en el papel aparecía la dirección exacta del la oficina que visitó en Panamá cuando desapareció.
A su llegada a Panamá Schael se presentó al edificio Paitilla Oficce Tower, oficina 1502 donde había sido citado por otro grupo de empresarios venezolanos para cancelarle la deuda. Ese fue el último día que lo vieron con vida.
La necropsia efectuada al cuerpo, según informó el padre del occiso, Alfredo Schael, determinó que recibió un balazo en el tórax y que murió a causa de un shock hemorrágico.
Según el portal Armando Investiga, en la computadora de Sergio Schael se encontraron varios correos que daban cuenta de operaciones con empresas que figuran en la llamada lista Cadivi, una relación que otrora publicara la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) antes de su disolución y reemplazo, en 2014, por el Centro Nacional de Comercio (Cencoex).
Allí, en esa lista, aparecían las referencias de las personas jurídicas y naturales que fueron beneficiadas con dólares preferenciales del Estado venezolano.
En mayo de 2012 (año y medio antes del asesinato), Sergio recibió un email proveniente de Carlos Mendoza. En el correo, Mendoza daba instrucciones desde Miami con copia al correo de su socio Efraín Betancourt respecto a las operaciones de Medhealth y otras empresas que recibieron dólares preferenciales, a una tasa de 4.30 bolívares por unidad, para importar equipos médicos.
Según publicaciones del portal Armando Investiga, Carlos Mendoza, quien escribió a Sergio Schael un correo, y Efraín Betancourt, quien aparecía en copia fueron demandados en enero de 2014, justo un mes después del asesinato en Panamá, por 12 personas naturales y jurídicas que reclamaban en Estados Unidos una estafa derivada de transacciones cambiarias de Medhealth.
En los mensajes, por ejemplo, está uno de 2012, proveniente del venezolano Carlos Mendoza, donde este le daba órdenes o instrucciones de las operaciones de Medhealth y otras compañías que tuvieron acceso a dólares a tasa 4, 30 para importar equipos médicos.
“Sergio, en la parte de abajo podrás ver la comunicación entre Roger y la gente de Banesco”, escribió Mendoza.
Schael, sospechando o no de cuál podía ser su desenlace, dejó una pequeña nota antes de morir en la casa de sus padres en Miami, donde escribió el nombre del también venezolano y empresario Juan Carlos Moniz, un monto de “$ 625.000” y la dirección de la oficina que fue a visitar el día que desapareció.
“Av. 8va sur. Calle 56. Torre Paitilla – Oficina 1502”, dejó plasmado en el papel.
A esa cita en la mencionada dirección, el venezolano no fue solo. Pidió a un compatriota suyo Jean Carlos Amaro acompañarlo a cobrar la deuda.
El 10 de diciembre del 2013 fueron al apartamento que Moniz tenía en el Edificio Oasis Tower, pero este no se encontraba, sino su socio y también venezolano Luis Román Fermín (solicitado).
En una acalorada llamada telefónica, Moniz le habría pedido a Schael Medina ir al día siguiente al edificio Paitilla Office Tower, donde se ubicaba su empresa Invertrade, donde supuestamente le darían un comprobante de pago de la deuda.
Así lo hizo Sergio y su amigo Amaro, pero Schael Medina subió solo, pese a la advertencia de un vigilante de que no subiera.
El nieto del expresidente le había sugerido a su amigo que si en 15 minutos no regresaba, diera parte a las autoridades, lo cual pasó al transcurrir el tiempo. Amaro y el vigilante subieron a la oficina, y no lo vieron por ningún lado, tocaron a la puerta y nadie salió.
Varias horas después llamaron a Amaro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá para que reconociera el cadáver de Sergio Schael Medina.
Tras el asesinato de Sergio Schael, algunas sospechas apuntaron también hacia su socio, Efraín Betancourt.
Demandas en Florida
En enero de 2014, ya una decena de inversores y empresarios venezolanos había acudido a las cortes civiles del sur de la Florida para intentar recuperar millones de dólares por presuntas violaciones de contrato relacionadas con operaciones financieras que se habían multiplicado por las restricciones del acceso a las divisas en Venezuela, informaba El Nuevo Herald.
