ARMANDO.INFO: MUJERES COMO MERCANCÍA, UN VIEJO SECRETO ENTRE VENEZUELA Y TRINIDAD. Desde hace al menos 10 años hay reportes sobre la trata de mujeres desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, un delito que se ha agudizado con la crisis económica del país y del cual, solo en 2018, quedaron 16 denuncias sin resolver en manos del Ministerio Público. El epicentro del “negocio" está en Güiria, en el estado Sucre, donde hasta las autoridades policiales y migratorias venezolanas están involucradas pues en la cadena de transportar a las mujeres escasea la ética y sobran los dólares.
Que fueron los miembros de una red de trata de mujeres los que secuestraron las dos embarcaciones que salieron de Güiria -en el estado Sucre, al oriente de Venezuela-, el 23 de abril y el 16 de mayo fue la versión que rápidamente corrió entre los habitantes del pueblo. No hacía falta una versión oficial para dar el veredicto. Allí todos saben que las mujeres están “en venta” y que cuestan 300 dólares cada una. Luego, los hechos reforzaron la hipótesis que pasaba de boca en boca: no hay enseres flotando en el mar, no aparecen cuerpos. No hay rastro de muertos. Lo que sí hay son 60 familias que insisten que sus parientes están secuestrados y exigen que los busquen. El 23 de abril naufragó el peñero Jhonnalys José. De 35 personas que lo abordaron, solo aparecieron 8 vivas y el cuerpo de una adolescente de 16 años que se ahogó. Patricia(*) había decidido ir por segunda vez a Trinidad y Tobago -había ido el año anterior- y le pidió el aventón a Noel Tortolero, conocido en el pueblo como “Noelito” y por trasladar mujeres hasta Trinidad y Tobago. Ella lo conoce desde hace años y asumió que no corría peligro. No era la primera vez que la llevaban gratis y el 23 de abril vió lo de siempre: que a las chicas, en su mayoría menores de edad, les tomaban fotos antes de zarpar. Era de noche cuando abordó el bote y no logró fijar los rostros de las personas que estaban ese día en la embarcación. Para ella solo eran más mujeres que cruzarían a la isla. Como siempre. El motor falló desde que arrancaron de Güiria, pero continuaron hacia Trinidad. Al llegar a Isla de Patos finalmente se paralizó y el agua empezó a inundar la embarcación. Todos se aferraron al bote hasta que se volteó y no tuvieron otra opción que entregarse al mar. Unas se subieron a las pimpinas plásticas de gasolina y otras se sostenían del bote que dio la vuelta, pero se mantenía a flote. Patricia vio a una de sus vecinas en Güiria quitándose la ropa para empezar nadar. La mujer le pidió compañía para no desvanecer en el agua. Se veía una montaña y tenían fe que podían llegar a algún lugar donde agarrarse. Y llegaron. Estuvieron sobre una piedra un día y medio. Por un instante pensaron que las buscaban para rescatarlas cuando vieron un drone acercarse a la zona donde naufragó el bote. Luego una embarcación se acercó y se alejó. La vista no las dejó distinguir si rescataron a otras personas. Gritaron pidiendo ayuda, pero no las vieron. El barco siguió la marcha hasta Trinidad y Tobago. Luego de día y medio sentadas en una piedra, finalmente fueron rescatadas por pescadores de Güiria que llevaban una búsqueda incansable para encontrar rastros de las personas en el agua. Tras acompañarse en el naufragio hoy estas dos mujeres evitan hablarse y se mantienen bajo resguardo en sus casas. Saben que ya se salvaron una vez del agua y también que quizá no cuenten con la misma suerte de salvarse en ese pueblo. Las sobrevivientes de la primera embarcación han reconocido por fotos a otras adolescentes que viajaban por la ruta ilegal. Una joven de Carúpano de 17 años de edad se fue de su casa diciendo que estaría de vacaciones en San Cristóbal con una amiga. Llamó en dos oportunidades a su mamá desde un número de teléfono desconocido diciendo que se quería devolver, pero que tenía una deuda de 200 dólares que intentaba resolver. “Ella me decía que no me preocupara, que estaba buscando la manera de regresar”, cuenta su madre que quiere mantener su identidad bajo resguardo. Cuando su hija no se comunicó más, puso la denuncia ante las autoridades. Las llamadas que hizo la adolescente nunca fueron desde Táchira sino de Güiria. Su foto fue identificada por algunas de las sobrevivientes de ese primer bote que naufragó. “Me dijeron que mi hija lloraba y no quería subirse al peñero. Les decía que su mamá pagaría la deuda. Su amiga iba sentada en sus piernas en la embarcación”, dice la mujer. ->>Vea más… – Con información de Isayen Herrera – Armando Info
