viernes, 6 de septiembre de 2019

Notas del Día 05/09/2019

EL CASO POR EL QUE MANUEL “COKO” SOSA FUE CONDENADO A 4 AÑOS DE PRISIÓN. El actor Manuel “Coko” Sosa Morales fue condenado en diciembre de 2017 a cuatro años y cuatro meses de prisión, luego de admitir su responsabilidad en contrataciones irregulares con la empresa mixta Petropiar S.A, que causaron perjuicio a la industria petrolera venezolana.  En la audiencia preliminar, la Fiscalía 67ª Nacional ratificó la acusación contra Sosa Morales por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación, previstos en las leyes contra la Corrupción, y Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Luego de que Sosa se acogiera al principio de la delación y además aceptara su responsabilidad en el hecho de corrupción, el Tribunal 37° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictaminó su condena de cuatro años y cuatro meses de prisión.  Asimismo, la mencionada instancia judicial acordó la medida de arresto domiciliario y, adicionalmente, le impuso el pago de una multa de 40 por ciento del daño patrimonial causado a la empresa Petropiar. También lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público en los siguientes cinco años.  De igual manera, se mantuvieron todas las medidas de bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias del ahora condenado.  La investigación del caso se inició en 2017, ante las denuncias presentadas debido a las irregularidades observadas en el otorgamiento de 10 contratos con sobreprecios aproximados de 27 millones de dólares. Entre dichos contratos estuvieron la adquisición de equipos de telecomunicaciones, material para la fabricación de líneas de agua, impresoras, piezas de taladro, bebidas y alimentación, entre otros.  En este sentido, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión contra Sosa, quien fue detenido por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El procedimiento se efectuó en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda.  El 28 de noviembre de 2017, Sosa, a través del procedimiento de delación, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, puso en conocimiento del Ministerio Público una serie de eventos ocurridos con funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela y empresarios que obtenían contrataciones con sobreprecio en la Faja Petrolífera del Orinoco.  Ello permitió la detención de cuatro gerentes de Petropiar y adicionalmente, se logró identificar a las personas que realizaban los pagos de comisiones a los funcionarios de la citada empresa mixta.

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA



LA FIEBRE DEL “ORO AZUL” VENEZOLANO CONTAGIA A LOS EMPRESARIOS ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO



ÚLTIMA HORA 24: RESTAURANT PROPIEDAD DE CARMELO, HORACIO Y LEVIN DE GRAZIA SIRVE COMO “LAVADORA” DE DINERO EN MIAMI



LA PARTICULAR RELACIÓN DEL EMPRESARIO OSCAR FARÍA CON CITGO Y EL NEGOCIO PETROLERO VENEZOLANO



LAS EMPRESAS DEL “ENCHUFADO” VENEZOLANO ALEX LEONARD MADURO



EL EX-GOBERNADOR VENEZOLANO NELSON MORENO, UN “FELINO EN EXTINCIÓN”



MARIO VILLARROEL LANDER, PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA EN VENEZUELA, CARGADO DE CONTROVERSIAS



PDVSA Y UNA CUENTA EN EL OCEAN BANK. Una disputa judicial en Miami puso al descubierto en 2011 las actividades sospechosas de una cuenta en el Ocean Bank que estaba vinculada a uno de los ex-funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela, el ex-presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, según reveló ayer el equipo de investigación de la cadena Univisión.  Los problemas con la cuenta surgieron luego de que una ejecutiva del banco, Niurka Sánchez, empezó a notar transferencias desde Venezuela que no correspondían a los documentos que había aportado el titular para justificar su origen.  “Ella reportó actividades sospechosas en una cuenta en particular y a consecuencia de esa denuncia tomaron represalias en su contra”, dijo Pelayo Durán, abogado que representa a Sánchez, quien alertó sobre lo que ocurría a la unidad antilavado norteamericana, FinCen.  Según los documentos presentados ante la Corte, Rafael Ramírez entregaba el dinero a un abogado penalista de Venezuela, identificado en los papeles por sus iniciales “RB”, quien ante el banco presentó un contrato legal para sostener que el origen del dinero era legítimo y que provenía de pagos realizados por Ramírez por honorarios profesionales.  Poco después, “RB” comenzó a enviar fondos a la cuenta en el Ocean Bank por entre US$ 300.000 a US$ 600.000, hasta que superaron los US$ 3 millones en apenas 14 meses, entre 2007 y 2008, que luego ordenaba que se transfirieran a cuentas cifradas en Suiza y Luxemburgo, según detallaron los periodistas Gerardo Reyes y Casto Ocando.  Sin embargo, al detectar que algunas de esas transferencias no se correspondían con el contrato de asesoría entre “RB” y Rafael Ramírez –conocido ya en la Argentina por su rol en el escándalo del “maletinazo” junto a Claudio Uberti, Guido Alejandro Antonini Wilson y una valija decomisada con US$ 800.000 en su interior, la ejecutiva lo reportó, como se lo imponía la ley, a la FinCen.  ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS? El presidente del Ocean Bank, Alfonso Macedo, le recriminó que “no debería haber reportado la transacción porque una de las partes envueltas era un íntimo amigo de la familia”, haciendo referencia a “RB”.  Peor aún, según la ex ejecutiva, que llevaba 25 años trabajando para Ocean Bank, el banco removió ilegalmente las evidencias de los documentos de la cuenta “para encubrir la actividad sospechosa y potencialmente ilegales”, según constó en la demanda.  Además de la demanda civil, Sánchez cooperó con una investigación criminal por lavado de dinero que organismos federales centraron en el Ocean Bank y que concluyó con una multa por más de US$ 10 millones, tras verificar que no adoptó las medidas adecuadas para evitar el lavado durante casi una década. Y eso, no sólo en el manejo de las cuentas de venezolanos, sino también en depósitos de narcotraficantes mexicanos. – Con información de Agencias

