Expertos creen que supuesto soborno a diputados afecta apoyo a Guaidó

No les piden que voten por el chavismo ni que salten la talanquera. El partido político opositor Voluntad Popular (VP) ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro lleva adelante una operación para “comprar” a diputados y así torcer la voluntad de la mayoría: reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional (AN) en enero de 2020. Aunque no se ha develado quiénes recibieron dinero, la organización política asegura haber confirmado que a un parlamentario le ofrecieron un millón de dólares.
La raíz de la Operación Alacrán, como le ha llamado VP, está en el supuesto encubrimiento de la Comisión de Contraloría de la AN a empresarios colombianos que han sido sancionados e investigados internacionalmente por participar en la corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En una investigación del portal Armando.info, se señala que 11 diputados han firmado cartas de buena conducta a favor de Carlos Lizcano, dueño de la empresa Salva Foods y miembro de la red de Alex Saab.

“Los diputados que participan en esta operación son los mismos que han tocado para que voten el 5 de enero de 2020 por otro candidato que no sea Guaidó. Les han hecho una oferta inteligente, no les están pidiendo que voten por el chavismo ni que salten la talanquera, sino que elijan a otro candidato opositor”, aseguró el dirigente de VP, Yon Goicochea.

Según el trabajo periodístico, en este encubrimiento participaron Freddy Superlano (presidente de la comisión), Conrado Pérez (vicepresidente de esa instancia), José Brito, Adolfo Superlano, Guillermo Luces, Héctor Vargas, Richard Arteaga, Chaím Bucarán. William Barrientos también aparece señalado, pero en uno de los documentos no aparece su firma. José Luis Pirela fue nombrado también por el periodista que realizó la investigación, por haber participado en un viaje a Europa -que habría costeado la trama de Saab en mayo de este año-, cuyo objetivo era solicitar una investigación contra el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. No obstante, Pirela, que pertenece a la subcomisión de Antidrogas, antiterrorismo y delincuencia organizada, argumentó que acudió a ese viaje para denunciar al exfuncionario y no tiene nada que ver con las indulgencias que se habrían dado a los empresarios.

A quien señalan como el principal promotor de estas actuaciones no está en la Comisión de Contraloría, sino en la de Ambiente. Se trata del diputado Luis Parra, quien tendría una estrecha relación con Lizcano, hasta el punto de que un amigo muy cercano al diputado, dueño de un local de granos en el estado Yaracuy, habría cobrado 120 millones de bolívares a Salva Foods por 30 toneladas de “carne en canal” y emitió una factura por casi 500 mil euros a nombre de la misma compañía, de la cual es dueña Lizcano.

Parra sería quien preparó el terreno e hizo el lobby para que los parlamentarios de la Comisión de Contraloría consignaran en octubre de este año ante la Fiscalía de Colombia un documento en el que avalan que Lizcano y su compañía, que también está relacionada con los CLAP, no ha cometido delitos. Esto, de acuerdo con la investigación, persigue un propósito fundamental: evitar investigaciones y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancione, como ya lo hizo con Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado 29 de julio.

En esta carta específicamente no está la firma de Superlano, quien se encuentra en el exilio debido a la persecución del Gobierno. Pero sí lo hace Pérez, quien quedó a cargo de la comisión, Arteaga y Bucarán, así como Brito y Adolfo Superlano. Estos últimos se habrían encargado de consignar la carta ante el organismo colombiano en octubre de este año.

Donde sí aparece el aval de Superlano es en una resolución de la comisión, de fecha 1° de agosto de 2018, en la que decide cerrar una investigación a Alex Saab por no “poseer pruebas suficientes que lo involucren en actividades ilegales”. También se indica haber comprobado que no tenía vínculos con Maduro.

Suspensión en los partidos

Al publicarse el reportaje el domingo 1° de diciembre en la madrugada, comenzaron las reacciones y acciones de los partidos políticos. Primero Justicia (PJ) fue el primero en separar a sus diputados de las comisiones y de la fracción parlamentaria. A Parra de la Comisión de Ambiente, a Brito y a Pérez de la de Contraloría. Además, anunciaron el inicio de una investigación por parte del tribunal disciplinario del partido para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Voluntad Popular repitió el esquema. Removió de la comisión y suspendió a Luces y Arteaga, dejando claro que el presidente de esta instancia legislativa, Freddy Superlano, ya había renunciado a su cargo la noche anterior para solicitar una investigación.