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL PAPEL DE ENRIQUE ALVARADO Y LEOPOLDO LÓPEZ GIL EN LAS CONVERSACIONES DE NORUEGA | LAS PREGUNTAS QUE TODAVÍA HAY ACERCA DE LA LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ Y EL EMPRESARIO DEL MUNDO DE LOS SEGUROS CONECTADO CON LOS SUCESOS DEL 30 DE ABRIL EN VENEZUELA | EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA
ASÍ TRATAN DE CENSURAR INFORMACIONES ACERCA DE PERSONAJES RELACIONADOS CON LA CÚPULA "GUAIDISTA"
DESPUÉS DE SUS POLÉMICAS EN MIAMI, CARLOS MÉNDEZ ENFILA SUS BATERÍAS HACIA ESPAÑA
GUERRA POR EL PODER POR CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE EN LA DIVISIÓN BOYACÁ DE LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO
OTRA MÁS DE PDVSA (+MARINE MOTORS DE VENEZUELA). 1. LO BUENO: POR FIN PDVSA ENTENDIÓ QUE DEBE TRABAJAR CON TERCEROS PARA QUE ESTOS EJECUTEN LOS PAGOS A SUS ACREEDORES EN EL EXTERIOR Y EVITAR DE ESTA MANERA EL CRUEL BLOQUEO FINANCIERO E INMORAL DEL GOBIERNO DE EEUU. PDV MARINA REALIZÓ UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA EMPRESA MARINE MOTORS DE VENEZUELA, PERTENECIENTE AL EMPRESARIO ERNESTO MIGUEL PALMA, PARA QUE ESTA CONTROLE Y ADMINISTRE LAS DIVISAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LOS BUQUES TANQUES EN LOS MUELLES DE EMBARQUE DE CRUDO EN VENEZUELA. 2. LO MALO: LA EMPRESA MARINE MOTORS DE VENEZUELA ESTÁ VETADA EN PDVSA POR PRESUPUESTAR A MÁS DE UN 300 POR CIENTO LOS REPUESTOS DE LOS BUQUES DE PDVSA. ES UNA EMPRESA ALIADA DE LA AUTORIDAD ÚNICA DE JOSE Y MUY AMIGA Y CERCANA DEL VICEPRESIDENTE DE FINANZAS DE PDVSA CUANDO ESTE ERA VICEPRESIDENTE DE COMERCIO Y SUMINISTRO. TODOS LOS TRABAJOS EN JOSE ERAN DIRIGIDOS Y DECIDIDOS A DEDO HACIA ESTA EMPRESA, POR ESTE PAR DE GERENTES. LA REFERIDA EMPRESA ESTÁ ADMINISTRANDO Y CONTROLANDO A SU ANTOJO GRAN CANTIDAD DE DIVISAS DE PDV MARINA, SIN QUE NINGÚN PERSONAL DE LA GERENCIA DE FINANZAS SUPERVICE Y CONTROLE LOS GASTOS. SOLO ESTÁ EN MANO DE LA PRESIDENCIA; SACARON DEL JUEGO A TODO PERSONAL DE PDV MARINA QUE REALIZABA LOS CONTROLES Y SUPERVISIONES CORRESPONDIENTES. 3. RECOMENDACIÓN: QUE NO SEA SOLO LA REFERIDA EMPRESAS LA QUE TRABAJE EN JOSE Y DEMÁS FACILIDADES PORTUARIAS DE PDVSA, DEBEN REALIZAR LO MÁS TRANSPARENTE POSIBLE LAS DESIGNACIONES DE EMPRESAS. EXISTE UNA GRAN CANTIDAD DE ELLAS DISPUESTAS A TRABAJAR CON PDVSA. LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEBE HACERSE CON PERSONAL DE PDV MARINA, NO CON LO QUE DECIDA LA EMPRESA O EL GERENTE DE FINANZAS O SU PRESIDENTE, DEBE INCLUIRSE AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, FINANZAS, CONTRATACIONES Y SER SOMETIDO A CUALQUIER AUDITORÍA INTERNA O FISCAL. Fuente: Nota de Opinión - Frente de Trabajadores Hugo Chávez
PRESUNTA ESTAFA PERPETRADA POR VENEZOLANOS EN ARGENTINA. De una lectora: Le hago llegar una denuncia de la segunda de Chorrerón la cual se encontraba aquí en Argentina haciendo una empresa, al parecer estafaron a los socios comprando unas máquinas para la supuesta empresa (JD GROUP XXI S.R.L.) que iban a poner acá, engordaron las factura de la compra de las maquina y al parecer los socios se dieron cuenta y se devolvieron a Venezuela y están de nuevo en Lechería ella y el marido Bernardo Aguirre con deudas hasta el cuello aquí en Argentina. - D. CicconeJD GROUP XXI S.R.L. - 20/07/2018 | Dateas.com
PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.comContenidos Relacionados...