"ENCHUFADOS" RECURREN A LUISA ORTEGA DÍAZ Y A GERMÁN FERRER PARA TRATAR DE DESAPARECER EXPEDIENTES. Varios "enchufados" se escucha han tratado de desaparecer expedientes digitales y físicos en los que están involucrados, para estar preparados en caso de un nuevo gobierno o una huida de Venezuela. Algunos de ellos se prepararían para ser candidatos, si así pudieran, a diferentes cargos en unas próximas elecciones. Es por tal razón que varios de esos "enchufados" se escucha han recurrido a Luisa Ortega Díaz y a su esposo Germán Ferrer. ->>Vea más... – Con información de El Pregón Independiente

BERNARDO PÉREZ BEICOS SINDICADO EN RED CORRUPTA QUE OPERÓ EN FISCALÍA DE VENEZUELA



ANTONIO CHAMBRA, EL EMPRESARIO QUE SE «ENGANCHÓ» A OPACOS NEGOCIOS EN VENEZUELA



CAMILO IBRAHIM EN LA MIRA DE LA OFAC POR EXPORTACIONES CON SOBREPRECIO A VENEZUELA



DE CÓMO LLEGÓ SAMANTHA GRAY QUINTERO A SUS PISOS EN MADRID



(2010) LAS PRUEBAS CONTRA ELIGIO CEDEÑO



MÁS SOBRE EL DESASTRE DE LA FAJA DEL ORINOCO (+ALEJANDRO CEBALLOS). Entre los múltiples absurdos de la gerencia de PDVSA figura la contratación para hacer viviendas de la Gran Misión Vivienda de una empresa llamada Coal Energy, S.A. , por cierto declarada en quiebra. Esta empresa fue contratada por PDVSA en 2014-2015 para construir 77 edificios de apartamentos de la GMV en San Francisco de Yare, a un costo de más de U.S. $60 millones. Sin experiencia alguna en este ramo la empresa simplemente sub-contrató el trabajo a otra empresa, llamada SEARSLEAF, la cual - a su vez -  sub-contrató a una empresa llamada ALFAMAQ, propiedad de un venezolano llamado Alejandro Ceballos.  Sin embargo, los pagos fueron hechos en dólares por PDVSA. Es increíble ver como estos contratos pasan de mano en mano y, cada vez que pasan, se les queda un buen rollo de billetes a quien traspasa. Es el mismo cuento del pescado del marino margariteño, el cual pasaba de mano en mano, porque “no era para comer sino para hacer negocio”.  Esta contratación aparece en el informe de los inspectores socialistas que analizé en mi entrega anterior, (->>Vea aquí…). Por su parte, la empresa ALFAMAQ tampoco era muy confiable, según se desprende de un escrito del periodista César Batiz, (->>Vea aquí…). Allí se describe a su dueño así: “Un empresario cercano a Betancourt López [Derwick Associates] es el operador financiero Alejandro Ceballos. Juntos participaron en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano, de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente sindical Manuel Díaz, en abril de 2011. La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos (…) Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax (facsímil emitido desde la oficina de Betancourt) … Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de este, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señaló el dirigente de acuerdo al periodista Joseph Politzuk de El Universal. El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp. En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq. Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda. La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió”. - Con información de Gustavo Coronel – Las Armas de Coronel

EL CONSORCIO CEBALLOS, LAS GEMELAS BRAUN Y LOS CONTROVERSIALES NEGOCIOS CON ALIMENTOS EN VENEZUELA.  Una lucha de intereses entre los empresarios Alex Saab, Camilo Ibrahim y Alejandro Ceballos, ha permitido destapar una controversia aún mayor, acerca del consorcio Ceballos, que con su red de empresas ha conseguido contrataciones a dedo por el gobierno de Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez.e el nombre de Manuel Ricardo Alonso Cevallos, el de su esposa la modelo y actriz Karina Braun Waldeck y otros miembros de su familia, que pudieron haber contribuido en una u otra medida, a sortear las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro y la OFAC a funcionarios venezolanos.  Alejandro Ceballos, alias El Nené, hijo del magnate del mismo nombre y su sobrino favorito Manuel Ricardo Alonso Cevallos serían las personas a cargo del manejo de la fortuna que por años consiguieron gracias al gobierno chavista a través de Grupo 7C, Gold Reserved, Kamacuto, Inversiones Alfamac (entre otras).  El consorcio Ceballos es asociado con negocios lesivos para el patrimonio venezolano, Como la limpieza del Río Guaire en Caracas por un monto de 430 millones de dólares, durante la gestión de la ex-ministra de ambiente Jacqueline Farías, sin que la obra se hubiera ejecutado. También poseen expedientes por presuntas irregularidades en sectores económicos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y 500 millones de dólares que las CVG había colocado el  banco GazpromBank en Líbano y que estuvieron desaparecidos. No obstante los casos en su contra se han mantenido a raya de las leyes venezolanas gracias ala corrupción de jueces, diputados e incluso con favores a funcionarios sancionados en Estados Unidos, lugar de residencia actual de varios miembros de la familia Ceballos.  Según el site El Informador Web: “La actual esposa quien fue causante del abrupto y escandaloso divorcio del empresario Manuel Alonso Cevallos la modelo y actriz venezolano-alemana Karina Braun Waldeck junto a su hermana Alexandra Braun Waldeck han sido participe según revelan las fuentes al usar sus nombres para la compra de propiedades de lujo en la exclusiva ciudad de Sunny Isles Beach, como también obras de construcción inmobiliarias en la ciudad de Fort Lauderdale y Aventura. ->>Vea más... – Con información de expresa.me



EL FOTÓGRAFO QUE ENGAÑA A TWITTER PARA SALVAR AL BANQUERO DIEGO RICOL Y OCULTAR LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA



LAS DENUNCIADAS OPERACIONES DE CAICATIAMA MANAGEMENT Y HUMBERTO ARAQUE UGARTE



DENUNCIAN OPERATIVOS POLICIALES IRREGULARES EN GUANTA. Habitantes del municipio Guanta del estado Anzoátegui denuncian situaciones irregulares en operativos policiales en los que participaría personalmente el director de Poliguanta, como “un funcionario común”. Sostienen que se han dado casos en los que los ciudadanos son despojados de dólares en efectivo por oficiales de la policía municipal de Guanta y puestos a la orden de la fiscalía del Ministerio Público. Consideran que tal situación se debe a la falta de recursos que presentan las instituciones públicas, por lo cual algunos uniformados aplican el método deshonesto en cuestión para sobrevivir. Detallan el caso reciente de un joven trabajador de nombre José Fernández, quien fue víctima de atropellos y del robo de 200$ por parte de efectivos policiales.

