EL INCIERTO DESTINO DE CITGO: LAS CONTRADICCIONES DEL CASO. El futuro de CITGO Petroleum Corporation se debate en diversos escenarios, jurídicos y políticos, uno de ellos los tribunales federales de los Estados Unidos, donde las decisiones que se adopten finalmente serán determinantes para establecer en manos de quién quedará el activo de mayor valor del estado venezolano en el extranjero.
En toda esta trama en la que intervienen dos gobiernos de una misma nación, empresas y acreedores que reclaman el pago de deudas contraídas por Venezuela o que son consecuencia de la medida de expropiación que en 2011 dictó el entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez Frías, contra Crystallex International Corp., minera canadiense que estaba al frente —desde 2002— del proyecto Las Cristinas. Particularmente un accionar ha tenido especial repercusión, el del Procurador Especial designado por el gobierno interino de Venezuela a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a saber, José Ignacio Hernández, acusado desde las instancias oficialistas de traición a la patria y de haber actuado en favor de los intereses de la minera canadiense en lugar de los de la república de la que ahora es defensor.
EL PAPEL DEL PROCURADOR DE GUAIDÓ. José Ignacio Hernández ha jugado un papel fundamental en este asunto al ser quien ahora defiende los intereses de Venezuela y es reconocido como tal por el gobierno de Estados Unidos, pues aparte de este papel que ahora desempeña, declaró como testigo experto convocado por Crystallex en 2017, es decir, poco más de un año previo a su nombramiento como representante legal de la nación. Ante la corte el entonces testigo experto contratado por Crystallex refirió que el gobierno venezolano había utilizado a CITGO como una herramienta política, una declaración que sustentó la tesis planteada por los abogados de la minera canadiense ante el tribunal para determinar que la filial de PDVSA en los Estados Unidos es un “alter ego” del gobierno venezolano y, por tanto, puede usarse para resarcir a Crystallex en el litigio con Venezuela. Hernández fue contratado por la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP que representaba a Crystallex para que, en calidad de experto, proporcionara un informe en relación con la moción de la minera para una orden judicial preliminar contra PDV Holding Inc. El procurador designado por Guaidó sostuvo frente al juez que era de su conocimiento que "esa moción era parte de una disputa más amplia en la que Crystallex alegaba que PDVH, Petróleos de Venezuela S.A. y Citgo Holding Inc. ejecutaron una serie de transacciones en un intento de obstaculizar y retrasar a los acreedores como Crystallex.
¿QUÉ DECLARÓ HERNÁNDEZ ANTE LA CORTE? Pero veamos en detalle lo expresado por Hernández ante la Corte Federal de los Estados Unidos. Un documento público del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware relacionado con el caso N° 15-1082-LPS —Crystallex International Corp. (demandante) contra PDV Holding Inc. y Petróleos de Venezuela S.A. (demandados)— en el que José Ignacio Hernández intervino el 10 de abril de 2017 como Testigo Experto convocado por la empresa minera canadiense, establece que este declaró bajo pena de perjurio que, en materia de derecho, PDVSA es un brazo del gobierno venezolano. Hernández refirió que en el contexto de la disputa entre Crystallex, PDV Holding Inc. y PDVSA se le solicitó su opinión sobre la relación entre la empresa petrolera venezolana y la República Bolivariana de Venezuela bajo los parámetros de la ley venezolana, específicamente se le pidió su consideración acerca de si PDVSA opera como una entidad separada del gobierno venezolano. Explicó que para emitir su criterio revisó la constitución venezolana, los actos jurídicos, los documentos oficiales del gobierno, las decisiones de los tribunales y las opiniones de los académicos sobre la relación entre ambos. Comenzó su exposición haciendo referencia a que PDVSA fue creada a raíz de la nacionalización de la industria petrolera ocurrida en 1975, como empresa propiedad del estado venezolano. La Ley Orgánica que Reserva la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización, entró en vigencia en 1976 y establecía que todas las actividades de hidrocarburos, incluido el petróleo, estaban reservadas al Estado y en consecuencia, sólo a este —el Estado— se le permitió realizar tales actividades. Hernández refirió que en razón del artículo 6 de la Ley de nacionalización, se estipulaba que el Ejecutivo nacional estaba a cargo de la gestión y el funcionamiento de las actividades reservadas a través de empresas estatales, las cuales se rigen por la citada ley y sus reglamentos, por sus propios estatutos, por los reglamentos del Ejecutivo nacional y por el Derecho privado. Citó el informe de la "Comisión Presidencial para la Inversión del Petróleo" el cual (1974) concluyó que "[para] conducir la industria petrolera nacionalizada y ajustarla al interés más alto del país, es necesario crear la Administración Nacional del petróleo”. Esta Administración Nacional de Petróleo, según lo expuesto por José Ignacio Hernández ante la Corte del Distrito de Delaware, se concibió como un grupo de empresas estatales con autonomía técnica en la ejecución de operaciones petroleras, pero bajo el control total del Gobierno Nacional. “Por lo tanto, mientras que todas las empresas estatales están bajo el ‘control de tutela’ del Gobierno Nacional, el control del Ejecutivo sobre PDVSA es único y más directo. PDVSA es considerada una empresa estatal de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP). Según el LOAP, aunque PDVSA tiene su propia personalidad jurídica, sus actividades están controladas por el Poder Ejecutivo Nacional”. Hernández refirió que la Ley de Nacionalización de 1975 fue derogada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, y luego reformada en 2006, estableciéndose que las "actividades primarias" de los hidrocarburos (exploración y explotación) se llevaran a cabo a través de PDVSA y sus filiales. Hizo mención también al Decreto N° 3299 que confirma que si bien PDVSA tiene el mandato de realizar las "actividades primarias" del gobierno, "cumplirá y alcanzará las políticas de hidrocarburos dictadas por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Minería y Energía". “Más específicamente, PDVSA actúa bajo la supervisión directa de la Vicepresidencia de Economía del Sector (que coordina todas las