miércoles, 13 de noviembre de 2019

Notas del Día 12/11/2019

ADVIERTEN ACERCA DE INTROMISIÓN DE DIPUTADOS Y DE ACCIONISTA DE CANAL EN TRIBUNAL SUPREMO VENEZOLANO EN EL EXILIO. Internautas han alertado acerca de un supuesto «complot» entre varios diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela para, según han dicho, «asaltar» y «usar como un simple cepillo de colectas» al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, designado por el parlamento venezolano y que no es reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro.
El Twitter Lengua Sulfatada – @LenguaSulfatada – ha cargado contra los diputados Luis Florido, Carlos Eduardo Berrizbeitia y Sonia Medina, así como contra Carlos Méndez, presidente y accionista de EVTV Miami, un canal de televisión de venezolanos en el sur de la Florida estadounidense, y contra Tony Marval, primer Vicepresidente del TSJ elegido por el legislativo venezolano. ->>Vea más… – Con información de expresa.me




EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA – SUIZA



LA RELACIÓN DE ANGELO MAZZARELLA CON MORIS BERACHA Y BOLIGARCAS VENEZOLANOS



ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB, HABÍA SIDO CONDENADO POR NARCOTRÁFICO EN ITALIA



CYNTHIA CERTAIN OSPINA, LA EX-ESPOSA DEL EMPRESARIO ALEX SAAB, PARTICIPÓ EN COLOMBIA EN LAVADO DE ACTIVOS



EN LA MIRA DE LOS ESTADOS UNIDOS EL NEGOCIO DE ADRIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CON EL ORO VENEZOLANO



ASÍ SEÑALAN A LESTER TOLEDO, COORDINADOR DE AYUDA HUMANITARIA PARA VENEZUELA, DE RENTAR UN LUJOSO APARTAMENTO EN LOS ESTADOS UNIDOS



CONTROVERSIA EN LAS REDES POR EL DIVORCIO DEL CANTANTE VENEZOLANO NACHO, SU RELACIÓN CON UN MINISTRO CHAVISTA Y EL RESTAURANTE DE SU MANAGER EN MIAMI



LA ACTRIZ VENEZOLANA IVETTE DOMÍNGUEZ RECIBE HALAGOS DE SUS ADMIRADORES POR SUS SEXYS FOTOGRAFÍAS PERO CRÍTICAS POR ESTO



“CABILDERO” VENEZOLANO HÉCTOR DÁGER GASPARD MOVIÓ $235 MILLONES POR TRAMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN VENEZUELA



ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA CITÓ A CARMELO Y HORACIO DE GRAZIA, DUEÑOS DE BOCAS GRILL EN MIAMI, AL INVESTIGARLOS POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO



PRIMER INFORME: ESTADOS UNIDOS AMPLÍA PESQUISAS CONTRA TESTAFERROS Y OPERADORES VINCULADOS AL EX-TESORERO VENEZOLANO ALEJANDRO ANDRADE (+GUSTAVO MIRABAL CASTRO Y LEONARDO GONZÁLEZ DELLÁN)



ASÍ DE MAL OPINAN SUS COMPATRIOTAS ACERCA DE MARIO VILLARROEL, PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA DE VENEZUELA



ISABEL RANGEL BARÓN EN “GUISOS” EN EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES



EL PITAZO: ¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE PARTICIPARON EN EL ALZAMIENTO DEL 30A? | VENEZUELA



HERMANOS GASPARD MORELL CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia Herrera

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(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS

(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera

(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera


LAS GEMELAS BRAUN WALDECK Y EL EMPRESARIO MANUEL ALONSO CEVALLOS SEÑALADOS POR FUGA DE CAPITALES CORRUPTOS DE VENEZUELA



INTERNACIONALES

CIUDADANOS DEMANDAN AL GOBIERNO DE CORTIZO EXIGIR RENUNCIA DE PROCURADORES Y CONTRALOR POR ESCÁNDALO DE VARELALEAKS



PRESIDENTE LAURENTINO CORTIZO ABRE PASO A PROPUESTAS DE LA COMUNIDAD LGBT EN PANAMÁ



PANAMEÑOS INSISTEN EN DUDAR DE LA INDEPENDENCIA DEL MOVIN POR POSTURA DE SUS DIRIGENTES FRENTE AL VARELALEAKS



PANAMEÑOS BUSCAN ENTRE POLÍTICOS Y PERIODISTAS SU PROPIO “JOKER”



Resultado de imagen para "Tatiana Sealy" site:noticiascandela.informe25.com(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.com