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) DENUNCIAN AL PROYECTO CARIBBEAN NATURE POR ESTAFA.  “Caribbean Nature es una mentira, (…) no dan cuenta de lo que robaron a las personas que confiaron de buena fe”. Así lo asegura Andrea, quien afirma ser una de muchas personas que confiaron e invirtieron su dinero en acciones en un proyecto de resort que se edificaría en Bocas del Toro, Panamá. “Evidentemente son unos estafadores, no se como hacer para recuperar mi dinero”, subraya la inversionista, quien como otras personas reclaman la devolución de su inversión.


(EE.UU.) JUICIO PARA ABOGADO PANAMEÑO. El juicio por el caso abierto en Estados Unidos al abogado panameño Ramsés Owens —exagente de la fenecida firma forense Mossack Fonseca—, y otros tres imputados: Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald Joachim Von der Goltz, iniciará en enero de 2020, según documentos de la Corte citados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).  La nota de ICIJ, publicada el pasado 16 de agosto, detalla los cargos imputados por el Departamento de Justicia en diciembre de 2018 contra los cuatro acusados. A Ramsés Owens y Dirk Brauer, ambos exempleados de Mossack-Fonseca, se les acusa de supuesta facilitación de esquemas para defraudación fiscal, lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos.  A Gaffey, un contador estadounidense, se le acusa de conspiración para defraudación fiscal, fraude electrónico y lavado de dinero. Éste se presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se declaró ‘no culpable' de los cargos en enero pasado.  Von der Goltz, un contribuyente estadounidense, tiene cargos por supuesta evasión fiscal, fraude electrónico y lavado de dinero.  La Corte norteamericana declaró prófugo a Owens, pero en un comunicado del 11 de enero pasado, el Ministerio Público panameño informó del reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva por el deber de notificarse los lunes y viernes ante el Despacho de Instrucción; el deber de mantener su domicilio.  Además, debió entregar todos sus pasaportes a las autoridades competentes y el Ministerio Público garantizará que esos documentos no sean utilizados. - Con información de La Estrella de Panamá

JEAN FIGALI VINCULADO EN COLOMBIA CON EL CARTEL DE MEDELLÍN. Un reportaje de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo de Colombia acusó en 2014 al empresario panameño Jean Figali de haber sido miembro del cartel de Medellín a mediados de la década de 1990. El reportaje titulado: "Colombia y Panamá van tras Jean Figali, capo del contrabando", fue publicado en la edición digital de este diario de Bogotá. "El empresario es señalado de lavarle plata a capos y a contrabandistas de ambos países (Colombia y Panamá)", señaló el rotativo en un amplio reportaje donde se citan a exnarcos de este cartel. “En el cartel de Medellín lo conocimos con el nombre de Jhon Nasser. Fue socio nuestro en varios envíos de droga y en 1999, cuando nos entregamos a Estados Unidos, se fue a Panamá y ahora es un influyente empresario”, indicó el reportaje. En el artículo se citan también declaraciones de José Gabriel Carrillo, abogado de Figali. Carrillo le dijo a El Tiempo que su cliente ya fue juzgado y hallado inocente de conductas que algunos quieren endosarle de nuevo. Además, el abogado expresó que su cliente fue objeto de una encarnizada persecución política en Panamá por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, al punto que se le hicieron cargos inventados por lavado de dinero, de los cuales fue absuelto, según el reportaje. El cartel de Medellín fue fundado por el narcotraficante Pablo Escobar, muerto en 1993. EN LA PALESTRA. El entonces director de las Aduanas de Colombia, Juan Ricardo Ortega, acusó a Figali de contrabandear telas. En mayo de 2014, el expresidente Martinelli señaló públicamente que había recibido amenazas de Figali, señalamientos que fueron desmentidos por los abogados del empresario. En abril de 2013, el gobierno anunció que subastaría las propiedades secuestradas a Figali en el año 2009, valoradas aproximadamente en 150 millones de dólares. Se trata de las parcelas 4, 5 y 7 en la calzada de Amador, que la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) entregó en concesión a Figali hacía más de una década. En total estas suman 103 mil metros cuadrados sobre los cuales el empresario construyó un centro de convenciones y un complejo de habitaciones que formarían parte de un hotel, que nunca se terminó. PROBLEMAS CON EL FISCO. De acuerdo a un reportaje de La Prensa, publicado en abril de 2013, dentro de esta venta también se tenía programado las 23 casas en las que Figali pretendía construir un bulevar con tiendas de alta costura, pero finalmente las transformó en una franja de restaurantes y discotecas conocida hoy día como "Zona de la Rumba". En la nota de este diario se especificaba que: "En noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó secuestrar las propiedades de Figali ante el incumplimiento del arreglo de pago que había acordado la empresa por la morosidad que mantenía con la UABR. Dos años después el empresario acordó firmar un acuerdo extrajudicial con el Gobierno, donde cedió todas sus propiedades para cancelar una deuda por 29 millones de dólares que mantenía con diferentes instituciones del Estado. De este monto, 20 millones de dólares correspondían a la UABR en concepto de arrendamiento; 8 millones de dólares en un fideicomiso que mantenía el grupo con la Caja de Ahorros y el resto de la deuda correspondía a facturas pendientes con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y con la Autoridad Nacional del Medio Ambiente". El reportaje agregaba que "de acuerdo con el contrato de arrendamiento, Figali debía pagar una renta mensual de 83 centésimos por cada uno de los 112 mil metros cuadrados que recibió en concesión durante la administración de Mireya Moscoso. Después de múltiples recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, se dictaminó que la empresa no tenía derecho a realizar el relleno de mar, por lo cual la propiedad fue expropiada por la actual administración gubernamental. Este relleno formará parte de la ampliación a cuatro carriles de la calzada de Amador". - Fuente: Agencias