actividades relacionadas con el petróleo y la minería) y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. El papel de PDVSA se limita a la ejecución técnica de las políticas petroleras adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente a través de la Vicepresidencia de Economía y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo”, manifestó. Igualmente, José Ignacio Hernández citó ante la Corte de Delaware, que la Constitución venezolana sostiene que PDVSA es una entidad estatal venezolana y que su papel como tal es el de ser responsable de la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto, esgrimió, está ratificado en el artículo 303 de la Constitución venezolana el cual establece que "por razones de soberanía económica y política y estrategia nacional, el Estado retendrá todas las acciones de [PDVSA]". Igualmente se remitió al dictamen de la Corte Suprema de Venezuela que determinó que "aunque [PDVSA] es una empresa constituida y organizada como una entidad comercial, es indudable, como se afirma en la Constitución, que la empresa forma parte de la estructura general de la Administración Pública Nacional. La Corte Suprema ha considerado que las actividades de PDVSA juegan un papel fundamental en la economía nacional y que PDVSA tiene todos los privilegios de la República. Esto significa que PDVSA y sus filiales son equivalentes a las agencias administrativas del Gobierno”. Hernández expuso que el ya referido Decreto N° 3.299 estipula la estructura corporativa de PDVSA, la cual está organizada como una sociedad de cartera estatal, teniendo los funcionarios del gobierno, control sobre sus operaciones comerciales diarias. Subrayó que este Decreto indica que la máxima autoridad de PDVSA es la asamblea y en razón de que Venezuela es el único accionista, dicha asamblea está representada por el Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela. “PDVSA está representada por un Consejo de Administración designado por Decreto Presidencial (Cláusulas 16, 17) (…) El Presidente de PDVSA administra la empresa y es su representante legal (Cláusula 33). PDVSA también tiene vicepresidentes (Cláusula 35) y un Consejo de Accionistas, que también son designados por Decreto Presidencial (Cláusula 38)”. Seguidamente, recordó que el gobierno también aprueba decretos y resoluciones cuando lo desee, para ordenar a PDVSA que realice ciertas actividades para lograr sus objetivos. Agregó que el gobierno también ha dirigido a PDVSA y sus afiliados a lograr sus objetivos de expropiación y mencionó que de acuerdo a varios comentaristas expertos, PDVSA y sus filiales se consideran una empresa estatal de naturaleza única porque actuarán bajo las políticas del Gobierno Nacional. José Ignacio Hernández, durante su exposición ante la Corte de Delaware manifestó que a su juicio PDVSA es una herramienta política del gobierno venezolano y para ello se sustentó en el aumento de control que el Ejecutivo venezolano incrementó sobre la empresa petrolera a partir del año 2002 cuando comenzó el gobierno a referirse a ella como la “Nueva PDVSA”. “La principal consecuencia de esta transformación fue que el Gobierno aumentó su control político sobre PDVSA y sus afiliados. La naturaleza técnica de esas compañías fue reemplazada por un papel político bajo el modelo socialista”. Y agregó: “(…) el Gobierno ahora controla los recursos petroleros del Estado, a través de PDVSA, mucho más íntimamente que antes. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, varios ministros del gobierno son miembros de las juntas directivas de PDVSA. Durante mucho tiempo, el Presidente de PDVSA también fue el Ministro a cargo del sector petrolero. Esto permite al Gobierno controlar el funcionamiento diario de PDVSA”. Hernández también mencionó el “Plan de Siembra Petrolera” implementado por el gobierno, el cual le asigna objetivos políticos a la empresa de acuerdo a su planificación socialista con el fin de satisfacer las necesidades colectivas bajo el control del Gobierno. Fue así como PDVSA asumió actividades económicas diferentes de sus "actividades primarias". En tal sentido citó el Informe Anual de Gestión 2012, que rezaba: “En el contexto del proceso de transformación de la Nueva PDVSA, la Compañía ha promovido el fortalecimiento del nuevo modelo socioeconómico, a través de la creación de los llamados ‘afiliados no petroleros’. Estos afiliados han sido la piedra angular de la construcción del nuevo modelo de negocio socialista que apoya el proceso de transformación y cambio de la infraestructura productiva nacional”. Igualmente expuso que “El Gobierno también aumentó su control sobre los ingresos de PDVSA a través de fondos extrapresupuestarios que se administraron bajo las decisiones discrecionales de la Presidente, como el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN). Especialmente, PDVSA apoyó los programas sociales del Gobierno Nacional, llamados ‘misiones’, en actividades como alimentación y vivienda”. Hernández también dijo que el gobierno utiliza a PDVSA como un instrumento para cumplir acuerdos internacionales, tal es el caso de Petrocaribe. También el gobierno impone a PDVSA el deber de proporcionar petróleo a China para cubrir sus obligaciones de deuda. Concluyó José Ignacio Hernández ante la Corte de Delaware que “el Gobierno ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a la conducta de PDVSA a alinearse con sus objetivos sociales y políticos. Del mismo modo, utiliza PDVSA como herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. PDVSA, a su vez, debe cumplir con estas obligaciones que le dicta el Gobierno”.
->>Vea más… – Con información de Maibort Petit - eltiempolatino.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
ADRIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CEREBRO DE LA FUGA DE ORO VENEZOLANO QUE AHORA LLEGARÍA A GHANA
SEÑALAN A DIPUTADOS OPOSITORES DE RECIBIR CONTRATO MILLONARIO EN PDVSA. De un lector: Los contacto para denunciar a los pseudo opositores Juan José Moreno Araujo (Primero Justicia) y Luis Carlos Padilla Villalba (AD). Estos señores están recibiendo prebendas del gobierno nacional a través de PDVSA. Les acaban de asignar un contrato de mantenimiento de tuberías por un valor cercano a los US$ 5mm. Además están metidos hasta los tuétanos en los nombramientos que hace la AN de un gobierno paralelo. Si hurgan un poquito en el pasado de ambos encontrarán cosas interesantes. Saludos, de un venezolano cansado. -
C.M.P.
