viernes, 6 de diciembre de 2019

Notas del Día 05/12/2019

EL NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN QUE ENLODA A LA OPOSICIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA: ¿QUIÉN ES QUIÉN? La publicación de un artículo que revelaría las acciones de un grupo de diputados opositores para beneficiar al empresario colombiano Alex Saab, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro en julio pasado por su presunta relación con la distribución de alimentos del Gobierno venezolano, ha desencadenado una tormenta de acusaciones de corrupción en el Parlamento venezolano de la que el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, no ha salido ileso.
El portal Armando.info publicó el pasado domingo un extenso trabajo sobre la supuesta participación de un grupo de parlamentarios opositores en una "trama para otorgar indulgencias" a empresarios relacionados con las importaciones de los alimentos que distribuye el Gobierno venezolano, a través los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en abril de 2016 como una alternativa ante las sanciones financieras de Washington que, entre otras cosas, impiden la compra de productos alimenticios con subsidio de casi 100 % para los sectores más vulnerables de la población.  Ese mismo día, de forma casi inmediata, Guaidó reaccionó ante la información que vinculaba a once diputados de oposición, entre los que se encuentran tres de su partido Voluntad Popular (VP) y habló de "claros intereses internacionales" que financian un plan en su contra. Acto seguido, los partidos opositores Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) se pronunciaron para remover de sus comisiones a los legisladores mientras se realizaban las investigaciones.  Si bien la ola de acusaciones y medidas apresuradas que desató la publicación se han centrado en la presunta petición de exoneración de responsabilidades para los empresarios sancionados por EE.UU., como marco de fondo queda la reciente destitución del enviado de Guaidó a Colombia, Humberto Calderón Berti, quien levantó una polvareda de acusaciones de corrupción internacional de la que tampoco se libró el "autoproclamado", señalado de estar dirigido por el político opositor hospedado en la Embajada de España en Caracas, Leopoldo López.  ¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO SOBRE LOS DIPUTADOS?  El texto explica que se conformó "un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos  y su vasta red de negocios con el chavismo".  Los parlamentarios, cuya mayoría pertenece a la Comisión de Contraloría de la Asamblea, tendrían que emitir "cartas de buena conducta" ante organismos internacionales como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro para pedirles que cesaran de investigar a los empresarios y sus compañías, que habían sido señaladas de pertenecer a la trama de corrupción relacionada con las importaciones de los alimentos que conforman los CLAP. La razón que aducían es que ya Venezuela había cesado la investigación.  Con estas "cartas de buena conducta" tanto Bogotá como Washington podrían absolver o dejar de investigar al empresario colombiano Carlos Lizcano Manrique, quien es señalado de ser "testaferro" o "subalterno" de los ya sancionados por el Departamento del Tesoro, Alex Saab y Álvaro Pulido, recoge Armando.info.  Lizcano Manrique aparece en uno de los documentos firmados por los diputados Luis Brito y Freddy Superlano como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas tras una "privatización encubierta" de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, según el portal de investigación.  En una de las comunicaciones entregadas a la Fiscalía colombiana, con las peticiones del cese de las investigaciones contra los empresarios y las compañías supuestamente relacionadas con el CLAP, los parlamentarios escribieron que supuestamente hicieron esa misiva con la autorización de Guaidó.  Entre los firmantes de las cartas que han sido filtradas la prensa y recogidas por la investigación periodística se encuentran los legisladores opositores: Adolfo Superlano, ex integrante de Cambiemos; José Brito, Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia (partido presidido por el prófugo de la Justicia venezolana, Julio Borges); Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, (fundado por Leopoldo López); Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo, (partido del excandidato presidencial opositor Manuel Rosales).   ¿DE QUÉ SE ACUSA A ALEX SAAB?  El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Saab y a Álvaro Pulido porque los acusa de "orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido a Maduro beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela".  Según el documento publicado en el portal del Departamento del Tesoro, Saab "se ha beneficiado personalmente de contratos sobrevaluados", establecidos con programa de subsidio de alimentos denominando Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a través de una "sofisticada red de compañías ficticias, socios comerciales y familiares", que le han servido para "blanquear cientos de millones de dólares en ingresos por corrupción en todo el mundo".   Washington afirma que el empresario colombiano utilizó parte de sus ganancias para "pagar sobornos a funcionarios del Gobierno para la importación de alimentos", con la finalidad de obtener contratos sin licitaciones y sobrevaluados.  UNA GIRA EUROPEA  Otro de los temas que se destacan en la publicación es el recorrido, realizado en abril, por parte de los integrantes de la Comisión de Contraloría por países como Francia, Bulgaria, Liechtenstein y Portugal "para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la investigación contra el entramado de Alex Saab", según Armando.info. "Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los parlamentarios", recoge el trabajo periodístico.  