miércoles, 16 de octubre de 2019

La batalla “legal” de Víctor Vargas para evitar la cárcel

Los enredos del Grupo financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), a juzgar por los últimos acontecimientos, parecen ahora dirimirse en otros terrenos, con demasiados frentes abiertos. Algunos se dilucidarán en instancias judiciales, con diferentes actores involucrados, en lo que puede ser una costosa batalla jurídica.
Vargas lo hizo antes cuando el Banco Central de Curazao le quitó la licencia bancaria que se le había otorgado, y puso a correr la tesis según la cual días antes había acordado una liquidación voluntaria. No importaba que eso no procediese, por cuanto la liquidación de un banco tiene que ser aprobada con antelación por la misma autoridad que le otorgó la licencia.

La misma rutina la repite ahora. Cuando el Banco Central publica la liquidación del Banco del Orinoco,  el grupo financiero BOD anuncia que recurre al arbitraje internacional acusando al Banco Central de actuar de forma discriminatoria.

Cuando la Sudeban en Venezuela restablece medidas administrativas contra el Banco Occidental de Descuento, argumenta que se trata de una medida rutinaria. No importa que contra el banco existan acusaciones muy graves, como el uso de información falsa para ocultar los problemas financieros de la institución. Lo importante de nuevo es la foto, el titular, la contra-noticia.

En realidad no es algo muy sofisticado, es la misma estratagema que utiliza el enemigo de lo ajeno que grita “¡Allá va el ladrón, agárrenlo!”, para desviar la atención de sus fechorías.

Sin embargo, mas allá de la picaresca, la estrategia legal de Vargas plantea algunas interrogantes, con varias implicaciones para los diferentes agentes involucrados y de las que pueden derivarse algunas lecciones.

El frente curazoleño

La legislación de Curazao, en materia de supervisión bancaria, es compleja.

Mientras en otras partes la autoridad regulatoria disfruta de cierta autonomía, una decisión como la intervención de un banco, que en otras jurisdicciones es una decisión autónoma – bien se trate de la superintendencia o el Banco Central – en Curazao requiere de la autorización de una instancia judicial.

La secuencia de eventos en Curazao es la siguiente: Durante al menos dos años, el Banco Central de la isla había estado monitoreando de cerca las actividades del Banco del Orinoco. Reclamos recurrentes de depositantes, instrucciones no cumplidas, dudas sobre los custodios de valores, fallas en procedimientos básicos, eran temas recurrentes.

El anterior Presidente del Banco Central, Emsley Tromp, el mismo que ahora funge de asesor de Vargas en su anunciada pelea contra las actuales autoridades, habría actuado de forma negligente ante problemas que en otro ámbito regulatorio habrían activado las alarmas rojas.

Tromp fue acusado de varias anomalías administrativas y fue removido del cargo en octubre del 2017, pero no fue sino hasta abril del 2019 cuando fue promovido el nuevo presidente y es en junio que finalmente se posiciona del cargo.

Bob Traa, es un economista holandés que ha pasado 25 años de su carrera profesional en el Fondo Monetario trabajando en temas de supervisión bancaria y  macroeconomía. Junto a él llegó un equipo de profesionales que comenzó a poner orden en los asuntos del banco. Es en ese momento cuando comenzaron los problemas para el banquero rojo.

El frente venezolano

La estrategia legal del banquero en este frente es muy sencilla. Tocar la puerta donde lo escuchan. Primero tenía vara alta en la mas altas esferas, en el ministerio de Finanzas, en el BCV.

Luego sus contactos se fueron reduciendo. Al parecer se comió la luz roja en varios asuntos y no cumplió las tareas encomendadas. Eso explicaría las marchas y contramarchas de las recientes medidas.

Hay funcionarios en Sudeban que quiere enfrentar el problema, pero Vargas les metió un gol con la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ a cargo del militar retirado Juan José Mendoza Jover.

La dificultad para Vargas es que ahora tiene muchos frentes abiertos, escenarios donde no tiene el mismo control que tuvo o todavía tiene en Venezuela.


Un largo historial

Acostumbrado a no cumplir con los requerimientos del regulador,  levantar el teléfono y llamar al socio de turno, Vargas tenia un largo historial de asuntos pendientes con la autoridades de Curazao.

Entre ellos, el tema recurrente con las entidades financieras del Grupo BOD: las dudas sobre los custodios y el valor de los activos. Según se señala en los documentos de la corte de primera instancia de Curazao, al que tuco acceso CuentasClarasDigital, Vargas presentó información falsa relativa a las inversiones en valores registradas en sus estados financieros. 

El problema de los custodios también ha sido un campo de batalla entre Vargas y las autoridades de supervisión en Venezuela.

Al menos desde 2012, la Sudeban ha mandado instrucciones al BOD para que cambie la custodia de los títulos – que en el caso de Venezuela es el banco de Vargas en Antigua, BOI Bank Corporation – y no ha sido posible materializar el traslado.
Es difícil encontrar otra institución que tenga un historial de incumplimiento parecido al BOD en Venezuela.

No sólo es el tema de los custodios, algo similar ocurre con las provisiones, la documentación de algunos activos, el cumplimiento del encaje o el registro de algunas inversiones. Basta leer las notas a los estados financiero para comprobar ese largo historial de incumplimiento.

En cualquier otro ambiente regulatorio, desde hace tiempo, ello hubiese significado severas sanciones. Esa misma práctica la exportó Vargas a otras jurisdicciones.

En Curazao tuvo bastante éxito hasta que llegaron las nuevas autoridades del Banco Central. Es por ello que el comunicado de la institución, al referirse a los problemas del Banco Del Orinoco, habla de la “severa disfuncionalidad” que motivó la toma de medidas de emergencia.

Lo mismo pasó en Panamá y también en Venezuela, solo en República  Dominicana todavía Vargas disfruta de la “paciencia” de los reguladores bancarios.

En Curazao, el procedimiento de las nuevas autoridades fue expedito.

El 2 de septiembre le retiraron la licencia bancaria y simultáneamente solicitaron a la Corte la imposición de medidas de emergencia, las cuales le fueron otorgadas el 5 de septiembre.

Una vez dentro del Banco del Orinoco, comprobaron lo que se sospechaba:  la presentación de documentación falsa y la inexistencia de los activos. Un mes después de las medidas de emergencia,  se solicita ante la corte la declaración de bancarrota, la cual fue aprobada el 4 de octubre.

Tal como estipula la legislación de Curazao, a esa audiencia fueron los representantes legales de  Vargas y tuvieron la oportunidad de presentar sus alegatos.  Sin embargo, de acuerdo al documento emanado de la Corte, “…la declaración de la defensa no ofrece ningún punto de partida para soportar la opinión contraria..”,  presentada por el Banco Central, que evidenciaba muy serias irregularidades.

La conclusión del juez, tanto en la primera audiencia como en la segunda – donde la Corte falla a favor de la declaratoria de quiebra – es que existe un hueco en el banco, que el patrimonio no existe y que se presentó información falsa para presentar los activos del BDO, los cuales ni siquiera alcanzan para pagar a los menos de 25 trabajadores que laboran en la institución. ->>Vea más...

Fuente: Con información de CuentasClarasDigital

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