BANCO DE CURAZAO INVOLUCRADO EN INVESTIGACIÓN POR ESQUEMA DE SOBORNO. El expresidente de una unidad de PDVSA y dos gestores patrimoniales europeos fueron acusados de lavado de dinero a medida que se expande una investigación estadounidense sobre un esquema de soborno de mil millones de dólares. Los tres acusados son Javier Alvarado Ochoa, ciudadano venezolano y expresidente de la unidad de compras de PDVSA Bariven, y los administradores de activos Daisy Teresa Rafoi Bleuler, ciudadana suiza, y Paulo Jorge da Costa Casqueiro Murta, ciudadano de Suiza y Portugal, según una acusación abierta el viernes en una corte federal en Houston.
También fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación expande la represión del Departamento de Justicia contra la corrupción que ha azotado a Venezuela mientras atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. Los fiscales estadounidenses dicen que los lavadores profesionales trabajaron durante años para ocultar el movimiento del dinero robado por el soborno y el fraude de PDVSA, la principal fuente de ingresos y divisas de la nación. PDVSA no respondió de inmediato una llamada y un correo electrónico en busca de comentarios sobre los cargos. La base de datos en línea de los tribunales federales no incluía abogados de Alvarado, Rafoi o Murta. – Con información de Curacao Chronicle - noticiascurazao.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA
LOS MOTIVOS POR LOS QUE LOS ESTADOS UNIDOS SANCIONARON A OTRAS TRES PERSONAS Y 16 EMPRESAS RELACIONADAS CON ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO
EMPRESA VENRO EVALÚA EN NUEVA YORK ACCIONES LEGALES CONTRA EMPRESARIOS WILMER RUPERTI, ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO
EX-JEFES DE LA OFICINA NACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE VENEZUELA IMPUTADOS POR PECULADO
LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL AL ABOGADO VENEZOLANO HÉCTOR DAGER GASPARD POR LAVAR EN PANAMÁ MILLONES EN SOBORNOS DE ODEBRECHT
VENEZOLANO HÉCTOR DÁGER GASPARD REALIZÓ INVERSIONES EN ESPAÑA, USA Y PANAMÁ TRAS PARTICIPAR EN ESQUEMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT
EL PERIODISTA ÁNGEL MONAGAS EVALÚA ESTE 23 DE SEPTIEMBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS VENEZOLANOS EN “ASÍ AMANECE VENEZUELA”
EMPRESARIOS JOSÉ Y CHAMEL GASPARD CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia HerreraContenidos Relacionados…
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(13/06/2010) EMPRESARIOS A LOS QUE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN PDVAL TENDRÍAN INVERSIONES EN PANAMÁ
(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS
(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera
(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera
VENEZOLANOS DESAPARECIDOS ATRAVESANDO EL RÍO BRAVO
LAS DENUNCIADAS OPERACIONES DE CAICATIAMA MANAGEMENT Y HUMBERTO ARAQUE UGARTE
INTERNACIONALES
OTRO ESCÁNDALO SEXUAL PONE EN JAQUE A LA IGLESIA CATÓLICA PANAMEÑA
STANLEY MOTTA, EL EMPRESARIO QUE LE SOPLA AL OÍDO AL PRESIDENTE PANAMEÑO LAURENTINO CORTIZO
LAS CONTROVERSIAS DE SAMIRA GOZAINE, LA DIRECTORA DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE PANAMÁ
LA ABOGACÍA Y EL PERIODISMO, DOS PROFESIONES VÍCTIMAS EN PANAMÁ DE LA POLITIZACIÓN
EX-PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA DEJÓ A PANAMEÑOS UN MAL RECUERDO
POR ESTO “OK RENT A CAR” ES PARA SUS CLIENTES LA PEOR EMPRESA DE ALQUILER DE COCHES EN ESPAÑA Y PORTUGAL
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.comContenidos Relacionados...