Posteriormente, Parra, Pérez y Arteaga volvieron a ese continente en mayo "para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo y ex presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo Chávez". A este viaje se habría unido el diputado José Luis Pirela, quien pertenece a una fracción parlamentaria llamada 16 de Julio, con integrantes de varios partidos opositores y creada con la finalidad de   "democratizar más" la AN.  Este periplo, según el escrito, levantó malestar en algunos parlamentarios, entre los que se encontraba Freddy Superlano, de VP, quien afirmó que "no era una gira de acción de la comisión" sino "una acción individual y no institucional". Ramírez aseguró que los viajes habrían sido financiados por el propio Saab, sin que hubiera pruebas de ello.  ¿QUIÉN ES QUIÉN?  La publicación titulada "¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin" dejó en evidencia a varios parlamentarios y políticos opositores, que paulatinamente reaccionaron a los señalamientos y apuntaron sus dedos acusadores hacia el nivel más alto: el "presidente" de la AN en desacato. A continuación, presentamos una selección de reacciones:  Juan Guaidó: el primero en pronunciarse fue el diputado opositor, sobre quien pesan por lo menos cinco investigaciones del Ministerio Público venezolano, entre las que se encuentran "usurpación de funciones del presidente"; presuntos manejos irregulares de los activos de empresas estatales venezolanas en el exterior; y la participación en la supuesta trama de corrupción de opositores con los fondos destinados a la 'ayuda humanitaria' para Venezuela.  En su cuenta de Twitter, la mañana del pasado domingo, escribió que no permitiría que "la corrupción de nadie dañe lo que tanto ha costado construir", y agregó que cuando se normalizara "la situación del internet en Venezuela", ahondaría en el tema. Este primer trino generó controversia porque en ese momento no se había reportado una falla de conexión en el país.  Posteriormente, afirmó que este supuesto entramado de corrupción formaba "parte de un plan de la dictadura para tratar de ensuciar algunos parlamentarios", con miras a impedir su reelección como presidente de la AN, el próximo 5 de enero de 2020, a través de "la compra de conciencias".  Dijo que se lleva a cabo un "proceso de conspiración" que no "ensucia" al Parlamento, sino a individualidades que tienen "años de complicidad con la dictadura".  De igual forma, anunció una serie "medidas inmediatas", entre las que estaban:   - Decretar la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción. - Decretar la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la AN. - Suspender a los diputados involucrados. - Abrir una investigación. - Invitar a los periodistas a presentar ante el parlamento el desarrollo de esta investigación. - Comunicar a organismos nacionales e internacionales que ningún funcionario está autorizado para expedir documentos o avales de "buena conducta". - Solicitar a Borges y a su enviado a la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre Briceño, plantear el tema en la reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de este martes. Este martes, se aprobó en la sede del poder Legislativo la conformación de una comisión especial para investigar a la Comisión de Contraloría, que realizará la pesquisa en dos semanas.  José Brito: Uno de los señalados en el artículo, expulsado de PJ por este caso, ha cargado contra de Guaidó, a quien ha llamado "corrupto", "estafa" e "inmoral".  Brito ha asegurado que el autoproclamado actúa en connivencia con su "amigo Nicolás Maduro". "Juan Guaidó y Maduro son compinches. Se reparten las riquezas de Venezuela para mantener un status quo mientras que el pueblo pasa hambre", dijo.  Brito considera que es un "pase de factura" de Guaidó en contra del grupo de parlamentarios, a través de una campaña de "guerra sucia" para sofocar la "rebelión" que hay en el seno del Parlamento en contra del "presidente encargado".  Ha dicho que 70 diputados de la AN están "indignados con Guaidó, porque no ha justificado los gastos ni el destino de la 'ayuda humanitaria'. "Salimos a construir un país en serio, no esta estafa. Las oficinas de Guaidó se han convertido en un laboratorio de guerra sucia", donde supuestamente también se preparó una información que vinculó, sin pruebas, a Calderón Berti con una transición para derrocar a Maduro junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.  Brito ha negado que administre dineros públicos y que haya integrado la mencionada comisión en 2018, año señalado en el artículo, pues, según él, en ese entonces era vicepresidente de la Comisión de Política Exterior.  El diputado también afirmó que, según una información que maneja, el prófugo de la Justicia venezolana Rafael Ramírez "financia a buena parte de los partidos de oposición", entre ellos VP, fundado por Leopoldo López.  Conrado Pérez: también expulsado de PJ, se ha referido al "daño moral y político" que han causado el mencionado artículo y las decisiones tomadas por su partido y la AN. "Se han pronunciado sin darnos el derecho a la defensa, sin la presunción de inocencia para acabar con nosotros".  "Quieren tapar con el caso de Alex Saab la investigación de Cúcuta", alegó, tras revelar que el propio Guaidó le había pedido que dejara que "eso se enfríe", cuando le hizo referencia a la investigación de los desfalcos con los recursos asignados para la 'ayuda humanitaria'.  "Nos acusan de cosas que no hemos hecho. En la Comisión de Contraloría no se dan cartas de buena conducta", adujo.  Luis Parra: otro de los exintegrantes de PJ, quien aseveró que pertenece a la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.  