VICEPRESIDENTA DEL BOD DESTITUIDA HABÍA SALIDO DE OTROS BANCOS POR IRREGULARIDADES. De un lector: La destitución de la Vicepresidenta del BOD María de Los Ángeles Díaz de Melian, obedece a la degradación acelerada que vive el banco BOD. La referida funcionaria con experiencias previas en varios Bancos del país donde salió muy mal parada (BANESCO y CARONÍ) obedece al concierto establecido con su cónyuge José Antonio Melian Espinoza (Notable personaje sin oficio conocido) quien facilitaba la negociación con divisas a los clientes que direccionaba por su intermedio, la mencionada Vicepresidenta. Barrió la escoba y barrio bien, sacando el grumo de la corrupción del referido Banco, podrido en su esencia y con su mayor exponente en María de los Ángeles Díaz, destituida otrora por Banesco por estar incursa en delito de estafa.
– E.P.L.
EEUU EXTENDIÓ EXENCIÓN DE SANCIONES A NYNAS, EMPRESA MIXTA DE PDVSA. Estados Unidos extendió una exención de sus sanciones a Venezuela para Nynas, una empresa conjunta entre la compañía petrolera estatal PDVSA y el productor finlandés de biocombustibles y refinería de petróleo Neste, señaló el Departamento del Tesoro. La licencia, que expira el 25 de octubre, se extendió por seis meses hasta el 14 de abril de 2020. LICENCIA GENERAL NO. 13D: “Autoriza ciertas actividades que involucran a Nynas AB (a) Salvo lo dispuesto en el párrafo (c) de esta licencia general, todas las transacciones y actividades prohibidas por la Orden Ejecutiva (E.O.)…donde las únicas entidades del gobierno de Venezuela involucradas son Nynas AB o cualquiera de sus subsidiarias, están autorizadas hasta las 12:01 a.m., hora del este, 14 de abril, 2020″.
– Con información de cuentasclarasdigital.org
¿DÓNDE ESTA LA PLATA, EL BILLETE? La mayoría de los venezolanos desconoce los miles de millones de dólares y euros que reciben los principales partidos opositores de ONG y fundaciones internacionales. No les interesa que eso se sepa y atacan a todos los que pedimos rendición de cuentas. Eso le ha permitido a estos “líderes” recorrer el planeta, vivir de gira en gira, dizque “luchando por el país”. A veces a uno le parece que la lucha es por un estilo de vida. No estoy en contra de ese financiamiento. Para nada. Ahora sería útil, el que todos tuviéramos la oportunidad de conocerlo y navegar hacía un horizonte único. Tampoco olvidamos los “guisos” de algunos de estos opositores, con determinados personajes del gobierno, en contratos de obras, de bienes y servicios. En esas reuniones de la oposición, uno puede toparse también con alguien cercano a Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, etc. No lo criticó repito, es la dinámica de la política. El único planteamiento es darle publicidad a esas relaciones.
– Fuente: Columna de Opinión Caiga Quien Caiga 17/10/2019 – Ángel Monagas
DEL ASADO DE MADURO EN TURQUIA AL JUEGO DE BEISBOL DE STALÍN GONZALEZ Y GUSTAVO MARCANO. Cuando Maduro visitó Turquía, su visita gastronómica a un famoso Cheff, generó miles de protestas y colapsó las redes. Estuvo mal. Fue una burla al pueblo venezolano. Igual actuó Chávez muchas veces en 1999, 2000, habiendo ganado legítimamente (en su caso podría decirse) las elecciones en 1998, no las otras. Pregunto: Un diputado y un funcionario del legítimo Presidente, deciden ver un juego de béisbol, nada más y nada menos en vísperas de la serie mundial, ¿Tienen o no derecho a ello? ¿Dónde está lo pecaminoso del asunto? ¿Si Chávez o Maduro lo hicieron, por qué ellos no? Los hombres públicos, no tienen vida privada aunque la disfruten. La mujer del Cesar no solo debe ser, tiene también que parecer. Los diputados han esgrimido como argumento de su situación que ellos “no tienen sueldo” ni ningún beneficio económico. ¿Cómo hacen muchos para viajar en avión, en primera clase, en hoteles 5 estrellas, pagar taxis, alquiler de vehículos, comer, etcétera? ¿Cómo hacen para vivir en Caracas los de la provincia sin tener una “puya”? Un secreto digno de compartir para aprender e intentar aplicar. Un grupo de sofistas, otros aduladores y la mayoría mandados o creados a través de laboratorios en redes (PJ y VP tienen tremenda estructura a esos fines) han señalado que las “entradas” fueron de cortesía y todos los gastos, corren por cuenta del imperio. También señalan que no es delito, ni malo ver un juego de béisbol. Me decepcionó sobremanera la extensa alfombra al gusto que tendió Ramón Guillermo Aveledo. Pude entender porque COPEI prácticamente desapareció, cuando él era uno de los consentidos del comité nacional. Uno puede imaginar los pensamientos de Stalin o Gustavo Marcano: “Es que como los jugadores buenos de grandes ligas, no irán a Venezuela, hay que aprovechar verlos aquí”. Ese gran tribuno y orador casi griego, que haría enmudecer a Demóstenes pidió medida para migrantes venezolanos, como refugiados y de esta forma se aplique el principio de la no devolución y las garantías económicas y sociales propias de ese estatus. Entonces comprendo la situación de Stalín y Gustavo Marcano: Los líderes opositores también tienen crisis migratoria. Hay que socorrerlos dijo el gobierno de Trump, el gobernador o los alcaldes de Estados Unidos, por eso les regalaron las entradas. Imaginó también los “hot dogs”, “sodas” y todo lo que uno compra en esos estadios, que son un dechado de la modernidad. Yo he tenido la dicha de ver unos dos juegos de grandes ligas. Claro no clasificatorios para la Serie Mundial y en lo que uno llama los “blichers”. ¡Ah! Y no me las regalaron, las compré.