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(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez

(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro  de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez

(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez

(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez

(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez

(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez


(MÉXICO) EL GOBIERNO SE NIEGA A RECONOCER LA CRISIS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Tras dialogar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa del 6 de noviembre de 2019 y sostener reuniones con funcionarios del gobierno mexicano, la misión internacional conformada por 17 organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión manifiesta su preocupación por la falta de compromiso que ha mostrado el Estado mexicano para resolver la grave crisis en materia de libertad de expresión que enfrenta México, así como para reconocer la gravedad del problema.  En 2019 México se convirtió en el país más mortífero del mundo para quienes ejercen el periodismo, más de 99% de los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas siguen sin resolverse y no existen garantías para que quienes se dedican a informarnos puedan hacer su labor sin temor a represalias, amenazas, violencias e intimidaciones.  En los diferentes encuentros sostenidos, la misión hizo un llamado al gobierno mexicano para reducir en 2% anual la impunidad en los crímenes contra periodistas, que actualmente es de más de 99%; implementar las 104 recomendaciones que la Organización de la Naciones Unidas hizo al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y poner fin al discurso oficial que estigmatiza y aumenta la vulnerabilidad de miles de periodistas en el país.  COMO RESULTADO DE LAS REUNIONES SE HA ACORDADO:  - Establecer con la Fiscalía especial de atención para los delitos cometidos contra la libertad de expresión (Feadle) una reunión semestral de seguimiento sobre la aplicación del Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión.  - Establecer una mesa de trabajo para concertar la implementación de las 104 recomendaciones que la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo al Mecanismo federal de protección a periodistas; el presidente López Obrador se comprometió en conferencia de prensa a garantizar estas recomendaciones.  - Elaborar una plataforma para consultar cada recomendación emitida por organismos internacionales y el estatus en que se encuentran.  - Parlamentarios de diferentes bancadas se comprometieron a trabajar con sociedad civil para impulsar cambios legislativos.  A pesar de lo anterior, la misión considera insuficientes los anteriores compromisos para reducir la impunidad. Lamentamos que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, declinara reunirse con la misión y que la Feadle no se comprometiera a reducir 2% anual la impunidad en crímenes contra periodistas ni a crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a los casos de periodistas desaparecidos.  Por otra parte, la comunicación social de la Presidencia de la República negó que hubiera casos de censura y aseguró que lo que las 17 organizaciones ven como estigmatización contra periodistas y medios de comunicación es más bien un debate estimulado por las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. A este respecto, el mismo presidente dijo en conferencia: “Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas”.  De acuerdo con los diálogos que ha sostenido la misión con organizaciones sociales mexicanas y periodistas de diferentes estados de la república, ésta es una de las mayores preocupaciones, ya que aumenta las condiciones de vulnerabilidad de las y los periodistas, sobre todo de quienes se encuentran en el interior de la república.  Preocupa el intento de camuflar como derecho de réplica el agravio y la descalificación en lugar de abonar a un debate abierto y plural. Esta postura del ejecutivo es irresponsable y peligrosa en un país como México, donde al menos 10 periodistas han sido asesinados en lo que va de este año y las agresiones en su contra van en aumento.  La misión abordó el espionaje que se ha realizado a periodistas desde el Estado mexicano y valora el compromiso del presidente actual de que no serán usados sistemas de espionaje en su gobierno y que se garantizará el derecho de las víctimas de espionaje de gobiernos pasados para conocer qué información fue obtenida.  Sin embargo, esta delegación considera que es necesario implementar las recomendaciones internacionales que ha recibido México en la materia para garantizar que no haya impunidad. La misión se compromete a dar seguimiento de los acuerdos y demandas planteadas, y tanto organizaciones nacionales como internacionales continuarán colaborando para lograr los objetivos deseados.  Este gobierno tiene la oportunidad de cambiar años de impunidad y revertir esa situación de violencia. La misión confía en que durante los próximos cinco años se reconozca la importancia de la labor periodística en la vida democrática de este país y por lo tanto existan acciones contundentes para revertir estas tendencias.  Al día de hoy, representantes de la misión se han reunido con: Jesús Ramírez Cuevas y Jesús Cantú miembros de comunicación social de la presidencia de la república; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH); Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos; Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle); Raúl de Jesús Tovar, director general de comunicación social de la Fiscalía General de la República (FGR), y senadores de la república.  La Coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil sobre seguridad de los periodistas (ISCO SOJ Coalition) está integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales de la sociedad civil, y tiene el objetivo de fortalecer la coordinación para promover la seguridad de los periodistas y luchar contra la impunidad. Forman parte de ella: Artículo 19, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), International Media Support (IMS), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), Freedom House (FM), Global Forum for Media Development (GFMD), Gulf Center for Human Rights (GCHR), International Freedom of Expression Exchange (IFEX), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Internews, International Press Institute (IPI), International Women’s Media Foundation (IWMF), Palestinian Center for Development and Media Freedom (MADA), PEN America, Free Press Unlimited (FPU), World Association of News Publishers (WAN-IFRA). – Con información de rsf-es.org