FRONTERA CALIENTE: AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE NICARAGUA Y COSTA RICA, UNA RELACIÓN EN SU PEOR MOMENTO EN DÉCADAS. Sin embajadores mutuos en cada país, con un par de recientes incidentes fronterizos que han dejado dos muertos y con abundante cruce de notas diplomáticas de protestas, las relaciones entre los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica están en su punto más bajo de los últimos 30 años.  "Las tensiones bilaterales están "in crescendo", y no creo que sean sucesos fortuitos. A veces pareciera que se trata de ensuciar más la atmósfera, y tensionar más las relaciones con el único objetivo de llevar esa relación de tensión tras tensión, en vez de pasar a una etapa de cooperación", se queja el exembajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz.  Uno de los sucesos a los que se refiere Díaz es el asesinato del nicaragüense Rubén Loáisiga por supuestos efectivos militares de Nicaragua en territorio costarricense. Costa Rica calificó el hecho como "de enorme gravedad".  "Dichos efectivos del Ejército de Nicaragua, según confirmaron testigos que presenciaron los hechos, dieron muerte en este sitio al ciudadano nicaragüense de nombre Rubén Loáisiga, cuyo cuerpo quedó en la zona, y regresaron posteriormente al territorio de Nicaragua", dijo Costa Rica en un comunicado de protesta. La policía nicaragüense alegó que Loáisiga asaltó un negocio en territorio nacional y huyó a territorio costarricense donde lo mataron en un incidente de delincuencia común.  El gobierno de Nicaragua rechazó "las falaces aseveraciones del Gobierno de la República de Costa Rica" y aseguró que estaban dirigidas a "desviar la atención del asesinato ejecutado por efectivos de la Fuerza Pública de Costa Rica el pasado 12 de agosto de 2019 en contra de Henry Ruiz López (otro nicaragüense), hecho que no ha negado el Gobierno de Costa Rica".  Ruiz murió, según la versión de las autoridades costarricenses, en un enfrentamiento a balazos con la Fuerza Pública cuando se le sorprendió transportando contrabando por el rio Niño, a dos kilómetros de la frontera de Nicaragua.  El régimen de Daniel Ortega acusó a Costa Rica de "uso excesivo de la fuerza y utilización indebida de armas de fuego" y denunció el hecho como "un crimen de lesa humanidad" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  Tras estos incidentes y este intercambio de notas diplomáticas, está una relación de vecinos lastimada por la inestabilidad que vive Nicaragua desde abril de 2018. El gobierno nicaragüense reprimió violentamente una rebelión ciudadana que ha costado más de 300 muertos y unos 60 mil exiliados, la mayoría de ellos refugiados en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica ha liderado las iniciativas en organismos internacionales para que Nicaragua retorne a la democracia.  "El Gobierno de San José no considera apropiado que Nicaragua se valga de esta situación para iniciar una nueva campaña mediática en contra de Costa Rica, tal como en el pasado reciente ha recurrido como medio para distraer la atención de los problemas internos en ese país", expuso Costa Rica.  Al especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, le parecen fuera de lugar las acusaciones del gobierno de Ortega contra Costa Rica. "Sería un delito de lesa humanidad en la medida que hay una estrategia de Costa Rica de aniquilar a nicaragüenses en su territorio, lo cual es una estupidez porque más bien ha dado refugio a los miles que huyen de la represión del régimen de Ortega", afirmó en declaraciones al diario La Prensa.  Mauricio Díaz llama "maña vieja" de los gobiernos nicaragüenses la intención de echar la culpa a terceros de los problemas propios. "No es nada raro en la cultura política de quienes nos han gobernado. Un expresidente liberal llegó hasta a afirmar que los ticos querían robarse a Sor María Romero (beata de origen nicaragüense). He oído tantas ridiculeces, hay tanta cosa sin pies ni cabeza, que solo sirven para alimentar los nacionalismos exacerbados y tensionar más la relación. Generalmente son pleitos de capitales", dice.  Y como si le faltara sal al caldo, ambos países están sin embajadores mutuos desde hace un par de años, y las oficinas diplomáticas son manejadas por encargados de negocios. Costa Rica no tiene embajador en Nicaragua porque ha decidido no nombrar alguno, y Nicaragua no tiene embajador en Costa Rica, porque este país se ha negado a aceptar dos propuestas nicaragüenses usando el "silencio diplomático".  Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua han estado caracterizadas por roces desde la llamada guerra nacional de 1856 cuando se firmó un tratado que definió los límites entre ambos países y la pertenencia del disputado río San Juan. "El tema del río San Juan ha sido la manzana de la discordia, pero eso ya está resuelto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya", explica el exembajador Díaz para quien "desde los ochenta no habíamos tenido tantas tensiones bilaterales con este país".  Díaz considera que si las tensiones continúan "in crescendo" podría llegarse "al congelamiento de relaciones" entre ambas naciones. - Con información de Fabián Medina Sánchez - Infobae

YERNO DE “NITO” CORTIZO GERENCIA HACIENDA “ROBADA” A NIÑOS HUÉRFANOS PANAMEÑOS. De un lector: Un empresario muy criticado en Panamá es Alberto Vallarino, a quien acusan de apropiarse, junto con varios socios que apoyan el matrimonio entre personas del mismo género, de una serie de propiedades mil millonarias, entre ellas la famosa y codiciada Hacienda Santa Mónica, que fue dejada originalmente por su propietario, antes de morir, a los niños pobres y huérfanos de Panamá. Vallarino y sus socios tienen como gerente al frente de la hacienda al no menos polémico Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino "Nito" Cortizo. Y como evidencia de lo aquí expuesto hay un artículo del exfiscal adjunto de EEUU Wesley W. Hoyt, publicado el 13 de septiembre de 2015, en el cual explica cómo “Se robaron la Hacienda Santa Mónica”, después de fallecer Wilson Charles Lucom, quien la había dejado como herencia para los niños pobres panameños. – Adrián Ramírez