(2010) BANQUEROS VENEZOLANOS PRÓFUGOS DESAPARECEN DE LA LISTA ROJA DE INTERPOL
(2011) RECUERDOS DE BANQUEROS Y ASEGURADORES “BOLIBURGUESES”
(2011) ASUNTOS COMUNES ENTRE GÓMEZ SIGALA Y TORRES CILIBERTO
(2012) TSJ DECLARA IMPROCEDENTE AMPARO CONSTITUCIONAL SOLICITADO POR TORRES CILIBERTO
(2017) SEGUROS LA PREVISORA: UNA PIEZA DEL LUCRO
(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales
(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias
(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)
(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes. – Con información de http://fueradepauta.blogspot.comPEDRO GARCÍA, EL BOLIGARCA MÁS IMPUNE QUE AZOTÓ A PDVSA ORIENTE
LUIS CARLOS SERRA CARMONA Y SUS LAZOS CON “LOS BOLICHICOS”. Tiene trayectoria en el partido político Acción Democrática. Fue candidato a la Alcaldía de Baruta, diputado al Congreso Nacional en 1998, viceministro de Transporte y socio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en 2007 su nombre sonó para sustituir a Ramón Guillermo Aveledo en la presidencia de la institución, pero finalmente fue descartado. El adeco Luís Carlos Serra Carmona supuestamente sería el representante dentro del célebre “Fondo de Valores Inmobiliarios” de los intereses del polémico banquero Gustavo Gómez López. Al menos así lo creen fuentes vinculadas al ámbito empresarial venezolano, quien consideran que Gómez pudiera tener participación en la propiedad de varios centros comerciales, entre éstos El Tolón (Las Mercedes – Caracas), otro en La Lagunita Country Club (Caracas), en el blue Mall de Santo Domingo y en la construcción de un enorme resort en Punta Cana. Un beneficiario de una medida de nacionalización especial fue Luis Carlos Serra Carmona. Esta es una empresa de especulación financiera-inmobiliaria que se encarga del suelo urbano a través de un proceso de adquisición de activos inmobiliarios y reorientando el negocio de alquiler de espacios de oficina en Caracas para fines corporativos. ->>Vea más… - Con información de https://elpregonindependiente.blogspot.com
EL “REY” LUIS EMILIO VELUTINI (+”ENCHUFES”). Luis Emilio Velutini es un empresario e inversionista del sector financiero e inmobiliario latinoamericano. Descendiente de Vicente José María Velutini, inmigrante originario de Córcega que llegó a Venezuela en la década de 1830 y ayudó a reconstruir el Chaguaramal El Batey, población que dio origen a Zaraza, estado Guárico; es el tercer hijo de Guillermo José Velutini Agüero y Josefina Urbina. El grupo familiar de los Velutini Agüero participó en la construcción de proyectos como el Club Playa Azul y obras como la Represa Lagartijo. Junto a su hermano mayor Guillermo José Velutini Urbina fundó el Grupo de Empresas Aguasal en 1976 e impulsó el desarrollo del Hotel Fiesta Inn Aguasal y Club Aguasal. En la década de los años 90 fundó Fondo de Valores Inmobiliarios junto a Luis García Montoya, Nelson Ortiz, Luis Carlos Serra Carmona y varios bancos locales. En el año 1994, junto a su primo Horacio Velutini Sosa, conforma la empresa consultora Velutini & Asociados Asesoría Financiera. En 1995 Velutini & Asociados adquiere el control de la empresa Fondo de Valores Inmobiliarios, con la aprobación de la Comisión Nacional de Valores y su inscripción en la Bolsa de Valores de Caracas. En 1996, logra que el grupo inmobiliario argentino IRSA y el conocido inversionista George Soros, se asocien al Fondo de Valores Inmobiliarios, dando inicio a un proceso de adquisición de activos inmobiliarios y reorientando el negocio al alquiler de espacios de oficina en Caracas para fines coorporativos. En 1998 inscribe las acciones del Fondo de Valores Inmobiliarios en el programa de ADR Nivel I del Bank of New York en la Bolsa de Valores de New York (NYSE). Para el año 2000, alcanza a incorporar como socio estratégico del Fondo de Valores Inmobiliarios a Equity International Properties (EIP), que es un fondo de Inversión liderado por el inversionista norteamericano Samuel Zell, fundador y accionista de Equity Office Properties (EOP) y Equity Residencial Properties. ->>Vea más... – Con información de http://recuentodehechos.blogspot.com
