VARIOS 25/01/2020

A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

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TRABAJADOR DESPEDIDO TRAS ACCIDENTE LABORAL RECLAMA INDEMNIZACIÓN A SALVA FOODS.  Un trabajador de la empresa Salva Foods, propietaria de las tiendas CLAP, quien laboraba para la compañía en el Puerto de la Guaira fue despedido tras un accidente laboral. La abogada Celina Esculpi y la jefa de Recursos Humanos de la empresa, Edmar Lira, firmaron un acta de compromiso para pagarle una intervención quirúrgica que ameritaba el trabajador, producto del accidente, pero luego se desentendieron del caso. Hoy el trabajador despedido acude a los medios de comunicación en busca de una indemnización por parte de Salva Foods.

BUFETE DE ABOGADOS EXHORTA A AHORRISTAS DEL BANCO DEL ORINOCO N.V.; BOI BANK Y ALL BANK QUE DESEEN RECUPERAR SU DINERO. El escritorio jurídico Modugno & Castillo, con oficinas en Caracas, asegura que ahorristas, inversionistas y acreedores del Banco del Orinoco N.V.; Boi Bank y All Bank, todos del Grupo Financiero BOD, tienen todavía la posibilidad de recuperar su dinero. El bufete afirma tener la estrategia sustantiva y procesal adecuada para ello, por lo que han invitado a los afectados a contactarlos a través del correo: modugnocastillo@gmail.com y su sitio en internet, modugnocastillo.com.ve.

COMISIONADO DE GUAIDÓ PARA DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS PRESENTÓ REGISTRO ÚNICO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS. El Comisionado para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas designado por Juan Guaidó, Humberto Prado, presentó el Registro Único de Víctimas, “el primer instrumento creado para hacer valer el derecho de los venezolanos y brindar una adecuada y oportuna respuesta, tras la vulneración de sus derechos”.  Según el Art. 51 de la Constitución Nacional, establece que “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”.  A fin de cumplir esta ley, Prado señaló que a través de la Comisión para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, se ofrece a las personas que hayan sido víctimas de la violación de sus derechos obtener asistencia jurídica y psicológica, así como recibir acompañamiento ante organismos públicos, nacionales o internacionales, responsables de restablecer el derecho vulnerado.  Para acceder a dicho registro, la persona debe ingresar a la página web del Comisionado para los Derechos Humanos a través del enlace https://comisionadoddhhv.org/ y clicar en la cinta  o banner que está identificado como Registro Único de Atención de Víctimas. Con la certeza de confidencialidad absoluta, llena un formulario con sus datos personales identificando la violación de la que fue víctima. Finalmente debe enviar el registro para que sea procesado por el equipo de expertos de la Comisión.  Asimismo, el Comisionado para los Derechos Humanos anunció que, a partir de marzo se dará inicio a la fase de la conformación de Mesas Regionales de la Comisión de DDHH y Atención a las Víctimas que serán instaladas en 11 estados del país. Las entidades han sido agrupadas en cinco regiones: - Región Andina: Mérida y Táchira.  - Región Central: Carabobo y Lara.  - Región Capital: Gran Caracas (Miranda, Vargas y Área Metropolitana).  - Región Oriental: Anzoátegui y Bolívar.  - Región Occidental: Falcón y Zulia.  Finalmente, el Comisionado Humberto Prado precisó que desde mediados de agosto se sentaron las bases de la Comisión de DDH y Atención a las Víctimas con el diseño de la Estructura, el Programa, las Líneas de Acción y el Registro de Atención a las Víctimas. – Con información de Nota de Prensa