En su cuenta de Twitter denunció la existencia de "un laboratorio de guerra sucia", conformada "por una red de extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz (autor del artículo) y el portal Armando.info", quienes presuntamente tienen la intención de desacreditar a ese grupo parlamentario.  Freddy Superlano: este diputado, expulsado de VP por este caso, renunció a su cargo de presidente de la Comisión de Contraloría debido a que no puede atender el asunto directamente, puesto que se encuentra en Colombia.  Superlano es un prófugo de la Justicia venezolana sobre quien pesa una orden de sometimiento a juicio por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, debido a su participación "flagrante" en el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril.  El parlamentario fue hallado el pasado febrero junto a su primo, fallecido horas más tarde, en una habitación de un motel ubicado en Cúcuta bajo efectos de escopolamina, supuestamente administrada por un par de mujeres desconocidas que llegaron con ellos al lugar, según el diario colombiano La Opinión.  Ha afirmado que se separó de su puesto "sin que ello implique que esté reconociendo responsabilidad alguna o estar involucrado en algún hecho irregular". Sobre esa decisión, Brito ha dicho que "o es un gran irresponsable o es que la burundanga lo dejó amnésico".   José Guerra: el parlamentario de la bancada de PJ afirmó que había denunciado "la operación para tratar de comprar diputados", llamada "maletín verde", supuestamente orquestada por "un grupo de operadores financieros" del Gobierno con valijas llenas de dólares para tentar a los opositores en el Parlamento, con el objetivo de que pierdan la mayoría calificada en la AN.  Humberto Calderón Berti: el representante de Guaidó ante Colombia, destituido a finales de noviembre, al hablar sobre su salida como 'enviado' en Bogotá ha tocado el tema de Monómeros, empresa petrolera colombo-venezolana, según Pan AmPost.  Según él, la empresa llegó a producir 50 % de su capacidad no "porque la habían destruido", sino por las medidas coercitivas aplicadas por la Oficina de Activos en elExtranjero (OFAC, por sus siglas en inglés). "No tenían acceso a dólares para comprar materia prima ni podía hacer operaciones internacionales", admitió.  En 2018, la producción de Monómeros era de más de 800.000 toneladas y estaba a 92 % de su capacidad total operativa, mientras que durante el año 2019, la cifra ha bajado a 22 %, lo que implica apenas 176.000 toneladas.  Caracas ha acusado a Guaidó y al presidente de Colombia, Iván Duque, del desmantelamiento de la compañía de fertilizantes, que es el segundo activo de Venezuela en el exterior.   Calderón Berti hizo referencia a "sinvergüenzas" que se están "robando el dinero" o "malversando". De igual forma, dijo que Guaidó debía revisar muy bien su entorno "porque allí hay gente tóxica" e impedir la tutela de López, a quien responsabiliza del intento fallido de ingreso de 'ayuda humanitaria', la fallida asonada golpista del 30 de abril y los diálogos "a espalda de todos sus compañeros de la oposición y la comunidad internacional".  ¿QUÉ INVESTIGABA?  A mediados de junio, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, instó a investigar y esclarecer los graves cargos formulados en una investigación periodística de PanAm Post sobre la supuesta apropiación de fondos para la "ayuda humanitaria", por parte de los representantes Guaidó en Colombia.  En el artículo se denunciaba que Rossana Barrera y Kevin Rojas, encargados de la atención a los venezolanos que ingresaban en territorio del país vecino en busca de refugio, se rodearon de lujos, malversaron los fondos que estaban a su disposición e inflaron las cifras de los militares que supuestamente habían desertado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).  "Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, de licor, de cosas indebidas", expresó Calderón Berti.  A mediados de junio, la Fiscalía colombiana recibió a Calderón Berti, quien entregó la solicitud de investigación, debido a que la inteligencia colombia habría advertido sobre el posible despilfarro desde hacía meses atrás.  REACCIONES DE LOS PARTIDOS.  Las agrupaciones políticas también se manifestaron y sacaron de sus filas a los mencionados en la investigación periodística.  Primero Justicia, una de las primeras agrupaciones políticas en reaccionar, removió de su comisiones y de la fracción parlamentaria a los diputados Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito, y afirmó que continuarían la "investigación a través del tribunal disciplinario del partido".  Voluntad Popular hizo lo propio con Richard Arteaga, Guillermo Luces y Freddy Superlano.  Un Nuevo Tiempo decidió separar de sus cargos dentro de dicha comisión a los diputados Héctor Vargas, Chaim Bucaran y William Barrientos "para facilitar el proceso en curso".  Fracción 16 de Julio: Solo se pronunció José Luis Pirela quien dijo que no pertenecía a la Comisión de Contraloría. "No me van a intimidar con una guerra sucia y un pase de factura. Fuimos a España y a Italia a denunciar a Rafael Ramírez". Cambiemos informó el pasado lunes 11 de noviembre que decidió excluir a los diputados José Antonio España y Adolfo Superlano de las filas de la organización.  El enjambre de acusaciones entre los diputados no cesa y pareciera que cada minuto, en una nueva declaración, se desploma un poco más la credibilidad del autoproclamado "presidente encargado", quien aún no cumple un año en esa función no contemplada en la Constitución venezolana.   Este nuevo escándalo podría comprometer un poco más su posible elección para el periodo siguiente como presidente de la Asamblea o como candidato a las elecciones parlamentarias del venidero año. – Con información de Actualidad RT

