miércoles, 4 de noviembre de 2020

Mauro Libi, otro empresario en el centro de acusaciones de corrupción entre diputados venezolanos

La Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela(AN) continúa dando de qué hablar. El 4 de diciembre de 2019, uno de los expresidentes de esa instancia se pronunció, al ser señalado de emitir una carta de “buena conducta” al empresario venezolano de origen italiano Mauro Libi, dueño del Grupo Libi.El señalamiento lo hizo el diputado José Brito (del partido Primero Justicia), uno de los ocho parlamentarios de la Comisión de Contraloría señalados por el portal Armando.Info de estar involucrado en una trama para favorecer a empresarios vinculados a corrupción con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según un reporte de Luisa Quintero para la web talcualdigital.com, Brito, en una rueda de prensa el 2 de diciembre, señaló a su colega Freddy Guevara –del partido Voluntad Popular- y a Juan Guaidó, actual presidente de la AN, de emitir certificaciones a favor del empresario Mauro Libi cuando presidieron Contraloría en 2017 y 2018, respectivamente.

Mauro Libi ciertamente no es un nombre nuevo dentro del Poder Legislativo en Venezuela. Fue mencionado por primera vez en la plenaria de la Asamblea Nacional el 18 de agosto de 2016 por el diputado Julio Montoya (Primero Justicia), por presuntos hechos de corrupción con la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) al otorgársele divisas preferenciales a las empresas importadoras de alimentos que representa.

Esa denuncia fue pasada a la Comisión de Contraloría, donde el diputado Montoya reiteró su acusación e incluyó algunos detalles como la presencia de empresas fantasma relacionadas directamente con Libi, director de Banplus para ese entonces.

Según la denuncia de Montoya, seis empresas relacionadas con el empresario obtuvieron o usaron de forma indebida 581 millones de dólares a tasa preferencial entre 2004 y 2012. Una de estas empresas relacionadas con Libi, Inversiones 4528 C.A, era investigada por el Ministerio Público, y ninguna cotizaba en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Según consta en documentos que hizo de dominio público el diputado Guevara, en respuesta a los señalamientos de Brito, el empresario ese mismo día materializó su deseo de comparecer ante la Comisión de Contraloría, que lo interpeló el 5 de octubre.

Para el 15 de noviembre, sus representantes legales entregaron unos documentos solicitados por los diputados de la Subcomisión Sectorial para el Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, que en 2016 era presidida por Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela – Carabobo).

Ese mes se entregó el informe final, donde se concluyó que no hubo daños patrimoniales al Estado por medio de un otorgamiento irregular de divisas, debido a que solo cuatro empresas –de las seis señaladas- pertenecen al Grupo Libi. Ese conjunto de empresas recibieron poco más de 50 millones de dólares que fueron invertidos para la adquisición e importación de avena y trigo, según la documentación entregada por los abogados del empresario.

Sobre la denuncia de no cotización ante el Seguro Social, la Comisión constató que las cuatro empresas del Grupo Libi tenían la documentación necesaria, constatado a través de la página web del ente público. Por tanto, se determinó cerrar la denuncia al no haber pruebas que permitieran continuar con la investigación.

Fuente: Con información de expresa.me

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