– Fuente: Columna de Opinión Caiga Quien Caiga 17/10/2019 – Ángel Monagas
DENUNCIAN EXTORSIÓN POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE DISTINTOS ORGANISMOS A COMERCIANTES EN NUEVA ESPARTA. De un lector: Les escribe una persona testigo de lo que sucede en la isla de Margarita, una isla sumergida en una crisis económica supremamente grave y con todo y eso tenemos a los funcionarios del SENIAT, de tributos internos, extorsionando a todos los comerciantes en la isla de Margarita, cobrando vacunas, quitando camionetas, propiedades, etc., abusando del poder que tienen y como si fuera poco, también le sumamos a los funcionarios de la SUNDDE, que cada uno anda por su lado extorsionando sin orden y sin motivo a todos los supermercados de la isla, quitándoles comida, dólares camiones de harina etc. y para rematar de los males, lo del CICPC también andan en las suyas, cobrando vacunas a los comerciantes, inventando casos que no existen para citarlos y quitarles dinero. Los llevan a Caracas, los amedrentan y los atracan. Hasta cuándo van a seguir callando esto. Yo soy una persona que trabajé toda mi vida para tener un pobre supermercado y poder sacar a mis hijos adelante y cada mes es el SENIAT, sino es el SENIAT, es la SUNDDE y ahora por último es el CICPC, trayendo citaciones a los pocos comerciantes que han importado algo para quitarles dinero. Ya vasta.
– F.C.
DIPUTADA MARÍA BEATRIZ MARTÍNEZ: EL PUEBLO DE ARAURE SUMERGIDO EN CRISIS Y EL ALCALDE INVIERTE MÁS DE 100 MIL DÓLARES PARA CONCIERTOS. La diputada a la Asamblea Nacional y miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, denunció que el alcalde Primitivo Cedeño del municipio Araure invirtió más de 100 mil dólares en conciertos y amanecer llanero por la Feria del Pilar, entre el 10 y 12 de octubre. Martínez resaltó que la localidad enfrenta innumerables problemáticas que no han sido atacadas ni solventadas, supuestamente por falta de recursos. "Es insólito que mientras en Araure las familias mueren de hambre, no hay agua, no hay luz, no hay gas doméstico, al Alcalde le de por montar un circo de la decadencia, utilizando y burlándose además de la fe de los ciudadanos que creen en su patrona Nuestra Señora del Pilar de la Zaragoza, porque alegó que es en su honor la fiesta". La parlamentaria informó que los artistas contratados para el evento cobran en dólares y que supuestamente el gasto no será asumido por la alcaldía, sino por empresarios "¿A que cuenta imputa el Alcalde ese favor, o son parte de los acuerdos de la corrupción? ¿Por qué no invertir los recursos en mejorar la calidad de vida de los habitantes de Araure en vez de bailar sobre la miseria en la que se encuentran?" En ese sentido detalló que "con ese dinero se puede invertir en materia de salud al comprar 4 mil 860 dosis de insulina para los pacientes que sufren de diabetes, 607 mil 500 inyectadoras, 28 mil 174 jelcos, 441 mil 818 esponjas de gasa que no llegan al hospital desde hace meses ó 486 tratamientos de quimioterapia para los enfermos de cáncer. Para alimentación se pudo haber comprado 32 mil 400 kilos de Carne, 97 mil 200 kilos de granos, 64 mil 800 de legumbres 32 mil cartones de huevo, 81 toneladas de harina de maíz o casi 49 toneladas de arroz para que los niños araureños puedan volver a la escuela". Señaló que "en una coyuntura como la actual es muy oportuno que se investigue y de ser posible, se sancione a quienes se prestan y colaboran con estos desalmados en utilizar recursos para el circo cuando el pueblo no tiene acceso ni a las migajas de pan, porque tanta inconsciencia debe tener consecuencias”. "Sale la Feria de Pilar para bailar sobre la miseria ocasionada por un proyecto fracasado, usurpador e inhumano", indicó.
PRIVADO DE LIBERTAD DIRECTOR DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ANACO. A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad el director y otros ocho funcionarios de la policía municipal de Anaco, por presuntamente haber incurrido en tratos crueles contra detenidos que permanecen en la sede de este organismo. Tal situación fue detectada el pasado 20 de septiembre, luego de la difusión de un video por las redes sociales con imágenes en las cuales aparecen un grupo de hombres acostados boca abajo y desnudos en un patio. Igualmente, el audiovisual muestra que uno de los reclusos fue golpeado con una tabla por un efectivo policial. Luego de varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y efectuadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se logró determinar la responsabilidad de los policías municipales en los hechos. En consecuencia, los nueve funcionarios fueron detenidos el 4 de octubre por el Cicpc en atención a una orden de aprehensión. Durante la audiencia de presentación, representantes de las fiscalías 14ª y 19ª de la referida jurisdicción imputaron ante el Tribunal 3º de Control de Anzoátegui a los oficiales José Fernández, Jackson Guevara, Carlos Aray Solórzano como autores en el delito de trato inhumano y como coautores en el delito de trato cruel. Por su parte, los oficiales José Fernández, Ángel Villarroel, Elioner Chacín y Manuel Puertas quedaron Imputados por el primer tipo penal y como colaboradores en el segundo delito antes mencionado. Asimismo, los representantes del Ministerio Público imputaron al director del aludido cuerpo policial, comisionado Hernán Rafael Díaz Blanchard, y al jefe de actuaciones policiales, supervisor Ángelo Venturella, como colaboradores en el delito de trato cruel y coautores en delito de trato inhumano. Sin embargo, el tribunal desestimó los mencionados tipos penales contra Díaz Blanchard y Venturella, y los imputó por ser cómplices no necesarios en los delitos de trato cruel y trato inhumano. Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los fiscales del caso, la mencionada instancia judicial dictó la medida de privativa de libertad para el directivo policial y los otros efectivos de seguridad, quienes permanecen recluidos en las sedes de las policías del municipio Bolívar (Barcelona), y del municipio Freites (Cantaura).