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



ALEX SAAB Y CARLOS LIZCANO BUSCABAN LIBRARSE DE ACUSACIONES MEDIANTE VIAJE DE DIPUTADOS VENEZOLANOS A EUROPA



INTERMEDIARIOS DEL PROGRAMA CLAP DE VENEZUELA VINCULADOS A EMPRESAS EN EL LÍBANO. Una investigación de registros públicos a través del sistema Sayari Search descubrió seis empresas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos del programa de alimentos subsidiados (CLAP) del gobierno venezolano.  Según un reporte de Bjorn Kjelstad para sayari.com, para Ninguno de los intermediarios conocidos de CLAP se ha relacionado con actividades delictivas. Sin embargo, su papel en el suministro del programa CLAP de Venezuela, que a su vez se ha asociado con una corrupción generalizada y conocido por suministrar alimentos de baja calidad, genera señales de alerta con respecto a sus operaciones comerciales y la calidad de los alimentos que están suministrando.  Además, el hecho de que estos intermediarios de CLAP parezcan tener vínculos con empresas en el Líbano, que no es un proveedor tradicional de alimentos para Venezuela, plantea dudas con respecto a la transparencia general de sus operaciones. Estos enlaces también plantean preguntas sobre el papel, si es que hay alguno, que las empresas con sede en el Líbano podrían estar desempeñando en el suministro de alimentos a Venezuela a través del programa CLAP.  En abril de 2019, el legislador venezolano Carlos Paparoni reveló que la administración del presidente Nicolás Maduro transfirió más de 52 millones de euros por «costos de operación y suministro» del Banco Venezolano de Desarrollo Económico y Social (Bandes) en Francia a varias empresas con sede en Hong Kong. Estas compañías incluyen Jetsky Trading Limited, Shinning Capital International Limited, Luck Fortune International Trading LTD, Mass Joy Industries Limited y Million Rise Industries Limited.  Las cinco compañías sirven como intermediarias para el programa de alimentos subsidiado por el gobierno de Venezuela.  Destacados medios de comunicación venezolanos también han descubierto otros intermediarios sombríos de CLAP , como FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp, con sede en Panamá, entre otros.  Una investigación de código abierto realizada por analistas de Sayari utilizando la base de datos de registros públicos de Sayari Search reveló seis empresas registradas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos de CLAP. Dado que estas convenciones de nombres de compañías son poco comunes en el Líbano, Sayari cree que las compañías probablemente estén vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá que son intermediarios conocidos para el programa CLAP. ->>Vea más... – Con información de expresa.me

LA LISTA DE LAS POLÉMICAS EMPRESAS EN EL LÍBANO INTERMEDIARIAS DEL CLAP. Una investigación de código abierto realizada por analistas de Sayari utilizando la base de datos de registros públicos de Sayari Search reveló seis empresas registradas en el Líbano con nombres similares a los intermediarios conocidos de CLAP.  Dado que estas convenciones de nombres de compañías son poco comunes en el Líbano, Sayari cree que las compañías probablemente estén vinculadas a varias entidades con sede en Hong Kong y Panamá que son intermediarios conocidos para el programa CLAP.  Los intermediarios conocidos de CLAP en Hong Kong y Panamá incluyen: – MASS JOY INDUSTRIES LIMITED (宏 悅 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 637796)  – MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED (億 升 實業 有限公司; Hong Kong CR No. 2559362)  – JETSKY TRADING LIMITED (捷 佳 行 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2408896)  – LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED (懿德 國際 貿易 有限公司; Hong Kong CR No. 2300962)  – SHINNING CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (溢 皓 國際 有限公司; Hong Kong CR No. 2317173)  Las empresas identificadas registradas en el Líbano son:  – FB FOODS LLC. SA SAL Offshore (número de registro del Líbano: 1809455)  – MASS JOY INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((ماس جوي اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Número de registro del Líbano: 1809775)  – MILLION RISE INDUSTRIES LIMITED SAL (Offshore) ((مليون رايز اندستريز ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809776)  – JETSKY TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((جت سكي ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809779)  – LUCK FORTUNE INTERNATIONAL TRADING LIMITED SAL (Offshore) ((لاك فورتيون انترناشيونال ترايدينغ ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809777)  – SHINNIG CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED SAL (Offshore) ((شاينينغ كابيتال انترناشيونال ليميتد ش م ل (اوف شور; Registro de Líbano No. 1809780) ->>Vea más... – Con información de expresa.me


INVESTIGAN EN LOS ESTADOS UNIDOS A ANTONHY MICALE, HIJO DE PIETRO MICALE, UN «BOLIGARCA» ARRESTADO EN VENEZUELA



DANIEL LARA FARÍAS DENUNCIA EXONERACIÓN DE CARGOS CONTRA ALEX SAAB EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA



MAURO LIBI, OTRO EMPRESARIO EN EL CENTRO DE ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN ENTRE DIPUTADOS VENEZOLANOS



LOS NEGOCIOS DEL EMPRESARIO CARLOS GILL EN ESPAÑA OPACADOS POR SUS VÍNCULOS CON LA CORRUPCIÓN EN VENEZUELA



HERMANA DE «BOLIGARCA» VENEZOLANO ALEJANDRO CEBALLOS REALIZA AVALANCHA DE INVERSIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS



ASÍ DE CONTROVERSIAL ES EL EQUIPO QUE ACOMPAÑÓ A JUAN GUAIDÓ A UNA REUNIÓN CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA EN 2018



DESCONGELAN CUENTAS BANCARIAS EN MÉXICO A EMPRESAS DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO TRAS OBTENER AMPARO. Un año y un amparo de 148 fojas (expediente 1413/2018) bastaron para que el proveedor número uno de despensas de alimentos estatales para Venezuela lograra descongelar en México dos cuentas bancarias que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, había ordenado bloquear por lavado de dinero.  Hace cuatro meses (17 de julio), Santiago Nieto, afuera de Palacio Nacional, en entrevista con medios de comunicación, precisó que el monto de las primeras irregularidades detectadas en la venta de despensas era de más de 150 millones de dólares.  “Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, informó.  En las cuentas bancarias embargadas se incluyeron a Group Grand Limited de Hong Kong, Free Zone Company de Panamá, 4PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada de Colombia; y de México, a las empresas El Sardinero es Servicio, Deshidratados Alimenticios e Industriales y Empresas Bonobox.  Entre los operadores sancionados por la UIF se encuentran los colombianos Alex Naim Saab y su hijo Shadi Naim Saab, Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Andrés Eduardo León Rodríguez y el venezolano Santiago Uzcátegui Pinto.  Esta historia entre la UIF de Santiago Nieto y los proveedores de alimentos para Venezuela comenzó hace un año (3 de octubre de 2018), cuando esta unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó (a través del acuerdo 45/2018) bloquear las cuentas bancarias de las empresas y personas físicas relacionadas con la venta de despensas para el gobierno venezolano e interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).  Dos semanas después (18 de octubre de 2018) del bloqueo de cuentas, la PGR anunciaba, en una conferencia de prensa, que gracias a las investigaciones y a la denuncia interpuesta por la UIF se había logrado desarticular una red que vendía en Venezuela alimentos a sobreprecio y de mala calidad, adquiridos en México, como habían documentado meses atrás el periódico Excélsior y Armando.Info.  Mientras la PGR presumía la desarticulación de la red de despensas y la UIF mantenía casi una veintena de cuentas congeladas; Andrés Orlando León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited, demandaba un amparo (1413/2018) ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para solicitar la liberación de sus dos cuentas bancarias de Scotiabank Inverlat.  Este amparo, solicitado por Andrés Orlando León Rodríguez de Group Grand Limited, se notificó de recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados, el 27 de noviembre de 2018.  Es clave recordar que, a través de esta compañía, se adquirieron millones de despensas en México y llegaron hasta los hogares de la población más pobre en Venezuela.  En marzo de 2017, Group Grand Limited, originalmente estaba registrada en Hong Kong, consiguió un permiso de las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para constituir su filial en México.  Dos meses después del registro de la filial, Santiago Uzcátegui Pinto otorgó el control de la empresa mediante poderes a Andrés Eduardo León Rodríguez y a Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Álvaro Pulido Vargas.  Esta compañía pagó millones de despensas en dólares, efectivo y por adelantado a los proveedores mexicanos, con base en diversas facturas consultadas.  En el acuerdo 45/2018, con el que Santiago Nieto, titular de la UIF, ordenó el bloqueo de las cuentas a las empresas y empresarios vinculados a esta red, se argumentó que Group Grand Limited había registrado operaciones financieras  (del 15 de julio al 4 de septiembre de 2017)  en las que no existía permanencia de los recursos en sus cuentas y que ante la autoridad fiscal había indicado no tener ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, a pesar de haber exportado millones de despensas desde México.  Pero los argumentos de Santiago Nieto y el recurso de Revisión que interpusieron el propio Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el secretario de Hacienda y Crédito Público, al mostrar su inconformidad con la sentencia del amparo a favor del apoderado legal de Group Grand Limited, fueron insuficientes para mantener bloqueadas las cuentas bancarias de Andrés Eduardo León Rodríguez.  Los jueces resolvieron que debían descongelarse las cuentas de León Rodríguez, porque el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito con el que se valió la UIF para ordenar el bloqueo, sólo procede en acuerdos comerciales representados por el Estado mexicano y en el caso de las despensas CLAP, fueron negociaciones entre empresas particulares.  El 11 de noviembre de 2019, en un oficio, la Dirección General de la UIF, informó haber acatado la sentencia de amparo y haber desbloqueado las cuentas correspondientes a Andrés Eduardo León Rodríguez.  MOMENTOS RELEVANTES.  Éstos son algunos puntos determinantes en la historia de las despensas de Venezuela.  3 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  Designan a Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  3 Y 5 DE OCTUBRE DE 2018.  Santiago Nieto, titular de la UIF, solicita llevar a cabo el bloqueo de las cuentas, a través del acuerdo 45/2018, por considerar que se están llevando a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro del sistema financiero nacional.  18 DE OCTUBRE 2018.  La entonces PGR desarticula la red que vendía alimentos a sobreprecio en Venezuela, luego de que la UIF interpusiera la denuncia.  27 DE NOVIEMBRE DE 2018.  Andrés León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited, demanda un amparo (número de expediente 1413/2018) para que se desbloqueen dos cuentas asociadas a  Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.  7 DE FEBRERO DE 2019.  La juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México pronunció sentencia sobre el determinó “amparar y proteger a la parte quejosa (Andrés León Rodríguez, apoderado legal de Group Grand Limited).  20 DE MARZO DE 2019.  Inconformes con la sentencia del amparo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión, expediente RA-116/2019.  11 DE NOVIEMBRE DE 2019.  Andrés León Rodríguez obtiene el amparo y la Dirección General de la UIF envía un oficio, donde manifiesta haber cumplimentado la sentencia de amparo, por lo que se desbloquearon las cuentas correspondientes de los quejosos.  - Con información de Agencias - CLAUDIA SOLERA Y ROBERTO DENIZ, DE ARMANDO.INFO