Al menos una de estas transacciones involucraba la obtención de dólares baratos que el Gobierno venezolano vendía al cambio oficial para que los importadores pagaran a sus proveedores extranjeros.
En uno de los casos, 12 demandantes acusaron a Carlos Eduardo Mendoza y Efraín Betancourt, residentes de Miami-Dade y gestores de Yupi Holdings, de haberse quedado con 78 millones de bolívares que les prestaron en el 2012 y por los que debían recibir unos $8 millones en cuentas estadounidenses como devolución del préstamo, en una operación en la que también participaron otros inversores que fueron parte de la demanda.
En otro, la empresa All Factoring de Venezuela demandó a cuatro sociedades de diferentes países, entre las que figura Atmosphere Fund, constituida en las Islas Vírgenes Británicas y cinco empresarios o empleados, entre ellos dos residentes de Miami-Dade, Luis Wolkowiez y Jorge Reyes, por no restituirles más de la mitad de un préstamo de 234 millones de bolívares por los que iban a recibir $15.5 millones.
Wolkowiez había sido demandado en el 2012 por una empresa de Panamá, New Grove Ventures, con un accionista venezolano, Carlos Edery, por no devolver gran parte de un préstamo de 3.8 millones de bolívares que, según el demandante, la empresa le prestó y que debían ser devueltos en dólares en una cuenta de Miami Dade.
Las partes llegaron a un acuerdo para cerrar el caso.
En otros casos judiciales, Wolkowiez encaró demandas por ruptura de contratos en negocios de exportación e importación a Venezuela.
“La gente en Venezuela está buscando cómo obtener dólares”, dijo el abogado Alexander F. Fox, quien era uno de los abogados de los demandantes en el caso contra Yupi Holdings y uno de los que defendieron al demandado Luis Wolkowiez en el proceso contra Atmosphere Fund.
“Cuando no hay liquidez, cuanto más escasos son los dólares, siempre hay más oportunidades para la gente que quiere robar”, añadió el abogado.
En otra demanda interpuesta en Broward, el empresario venezolano Julius Jessurun Arenas demandó a INJEX 21, empresa con sede en Fort Lauderdale y propiedad del expelotero Sammy Sosa, por no pagarle parte de una comisión que debía cobrar en dólares tras conseguir que una empresa de recolección de basura de Venezuela hiciera un pedido de inyectores sin aguja distribuidos por INJEX 21. Además, según la demanda, INJEX 21, habría cerrado otro pedido sin respetar el contrato de exclusividad de Arenas.
La demanda fue retirada y, tras afirmar haber alcanzado un acuerdo con INJEX 21, el abogado de Jessurun envió a El Nuevo Herald una declaración jurada en la que afirmó que todo lo que había declarado con anterioridad era falso. Los representantes de Yupi Holdings e INJEX21 negaron las acusaciones.
En el mercado oficial venezolano, las operaciones de cambio de dólares por bolívares debían ser aprobadas por el gobierno, que establecía límites de cuantía y requisitos para comprar dólares.
El principal sistema oficial para obtener dólares hasta enero de 2014 era a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Ciudadanos y empresas que necesitaban pagar a proveedores extranjeros de bienes considerados esenciales (como piezas para maquinaria agrícola, o industrial, alimentos o productos médicos) podían adquirir a través de ella dólares al cambio oficial de 6.3 bolívares.
Pero en Venezuela, un país que importaba el 70 por ciento de todo lo que su población consumía, la demanda de dólares era mucho mayor a los que el Gobierno distribuía.
Además, la brecha en la cotización del dólar abrió la puerta a operaciones en las que algunos obtuvieron beneficios de millones de dólares defraudando al Gobierno venezolano.
El Banco Central de Venezuela informó en junio de 2013 que individuos que obtuvieron dólares de CADIVI para pagar a proveedores extranjeros simulando importaciones ficticias o declarando un valor superior de la mercancía importada provocaron una fuga de divisas que ascendió a $20,000 millones en el 2012, un tercio de las divisas que Venezuela destinaba a las importaciones.
Proveedores estadounidenses y de otros países o sus socios compraban con dólares bolívares baratos en el mercado paralelo venezolano donde $10, por ejemplo, se podían convertir en unos 750 bolívares. Luego el comprador venezolano, que en ocasiones era un mero intermediario, compra con los bolívares obtenidos dólares baratos a CADIVI al tipo oficial (si se ingresan 750 bolívares obtenidos con $10, CADIVI retornaría casi $120) para pagar al proveedor extranjero.