– Con información de Nota de Prensa
DIPUTADA MELVA PAREDES DENUNCIÓ GRAVE SITUACIÓN DE LA ISLA DE COCHE. La jefa de la fracción de Cambiemos, Movimiento Ciudadano, diputada Melva Paredes, alertó al país la grave situación en la que se encuentran los más de 12 mil habitantes de la isla de Coche, debido a la ausencia de servicio de gas, agua y energía eléctrica, lo que ha llevado a que pescadores trabajen diariamente sólo para alimentarse, ya que no cuentan con recursos para poder mantener su mercancia. Paredes precisó "hablar del sistema eléctrico en Venezuela es hablar de caos, penurias y corrupción. La isla de Coche estuvo hasta siete días sin electricidad. Hoy están sometidos a un racionamiento ni siquiera anunciado, sólo cuentan con luz tres horas diarias. Hablar del agua es delicado, ya que pueden abastecerse cada 60 días y hablar del gas, es hablar de algo que no existe, la gente lo poco cocina lo hacen a leña". En ese sentido manifestó que "las enfermedades que están sufriendo los habitantes de Coche, en donde los más vulnerables son los niños y abuelitos, que enfrentan sarna, hepatitis A, todo tipo de enfermedades de la piel". La también presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes planteó tomar la propuesta de la CAF que ofreció 400 millones de dólares para superar la crisis eléctrica, "pongámonos de acuerdo aquí en el Parlamento para darle soluciónes a la gente". El llamado es al bloque de la patria y a sus colegas opositores para buscar soluciones a los ciudadanos, quienes enfrentan un deterioro en sus vidas. "Han perdido los pescadores su fuente de ingreso porque no existe refrigeración para poder mantener la pesca para la venta, sin contar que no se puede brindar servicio ni hacer turismo en unas condiciones no humanas".
– Con información de Nota de Prensa
CLAUSURAN QUIRÓFANO INAUGURADO POR FABIANA ROSALES EN LECHERÍA. Un quirófano inaugurado por Fabiana Rosales, esposa del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, fue clausurado el jueves 17 de octubre por la Contraloría Sanitaria, según denunció Manuel Ferreira González, el alcalde de Lechería. De acuerdo con el alcalde, el quirófano cumple con “absolutamente todas las normas legales y sanitarias”, y los funcionarios no mencionaron razones válidas para la clausura del recinto. “Lo inauguramos el 6 de septiembre y resulta ser que hoy a las 3:00 pm se apersonó un funcionario del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria a cerrar este quirófano, que cumple con absolutamente todas las normas legales y sanitarias”, indicó Ferreira en entrevista para TVVenezuela. La autoridad de la entidad ubicada en el estado Anzoátegui denunció que los funcionarios llegaron con un documento que tenía la fecha del 29 de mayo de 2018, día en que realizaron una inspección en la que les hicieron varias sugerencias sanitarias que fueron atendidas. Para el alcalde, la clausura del quirófano no es más que un “pase de factura político”. Esta versión la sostiene, debido a que un día antes de la inauguración, el 5 de septiembre, llegó un funcionario de la Contraloría Sanitaria a levantar un acta.
– Con información de doblellave.com
CONDOMINIO DOLARIZADO EN LOMAS DEL ÁVILA. De un lector: En Urbanización Lomas del Ávila, edificio Isnotú, cobran en dólares, 50 por reparación del ascensor. Hace 2 meses 30 por otra reparación y 300 de condominio.
– D.U.L
INTERNACIONALES
BANCO TURCO VINCULADO A ESQUEMA INTERNACIONAL PARA EVADIR SANCIONES A IRÁN Y LAVADO DE DINERO. Mustafa Kemal Ataturk, el fundador de la Turquía moderna, fundó Halkbank en 1933 para proporcionar crédito barato fácilmente a propietarios de pequeñas empresas y grandes empresarios industriales. Halkbank ha sido acusado de corrupción y mala administración muy pocas veces en las últimas tres décadas; pero más o menos logró sobrevivir a las acusaciones. Bajo investigación desde principios de la década de 1990, la administración de Halkbank ha logrado evadir acusaciones de manera consistente gracias a conexiones gubernamentales de alto nivel. En 2013, el gobierno reprimió sumariamente una investigación de corrupción masiva iniciada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley turcos a instancias del clérigo islámico con sede en EE. UU. Fethullah Gulen, el aliado de Erdogan convertido en enemigo. Erdogan se aseguró de que el caso estuviera cerrado. Declaró que el movimiento Gulen era una organización terrorista y despidió o encarceló a aquellos gulenistas que no lograron huir del país. Sin embargo, en los últimos años, los negocios del banco han atraído tanta atención internacional que incluso Erdogan no puede meterlos debajo de la alfombra. Recientemente los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales contra Halkbank por presuntamente participar en un plan multimillonario para evadir las sanciones contra Irán. "Funcionarios gubernamentales de alto rango en Irán y Turquía participaron y protegieron este esquema", que se creó para trasladar ilegalmente unos $ 20 mil millones de ingresos petroleros iraníes, dijeron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York en una acusación. La acusación es el último desarrollo en una años- larga causa penal que se inició con la detención de Reza Zarrab, un comerciante de oro turco-iraní acusado de jugar un papel clave en el esquema de sanciones y evasión. Zarrab fue arrestado en 2016 mientras visitaba los Estados Unidos. Está acusado de ser miembro de una organización criminal internacional y ha sido acusado de evadir sanciones contra Irán y lavado de dinero. En 2017, Zarrab se declaró culpable y testificó en el juicio de un subdirector general de Halkbank, Hakan Atilla, quien fue sentenciado a 32 meses de prisión. Zarrab, quien una vez fue un aliado cercano de Erdogan, testificó que Erdogan había ordenado los intercambios que rompen las sanciones y dijo que sobornó a varios ministros de alto rango para que sucediera. Pero Zarrab sabía que iba a ser arrestado en los Estados Unidos. Estaba buscando protección como testigo. Erdogan también lo sabía. Es por eso que allanó la propiedad de Zarrab en Estambul en un mensaje muy público sobre lo que sucedería si regresara a casa. Babak Zanjani, otro magnate iraní y presunto socio de Zarrab, fue condenado a muerte en Irán por malversación de 2.800 millones de dólares. En un giro dramático, Bloomberg informó a principios de este mes que en 2017, el presidente Trump presionó sin éxito al ex Secretario de Estado Rex Tillerson para ayudar a convencer al Departamento de Justicia de que abandone el caso de evasión de sanciones contra Zarrab. Como resultado, Zarrab era un cliente de nada menos que Rudy Giuliani.