(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
(PAKISTÁN) ASESINADO EL REPORTERO DE TELEVISIÓN MIRZA WASEEM BAIG , QUE INVESTIGABA A UNA BANDA CRIMINAL. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide que se abra una investigación sobre el asesinato de Mirza Waseem Baig, periodista del canal de televisión 92 News asesinado a tiros en el estado de Punjab, en el este de Pakistán, mientras investigaba las actividades de un grupo criminal especializado en extorsión. Radicado en la ciudad de Sarai Alamgir, a 120 kilómetros al sureste de Islamabad, Mirza Waseem Baig murió cuando era trasladado al hospital el 30 de agosto, después de que tres hombres le disparasen seis tiros a quemarropa frente a su casa. El oficial de policía a cargo de la investigación, Ameer Abbas, confirmó a RSF que el móvil era su cobertura del grupo criminal: "El periodista había realizado varios reportajes sobre esta banda criminal. Eso les molestó, así que lo mataron y huyeron". La esposa del periodista, Safia Waseem, que confirma la versión, ha dicho a a RSF que tuvo que mudarse a un lugar más seguro después de que su familia recibiera amenazas tras el asesinato de su esposo. Los autores del asesinato de Baig están presuntamente vinculados con un grupo mafioso especializado en la extorsión de fondos a funcionarios locales, según lo denunció el periodista en su página de Facebook. "Hacemos un llamamiento al primer ministro del estado de Punjab para que utilice todos los medios a su alcance para encontrar a los instigadores de este crimen atroz", afirma Daniel Bastard, responsable la oficina de RSF en Asia y el Pacífico. "También pedimos al gobierno federal y al Parlamento que promulguen urgentemente una ley que garantice la protección de los periodistas y ponga fin a la impunidad de estos ataques, para detener la espiral de violencia que sufren los periodistas en Pakistán". LUGARES SEGUROS. Otro periodista, Zafar Abbas, fue encontrado asesinado en el fondo de un pozo en la provincia de Punjab el 11 de septiembre, cuatro días después de su desaparición. La investigación sobre su asesinato está actualmente estancada. Al menos otros tres periodistas han sido asesinados en relación con su trabajo en el estado de Punjab desde principios de 2019. A través de su socio local, Freedom Network, RSF ha contribuido a la creación de varios "Centros seguros" para periodistas en todo Pakistán con el fin de ayudar a compensar las deficiencias de la protección que reciben de las autoridades paquistaníes. Integrados por periodistas locales, estos centros están destinados a proporcionar asistencia adecuada a los periodistas que se sienten amenazados por su trabajo. Pakistán ocupa el puesto 142 de los 180 países que figuran en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de RSF. Ver también el Informe Anual de la organización. – Con información de rsf-es.org(ESLOVAQUIA) RSF PIDE A LA PRESIDENTA ESLOVACA QUE RECHACE LA REFORMA DE LA LEY DE PRENSA SOBRE EL DERECHO DE RÉPLICA DE LOS POLÍTICOS. El Parlamento eslovaco acaba de aprobar una enmienda a la ley de prensa que permitirá a aquellos políticos que consideren dañado su honor o su reputación en los medios, obtener un derecho de respuesta. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a la presidenta eslovaca que no ratifique estas enmiendas. El ex primer ministro eslovaco Robert Fico, obligado a dimitir tras el asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak en febrero de 2018, declaró una guerra abierta contra la prensa. Y para dotar a su partido, el Smer-SD, de una herramienta eficaz contra lo que él calificó de "terror de los medios", Fico amenazó con reformar la ley de prensa. La amenaza está más cerca de hacerse realidad: el martes 17 de septiembre el Parlamento eslovaco aprobó las controvertidas enmiendas que amplían el alcance del derecho de réplica de los políticos que estimen empañados su honor o su reputación en los medios. Ahora sólo falta la aprobación de la nueva presidenta, Zuzana Čaputová. "RSF le pide a la presidenta eslovaca que use su derecho de veto y rechace un texto que abre la puerta a posibles abusos", señala Pauline Adès-Mével, directora de la oficina de RSF para la Unión Europea y los Balcanes. "En un momento en el que los medios continúan revelando información sobre el asesinato de Ján Kuciak, es crucial que ningún líder político pueda interferir con la libertad de informar". Cuando Čaputová, una abogada ecologista muy crítica con los oligarcas corruptos de Eslovaquia, fue elegida Jefe de Estado el pasado marzo, crecieron las esperanzas de que las élites políticas moderarían su actitud hacia los periodistas y los medios de comunicación del país. Eslovaquia ocupa el puesto 35 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019, elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org
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