PIETRO MICALE CACCAMO DETENIDO POR FRAUDE DE 2 MIL MILLONES DE DÓLARES EN PDVSA. El empresario petrolero Pietro Micale Caccamo, de 51 años, fue aprehendido por el Sebin en atención a una orden judicial solicitada por el MP, por su participación en un fraude por sobreprecio por 2 mil millones de dólares en perjuicio de PDVSA a través de contratos de su empresa Proct Petrol ubicada en Anaco. La captura del empresario petrolero (que antes era propietario de una casa de colocación de chicas en Anaco) ocurrió en su quinta de la urbanización Las Villas de Lechería, valorada en 15 millones de dólares e inaugurada en 2012 con una fiesta con la participación del cantante Franco de Vita cuyo concierto tuvo un costo de 500 mil dólares. Los delitos que se imputarían a Micale son: Concierto de funcionarios con contratista, evasión de procedimiento de contratación, procura ilegal de utilidad en acto de la administración y asociación para delinquir. Se trata de contratos con sobrevaloracion de 2 mil millones de dólares. Se trata de contratos en el marco de la operación de la Faja Petrolífera del Orinoco y que fueron autorizados por el entonces director ejecutivo de esa unidas de PDVSA, Pedro León, detenido en septiembre pasado luego de haber huido del país. También fue aprehendida la esposa de Micale, Miriam Di Amario, de 47 años, quien figura como propietaria del 50 por ciento de las acciones de Proct Petrol. A su vez es titular de una parcela en una urbanización de Miami y el registro tiene una dirección de Houston estado de Texas, por lo que es probable que tenga algún inmueble allá también. Asimismo destaca que en agosto 2018 Pietro Micale y su esposa además de Anthony Micale registraron una compañía y marca a nombre de Proct Petrol Corp. Además hay otras dos compañías inscritas en Florida y Texas en 2005 y 2007 dónde solo aparece Pietro Micale. Un dato adicional indica que en 2014 el MP convocó a Proct Petrol a presentar información sobre posibles hechos de uso indebido de divisas adjudicadas por Cadivi y Cencoex. ->>Vea más… - Con información de https://portadadecolores.blogspot.com
LA POLÉMICA FORTUNA DEL EMPRESARIO GIANFRANCO RONDÓN. Hasta ahora Gianfranco Rondón ha contado con el talento y la suerte necesaria para pasar por la goma ante las autoridades federales en USA. Cómo puede explicar y justificar sus fortunas alguien que vivía de un “tarantín” donde expendía teléfonos celulares baratos y accesorios genéricos, hasta convertirse en propietario de un consorcio de empresas, aviones, yates, periódicos, inmuebles, clínicas y pare de contar. Sus inicios en el mundo de los negocios en el régimen fueron de la mano de Haiman El Troudi y la esposa de éste. Luego multiplicó su fortuna con contratos asignados por el entonces poderoso ministro Miguel Rodríguez Torres, para cerrar con broche de oro como portaestandarte de Luis Alfredo Motta Domínguez. El mismo Rondón se ha encargado de exhibir por redes sociales sus viajes en su jet privado con su madre, su relación amorosa con una conocida y hermosa ex animadora, sus viajes a islas en el Caribe y resto del mundo, lujos, excentricidades, excesos y exquisitos y refinados gustos. ->>Vea más… - Con información de https://elpregonindependiente.blogspot.com
PEDRO TORRES CILIBERTO EN USA COMO EXILIADO POLÍTICO DESPUÉS DE QUEBRAR BANCOS EN VENEZUELA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. ->>Vea más… - Con información de https://elpregonindependiente.blogspot.comLAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNSOBERANO2018 03 JUNIO 2019
INTERNACIONALES
DESMITIFICANDO CREENCIAS SOBRE PANAMÁ
(PANAMÁ) INSISTEN ANTE LA CORTE EN MATRIMONIO PARA PAREJAS DEL MISMO SEXO
(PANAMÁ) LA CARICATURA QUE TRAE DE CABEZA A MUCHOS PANAMEÑOS