LAS DURAS EXPRESIONES EN LAS REDES CONTRA EL ABOGADO VENEZOLANO JOSÉ GABRIEL IZAGUIRRE



LOS EXTRAÑOS NEGOCIOS DE LA AEROLÍNEA PLUS ULTRA Y CAMILO IBRAHIM EN VENEZUELA Y LAS SOSPECHAS DE SU NEXO CON LA CORRUPCIÓN



ASAMBLEA NACIONAL DENUNCIÓ MALVERSACIÓN DE FONDOS EN LA COMPAÑÍA VENEZOLANA MONÓMEROS. La comisión de Gestión de Activos de la Asamblea Nacional, confirmó que la empresa de fertilizantes en Barranquilla colombo-venezolana Monómeros fue desbancada a través de la venta y alquiler de recursos de manera irregular.  En un comunicado, la comisión aseguró que no hubo ningún tipo de control en los contratos realizados, incluso comprobaron que la compañía fue encontrada “malgastada y debilitada financieramente a causa de contratos millonarios asignados sin licitación alguna”, lo cual demostraría el saqueo sobre su patrimonio.  Asimismo, explicaron que la empresa perdió las relaciones con las entidades bancarias, las líneas de crédito y estaba “imposibilitada para operar con normalidad”.  El mismo documento que fue difundido por el Centro de Comunicación Nacional estima que “el año 2020 sea un año absolutamente ganador para esta empresa que merece brillar con fuerza por Colombia y por Venezuela”.  Cabe destacar que, en septiembre el Gobierno de Maduro denunció que el equipo de Juan Guaidó saqueó los recursos de Monómeros, tras la operación de “protección de activos” que inició desde la Asamblea Nacional.  “Hacemos un llamado a la comunidad internacional, para de una vez por todas desenmascarar al ciudadano Juan Guaidó y a esta banda de criminales que se ha dedicado a saquear los ingresos y los recursos que pertenecen al pueblo de venezolano”, dijo Manuel Quevedo, ministro de Petróleo. – Con información de NTN24



PESE A SANCIONES DE EE.UU., EMPRESARIOS ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO MANTIENEN NEGOCIOS EN VENEZUELA.  Bajo nuevas marcas de alimentos, pero con viejos aliados, empresarios colombianos continúan su negocio de venta de despensas al gobierno de Venezuela.  A Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas no les pesan las sanciones que en julio les impuso el Departamento del Tesoro de EU. Tampoco que un tribunal de Florida los acuse de lavado. Desde 2016 ambos lograron millonarios contratos para suministrar los alimentos que se reparten a los venezolanos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).  Su empresa Group Grand Limited compraba mercancía en México para luego enviarla a Venezuela, lo que les dejaba enormes ganancias al actuar como intermediarios.  Esto fue el comienzo de una operación que le ha dado la vuelta al mundo, pues también han usado compañías inscritas en Emiratos Árabes y Turquía para comprar alimentos y así eludir la lupa de los gobiernos que los investigan, como EU, Colombia y México.  Recientemente, a los hogares más pobres en Venezuela llegaron cajas CLAP con lentejas y frijoles de la marca Renaciente. Los alimentos fueron empacados por 4PL Industrial S.A.S., firma colombiana que conecta a la vasta red de Saab y Pulido en la que están dos empresarios connacionales suyos: Carlos Lizcano Manrique y Jorge Andrés Saavedra Bedoya.  El primero es propietario en Venezuela de Salva Foods 2015, responsable de las Tiendas CLAP. El segundo está detrás de 4PL Industrial, identificada por autoridades colombianas como parte de la red de Saab en ese país.  Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transacciones entre 4PL Industrial y las mexicanas Rice & Beans y Grupo Brandon, proveedoras de granos y leche en polvo usadas para el programa venezolano. Luego de comprar los alimentos, la empresa los envía a Cartagena, Colombia, para aprovechar su zona franca y de ahí van a puertos venezolanos. - Con información de vanguardia.com.mx