El tercero en pronunciarse fue Un Nuevo Tiempo (UNT). Separaron a Vargas, quien perteneció a Avanzada Progresista hasta hace unos meses, así como a Bucarán y a Barrientos. Los tres estarán sometidos a una investigación que realizará la comisión de ética del partido.

Y Cambiemos, que recientemente expulsó de sus filas a Adolfo Superlano, solicitó allanar la inmunidad parlamentaria de los 11 diputados.

UNT planteó la reestructuración de la Comisión de Contraloría, lo cual fue acogido por Guaidó, quien anunció la decisión el mismo domingo en horas de la tarde. Además, informó sobre el comienzo de una investigación contra todos los diputados, que será realizada por organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y medios independientes.

“Se suspenderá a los diputados involucrados en estas acusaciones de todas las responsabilidades en el parlamento nacional”, agregó Guaidó.

No obstante, la figura de suspensión de un diputado no está prevista en el Reglamento Interior y de Debates. Lo que procedería en ese caso es una investigación que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en el caso que hubiese. Allí, correspondería entonces que el parlamento debata sobre el allanamiento de la inmunidad de los supuestos culpables, como está previsto en el artículo 200 de la Constitución.

De acuerdo con este procedimiento, el Tribunal Supremo de Justicia es el encargado de detenerlos y enjuiciarlos, previa autorización de la AN. Sin embargo, ni la oposición ni el parlamento reconocen al máximo juzgado del país.

Liderazgo afectado

A juicio de expertos consultados por El Tiempo, con el caso del presunto soborno a diputados podría verse afectado el liderazgo y apoyo a Guaidó,

El politólogo Luis Salamanca sostiene que desde que Guaidó se juramentó como jefe de la AN, el presidente Nicolás Maduro ha intentado sacarlo del camino. Y este supuesto encubrimiento a corruptos podría tener relación con el objetivo del Gobierno.

“Fácilmente pueden mandar emisarios para ver si pueden meter en negocios turbios a opositores que son débiles desde el punto de vista moral”, opina Salamanca.

El profesor universitario considera que Guaidó  debe estar al frente de la investigación que determine las responsabilidades. Considera que esta situación afecta el liderazgo, pero su reto es esclarecer lo ocurrido.

“Además de reconfigurar su mensaje, Guaidó debe deslindarse de lo ocurrido. Esto impactaría su legitimidad y popularidad”.

El también politólogo Fernando Spiritto sostiene que el escándalo pone en riesgo el capital político de Guaidó, quien el 23 de enero se juramentó como presidente encargado.

“Al problema de la disminución del liderazgo de Guaidó se une este problema de la corrupción y el creciente descontento en la oposición porque no hay avances ni los cambios que se esperaban a partir del mantra Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

El analista señala que alrededor de Guaidó y de su liderazgo se han tejido diferentes tipos de redes. “Cuando esto ocurre las situaciones de corrupción son una posibilidad, hay grupos que están tentados a buscar rentas y beneficios, especialmente están tentados por intereses poderosos. El reto de Guaidó es responder de manera clara a la opinión pública sobre los hechos y castigar para evitar que se repitan estos presuntos hechos ilícitos”.

Asimismo, Spiritto cree que el presidente de la AN debe cambiar urgentemente de estrategia política porque de no atajar la situación oportunamente, el resultado en 2020 será un parlamento rojo-rojito, con lo cual se reeditaría el escenario del Poder Legislativo de 2005. Pero además se perdería el respaldo internacional a la lucha democrática encabezada por él y que este año sumó el respaldo de más de 50 países.

De acuerdo con un estudio de Hercon Consultores, publicado en noviembre, el líder de la oposición cuenta con 57% de confianza. A juicio de su director, Marcos Hernández, Guaidó debe también reconfigurar su mensaje para recuperar el capital político que tenía a inicios de 2019.

Fuente: Con información de Sammy Paola Martínez - eltiempo.com.ve