(ESLOVAQUIA) PREOCUPACIÓN EN RSF POR LA DISOLUCIÓN DEL EQUIPO POLICIAL QUE INVESTIGA EL ASESINATO DE JÁN KUCIAK. Reporteros Sin Fronteras (RSF) celebra que el empresario eslovaco Marian Kočner haya sido acusado de los asesinatos del periodista de investigación Ján Kuciak y de su prometida, Martina Kušnírová. No obstante, la organización muestra su preocupación por la repentina disolución del equipo policial a cargo de la investigación antes de que arranque el proceso contra Kočner y sus compañeros.  Cuando han pasado 20 meses del doble crimen de Jan Kuciak y Martina Kušnírová en Eslovaquia, las autoridades acaban de inculpar a cuatro personas, entre las que se cuenta el poderoso y corrosivo empresario eslovaco Marian Kočner, al que al periodista había investigado. Los acusados se exponen a una pena de 25 años de prisión, mientras que una quinta persona, Zoltán Andruskó, que confesó su participación en los asesinatos y que ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, será testigo de cargo. Se espera que el juicio comience, más o menos, en un par de meses.  Según el acta de acusación, Kočner hizo que Kuciak y otros periodistas fueran vigilados antes de organizar su asesinato. Filtrada a varios medios de comunicación, entre ellos el diario digital en el que trabajaba Kuciak, Aktuality.sk, la acusación también revela que en casa de Kočner se encontraron grabaciones realizadas durante la vigilancia.  Con la ayuda de los datos proporcionados por los operadores de telecomunicaciones, la policía pudo reconstruir los movimientos de los sospechosos en los días posteriores al asesinato, incluidas las visitas que hicieron a las cajas de seguridad de Kočner. También pudieron identificar su ADN en los billetes supuestamente utilizados para pagar el asesinato.  Pero las revelaciones no terminan ahí. La acusación insinúa que los investigadores también descubrieron información sobre otros delitos que implican a políticos, jueces, fiscales y oficiales de policía, todos vinculados a Kočner con diversos grados de proximidad.  Por lo tanto, RSF cuestiona la decisión de disolver el equipo especial que se creó para investigar el asesinato de Kuciak. Las autoridades judiciales decidieron disolver el equipo tan pronto como se completó la investigación judicial y antes del comienzo del juicio. Normalmente no se formularían preguntas sobre tal decisión tras acusar a los sospechosos. Pero en este caso, los investigadores habían descubierto otros delitos capaces de sacudir a la la clase política.  "Celebramos los logros de la investigación por el asesinato de Ján Kuciak, que llevó a la acusación del presunto instigador y sus cómplices, pero instamos a las autoridades a ser más transparentes a medida que continúan los procedimientos judiciales ", señala Pauline Adès-Mével, directora del departamento para la Unión Europea y los Balcanes de RSF.  "Combatir de manera efectiva la impunidad significa garantizar que los sistemas judiciales no solo condenen a los responsables de estos crímenes sino que también combatan toda la corrupción que amenaza a los periodistas".  El asesinato de Kuciak y su último reportaje de investigación, publicado después de su muerte, conmocionó a todo el mundo y desencadenó manifestaciones masivas en toda Eslovaquia que acabaron por forzar la dimisión del primer ministro, Robert Fico, y del jefe de policía, Tibor Gaspar. La disolución prematura del equipo que investiga el asesinato de Kuciak vuelve a sembrar dudas en la opinión pública eslovaca.  RSF también pide a la policía eslovaca que continúe investigando la vigilancia ilegal de Kočner a 29 periodistas eslovacos, cuyos datos personales fueron extraídos de las bases de datos policiales. Las autoridades eslovacas también deben asegurarse de que no vuelvan a repetirse semejantes filtraciones.  Tras una caída de 18 posiciones en los últimos 2 años, Eslovaquia ocupa el puesto 35, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de RSF. Ver también el Informe Anual de la organización. – Con información de rsf-es.org

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