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(27/03/2015) HACIENDA SANTA MÓNICA. De un lector: El Gerente General de la Hacienda Santa Mónica de Farallón-Panamá, Juan Manuel Henríquez, podría estar en severos apuros si tuviera que exponer a los propietarios del consorcio VerdeAzul el basamento de sus prácticas amenazantes, desleales y restrictivas frente a un centro deportivo donde es socio. Henríquez es descendiente de cubanos. Para la opinión de varios es un lobo en piel de cordero. Estuvo en Copa Airlines y fue agregado comercial en la Embajada de Panamá en Washington DC, donde no se ha determinado si tuvo el mismo proceder antiético. - Adrián Ramírez

(30/03/2015) TERRENOS DE JUAN HOMBRÓN. De un lector: La sustracción de arena natural en el tinglado de los codiciados terrenos de Juan Hombrón y varias operaciones inmobiliarias sospechosas en Costa del Este confluyen en el nombre del cubano-panameño Juan Manuel Henríquez. Tan extraños son los prestatarios financieros de Henríquez como las relaciones en las entrañas del poder panameño con que Henríquez diría contar. Henríquez practica una suerte de soberanía encima de costosas áreas de terreno de Panamá, bajo la ley del más fuerte, creyéndose apoyado por su vínculo con dos afamadas marcas deportivas. - Adrián Ramírez

(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez

(05/10/2017) MAQUINARIAS DE CORRUPCIÓN EN TRIBUNALES PANAMEÑOS. De un lector: Chats y audios siguen dejando constancia de una de las muchas maquinarias de corrupción que operan en el sistema judicial panameño. En este caso son mafias que tarifan los dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Secretarias que codo a codo con el magistrado José Ayú Prado, convierten en mercancía los derechos de los procesados judiciales. En el Segundo Tribunal Superior se libran batallas jurídicas en las cuales miembros del bufete Morgan & Morgan y empresarios de la especie de Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno del precandidato presidencial del partido PRD, Laurentino "Nito" Cortizo, ejercen mucha fuerza para que la justicia baile a su propio compás de intereses. – Adrián Ramírez

(13/10/2017) PODER POLÍTICO EN PROCESO JUDICIAL (+LAURENTINO CORTIZO). De un lector: Luego de ser detenido en un reclusorio policial de manera temporal, un ciudadano extranjero fue trasladado encadenado a eso de las cinco de la tarde por una de las avenidas más transitadas de Ciudad de Panamá e ingresado por la puerta trasera del conocido edificio Avesa y de allí por ascensor al piso de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, quien ya se había marchado y había dejado instrucciones de tomarle declaración. La fiscalía decidiría si le otorgaba una medida cautelar, que legalmente le correspondía al procesado, pero a la que no accedería de manera gratuita. El denunciante del caso era el comerciante Juan Manuel Henríquez Portuondo, apadrinado por su suegro Laurentino "Nito" Cortizo, precandidato presidencial del partido PRD. El ambiente era dominado por el supuesto poder de Cortizo y su presunta amistad con el presidente de la Corte José Ayú Prado. Al detenido lo intentaban imputar por extorsión, sin haber recibido ningún bien material y sin haber sido capturado en flagrancia, como lo establecen los principios básicos del derecho. Para ahondar en el tema puede leerse este concepto, naturaleza jurídica y factores objetivos y subjetivos de la extorsión (PULSE AQUÍ). Las pruebas presentadas eran supuestas transcripciones de mensajes de texto (SMS), donde le exigían al querellante una presunta suma de dinero, bajo supuestas amenazas contra su integridad familiar. La cantidad que le exigían era al parecer tres veces menor que los ingresos mensuales del acusado. Los mensajes estaban tal parece alterados y editados y nunca los accionantes pudieron demostrar técnicamente la implicación del acusado. Fueron presentados ante un notario, quien los “auténticó” y aceptados por la fiscalía como prueba, gestión realizada por miembros del bufete Morgan & Morgan. La defensa del procesado aceptó todos los argumentos de los accionantes y se dedicó únicamente a “negociar” la libertad con la Fiscalía y la DIJ, lo cual como ya se dijo, no fue concedida de forma gratuita. El encausado se quejó de las condiciones de reclusión, traslado y de la situación infrahumana de otros detenidos. Sin embargo, lo que recibió a cambio fueron advertencias de no hablar mucho o continuaría detenido. Después de tres horas de declaraciones y de intentos por imputarle delitos de extorsión y supuestas amenazas de muerte, bajo un clima sojuzgado por el poder de "Nito" Cortizo, la fiscalía ni siquiera admitió las supuestas amenazas de muerte, pues carecían de pruebas suficientes. La ausencia luego de Henríquez Portuondo de las experticias forenses, pusieron en evidencia que algo más albergaba el móvil del acusante, quizás, como algunos creen, ciertas preferencias de alcoba. En futuros escritos ampliaremos más de este caso. – Adrián Ramírez

(26/10/2017) PROCESO JUDICIAL ILÍCITO. De un lector: Durante seis o siete meses estuvo un procesado extranjero presentándose a firmar semanalmente en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, presidida por el fiscal Nahaniel Murgas, y recorriendo su despacho, donde funcionarios contabilizaban las coimas que era obligado a cancelar. Si por alguna razón se atrasaba en los pagos, era amenazado con realizarle otro allanamiento, aparte del que previamente le habían efectuado, o también practicarle nuevas incautaciones de teléfonos, experticias forenses o con la deportación de su esposa e hijo. Más de 30 meses tres miembros de la familia han estado en tratamiento profesional para superar el daño emocional que les causaron. Durante 30 meses, la familia ha tenido que pagar más de 43 mil dólares en consultas psiquiátricas especializadas, sin contar los medicamentos. Nadie les paga el daño moral, económico y a su salud. En la experticia forense al teléfono del procesado no se encontró nada que lo incriminara en algún tipo de intento extorsivo, por el cual fue acusado. El acusador y supuesta víctima, Juan Manuel Henríquez Portuondo, no facilitó su teléfono para demostrar si efectivamente en algún momento fue amenazado o extorsionado por SMS. De allí se desprendieron versiones muy engorrosas sobre una posible “doble vida” oculta. El procesado y su familia no detuvieron las actividades de una academia de fútbol que operaban en el estadio Maracaná de Ciudad de Panamá, la cual atendía en ese momento aproximadamente a 50 jóvenes de alto riesgo social, provenientes de las barriadas El Chorrillo, Barraza y otras. La actitud de la familia provocó mayor hostilidad en su contra, al no ponerse de rodillas. Hasta los famosos Gaitanes llevaban a sus hijos a las clases en la academia deportiva. En escritos posteriores nos referiremos a cómo la familia fue también acusada injustamente por Tania, gerente de la empresa Gol de Oro. – Adrián Ramírez