El proveedor extranjero, el comprador o sus socios, que consiguieron $120 con una inversión inicial de $10, pueden volver a vender los dólares en el mercado paralelo.
La mercancía en ocasiones no se entregaba y solía suceder que lo realmente importado resultaba ser, en vez de maquinaria, chatarra u objetos de poco valor. Otras veces los precios estaban muy inflados.
“Es el mejor negocio que puedes hacer en el mundo. Hacen dinero, no porque sean inteligentes, sino porque tienen acceso a dólares al cambio oficial. Imagine poder comprar acciones a $1 y venderlas a $10”, dijo Fox sobre ese tipo de operaciones.
La demanda de sus clientes afirmó que Mendoza y Betancourt contaron a los demandantes que el dinero que depositaran en la cuenta de un intermediario venezolano, Inversiones Maxx, serviría para financiar una importación desde Miami.
Según documentos judiciales, una vez que la mercancía importada llegara a Venezuela, el intermediario finalizaría el canje de los bolívares prestados por dólares a través de CADIVI al tipo oficial, y estos serían transferidos a cuentas de Yupi Holdings y sus gestores en Estados Unidos, quienes devolverían el préstamo en dólares a los demandantes.
“Los demandantes, que deseaban transferir fondos de sus cuentas bancarias en Venezuela a Estados Unidos en dólares, vieron la transacción como una oportunidad para obtener dólares a una tasa de cambio oficial a través de CADIVI, que es mucho más baja que la tasa de cambio disponible en el mercado abierto”, señaló la demanda.
“Nos dijeron que necesitaban bolívares para la importación”, dijo Eduardo Rivas, inversor que encabezó la demanda y quien afirmó desconocer más detalles sobre la compra. “Ni preguntamos”.
Los dólares les costaron más caros que el del tipo oficial de $4.3 por bolívar vigente entre junio y septiembre del 2012, cuando los demandantes depositaron los fondos y, en general, algo más baratos que si los hubieran cambiado en el mercado paralelo.
Quienes atraían a otros prestamistas al negocio, se llevaban una comisión. Fue el caso de Rivas y Ernesto Chávez.
El préstamo debía devolverse en unos tres meses, pero los demandantes aseguraron que los dólares nunca llegaron.
Fox, antiguo asistente de la Fiscalía Estatal en Miami Dade, señaló que los actos de los demandados podían ser considerados por las autoridades de Estados Unidos como un delito de transmisión de dinero sin licencia.
Sin embargo, no veía ninguna razón por la que la operación realizada por sus clientes pudiera considerarse ilegal en Venezuela ya que no se trataba estrictamente de un cambio de moneda, sino de un préstamo para financiar una exportación.
De esa opinión difiería Neil G. Taylor, antiguo asistente de la fiscalía federal y abogado defensor de Ramiro Parra, uno de los inversores que decidió no demandar a Yupi Holdings, pero que fue demandado por otro inversor, Henssel Bages, un residente de Miami Dade a quien metió en la operación y quien ingresó en la cuenta de Inversiones Maxx $1 millón en varios depósitos.
Taylor afirmó que Parra fue un inversor defraudado más, que Bages depositó todo el dinero en la cuenta de Inversiones Maxx y que Parra no recibió ni un centavo.
Pero el abogado también defendió que, en todo caso, el acuerdo era ilegal porque incumplía las leyes de control de cambio de Venezuela y por lo tanto ninguna corte civil podría obligar a su cumplimiento, como señaló en la moción para desestimar el caso que presentó en representación de Parra.
“[Esta operación], aunque común, implica la ruptura con conocimiento de las leyes y regulaciones del país de origen y, por lo tanto, de las leyes criminales sobre lavado de dinero [de Estados Unidos y La Florida]”, argumentó Taylor en la moción.
“Muchas veces, en Sudamérica, la gente que deja un país y se muda a Estados Unidos quiere sacar su dinero y lo hace a través del mercado negro”, dijo Taylor, quien señaló que eso rompe el control de cambios que los países establecen para que su moneda no se debilite. “Cuando haces esto, va contra la ley, es lavado de dinero”.