– Con información de Agencias
(COLOMBIA) DE LA ESPRIELLA: “A MI ME ENCANTAN LAS CARICATURAS”. El reconocido abogado Abelardo De La Espriella protagonizó una nueva polémica luego de la denuncia que presentó ante el caricaturista ‘Nadim’, citado ante un tribunal por una caricatura que publicó hace aproximadamente un año, en donde se observa al abogado escogiendo de su clóset la ropa que vestirá, eligiendo entre un traje de ratón y uno de cantante. La demanda despertó la indignación de algunos caricaturistas colombianos, quienes aseguraron que la denuncia se trataba de un claro atropello en contra de la libertad de expresión. Muchos periodistas y políticos aprovecharon para refutar al abogado De La Espriella -quien además pide que la caricatura sea eliminada de Las2Orillas-. y decidieron compartir la imagen en sus redes sociales, llegando hasta a ponerla como foto de perfil. Frente a todo lo ocurrido, Abelardo De La Espriella se pronunció en su cuenta de Twitter con el hashtag #DeLaEspriellaCartoons, el cual aprovechó para crear un hilo de trinos en el que adjuntó varias caricaturas en las que ha servido como inspiración. Entre las publicaciones dejó claro que el hecho de ser caricaturizado no le disgusta pues, según él, considera que “la risa debe hacer parte de la vida y hay que aprender a reírse de uno mismo”. Sin embargo, muchos consideran que estos mensajes son contradictorios respecto a la demanda enviada a Nadim por el delito de injuria.
->>Vea más… - Con información de Kienyke
(EE.UU.) COLOMBIANO RESIDENTE EN FLORIDA SE DECLARÓ CULPABLE DE VENDER ARMAS AL ELN. El colombiano residente en Florida Francisco Joseph Arcila Ramírez se declaró culpable de vender armas a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada un grupo terrorista por EE.UU., informó la Fiscalía. Según la Fiscalía del distrito sur de Florida, el juez José E. Martínez dictará el próximo 19 de diciembre la sentencia de Arcila, quien puede ser condenado a un máximo de 20 años de cárcel, tras lo cual estará en libertad supervisada el resto de su vida, y una multa máxima de 250.000 dólares, de acuerdo con EFE. Según la acusación, Arcila les pidió en agosto de 2018 a dos personas de su confianza que comprarán seis armas en el condado de Miami-Dade; cuatro pistolas Draco calibre 7,62 milímetros y estilo AK y dos pistolas Zastava M92 también de 7,62 milímetros. Las seis armas de fuego y un centenar de cargadores con munición para AK-47 fueron enviadas a la ciudad colombiana de Barranquilla, ocultas en compresores de aire comprados por Arcila en Miami. En septiembre de 2018 el colombiano asistió a una reunión en Colombia con un traficante de armas para el ELN con el fin de venderle las pistolas enviadas a Colombia. Además de acordar la venta de las seis armas, trató con su interlocutor sobre otras operaciones futuras que incluyeran cargadores de munición y piezas para armamento. El traficante de armas le entregó a Arcila aproximadamente 60 millones de pesos colombianos (unos 17.000 dólares) como pago por las armas. La fiscal Ariana Fajardo Orshan, del Distrito Sur de Florida, estuvo a cargo de la investigación, en la que participaron representantes de la Policía Federal de Investigaciones (FBI) y de otros departamentos gubernamentales.
– Con información de Agencias
EL INCIERTO DESTINO DE CITGO: LAS CONTRADICCIONES DEL CASO. El futuro de CITGO Petroleum Corporation se debate en diversos escenarios, jurídicos y políticos, uno de ellos los tribunales federales de los Estados Unidos, donde las decisiones que se adopten finalmente serán determinantes para establecer en manos de quién quedará el activo de mayor valor del estado venezolano en el extranjero.