(02/04/2018) LAURENTINO “NITO” CORTIZO DENUNCIADO EN LA CIDH. De un lector: El efecto "bola de nieve" se acrecienta sobre el precandidato del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo, cuando continentalmente se va conociendo una denuncia en la CIDH que lo vincula con violaciones de derechos humanos, acoso, tráfico de influencias, amedrentamiento y otras situaciones ilícitas, en las cuales también está sindicado su yerno de raíces cubanas, Juan Manuel Henríquez Portuondo o Portuano. Esta es parte de la denuncia consignada ante la CIDH. – Adrián Ramírez

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(02/08/2018) EL POLÉMICO “ESLABÓN” ENTRE EL “CLAN VALLARINO” Y EL PRECANDIDATO “NITO” CORTIZO. De un lector: Una exitosa empresaria del campo gastronómico y alimentario, panameña, pero quien realizó estudios superiores en Europa, recordarían muchas anécdotas de cuando estudió bachillerato en el mismo colegio elitista o como otros en Panamá prefieren decir, “yeyesón”, donde cursaba estudios la hija del precandidato presidencial Laurentino Cortizo y su yerno Juan Manuel Henríquez, entonces novios y hoy esposos. Cuenta que allí, caso o no del yerno, había estudiantes con rencores, complejos y resentimientos, primero por ser pobres en un colegio de ricos y segundo, por ser objeto de burlas sobre su virilidad. El yerno, eslabón entre el “Clan Vallarino” y el precandidato “Nito” Cortizo, debería mucho de su crecimiento social y económico a su suegro. Algunos afirman que Henríquez, en un pleito judicial meses atrás, en el que denunció unas supuestas amenazas, nunca permitió le hicieran una auditoría forense a su teléfono móvil celular que permitiesen constatar su denuncia, despertando muchas dudas que algunos han asociado a dualidades y relaciones extrañas con el “Clan Vallarino” y hasta con alocados encuentros entre hombres en el Hotel Bristol. – Adrián Ramírez

(12/08/2018) EL “TERRORÍFICO” FUTURO PARA PANAMÁ CON “NITO” CORTIZO

(20/08/2018) CIDH ADMITE DENUNCIA QUE INVOLUCRA PRECANDIDATO CORTIZO Y A SU YERNO. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió y admitió una denuncia contra el Órgano Judicial de Panamá, que involucra al precandidato del PRD Laurentino Cortizo y a su yerno Juan Manuel Henríquez Portuondo. Este es el contenido de un documento que se ha divulgado en torno a la respuesta dada por la CIDH. – Adrián Ramírez
REF: J.E.C.F.P-623-18PanamáParte peticionaria:
Escribo en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el objeto de acusar recibo de la denuncia que usted ha presentado a la CIDH en contra del Estado de Panamá, la cual fue recibida en esta Secretaría Ejecutiva el 23 de marzo de 2018 y ha sido registrada bajo el número que aparece citado en la referencia.
Informo que el reclamo presentado se encuentra actualmente bajo estudio conforme a las normas reglamentarias vigentes y que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión se pondrá en contacto con usted oportunamente con el objeto de comunicarle su resultado.
No es necesario acusar recibo de esta comunicación y, por favor, no responda a esta cuenta de e-mail, pues la misma es utilizada únicamente para el envío de notificaciones. Para asegurar que sus comunicaciones sean correctamente procesadas, se solicita que las mismas sean enviadas a cidhdenuncias@oas.org, indicando el número de petición en el objeto del mensaje, o de preferirlo, a través del Portal del Sistema Individual de Peticiones. Información sobre el registro y utilización del Portal puede ser encontrada en http://www.oas.org/es/cidh/portal/. Cuando se envíe documentación a la CIDH a través de este Portal no es necesario enviar copia de esta documentación por otros medios.
Asimismo, es muy importante que usted lea atentamente la información relevante copiada al final de este correo para asegurar el buen procesamiento de sus comunicaciones y de su petición durante la etapa de estudio.
Cordialmente,
CIDH RegistroComisión Interamericana de Derechos HumanosOrganización de Estados Americanos1889 F Street N.W.Washington, D.C. 20006

(20/08/2018) YERNO DE PRECANDIDATO CORTIZO HABÍA SOLICITADO PASAPORTE ESPAÑOL. De un lector: La Ley 52/2007, conocida en España como Ley de Memoria Histórica, reconoce la injusticia que supuso el exilio de muchos españoles durante la Guerra Civil y la Dictadura. En consecuencia, la citada Ley en su disposición adicional séptima permitía la adquisición por opción de la nacionalidad española de origen a las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Acogiéndose a esta ley, Juan Manuel Henríquez Portuondo y sus hermanos Ricardo y Luis Felipe, de origen cubano, solicitaron tiempo atrás a la embajada de España en Panamá un pasaporte español. Juan Manuel Henríquez, como ya se sabe, es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo. La solicitud del documento se habría dado con el fin de marcharse de Panamá, en la misma época en la que el expresidente Martín Torrijos se sintió traicionado por "Nito" Cortizo, quien formó parte de su gabinete de ministros. – Adrián Ramírez




->>Documento…

(16/10/2018) JUAN MANUEL HENRIQUEZ PORTUONDO, QUIÉN ES?