Los estatutos sobre lavado de dinero castigan la realización de operaciones o transferencias de dinero procedente de actividades ilícitas.
Taylor añadió que eso no implicaba forzosamente que la fiscalía fuera a perseguir a quienes intentaban sacar su dinero de Venezuela, porque sus circunstancias eran muy especiales. También consideró que los demandantes de Yupi Holdings fueron víctimas de un fraude que podría perseguirse criminalmente.
Manuel Gómez, profesor asociado de Derecho en la Universidad Internacional de la Florida, señaló que solo podría hablarse de lavado de dinero en Estados Unidos si éste procediera de una actividad ilegal, pero concedió que la operación podía ser vista por los tribunales venezolanos como ilegal si se ofrecieron divisas o se demostraba que en realidad no se trataba de un préstamo, sino de una mera permuta de moneda, bolívares por dólares.
La ley contra ilícitos cambiarios de Venezuela castigaba con multas y prisión de dos a seis años la compra, venta, ofrecimiento, enajenación, transferencia o recepción de divisas por valor de más de $20,000 o su equivalente en otra divisa en un año sin la intervención del Banco Central de Venezuela.
Si la cuantía era de entre $10,000 y $20,000, ese comportamiento se castigaba con una multa.
La obtención de divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, era penada con prisión de tres a siete años.
Dependiendo de cómo se produjera la transferencia de dinero a Estados Unidos, se podrían haber violado las regulaciones sobre la declaración de la procedencia de los fondos.
Menachem Mayberg, abogado que defendía a los demandados en el caso de Yupi Holdings, aseguró que, aunque Betancourt y Mendoza podrían haber instruido a los únicos demandantes con los que sus clientes hicieron negocios directamente, Rivas y Chávez, a realizar depósitos en las cuentas de Inversiones Maxx, estas instrucciones estaban relacionadas con una operación distinta, que no explicó, y que el dinero nunca llegó a sus clientes.
“Hasta ahora no han enseñado nada que demuestre que el dinero llegó a mis clientes”, dijo Mayberg.
Las pruebas que los demandantes habían presentado hasta inicios de 2014 eran varios correos electrónicos de Mendoza y Betancourt dirigidos a Chávez en los que indicaban la información de una cuenta a nombre de Inversiones Maxx 0712, un email en el que Betancourt se disculpaba por el retraso en el pago a los clientes de Chávez porque el Banco Central de Venezuela se había retrasado en liquidar divisas aprobadas y emails de Mendoza en los que le preguntaba a Chávez por qué aún no había hecho los depósitos acordados.
En uno de los mensajes, Betancourt afirmó que sus operaciones eran legítimas.
En los interrogatorios, Mendoza señaló que en aquella época tuvo problemas con el servidor de correo electrónico desde el que se enviaron varios de los mensajes, entre ellos el que contenía la información de la cuenta de Inversiones Maxx y que no recuerda haberlos enviado.
Pero Fox dijo que los demandantes tenían en su poder estados de cuentas, emails y mensajes de texto que hasta comienzos de 2014 no habían sido incluidos como pruebas y que supuestamente demostraban los hechos que ellos alegaban.
Mediante una declaración jurada, Roger Quaranta, gestor de Inversiones Maxx, afirmó que Mendoza y Betancourt manejaban desde Miami Dade la cuenta de la empresa donde se depositaron los bolívares y que él desembolsó los fondos de esa cuenta siguiendo las instrucciones de Mendoza y Betancourt.
Rivas afirmó que había participado en una operación previa por casi un millón de dólares diseñada por Mendoza y Betancourt, similar a la que les resultó fallida, y que todo había salido bien.
Él quería cambiar bolívares que había obtenido con negocios de impresión en Venezuela porque él residía en Miami, pero no podía acceder al sistema de CADIVI. Dijo que otra de las inversoras, Lidemar González, quien invirtió más de 30 millones de bolívares y a quien él metió en la operación, necesitaba los dólares para pagar a proveedores de su empresa en Estados Unidos.
La demanda fue vista por la corte civil de Miami-Dade, que se declaró competente para juzgar el caso.
Sentenciado al pago de $39 millones
Un juez federal de Florida emitió en junio de 2022 un fallo final a favor de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos después de que una compañía de préstamos de día de pago de Miami acordó pagar más de $39 millones para resolver reclamos que indicaban que recaudó fraudulentamente $66 millones de más de 500 inversionistas.