TRAQUEO REVOLUCIONARIO: MAGNATE VENEZOLANO ALEJANDRO CEBALLOS LE ECHA UNA MANO A LÁZARO BÁEZ EN LA RUTA DE CORRUPCIÓN DEL DINERO K



INTERNACIONALES

(NAMIBIA) ACOSO A LA PRENSA POR ABORDAR LA CORRUPCIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE LAS CUOTAS DE PESCA EN EL PAÍS. RSF manifiesta su preocupación por los ataques verbales contra periodistas durante la campaña electoral de Namibia y condena a la agencia de prensa estatal por cancelar la colaboración con el periodista Vita Ángula.  Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la oleada de ataques verbales contra periodistas en Namibia por parte de funcionarios del gobierno en el período previo a las elecciones del 27 de noviembre, así como la decisión de la agencia de prensa estatal de Namibia de cancelar repentinamente el contrato del periodista independiente Vita Angula después de participar en un debate televisivo sobre corrupción.  Tras la participación de Angula un panel de debate en el canal de televisión One Africa sobre el llamado escándalo "fishrot", centrado en la presunta corrupción en la asignación de las cuotas de pesca de Namibia, la agencia de noticias tachó de "altamente controvertida" la posición del periodista y aseguró que comprometía su postura editorial y su reputación.  Este escándalo ha dominado la campaña en las elecciones presidenciales y nacionales que se celebraron el 28 de noviembre. La pesca es la segunda industria más grande de Namibia después de la minería y los documentos proporcionados por WikiLeaks al periódico más importante del país, The Namibian, así como a los medios de comunicación internacionales, indican que los ministros aceptaron sobornos a cambio de otorgar acceso a los caladeros del país. Dos ministros han renunciado y uno de ellos ha sido detenido. Funcionarios del gobierno han reaccionado atacando a los medios. Hace unos días, la oficina del presidente emitió una declaración acusando a los periodistas de tratar de "empañar" la imagen del presidente y emprender una campaña de desinformación con el objetivo de influir en los votantes.  Anteriormente, a principios de mes, el ministro de Comercio, Tjekero Tweya, comparó a los periodistas con "moscas" que "envenenaban" a la población con información falsa.  "Esta serie de ataques contra periodistas constituye un duro golpe para la imagen de Namibia, país africano en las mejores posiciones de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF", afirma Arnaud Froger, director del departamento de de RSF para África. “Al cubrir el tema de la corrupción, los periodistas están haciendo su trabajo y contribuyendo al buen gobierno. Pedimos a las autoridades que pongan fin a estos ataques verbales, que están socavando la democracia del país. También condenamos firmemente la decisión de la Agencia de Prensa de Namibia de sancionar a un periodista que lo único que ha hecho es expresar una opiniòn que además está bien respaldada por los hechos".  Namibia ocupa el puesto 23 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org