GUATEMALA NO CUMPLE LAS CONDICIONES DE TERCER PAÍS SEGURO. Aunque lo diga un acuerdo o lo pida Estados Unidos para aliviar la cantidad de inmigrantes que le solicitan asilo, la realidad es que Guatemala no cumple con las condiciones, ni las cumplirá al corto o mediano plazo, para ser un tercer país seguro.  Así lo admitió incluso el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, poco después de ganar las elecciones del domingo 11 de agosto.  “Como está la definición de tercer país seguro creo que Guatemala no está en condiciones de poderlo mantener”, aseguró Giammattei, quien asumirá la Presidencia el próximo 14 de enero, de acuerdo con el diario La Prensa de Honduras.  Lo mismo opina el padre Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala.  “Transformar a Guatemala de un plumazo en un tercer país seguro no es posible porque no hay las condiciones, no hay ningún tipo de infraestructura para esto. No hay ni trabajo ni condiciones de vida óptimas para los guatemaltecos, ya no digamos para extranjeros. Tienen que tratar a los centroamericanos como seres humanos, con derechos y dignidad”, dijo Verzeletti a Diario LA PRENSA.  El concepto de tercer país seguro tiene su origen en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, Suiza, en 1951.  Guatemala ratificó este convenio en 1983. El acuerdo implicaría que miles de los que soliciten asilo en Estados Unidos podrían ser enviados a Guatemala, que cumpliría así su papel como un tercer país seguro.  Sin embargo, para que se concrete esa condición, como se establece en la convención, Guatemala debería proveer al menos las condiciones mínimas de salud, educación, vivienda y empleo mientras se resuelven las solicitudes de asilo.  Es difícil pensar que Guatemala, que no ofrece estas garantías ni para sus ciudadanos, podría hacerlo para los extranjeros.  Por dar un ejemplo, en el último año, más de 100,000 hondureños han solicitado asilo en Estados Unidos.  Con el acuerdo, ahora esos hondureños solicitantes de asilo terminarían en Guatemala, pues EEUU los enviaría al tercer país, que sería Guatemala, que no los podría expulsar mientras estén como asilados.  El padre Verzeletti dijo que es una mentira insostenible pensar que Guatemala puede “como por arte de magia ser un tercer país seguro”.  El director de la Casa del Migrante explicó que por cada persona que solicite asilo o refugio se necesitarían más de $100 diarios para “dar un trato digno y humano, ya que necesitan vivienda, alimentación, salud, educación, asesoría jurídica, servicios básicos, entre otras cosas. Ese costo no se cubriría ni con ayuda de Estados Unidos”.  Todos los indicadores parecen avalar lo expresado por el director de la Casa del Migrante.  Sería irónico pensar en Guatemala como un tercer país seguro cuando en gran parte su economía depende de las remesas, la mayoría de las cuales provienen justamente de Estados Unidos.  En Guatemala, 59.3% de la población vive en la pobreza, el 46.5% de niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica, la tasa de homicidios es de 27 por cada 100,000 y tienen un 13% de analfabetismo. Mientras que el 70% de trabajadores laboran en el sector informal. También hay evidencias que están a la vista, como visitar los centros asistenciales de Guatemala y ver que no se dan abasto ni para brindar un servicio de calidad a los guatemaltecos, por ello no podrían atender a miles de extranjeros.  Confusión en la frontera. Donald René Carrera, jefe de delegados del grupo A de migración de Guatemala en la aduana de Corinto, cuenta que varios hondureños se han confundido creyendo que el acuerdo del Tercer País Seguro ya está vigente, por lo que llegan a ese punto fronterizo para tratar de solicitar el asilo a las autoridades guatemaltecas.  “En estas semanas ha habido varias familias hondureñas que dicen que han tenido problemas con maras. Hemos recopilado expedientes, pero por ahora no tenemos ningún protocolo ni procedimiento a seguir para estas personas que quieran tener asilo”.  Carrera agregó: “Con solo el anuncio del Tercer País Seguro han venido muchos hondureños a pedir asilo o refugio a Guatemala, aunque el acuerdo no está vigente”.  Guatemala ya es paso de la mayoría de deportados de Honduras y El Salvador, que son enviados de regreso a sus países por vía terrestre, pero estos solo van de paso, no son albergados en Guatemala. De los retornados vía terrestre hasta el 31 de julio, 47,982 hondureños han pasado por Guatemala para ser retornados hasta el territorio hondureño. “En Guatemala lo único que se hace es tomar el registro de control migratorio y se documenta que pasaron por Guatemala”, indicó Mena.  Actualmente, aunque el acuerdo del Tercer País Seguro no está vigente, ya es posible solicitar refugio en Guatemala.  Dicha solicitud se puede hacer en cualquiera de los puntos fronterizos autorizados, ya sea terrestre o aérea.  “El proceso lo deben documentar y Migración investiga cada uno de los casos”, expresa la portavoz de la Dirección General de Migración de Guatemala.  3 claves sobre el asilo: El acuerdo para que Guatemala sea un tercer país seguro podría representar que EE UU dé ayuda económica adicional a Guatemala, pero la cifra de solicitantes de asilo podría ser tan grande que es casi incuantificable cuánto se necesitaría para atenderlos.  Hay entre 8,000 y 10,000 migrantes que están en condición de solicitantes de asilo, pero que se hallan en territorio mexicano mientras se define la respuesta en su caso. Muchos están en condiciones lamentables en ciudades fronterizas.  Buscando que el acuerdo del Tercer País Seguro se cumpla, el Gobierno de Andrés López Obrador propondrá a Alejandro Giammattei, presidente electo de Guatemala, implementar dos programas de desarrollo en los municipios con mayor migración irregular. – Con información de Agencias