(PANAMÁ) INDÍGENAS DENUNCIAN AL GOBIERNO POR RETRASOS EN TITULACIÓN DE TIERRAS. Las autoridades del pueblo Bri-Bri, una de las siete etnias indígenas que existen en Panamá, se querellaron contra una institución pública por retrasos y supuestas irregularidades en la titulación colectiva de tierras. La denuncia se interpuso en concreto contra el jefe de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Rodolfo Noirán, a quien el pueblo originario acusa de los delitos de abuso de autoridad y corrupción. "Estamos pidiendo a la Fiscalía que investigue las irregularidades del administrador, que prácticamente ha archivado todas las peticiones del pueblo Bri-Bri para conseguir títulos de propiedad colectiva", explicó el abogado de los indígenas, Héctor Huertas. El funcionario, sin embargo, sí está aprobando "planos y otras solicitudes" de personas ajenas a la etnia, lo que abre las puertas a que "colonos y empresarios" puedan quedarse con esas tierras y "privar al pueblo Bri-Bri de su derecho a la tierra y a la protección de su cultura", aseguró el letrado. El pueblo originario ha solicitado el reconocimiento de la propiedad colectiva de 40.000 hectáreas en virtud de la Ley 72 de 2008, que establece la hoja de ruta para el registro de tierras indígenas. La gestión comunitaria es la manera en que los indígenas han administrado tradicionalmente sus recursos naturales. En Panamá existen cerca de 400.000 indígenas, que representan alrededor del 11 % de la población total y que se agrupan en 7 etnias principales: Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri. El líder de los bri-bri, Joaquín González, aseguró por su parte que en los próximos días solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) protección y medidas cautelares a favor del pueblo indígena. "Tenemos el derecho a nuestras tierras colectivas y, ante la falta de apoyo de nuestras autoridades de gobierno, haremos nuestro reclamo a nivel internacional", apuntó. Gran parte de los indígenas panameños habitan en las cinco comarcas reconocidas legalmente y con autonomía propia: Embera-Wounaan, Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Madugandi y Wargandi. El resto viven integrados en la capital o en comunidades aledañas a las comarcas. Aunque el país centroamericano es uno de los que más crece de la región, la situación de los indígenas es precaria: la pobreza afecta a 96,7 % de las personas y la desnutrición crónica al 72 % de los niños y niñas menores de cinco años, de acuerdo con la última encuesta oficial. - Con información de EFE - elsiglo.com.pa
(PANAMÁ) IRREGULARIDADES PROCESALES. De un lector: Sin argumentos forenses ni pruebas la jueza Zaida Cárdenas condenó a un extranjero a una pena menor para un caso juzgado, lo cual le permitió al procesado seguir disfrutando de una libertad condicional. Ahora bien, nadie le explicó que la pena se podía conmutar o sustituir. En revelaciones de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá, protagonizados por la secretaria Melissa Puga, se hace notar que la decisión de la jueza iba en sentido a no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, representantes de la parte acusadora. Una vez publicado el edicto con la sentencia, que intentaron se dictase con la pena máxima para el delito juzgado, añadiéndole una imputación por una falsa “tentativa de homicidio”, la defensa del procesado apeló la decisión. Los acusadores no podían hacer más contra el encausado, porque no tenía antecedentes penales. La apelación tendría un costo de 3 mil dólares más en honorarios para la abogada Tatiana Sealy y no fue presentada hasta que el encausado pagó por ésta. Por delitos de mucha más gravedad a los acusados en otros casos les imponen presentaciones mensuales o quincenales. Sin embargo en el caso aquí narrado, fueron semanales. Mientras que a otros imputados les imponen país por cárcel, en este caso la medida sustitutiva fue la de ciudad por cárcel. La apelación, que era derecho del procesado, significó contra el mismo amenazas de aumentarle la pena e imputarle otros delitos. En relatos posteriores explicaremos detalles de la apelación, las nuevas modalidades de coimas que funcionarios de la DIJ panameña trataron de ejercer a través del Servicio Nacional de Migración e Interpol y la contratación de la abogada Guillermina McDonald para la defensa del procesado. – Adrián Ramírez |
| Pulse imagen para ampliar |