(REINO UNIDO) IRÁN | EL EMBAJADOR IRANÍ EN EL REINO UNIDO AMENAZA A PERIODISTAS Y MEDIOS IRANÍES. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena la persecución y amenazas de la agencia de inteligencia iraní contra periodistas iraníes con sede en el extranjero, especialmente en Gran Bretaña y contra sus familiares que aún residen en Irán. RSF condena el papel desempeñado por el embajador iraní en Londres al reproducir estas amenazas.  Las amenazas están dirigidas a periodistas iraníes que trabajan para medios internacionales como la BBC, Voice of America y Radio Farda (Radio Free Europe) y medios privados iranìes en el exilio, como los canales de televisión Iran International y Manoto y la web de noticias Kayhan London. En paralelo los servicios de inteligencia y la guardia revolucionaria citan y amenazan a sus familiares en Irán.  Según la información recopilada por RSF, las amenazas contra periodistas iraníes con sede en el extranjero toman a menudo la forma de ataques en internet, insultos e intimidación, principalmente en las redes sociales.  El actual embajador de la República Islámica en Londres, Hamid Baeidinejad, ex director de asuntos políticos y seguridad internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, lleva amenazando a estos medios y periodistas en Twitter desde que asumió el cargo.  Protegido por la inmunidad diplomática, el embajador repite las acusaciones de los servicios de inteligencia iraníes y utiliza su misma misma retórica, acusando a los periodistas de ser "agentes y mercenarios de servicios extranjeros, pagados por los enemigos del país y actuando en contra del interés nacional".  Llegó a publicar un video en Twitter sobre un reportero de la BBC que cubría una manifestación de iraníes frente a la embajada iraní en Londres y a afirmar que estaba hablando con un grupo terrorista. Los vídeos y sus acusaciones siempre están en persa, nunca en inglés.  Dos días después de la desconexión de Internet en Irán para restringir el flujo de información sobre la represión del régimen contra una oleada de protestas, el embajador reiteró sus amenazas contra los periodistas iraníes con sede en el extranjero en otro tuit acusador: "El pueblo iraní nunca olvidará estos días en que canales de televisión enemigos como la BBC, VOA, Manoto e Irán Internacional, subvencionados por el dinero de gobiernos extranjeros y el grupo Pahlavi, han puesto a Irán en peligro retratando a los manifestantes, que son asesinos e incendiarios, como disidentes políticos”. Pahlavi es el nombre del antiguo shah de la familia de Irán.  El mismo día en que se publicó este tuit, los padres de varios periodistas con sede en el extranjero fueron convocados y amenazados por agentes del ministerio de Inteligencia. “ Diles a tus hijos que dejen de trabajar para los canales de televisión enemigos. Será mejor para ellos y para ti", les vinieron a decir.  Durante años, los periodistas iraníes han recibido largas condenas de cárcel por " colaborar con los medios enemigos" y espiar. RSF tiene cifrados al menos 25 casos de familias de periodistas que han sido convocados y amenazados, generalmente por agentes del ministerio de Inteligencia, desde principios de año.  La mayoría de estos periodistas prefieren no ser nombrados por temor a provocar más sufrir más acosos. Muy pocos se atreven a referirse abiertamente a tal persecución, como lo hizo Farnaz Ghazizadeh, periodista de la BBC, en este tweet el 23 de noviembre: "Mi padre de 73 años ha sido convocado e interrogado por las autoridades iraníes porque mi hermana y yo trabajamos en medios de comunicación fuera de Iràn. Nuestras familias están bajo presión sólo porque somos periodistas".  Mientras tanto, el embajador iraní en Londres anunció en un tuit el 22 de noviembre que su embajada ha presentado una queja ante la Oficina de Comunicaciones (Ofcom), el regulador de medios de comunicación del Reino Unido, acusando a la BBC , Manoto e Irán Internacional de llevar a cabo una "cobertura distorsionada de eventos en Irán e incitar a la violencia masiva contra las instituciones estatales".  "Amenazar a los ciudadanos, y en particular a los periodistas y a medios de comunicación de un país, no son parte de las atribuciones de un embajador", afirma RSF. "Las autoridades británicas deberían vigilar estas actividades, que representan una amenaza para la libertad de prensa y un peligro para los periodistas", añade la organización.  Irán ocupa el puesto 170 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

(BIELORRUSIA) LAS AUTORIDADES DETIENEN AL CONOCIDO PERIODISTA VLADIMIR CHUDENTSOV Y LE ACUSAN DE POSESIÓN DE DROGAS. Reporteros Sin Fronteras cuestiona las circunstancias de la detención del conocido periodista bielorruso Vladimir Chudentsov, reciente colaborador de un documental crítico con el Presidente Lukashenko.  Chudentsov fue detenido por la oficina de aduana y acusado de posesión de drogas cuando se disponía a cruzar la frontera con Polonia en tren.  Los oficiales de la aduana aseguran haber encontrado en su ropa 0.87 gramos de cannabis. La policía registró su domicilio ese mismo día y aseguró también haber encontrado droga en él.  Según el abogado de este editor de la agencia de noticias independiente by24.org, los análisis de sangre que le realizaron mostraban que no había consumido nada. Chudentsov está actualmente en prisión provisional y se enfrenta a una posible condena a dos años de cárcel bajo el artículo 328 del código penal por posesión y transporte de drogas. Hasta la fecha no se ha fijado el día del juicio.  "Las circunstancias de la detención de Chudentsov hacen preguntarse por los motivos del registro de los oficiales de aduanas, que raramente registran a los pasajeros cuando dejan el país", afirma la oficina de Europa del Este y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras.  "Además, resulta extraño que un periodista conocido por su prudencia lleve drogas encima, especialmente conociendo la terrible legislación bielorrusa sobre la posesión de drogas. Si estamos ante un caso fabricado, el uso de estos métodos contra un periodista supondría una desconcertante escalada en la supresión de la libertad de información en el país".  Chudentsov trabajó para medios estatales antes de 2013, cuando lanzó la web by24.org, un espacio de noticias crítico, tanto con el Presidente Lukashenko como con su contrparte rusa, Vladimir Putin.  Recientemente ha colaborado con el bloguero Stsiapan Svyatlu, también conocido como NEXTA, en la elaboración de un documental crítico con Lukashenko, reproducido en Youtube más de 1.8 millones de veces. NEXTA ha publicado un vídeo apoyando a Chudentsov tras su detención.  El 8 de noviembre el bloguero organizó un evento en Minsk con el canal alemán ARD. El equipo alemán estuvo más de dos horas detenido por la policía para evitar que filmaran.  Bielorrusia ocupa el puesto 153 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org

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