La jueza federal de distrito Beth Bloom aprobó tres sentencias: dos para Sky Group USA LLC y el director ejecutivo Efrain Betancourt Jr., sobre quien la SEC afirma que malversó los fondos para financiar un estilo de vida lujoso y perpetuar un esquema tipo Ponzi.
Sky Group y su CEO no han admitido ninguna irregularidad, pero dieron su consentimiento a los juicios, que incluyen medidas cautelares y medidas monetarias.
Según un reporte de Lauren Berg para Law360, Sky Group está en apuros por más de $30,2 millones en devolución, $2 millones en intereses y una sanción civil de $7 millones, mientras que Betancourt es responsable solidario por más de $4,5 millones en devolución, así como más de $126.000 en intereses y una multa civil de $1,5 millones, según la sentencia.
En su demanda de septiembre de 2021, la SEC afirmó que Sky Group y Betancourt dijeron falsamente a los inversionistas, muchos de los cuales provenían de la comunidad venezolana estadounidense del sur de Florida, que la compañía usaría sus fondos únicamente para financiar préstamos de día de pago, según expresa.se.
Parejas y relaciones familiares
Efraín Betancourt ha realizado donaciones, de origen y destino dudoso, a un pastor evangélico. Le obsequió a su madre un apartamento en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, en donde también residen otros familiares.
Su segunda esposa, con quien se casó en la Riviera Francesa, litoral mediterráneo comprendido entre el sureste de Francia y la totalidad de Mónaco, es Leidy Badillo, una mujer proveniente de una familia asentada en Venezuela, en el estado Táchira, en donde los Badillo son propietarios de una cadena de supermercados denominada Cosmos y se han labrado una muy mala reputación por sus negocios dudosos.
La primera esposa de Betancourt fue Angelica Traubeck, a quien le disputó cientos de propiedades y millones de dólares.
Traubeck reside en Miami y cuenta con una oficina en Doral, desde la que opera. La actual pareja de Traubeck es otro venezolano, natural de Caracas, quien se encuentra bajo investigación federal en Estados Unidos en un caso de robo de identidad y fraude bancario.
El papel de Traubeck habría sido crucial en los inicios de las estafas tipo Ponzi orquestadas por Betancourt.
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| Angelica Traubeck |
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| Angelica Traubeck |
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| Angelica Traubeck |
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| Angelica Traubeck |
Según el acta de divorcio de Efraín Betancourt y Angelica Traubeck, ambos se han disputado propiedades y activos que incluyen: Una cuenta E*Trade con 10 millones de Dólares; un apartamento en Berlín; joyas; un avión Piper Saratoga; la empresa Sky Art, utilizada supuestamente para el desvío de fondos; un apartamento en Bahamas; un apartamento en La Lagunita Country Club, una zona privilegiada de la ciudad de Caracas; además de un automóvil Maserati y un BMW.
La boda soñada
Algunas estimaciones calculan que la boda de Efraín Betancourt y Leidy Badillo en la Riviera Francesa tuvo un costo aproximado de $7 millones. La misma contó con regalos de joyas y caros relojes Rolex y Patek Philippe, entre varios otros lujos.
Los invitados fueron trasladados desde Venezuela y Miami, en vuelos en primera clase, con todos los gastos pagos. Para la celebración fueron contratados algunos artistas venezolanos, como el cantante de música folklórica Luis Silva, el merenguero Miguel Moly, la agrupación de salsa Los Adolescentes y otras presentaciones, como la del cantautor colombo-venezolano Felipe Peláez. Para algunos de ellos dispusieron de costosas bebidas y hasta de una suite presidencial de un lujoso hotel en Mónaco.
La boda contó con muchas otras atracciones, incluida la de un hombre en globo que fue contratado al Cirque du Soleil y esculturas talladas en hielo.
Las tapaderas de Betancourt
Leidy Badillo, la segunda esposa de Efraín Betancourt, permanecería bajo perfil en Miami. La pareja ha encargado a un hermano de Badillo la administración de la distribuidora de automóviles de lujo Elite Auto Sales (@elitecardeal), que capitalizan mediante la compañía Eeb Capital. ->>Vea más...
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