EXPRESIDENTE DE INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE PUERTO LA CRUZ Y OTROS DOS DETENIDOS POR ESTAFA. De una lectora: El día viernes 12 de Enero de 2020 entró la acusación formal de fiscalía en el tribunal (Acusación formulada por la Fiscalía II del estado Anzoátegui) del expediente con el numero BP01-P-2019-006155, acusación en contra de JORGE ROBERTO SÁNCHEZ YÁNEZ, SANDRA YAMILEX  GIL y NÉSTOR ENRIQUE WETTER MENESES, titular de la Cedula de Identidad N° E-80.853.012 (salvadoreño), 11.367.169 (venezolana) y V-4.495.319 (venezolano) por los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 406 relacionado con el Articulo 99 ambos del Código Penal, y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el Articulo 322 relacionado con el Articulo 319 ambos del Código Sustantivo Penal, cometido en perjuicio de los ciudadanos PABLO NAJERA.  HECHOS: JORGE ROBERTO SÁNCHEZ YANEZ,  ex director de Catastro en Sotillo en las alcaldías de Nelson Moreno y Stalin Fuentes y ocupando el cargo también de presidente del IMVIS (Instituto Municipal de Vivienda Sotillo) para estas alcaldías, Roberto Sánchez conocía la problemática de Vivienda que existía en Sotillo y especialmente del proyecto habitacional que el presidente Hugo Chávez apoyaba, que era la construcción de viviendas del proyecto Gran Maguey en el Maguey municipio Sotillo, el cual hasta el día de hoy no se ha cumplido y en las que el como presidente del IMVIS no soluciono y como se sabe es responsable de irregularidades a su paso. Roberto Sánchez junto con su esposa Sandra Beumont y su socio Néstor Wetter incluso son los propietarios de la concretera Tecnomix que se encuentra en el Maguey que tanto daño a ocasionado a la población cercana y que ha sido causa de muchas denuncias para que sea reubicada pero hasta los momentos no ha sido movida. Esta concretera fue ubicada para construir el proyecto Gran Maguey, y que por apoyo de personeros políticos ha seguido trabajando, lo que demuestra el apoyo que tiene para su negocio y su responsabilidad para la construcción del proyecto Gran Maguey no solo como presidente del IMVIS, sino como beneficiario en uno de los negocios de la construcción del proyecto, cosa que debe ser investigada mas a fondo también.  ROBERTO SÁNCHEZ, SANDRA YAMILEX  GIL y NÉSTOR ENRIQUE WETTER conociendo bien la problemática, las restricciones del Maguey, han hecho negocios millonarios y estafas, una de ellas es la noticia que se está presentando, la estafa contra el Ing. Pablo Najera quien es comerciante de la zona, quien fue estafado por ellos con un proyecto hotelero de 5 estrellas único en la zona que seria construido en el Maguey por estas mismas personas, y que luego de años de haber llevado la estafa con engaños y cuentos, salio a la luz, esta denuncia que sea de ayuda para que otras personas afectadas también sepan que esta banda esta desarticulada para mas denuncias. Este grupo le quitó una gran suma de dinero al Ingeniero Pablo Najera, los ahorros de su vida por un proyecto hotelero que fue denunciado a las autoridades competentes y luego de varios meses de investigación se descubrió y se desmanteló esta banda por lo cual las autoridades les privaron de libertad y actualmente están a las ordenes del tribunal de Anzoátegui.  Se ha visto que visitan a Roberto Sánchez ex funcionarios públicos como el exalcalde Stalin Fuentes.  El viernes 10 de Enero de 2020 luego de una férrea lucha ya que el exalcalde Nelson Moreno trato de usar todas sus influencias para que la acusación no entrara y pudieran salir en libertad, incluso llamando a la fiscal superior de Anzoátegui y usando todos los artificios posibles, (la banda estaba tan segura de salir que incluso comentaba que iban a salir ya a vos populi). La acusación entro y la justicia, la verdad prevaleció, incluso Nelson Moreno fue visto en el sitio de reclusión de ellos para reunirse con ellos, se observo muchos hechos extraños.  Para mayor información y verificar esta noticia pueden indagar más profundo en la fiscalía 2 del estado Anzoátegui y la causa la lleva el tribunal 7mo penal de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui. – V. Vargas