(23/02/2017) (PANAMÁ) DENUNCIAN A JUEZA ZAIDA CÁRDENAS POR CORRUPCIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD. Una denuncia por delitos de corrupción de funcionario público y abuso de autoridad fue interpuesta el 23 de noviembre en contra de la jueza décima penal de Panamá, Zaida Cárdenas y su secretaria judicial Viviana Velásquez. Cárdenas y Velásquez fueron denunciadas luego que resolvieron un recurso legal a un abogado al que ya le habían revocado el poder para representar a los guatemaltecos Juan Aguilar y Andrea Angel, quienes enfrentan un proceso penal por delitos contra la seguridad colectiva. Según la denuncia, a la que TVN Noticias tuvo acceso, desde el 2 de septiembre de este año, Velásquez actuando como juez suplente, admitió poder a los abogados Sergio Rodríguez, Alexis Ballesteros y David Cuevas, para representar legalmente a Aguilar y Angel. Además, Velásquez le revocó el poder a Javier Quiróz, que era el anterior abogado de los dos guatemaltecos. Pese a ello, el juzgado permitió que Quiróz, sin estar autorizado, presentara una solicitud de reemplazo de medida cautelar pidiendo que los dos guatemaltecos saliesen de prisión. Y en resolución del 1 de noviembre, firmada por la jueza Cárdenas y por Velásquez como secretaria judicial, se negó el reemplazo de la medida cautelar a Aguilar y Angel. El abogado David Cuevas interpuso la denuncia ante la Fiscalía Superior Anticorrupción de Atención Primaria, alegando que la jueza Cárdenas y la secretaria judicial tomaron decisiones que afectan a los guatemaltecos, porque el proceso penal se ha retardado. Indicó que el abogado Quiróz presentó recurso de apelación, que de continuar con el trámite sería enviado al Segundo Tribunal para resolver. Todo esto, alegó Cuevas en la denuncia, retrasa el proceso debido a que el 16 de diciembre se debe celebrar la audiencia preliminar del caso. TVN Noticias solicitó a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, una opinión a la jueza Cárdenas sobre la denuncia, pero no hubo respuesta. – Con información de http://www.tvn-2.com |
| Pulse imagen para ampliar |
(08/03/2017) IRREGULARIDADES EN SISTEMA JUDICIAL DE PANAMÁ. De un lector: En el sistema judicial de Panamá hay jueces con un record de absoluciones y beneficios procesales a favor de sospechosos, pero opulentos ciudadanos, y por si fuera poco, condenas y denegación de justicia en contra de los más débiles económica y socialmente. En cierta medida es una burla a todo el sistema judicial, pues aparentemente responden a intereses crematísticos. Pueden revisar los casos de la jueza Zaida Cárdenas y verán que escapan a la normalidad. El caso Ethel de Jerez, acusada por delito contra la fe pública y absuelta en 2010 por Cárdenas, dio polémica por la manera en que fue manejado. – Ezequiel Pérez
Enlaces Relacionados…
- (2005) Presentan queja contra jueza Zaida Cárdenas por presunto peculado y por incumplir sus deberes como funcionaria
- (2010) Justicia panameña absuelve a Ethel de Jerez
(26/10/2017) COIMAS EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR PANAMEÑO. De un lector: Casi nada ha cambiado en el Órgano Judicial panameño pese a las muchas denuncias de cobro de coimas en las que las principales señaladas son secretarias de tribunales como el Segundo Tribunal Superior, quienes en sus irregulares acciones, tramitando dictámenes a cambio de coimas, no reciben ningún protesto ni sanción por parte de magistrados, tal y como en el caso de la secretaria Lisbeth Puga, en cuyos muy difundidos audios y chats se realizan incriminatorias alegaciones contra la jueza 10 penal Zaida Cárdenas. – Adrián Ramírez
