jueves, 1 de agosto de 2019

Piden destitución del procurador designado por Asamblea Nacional por fallida apelación ante Crystallex

Dado que Venezuela perdió la apelación ante la empresa canadiense Crystallex, sobre la fijación de activos, y que esa medida propiciará el cobro, por parte de esa empresa, de 1.400 millones de dólares con activos de la industria venezolana; solicitan la destitución del procurador general de la República designado por la Asamblea Nacional (AN).

La exigencia la planteó el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez, especialista en Finanzas y Negocios Internacionales del IESA-Tulane, al referir que el procurador designado por la AN, José Ignacio Hernández, «está vinculado con Crystallex International Corp., empresa que sale favorecida con la sentencia de la Corte III de Apelaciones de Delaware, Estados Unidos, del pasado 29 de julio de 2019», que le otorga el derecho de cobrar la deuda a Pdvsa.

Considera Rodríguez que esa medida judicial «pone en inminente riesgo de pérdida a la estatal Citgo, filial de Pdvsa en EE. UU.».

Se trata de una sentencia contra la República Bolivariana de Venezuela, contra Pdvsa, al dictaminar que el Estado venezolano tiene que pagar 1.200 millones de dólares más los intereses, todo ello por más de 1.400 millones de dólares, y que de no efectuarse ese pago, de manera inmediata se procederá al remate del 50,1 por ciento de las acciones de la empresa petrolera Citgo en los Estados Unidos, puntualizó el especialista a través de medios digitales, desde Caracas.

Recordó que Citgo se encuentra bajo la administración de una junta directiva designada por la Asamblea Nacional, en medio de un conflicto de gobernabilidad que aqueja a Venezuela.

Citgo fue puesta en garantía por los Gobiernos de Chávez y Maduro en varios negocios realizados con diferentes empresas extranjeras y como respaldo del Bono 2020 de Pdvsa. Actualmente, la petrolera enfrenta una seguidilla de demandas a causa de impagos a estos compromisos. Ahora Citgo vuelve a estar en alto riesgo por la sentencia de Delaware, a pesar de que la junta directiva y el procurador, José Ignacio Hernández, designados por Juan Guaidó, anunciaron que la reciente cancelación de los intereses vencidos del Bono 2020 de Pdvsa habían dejado fuera de peligro a la petrolera. Este pago ha sido cuestionado por muchos especialistas, quienes lo señalan de ilegal porque nunca fue aprobado por el Parlamento Nacional antes de su emisión, como lo establece la Constitución Nacional, indicó Rodríguez.

Dijo que «se le alertó a los diputados de la Asamblea Nacional sobre la inconveniencia del nombramiento de José Ignacio Hernández como Procurador, se le subrayaron los conflictos de interés, los conflictos reputacionales que dicho ciudadano tenía».

Hay vinculaciones de Hernández con Crystallex International Corp., ya que este abogado ha sido el representante legal de la minera canadiense, en su largo juicio contra la estatal Citgo por impagos, añadió.

«Nos decían: hay un grupo en Boston que sabe muy bien lo que hace, grupo encabezado por Ricardo Hausmann. Pero hoy tenemos las consecuencias de la soberbia con que este grupo ha venido manejando estos asuntos en los últimos meses», resaltó.

Los venezolanos tenemos que exigir que este grupo de personas incapaces de obtener la Protección Ejecutiva solicitada, el señor (Carlos) Vecchio, José Ignacio Hernández y Ricardo Hausmann, cesen en sus funciones, señaló Rodríguez.

Fuente: Con información de Versión Final

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