lunes, 28 de octubre de 2019

La historia de la intervención de la filial del BOD en Curazao

Las razones que llevaron a las autoridades del Banco del Orinoco NV (BDO), ubicado en Curazao, a declarar el cese de actividades y la posterior declaración de “bancarrota” de la entidad, tras la intervención por parte del Banco Central de Curazao y San Martin, tiene que ver con la inconsistencia de datos de un gran número de clientes, especialmente venezolanos, para respaldar el origen de los fondos y cumplir las regulaciones impuestas por Estados Unidos, y aplicadas con rigurosidad en el Caribe, contra el lavado de dinero.
Estas regulaciones hoy ponen especial celo en las instituciones bancarias que tienen que ver con Venezuela.

En los últimos años el sistema financiero mundial ha perfeccionado sus mecanismos de prevención para la legitimación de capitales, contra el financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Estas rigurosas prácticas prudenciales han puesto a todos los bancos en alerta a la hora de transferir y requerir información sobre la procedencia de fondos, sobre todo de proveedores de servicios de corresponsalía bancaria en dólares de EE.UU, Euros y otras monedas más usadas en el sistema financiero mundial.

El último Informe sobre la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de los Estados Unidos (INCSR), volumen 2 dedicado al blanqueo de dinero, expresamente incluye a San Martin, Curazao y Aruba en una lista de países del Caribe y América Central como “Jurisdicciones Principales de Blanqueo de Dinero” para el año 2018.

Es por esa razón que los corresponsales bancarios internacionales evitan prestar servicios en jurisdicciones que puedan exponer a sus bancos a sanciones, o que no les permitan seguir operando con bancos en Estados Unidos y Europa. En consecuencia los bancos de inversión de Curazao se han ido aislando y es muy difícil hacer transferencias internacionales desde o hacia Curazao. Los principales bancos de Holanda han cesado operaciones bancarias en la isla: ABN Amro, ING Bank, Fortis Bank, MeesPierson.

Las medidas comenzaron a afectar especialmente a Puerto Rico donde, de 80 bancos existentes, 16 están en manos de venezolanos. De ellos, gran parte de la cartera de clientes no ha podido explicar el origen de los fondos, según afirma Víctor Manuel García Hidalgo, consultor financiero, director de CECA Consultores, una firma que asesora a varias entidades bancarias en Venezuela en esta área.

Sostiene que los efectos de las regulaciones que se iniciaron en Puerto Rico se extendieron a Curazao, San Martín y Aruba, entre otros bancos de ultramar en la zona del Caribe. Es así que, los bancos de inversión comienzan a ser auditados y “a ser seguidos con lupa” en lo que destaca la vigilancia a los capitales venezolanos.

Asegura el director de CECA que algunos de estos bancos, especialmente los que están ubicados en Puerto Rico, triangulaban sus operaciones financieras: Caracas-Puerto Rico-Islas Caimán-Nueva York, en movimientos a través de los cuales se han movilizado miles de millones de dólares que ingresan al sistema financiero de Estados Unidos.

No duda de que el mayor volumen de estos capitales proviene de las contrataciones del gobierno de Venezuela en la importación de alimentos, de la petrolera estatal PDVSA y otros negocios vinculados a la gestión pública.

Según fuentes vinculadas al sistema financiero consultadas por El Estímulo, entre la cartera de clientes del Banco del Orinoco NV hay importantes figuras ligadas a las contrataciones con el gobierno venezolano. También hay cuentas de la firma constructora brasileña Odebrecht.

Entre los clientes figuran notorios ex funcionarios chavistas que se fueron del país, como Alejandro Andrade, quien fuera presidente de la Oficina del Tesoro entre 2007 y 2010 y del Bandes entre 2008 y 2010 y hoy purga condena en Estados Unidos por varios delitos financieros.

Pero el banco también tenía una gran cantidad de clientes pequeños y honestos, muchos de ellos ahorristas con montos pequeños desde 5.000 dólares, que ven amenazado su patrimonio personal de toda la vida y que hoy apelan apelan a instancias privadas para la recuperación de sus ahorros, como es el caso de un grupo de unos 500 clientes que están representados por la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), que preside Roberto León Parilli.

Esta organización ha llevado el caso ante las autoridades de Curazao. El grupo señala que están afectados desde hace tres años sin posibilidad de movilizar o recuperar sus bienes. ->>Vea más...

Fuente:  Con información de Francisco Olivares – El Estímulo

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