EN HONDURAS NO PARA LA VIOLENCIA ANTISINDICAL. Honduras es el tercer país de América Latina con la mayor cantidad de agresiones a sindicalistas. En el marco del Foro “Impactos del golpe de Estado en los derechos humanos, con énfasis en la violación de los derechos laborales y de la comunidad LGBTI», Jorge Hernández, de la Red contra la Violencia Antisindical, conversó con La Rel acerca de esta difícil situación.  La Red contra la Violencia Antisindical surgió en el 2015 precisamente por el alto grado de violencia e impunidad contra el sector sindical en el país. A partir de esta fecha, la Red ha venido documentando, acompañando y denunciando muchos casos de violencia antisindical.  En su último informe, la Red señaló al menos 47 casos de violencia antisindical que involucran a una o más víctimas. Las principales agresiones tienen que ver con despidos antisindicales, amenazas de muerte, procesos de criminalización, secuestros y asesinatos.  Hernández señaló el asesinato de Héctor Martínez Motiño, presidente de la seccional seis del Sitraunah[1] en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), y el secuestro y desaparición de Donatilo Jiménez, presidente de la seccional tres del Sitraunah en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA).  También la agresión contra los hermanos Moisés y Misael Sánchez de la subseccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) en las meloneras propiedades de Fyffes/Sumitomo.  LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LABOR SINDICAL.  Asimismo, el miembro de la Red contra la Violencia Antisindical dijo estar muy preocupado por la criminalización de sindicalistas por parte del sistema de justicia hondureño.  En este sentido mencionó el caso de José Armando Flores, presidente del Sindicato de Trabajadores del Sistema Sanitario del Oriente (SITRASAO), quien fue amenazado de muerte y luego procesado por injurias y calumnias. Golpe de estado y violación de derechos humanos  A partir del golpe de Estado la violencia contra sindicalistas se profundizó. Son 19 los docentes asesinados entre 2009 y 2010, mientras que entre 2015 y 2018 hemos registrado 109 casos de violencia antisindical, entre ellos 7 asesinatos y una desaparición forzada.  El sector donde más se reportan casos de violencia antisindical es el sector agrícola (77 por ciento), seguido por el sector público y la maquila (23 por ciento)”, dijo Jorge Hernández a La Rel.  Esta situación ha llevado a Honduras a ser el tercer país de América Latina con la mayor cantidad de casos de violencia antisindical.  “Honduras se sitúa inmediatamente después de Colombia y Guatemala, y este lamentable record fue ratificado por la OIT en la 108° Conferencia Internacional del Trabajo. La situación es difícil y como Red estamos tratando de incidir tanto a nivel nacional como internacional”, explicó Hernández.  ARTICULACIÓN DE CAPACIDADES.  A través de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), la Red contra la Violencia Antisindical ha tenido representantes en las últimas dos Conferencias de la OIT.  “Todos unidos hemos logrado que Honduras fuera nuevamente incluida en la lista corta de los países que no respetan convenios y libertades laborales”, apuntó el defensor de derechos humanos.  En el caso de Honduras la violación es al Convenio 87 relativo a libertad sindical y protección al derecho sindical. A raíz de eso, la OIT ha mandado al Estado de Honduras a crear una comisión de violencia antisindical para investigar cada uno de los casos señalados.  “Estamos en el proceso de creación de esta comisión. Las centrales sindicales ya nombraron a sus representantes y esperamos que las otras partes hagan lo mismo. Es necesario y urgente investigar todos estos casos para acabar con la impunidad”, concluyó Hernández. [1] Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras – Con información de Giorgio Trucchi - Rel-UITA // kaosenlared.net

(TURQUÍA) HERIDO DE BALA EL PERIODISTA LEVENT UYSAL: RSF PIDE UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA E IMPARCIAL. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide una investigación completa e imparcial sobre el ataque con arma de fuego, el 29 de agosto, contra el periodista turco Levent Uysal en la ciudad noroccidental de Balikesir. La organización cree que los investigadores deben considerar si se trata de una represalia por la actividad periodística de la víctima.  Propietario de Yenigün, un periódico local recientemente cerrado, Levent Uysal fue hospitalizado después de recibir un disparo en la pierna a eso de la 1 de la mañana del jueves 29. El ataque lo perpetraron dos motoristas que lo esperaban frente a su casa.  "Estamos extremadamente preocupados por este ataque, el último de una serie de agresiones contra periodistas locales en Turquía", señala Erol Önderoğlu, representante de RSF en Turquía. "Hacemos un llamamiento a la policía para que realice una investigación completa y efectiva que contemple todas las hipótesis, incluida la posibilidad de que se tratase de una represalia relacionada con las actividades periodísticas de Levent Uysal".  La violencia contra los periodistas se ha multiplicado en Turquía tras las elecciones municipales del 31 de marzo de 2019. Con una campaña electoral extremadamente tensa, una decena de periodistas locales han sido víctimas de agresiones entre marzo y junio.  A medida que prosigue el incesante desmantelamiento del Estado de derecho en Turquía, la situación de los medios se ha vuelto cada vez más precaria, especialmente desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Turquía ocupa el puesto 157, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. Ver también el Informe Anual de la organización. – Con información de rsf-es.org

(ISRAEL) LA POLICÍA ISRAELÍ LANZA UNA GRANADA ATURDIDORA AL FOTOPERIODISTA EMIL SALMAN.  La policía israelí arrojó de forma deliberada una granada aturdidora contra un reportero gráfico israelí y detuvo a otro periodista cuando cubrían las redadas policiales en el barrio palestino de Isawiya, en Jerusalén, la noche del 28 de agosto. Reporteros Sin Fronteras denuncia este impedimento del derecho a informar.  Emil Salman, fotógrafo del diario israelí Haaretz, estaba grabando a cuatro policías cuando, como muestra claramente el vídeo que grabó, uno de ellos señaló hacia él y otro le arrojó después una granada aturdidora, a pesar de que en ese momento no había nadie más cerca de él. Salman logró esquivar la granada, que explotó en el suelo.  En la información de Haaretz sobre las redadas, Salman explica que "la policía vio que tenía una cámara grande y también me había visto anteriormente. Era imposible confundir [el hecho de] que soy periodista”.  "Se pidió a los medios de comunicación que se alejaran del área por el riesgo para sus vidas", dijo un portavoz policial, que agregó que la policía "continuaría permitiendo la actividad periodística de los trabajadores de los medios en Isawiya".  "Atacar deliberadamente a un fotógrafo con una granada de aturdimiento que podría haberlo herido, con el pretexto de proteger su vida, es tan absurdo como contrario al derecho a informar", señala el Departamento de Oriente Medio de Reporteros Sin Fronteras, que condena esta obstrucción flagrante de la práctica periodística.  Durante la misma operación policial en Isawiya, un equipo del Canal 13 recibió la orden de abandonar el área y luego uno de los integrantes, el periodista Yossi Eli, fue detenido. Lo pusieron en libertad media hora más tarde por sugerencia de un oficial de policía que dijo: "Es israelí. Déjalo ir”. Sin embargo, se le advirtió que sería arrestado nuevamente si no abandonaba el vecindario.  Israel ocupa el puesto 88, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

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