Bancamiga y las polémicas internacionales en torno a sus accionistas y negocios

Carmelo De Grazia es presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, un banco que muestra las mayores tasas de crecimiento del sector en los últimos cuatro años, desde que en 2017 obtuvo la categoría de banco universal en Venezuela. Fundado en 2007, recientemente se jactaba en boletines de prensa de que alcanzó la novena posición del ranking bancario según sus activos, y la cuarta de acuerdo a sus captaciones en moneda extranjera.

De Grazia es un abogado de muy exitosa práctica, primero, en Guayana, de donde procede el negocio familiar: la restauración. El restaurante La Fontana, en Upata, al suroeste de Ciudad Guayana, fue la piedra fundacional que puso el patriarca, Palmerino De Grazia, quien todavía hoy aparece en los reclamos publicitarios del grupo alimentario, con frecuencia insertos en las pautas de transmisiones de fútbol.

Fue precisamente la expansión acelerada de las cadenas de restaurantes de la familia en el estado de Florida -con las marcas Bocas, Francisca, Kitchen of the World, Laborejo y La Fontana- lo que despertó una oleada de rumores sobre la supuesta relación de los De Grazia con el Estado venezolano y de sus locales de restauración como una presunta lavadora de dinero. Carmelo De Grazia y uno de sus hermanos, Levin, quien encabeza ese sector del negocio familiar desde el Bocas Food Group LLC, introdujeron en 2019 una demanda en un tribunal del condado de Miami-Dade contra Gerardo Gils Dams, a quien señaló como operador del blog UltimaHora24, y la periodista Angie Pérez -seudónimo de Angélica Bianco-, quienes habían propalado acusaciones de ese tipo. La demanda también alcanzó a César González, un ex socio y gerente del primer establecimiento del restaurante Bocas en la ciudad de Coral Gables, a quien atribuye la instigación de la campaña de desprestigio. La última diligencia archivada en línea por la juez que lleva el caso, Gina Beovides, con fecha de enero de este año, desecha una petición de los acusados para descartar la causa por la presunta inacción de los demandantes y ordena, en cambio, mantener abierto el proceso, según Ewald Scharfenberg en armando.info.

En cualquier caso, mucho antes de esta demanda judicial y de que los De Grazia siquiera inauguraran su primer local de comida en Miami, el JP Morgan Chase Bank hacía notar en su SAR de 2014 para el Departamento del Tesoro que “Intersecurities International Inc solo pudo ser identificada como una compañía localizada en Panamá”, pero con un detalle llamativo: la dirección bancaria disponible de la empresa correspondía a la sucursal en la isla de Madeira del, a la postre, intervenido Banco Espirito Santo (BES).

El director de la oficina de Madeira, Joao Alexandre Silva, había sido encargado en 2009 por Ricardo Salgado, presidente del BES, como responsable de los negocios del banco en  Venezuela, lo que incluyó el pago de sobornos a funcionarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para que estos depositaran fondos públicos, por más de 3.000 millones de dólares, en las arcas del alicaído banco. Tras el colapso e intervención del BES en agosto de 2014, Silva pasó a ser investigado y, finalmente, imputado en 2020 en una de las dos causas penales que la fiscalía portuguesa lleva adelante por el escándalo. ->>Vea más...

 

FUENTE: Con información de reportedelaeconomia.com