J.J. RENDÓN DESIGNADO ESTRATEGA DE GUAIDÓ. J.J. Rendón, conocido como el gurú de la estrategia política en América Latina, fue recientemente designado como estratega general del “Comité de Estrategia” de Juan Guaidó. J.J Rendón es un polémico asesor político, que cuenta con una larga trayectoria en el ramo de la asesoría de campañas electorales en América Latina.Desde hace años J.J Rendón aseguró que No existe dinero en el mundo para que él trabaje con algún personaje del chavismo y se pronunció claramente en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el cual lo ha catalogado como un “enemigo número uno”. – Con información de Agencias
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 20 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA
LA DESAFORTUNADA SUERTE DE LA REFINERÍA DE ARUBA, LA MISMA QUE PUDIERAN CORRER LOS NEGOCIOS DE GAS Y PETRÓLEO DE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO EN VENEZUELA
ÁLVARO PULIDO, SOCIO DE ALEX SAAB, HABÍA SIDO CONDENADO POR NARCOTRÁFICO EN ITALIA
ELECNOR PAGÓ 11 MILLONES AL EXVICEMINISTRO NERVIS VILLALOBOS TRAS UNA ADJUDICACIÓN. La compañía energética vasca Elecnor abonó 11,5 millones de euros al exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis Villalobos. El expolítico, que está procesado en Andorra por cobrar sobornos a empresas extranjeras a cambio de conseguir contratos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013), ingresó el dinero en este principado pirenaico, según un auto de una jueza andorrana, según publicara José María Irujo de El País. Los pagos de Elecnor a Villalobos se desembolsaron entre 2010 y 2012 bajo el concepto de un supuesto servicio de asesoramiento. El Gobierno de Chávez adjudicó en 2009 a través de su principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), una central termoeléctrica por 1.420 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) donde figuró la energética vasca. Elecnor niega haber contratado al exministro de Chávez. Sin embargo, la causa que instruye una jueza de Andorra –un antiguo paraíso fiscal donde el exjerarca chavista ocultó el dinero de sus negocios- contiene numerosos documentos que vinculan al exfuncionario venezolano con la empresa. En uno de ellos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el entonces director del área internacional de Elecnor, Germán Junquera, afirma: “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”. Villalobos aportó a la Banca Privada d’Andorra (BPA) -donde manejó 12 cuentas- dos contratos de “asesoramiento técnico” con Elecnor. Lo hizo para justificar el origen de su dinero. La energética vasca se comprometía en estos documentos a pagar un 5% de comisión a dos sociedades instrumentales de Villalobos por el proyecto de la planta de ciclo combinado Juan Manuel Valdez en Güiria, en el estado de Sucre. Además, el exministro comunicó al banco andorrano en 2010 su plan para ingresar, al menos, 12 millones de dólares (10,2 de euros) en “dos o tres pagos” de Elecnor por una supuesta “asesoría en infraestructuras eléctricas”. Las actas del departamento de prevención de blanqueo de la BPA de ese periodo recogen la supuesta relación contractual del exministro venezolano con la energética española. Villalobos recibió entre 2010 y 2012 en una cuenta del banco del principado pirenaico cinco transferencias desde Malta por 13,5 millones de dólares (11,5 de euros), según la jueza andorrana Canòlic Mingorance. La energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba que el que fuera ministro de Petróleo de Venezuela entre 2001 y 2006 recibiría un 4,5% del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento del pasado día 13 que encausa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos. La resolución señala que la sociedad del paraíso fiscal de Belice Merol Ganem Development es una “fiduciaria de Villalobos” y“actúa en la presente operación por cuenta de la UTE Iberdrola Ingeniería y Construcción SA- Elecnor SA, por lo que respecta a la obra de construcción de la planta termoeléctrica de ciclo combinado Juan Manuel Valdez (aunque inicialmente se iba a llamar Antonio José de Sucre). A pesar de que en la UTE figuran las dos empresas, en 2012 Iberinco cedió todos sus derechos y obligaciones a Elecnor, dejando la UTE, pero manteniendo el mismo contrato con PDVSA”. El expolítico venezolano abrió 12 cuentas en la BPA, una entidad intervenida por blanqueo en 2015 por las autoridades del pequeño principado pirenaico. Las cuentas figuraban a nombre de sociedades creadas por el banco en Panamá para camuflar los ingresos inconfesables de algunos clientes. Para facturar sus “servicios”, Villalobos utilizó un alambicado esquema de ocultación. Su sociedad de Belice Megana International,con cuenta en la BPA, firmó en febrero de 2010 un acuerdo con Merol Ganem Development Ltd, otra de sus compañías de Belice, para que esta última actuara de fiduciaria de la primera y “por cuenta” de la citada UTE, según el auto. La magistrada indica que las dos sociedades de Belice eran propiedad de la misma persona: Nervis Villalobos. El acuerdo para levantar la planta Juan Manuel Valdez –1.420 millones de euros y capacidad para producir 1.000 megavatios- se anunció en julio de 2009 en la sede gubernamental del Palacio de Miraflores, en Caracas. Al encuentro asistieron el expresidenteHugo Chávez y el exministro de Exteriores español Miguel Ángel Moratinos junto a ejecutivos de PDVSA, Iberinco y Elecnor. Iberinco se desvinculó oficiosamente de la UTE en 2011. REPARTO DEL BOTÍN. La juez considera que el exministro Villalobos repartió parte de los 11,5 millones de euros cobrados en Andorra con dos jerarcas chavistas. Se trata del exviceministro de Energía y director entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Javier Alvarado, que percibió 1,4 millones de euros. Y el secretario de la junta directiva de Electricidad de Caracas, el abogado Luis Carlos de León, que se llevó 6,3 millones, según la magistrada. Villalobos, Alvarado y De León se encuentran entre los 28 procesados por la jueza andorrana Canòlic Mingorance por pertenecer a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos a empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de PDVSA. Villalobos fue detenido el pasado octubre en Madrid junto a Luis Carlos de León. El exministro permaneció hasta la semana pasada en prisión preventiva. Junto a la causa andorrana, el exmandatario de Chávez afronta una solicitud de extradición de Estados Unidos por un presunto delito de blanqueo y está siendo investigado por un supuesto caso de corrupción en el marco del denominado caso Duro Felguera, que indaga el cobro de comisiones. Villalobos ha declinado responder a El País. Por su parte, Elecnor señala que no contrató al exministro venezolano Villalobos. “Ni Elecnor ni ningún directivo de esta compañía está siendo investigado por estos hechos. No entendemos la referencia en los documentos judiciales. No tenemos, ni hemos tenido, ni participado nunca en ninguna sociedad radicada en Malta. No hemos realizado nunca ninguna operación con entidades financieras de Andorra”, zanja la energética. – Con información de iberoeconomia.esEL SITIO NOTICIASCANDELA.CO PLAGIA LA INFORMACIÓN DE INFORME25.COM
Informamos a nuestros lectores que el sitio "noticiascandela.co" está plagiando la información publicada por noticiascandela.informe25.com. El único, original y auténtico sitio de Noticias Candela es noticiascandela.informe25.com. Si usted ingresa a "noticiascandela.co", estará ingresando a un sitio falso que está utilizando sin ninguna autorización el nombre de “Noticias Candela”. Informe25.com o noticiascandela.informe25.com no posee otros sitios asociados, licenciatarios o franquiciados, como lo intenta hacer creer noticiascandela.co, que no es más que un plagio, un delito con sanciones contempladas en la legislación moderna. Reiteramos que el único y auténtico sitio de Noticias Candela lo puede hallar en Informe25.com. “noticiascandela.co” fue creado, al igual que los dominios “aserne.co”, “elpregon.co”, “informaciondura.com”, etc., utilizando bots y automatismos para engañar a desprevenidos lectores, imitando a otros sitios, con lo cual tratan de ocultar y solapar la verdad de individuos ligados a la corrupción. La calidad informativa, los recursos, el alcance, seguidores, prestigio, investigaciones, intelecto y seriedad no se pueden imitar. Ya sea desde República Dominicana, Panamá, Ecuador, Venezuela y con el uso de proveedores online canadienses y franceses, como OVH, a los que los dominios “noticiascandela.co”, “aserne.co” y “elpregon.co”, utilizan de forma maliciosa, la verdad seguirá allí y seguirá siendo difundida.LAS DENUNCIADAS OPERACIONES DE CAICATIAMA MANAGEMENT Y HUMBERTO ARAQUE UGARTE
INTERNACIONALES
PANAMEÑOS SE PRONUNCIAN CONTRA PROCURADORA KENIA PORCELL EN PROTESTA PACÍFICA
¿SE RETIRÓ DE LA TELEVISIÓN EL PERIODISTA PANAMEÑO ÁLVARO ALVARADO TRAS ACUERDO PUBLICITARIO CON EL GOBIERNO DE CORTIZO?
ASÍ ES LA PERCEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS HACIA EL GREMIO PERIODÍSTICO DE PANAMÁ
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.comContenidos Relacionados...
(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
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