En toda esta trama en la que intervienen dos gobiernos de una misma nación, empresas y acreedores que reclaman el pago de deudas contraídas por Venezuela o que son consecuencia de la medida de expropiación que en 2011 dictó el entonces presidente venezolano, el finado Hugo Chávez Frías, contra Crystallex International Corp., minera canadiense que estaba al frente —desde 2002— del proyecto Las Cristinas. Particularmente un accionar ha tenido especial repercusión, el del Procurador Especial designado por el gobierno interino de Venezuela a cargo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a saber, José Ignacio Hernández, acusado desde las instancias oficialistas de traición a la patria y de haber actuado en favor de los intereses de la minera canadiense en lugar de los de la república de la que ahora es defensor. EL PAPEL DEL PROCURADOR DE GUAIDÓ. José Ignacio Hernández ha jugado un papel fundamental en este asunto al ser quien ahora defiende los intereses de Venezuela y es reconocido como tal por el gobierno de Estados Unidos, pues aparte de este papel que ahora desempeña, declaró como testigo experto convocado por Crystallex en 2017, es decir, poco más de un año previo a su nombramiento como representante legal de la nación. Ante la corte el entonces testigo experto contratado por Crystallex refirió que el gobierno venezolano había utilizado a CITGO como una herramienta política, una declaración que sustentó la tesis planteada por los abogados de la minera canadiense ante el tribunal para determinar que la filial de PDVSA en los Estados Unidos es un “alter ego” del gobierno venezolano y, por tanto, puede usarse para resarcir a Crystallex en el litigio con Venezuela. Hernández fue contratado por la firma de abogados Gibson, Dunn & Crutcher LLP que representaba a Crystallex para que, en calidad de experto, proporcionara un informe en relación con la moción de la minera para una orden judicial preliminar contra PDV Holding Inc. El procurador designado por Guaidó sostuvo frente al juez que era de su conocimiento que "esa moción era parte de una disputa más amplia en la que Crystallex alegaba que PDVH, Petróleos de Venezuela S.A. y Citgo Holding Inc. ejecutaron una serie de transacciones en un intento de obstaculizar y retrasar a los acreedores como Crystallex. ¿QUÉ DECLARÓ HERNÁNDEZ ANTE LA CORTE? Pero veamos en detalle lo expresado por Hernández ante la Corte Federal de los Estados Unidos. Un documento público del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware relacionado con el caso N° 15-1082-LPS —Crystallex International Corp. (demandante) contra PDV Holding Inc. y Petróleos de Venezuela S.A. (demandados)— en el que José Ignacio Hernández intervino el 10 de abril de 2017 como Testigo Experto convocado por la empresa minera canadiense, establece que este declaró bajo pena de perjurio que, en materia de derecho, PDVSA es un brazo del gobierno venezolano. Hernández refirió que en el contexto de la disputa entre Crystallex, PDV Holding Inc. y PDVSA se le solicitó su opinión sobre la relación entre la empresa petrolera venezolana y la República Bolivariana de Venezuela bajo los parámetros de la ley venezolana, específicamente se le pidió su consideración acerca de si PDVSA opera como una entidad separada del gobierno venezolano. Explicó que para emitir su criterio revisó la constitución venezolana, los actos jurídicos, los documentos oficiales del gobierno, las decisiones de los tribunales y las opiniones de los académicos sobre la relación entre ambos. Comenzó su exposición haciendo referencia a que PDVSA fue creada a raíz de la nacionalización de la industria petrolera ocurrida en 1975, como empresa propiedad del estado venezolano. La Ley Orgánica que Reserva la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, conocida como Ley de Nacionalización, entró en vigencia en 1976 y establecía que todas las actividades de hidrocarburos, incluido el petróleo, estaban reservadas al Estado y en consecuencia, sólo a este —el Estado— se le permitió realizar tales actividades. Hernández refirió que en razón del artículo 6 de la Ley de nacionalización, se estipulaba que el Ejecutivo nacional estaba a cargo de la gestión y el funcionamiento de las actividades reservadas a través de empresas estatales, las cuales se rigen por la citada ley y sus reglamentos, por sus propios estatutos, por los reglamentos del Ejecutivo nacional y por el Derecho privado. Citó el informe de la "Comisión Presidencial para la Inversión del Petróleo" el cual (1974) concluyó que "[para] conducir la industria petrolera nacionalizada y ajustarla al interés más alto del país, es necesario crear la Administración Nacional del petróleo”. Esta Administración Nacional de Petróleo, según lo expuesto por José Ignacio Hernández ante la Corte del Distrito de Delaware, se concibió como un grupo de empresas estatales con autonomía técnica en la ejecución de operaciones petroleras, pero bajo el control total del Gobierno Nacional. “Por lo tanto, mientras que todas las empresas estatales están bajo el ‘control de tutela’ del Gobierno Nacional, el control del Ejecutivo sobre PDVSA es único y más directo. PDVSA es considerada una empresa estatal de conformidad con la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP). Según el LOAP, aunque PDVSA tiene su propia personalidad jurídica, sus actividades están controladas por el Poder Ejecutivo Nacional”. Hernández refirió que la Ley de Nacionalización de 1975 fue derogada por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, y luego reformada en 2006, estableciéndose que las "actividades primarias" de los hidrocarburos (exploración y explotación) se llevaran a cabo a través de PDVSA y sus filiales. Hizo mención también al Decreto N° 3299 que confirma que si bien PDVSA tiene el mandato de realizar las "actividades primarias" del gobierno, "cumplirá y alcanzará las políticas de hidrocarburos dictadas por el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Minería y Energía". “Más específicamente, PDVSA actúa bajo la supervisión directa de la Vicepresidencia de Economía del Sector (que coordina todas las actividades relacionadas con el petróleo y la minería) y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. El papel de PDVSA se limita a la ejecución técnica de las políticas petroleras adoptadas por el Gobierno Nacional, especialmente a través de la Vicepresidencia de Economía y el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo”, manifestó. Igualmente, José Ignacio Hernández citó ante la Corte de Delaware, que la Constitución venezolana sostiene que PDVSA es una entidad estatal venezolana y que su papel como tal es el de ser responsable de la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto, esgrimió, está ratificado en el artículo 303 de la Constitución venezolana el cual establece que "por razones de soberanía económica y política y estrategia nacional, el Estado retendrá todas las acciones de [PDVSA]". Igualmente se remitió al dictamen de la Corte Suprema de Venezuela que determinó que "aunque [PDVSA] es una empresa constituida y organizada como una entidad comercial, es indudable, como se afirma en la Constitución, que la empresa forma parte de la estructura general de la Administración Pública Nacional. La Corte Suprema ha considerado que las actividades de PDVSA juegan un papel