(01/11/2017) JUICIO VICIADO. De un lector: Bajo la amenaza de revocarle un beneficio procesal, un extranjero fue pasado a juicio en el Juzgado 10 penal de Panamá, presidido por la jueza Zaida Cárdenas , quien en varias ocasiones ha sido motivo de polémicas. De entrada la jueza desechó y no admitió los puntos previos, que evidenciaban que el juicio debía anularse, ya que estaba viciado de nulidad absoluta. El procedimiento policial contra el procesado carecía de órdenes judiciales, las transcripciones de unos supuestos chats presentados como evidencia no habían sido autorizadas por la fiscalía, se había violado el derecho a la defensa y al debido proceso, al igual que se habían irrespetado los lapsos procesales. Al encausado nunca se le había notificado de investigación alguna y no había sido capturado en flagrancia. La confianza y amistad entre el fiscal designado para asistir al juicio y el abogado acusador, miembro del bufete Morgan & Morgan, dejaban en entredicho la imparcialidad. El encausado y su defensa se acogieron al proceso abreviado, a pesar de lo cual no hubo una disminución sustantiva de la pena. La secretaria de la jueza en la audiencia era Melissa Lisbeth Puga, protagonista del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior y quien en revelaciones posteriores colocaría de manifiesto la relación de intereses entre la jueza y abogados del bufete Morgan & Morgan, a los cuales la magistrada complació con su injusta sentencia. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Adrián Ramírez
(EGIPTO) LAS AUTORIDADES MANTIENEN DETENIDO A MAHMOUD HUSSEIN, PERIODISTA DE AL JAZEERA. Reporteros Sin Fronteras condena la decisión de las autoridades judiciales egipcias de seguir manteniendo detenido al periodista de Al Jazeera, Mahmoud Hussein, después de haber decidido cinco días antes ponerle en libertad condicional. RSF pide la retirada de todos los cargos que se le imputan. Pese a estar encarcelado sin juicio desde hace más de dos años y medio, y pese a la expectativa de su familia de verle libre en cualquier momento, Mahmoud Hussein permanecerá detenido. En lugar de ponerle en libertad, ha sido trasladado al mismo centro de detención en el que estaba, y está siendo ahora sometido a una nueva investigación. Una vez más ha sido interrogado sin presencia de su abogado. Su hija, que se preparaba para su puesta en libertad, cuenta que ha intentado verle pero que le han denegado el permiso. "Además de cruel, la decisión de mantenerle detenido no tiene base legal", advierte la oficina de Oriente Medio de Reporteros Sin Fronteras. "Presentar nuevos cargos contra él y privarle de su abogado muestra la naturaleza arbitraria de este encarcelamiento. Pedimos su inmediata puesta en libertad y la retirada de todos los cargos presentados contra él". Egipto ocupa el puesto 163 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. Consulta más información sobre Egipto en el Informe Anual elaborado por RSF-España. – Con información de rsf-es.org(IRAK) RSF PIDE PROTECCIÓN PARA EL PERIODISTA NABIL JASSIM, AMENAZADO DE MUERTE. Reporteros Sin Fronteras condena las amenazas de muerte que está recibiendo el conocido periodista iraquí Nabil Jassim, después de haber publicado pruebas de supuestas corrupciones políticas. RSF pide a las autoridades del país que protejan a los periodistas amenazados. Nabil Jassim responsable de la agencia de noticias Baghdad Today, informó el 26 de mayo que había recibido llamadas telefónicas que le amenazaban con matarle si revelaba lo que describe como "el mayor caso de corrupción" de Irak. La web de la agencia publica el número desde donde se han hecho las amenazas. Las publicaciones de Nabil Jassim tienen relación con un documento del banco central del país que supuestamente involucra de forma corrupta a miembros de un partido político. El Sindicato de Periodistas Iraquíes ha manifestado su "preocupación" por las amenazas de muerte y ha pedido al ministerio del Interior que tome medidas para proteger a Nabil Jassim. Un miembro del gobierno también ha escrito al Primer Ministro y al ministro del Interior en la misma dirección. "Resulta inaceptable que los periodistas reciban amenazas de este tipo como resultado de su trabajo de investigación en pro del interés público", afirma la oficina de Oriente Medio de Reporteros Sin Fronteras. "Las autoridades iraquíes deben garantizar la seguridad de Nabil Jassim y encontrar a los responsables de estas amenazas", añade RSF. Irak ocupa el puesto 156 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.