fundamental en la economía nacional y que PDVSA tiene todos los privilegios de la República. Esto significa que PDVSA y sus filiales son equivalentes a las agencias administrativas del Gobierno”. Hernández expuso que el ya referido Decreto N° 3.299 estipula la estructura corporativa de PDVSA, la cual está organizada como una sociedad de cartera estatal, teniendo los funcionarios del gobierno, control sobre sus operaciones comerciales diarias. Subrayó que este Decreto indica que la máxima autoridad de PDVSA es la asamblea y en razón de que Venezuela es el único accionista, dicha asamblea está representada por el Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela. “PDVSA está representada por un Consejo de Administración designado por Decreto Presidencial (Cláusulas 16, 17) (…) El Presidente de PDVSA administra la empresa y es su representante legal (Cláusula 33). PDVSA también tiene vicepresidentes (Cláusula 35) y un Consejo de Accionistas, que también son designados por Decreto Presidencial (Cláusula 38)”. Seguidamente, recordó que el gobierno también aprueba decretos y resoluciones cuando lo desee, para ordenar a PDVSA que realice ciertas actividades para lograr sus objetivos. Agregó que el gobierno también ha dirigido a PDVSA y sus afiliados a lograr sus objetivos de expropiación y mencionó que de acuerdo a varios comentaristas expertos, PDVSA y sus filiales se consideran una empresa estatal de naturaleza única porque actuarán bajo las políticas del Gobierno Nacional. José Ignacio Hernández, durante su exposición ante la Corte de Delaware manifestó que a su juicio PDVSA es una herramienta política del gobierno venezolano y para ello se sustentó en el aumento de control que el Ejecutivo venezolano incrementó sobre la empresa petrolera a partir del año 2002 cuando comenzó el gobierno a referirse a ella como la “Nueva PDVSA”. “La principal consecuencia de esta transformación fue que el Gobierno aumentó su control político sobre PDVSA y sus afiliados. La naturaleza técnica de esas compañías fue reemplazada por un papel político bajo el modelo socialista”. Y agregó: “(…) el Gobierno ahora controla los recursos petroleros del Estado, a través de PDVSA, mucho más íntimamente que antes. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, varios ministros del gobierno son miembros de las juntas directivas de PDVSA. Durante mucho tiempo, el Presidente de PDVSA también fue el Ministro a cargo del sector petrolero. Esto permite al Gobierno controlar el funcionamiento diario de PDVSA”. Hernández también mencionó el “Plan de Siembra Petrolera” implementado por el gobierno, el cual le asigna objetivos políticos a la empresa de acuerdo a su planificación socialista con el fin de satisfacer las necesidades colectivas bajo el control del Gobierno. Fue así como PDVSA asumió actividades económicas diferentes de sus "actividades primarias". En tal sentido citó el Informe Anual de Gestión 2012, que rezaba: “En el contexto del proceso de transformación de la Nueva PDVSA, la Compañía ha promovido el fortalecimiento del nuevo modelo socioeconómico, a través de la creación de los llamados ‘afiliados no petroleros’. Estos afiliados han sido la piedra angular de la construcción del nuevo modelo de negocio socialista que apoya el proceso de transformación y cambio de la infraestructura productiva nacional”. Igualmente expuso que “El Gobierno también aumentó su control sobre los ingresos de PDVSA a través de fondos extrapresupuestarios que se administraron bajo las decisiones discrecionales de la Presidente, como el Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN). Especialmente, PDVSA apoyó los programas sociales del Gobierno Nacional, llamados ‘misiones’, en actividades como alimentación y vivienda”. Hernández también dijo que el gobierno utiliza a PDVSA como un instrumento para cumplir acuerdos internacionales, tal es el caso de Petrocaribe. También el gobierno impone a PDVSA el deber de proporcionar petróleo a China para cubrir sus obligaciones de deuda. Concluyó José Ignacio Hernández ante la Corte de Delaware que “el Gobierno ha aprobado varias leyes y decretos que obligan a la conducta de PDVSA a alinearse con sus objetivos sociales y políticos. Del mismo modo, utiliza PDVSA como herramienta política para lograr sus objetivos nacionales e internacionales. PDVSA, a su vez, debe cumplir con estas obligaciones que le dicta el Gobierno”. ->>Vea más… – Con información de Maibort Petit - eltiempolatino.com
CLAUSURAN QUIRÓFANO INAUGURADO POR FABIANA ROSALES EN LECHERÍA. Un quirófano inaugurado por Fabiana Rosales, esposa del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, fue clausurado el jueves 17 de octubre por la Contraloría Sanitaria, según denunció Manuel Ferreira González, el alcalde de Lechería. De acuerdo con el alcalde, el quirófano cumple con “absolutamente todas las normas legales y sanitarias”, y los funcionarios no mencionaron razones válidas para la clausura del recinto. “Lo inauguramos el 6 de septiembre y resulta ser que hoy a las 3:00 pm se apersonó un funcionario del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria a cerrar este quirófano, que cumple con absolutamente todas las normas legales y sanitarias”, indicó Ferreira en entrevista para TVVenezuela. La autoridad de la entidad ubicada en el estado Anzoátegui denunció que los funcionarios llegaron con un documento que tenía la fecha del 29 de mayo de 2018, día en que realizaron una inspección en la que les hicieron varias sugerencias sanitarias que fueron atendidas. Para el alcalde, la clausura del quirófano no es más que un “pase de factura político”. Esta versión la sostiene, debido a que un día antes de la inauguración, el 5 de septiembre, llegó un funcionario de la Contraloría Sanitaria a levantar un acta. – Con información de doblellave.com
(COLOMBIA) DE LA ESPRIELLA: “A MI ME ENCANTAN LAS CARICATURAS”. El reconocido abogado Abelardo De La Espriella protagonizó una nueva polémica luego de la denuncia que presentó ante el caricaturista ‘Nadim’, citado ante un tribunal por una caricatura que publicó hace aproximadamente un año, en donde se observa al abogado escogiendo de su clóset la ropa que vestirá, eligiendo entre un traje de ratón y uno de cantante. La demanda despertó la indignación de algunos caricaturistas colombianos, quienes aseguraron que la denuncia se trataba de un claro atropello en contra de la libertad de expresión. Muchos periodistas y políticos aprovecharon para refutar al abogado De La Espriella -quien además pide que la caricatura sea eliminada de Las2Orillas-. y decidieron compartir la imagen en sus redes sociales, llegando hasta a ponerla como foto de perfil. Frente a todo lo ocurrido, Abelardo De La Espriella se pronunció en su cuenta de Twitter con el hashtag #DeLaEspriellaCartoons, el cual aprovechó para crear un hilo de trinos en el que adjuntó varias caricaturas en las que ha servido como inspiración. Entre las publicaciones dejó claro que el hecho de ser caricaturizado no le disgusta pues, según él, considera que “la risa debe hacer parte de la vida y hay que aprender a reírse de uno mismo”. Sin embargo, muchos consideran que estos mensajes son contradictorios respecto a la demanda enviada a Nadim por el delito de injuria. ->>Vea más… - Con información de Kienyke
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