FISCALES DE EE.UU.: PRESIDENTE DE HONDURAS USÓ DINERO DEL NARCO PARA FINANCIAR CAMPAÑA. Fiscales federales estadounidenses acusaron al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, de utilizar $1,5 millones de ganancias del narcotráfico para financiar su campaña electoral y ganar la presidencia en el 2013. En un documento de 49 páginas presentado el viernes en el distrito sur de Nueva York se señala al mandatario como un coconspirador que trabajó con su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, y el expresidente Porfirio Lobo “para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras”,
de acuerdo con el diario La Nación. En el documento se afirma que el presidente y su predecesor “dependieron del dinero del narcotráfico” para financiar campañas políticas y se mencionan “pruebas de corrupción a altos niveles políticos” . El documento fue presentado apenas meses después de que otros escritos también entregados ante una corte federal mostraran que el actual gobernante y algunos de sus asesores más cercanos figuraban entre los objetivos de una pesquisa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) , lo cual aumenta las dudas en torno a la aseveración del Gobierno estadounidense de que Honduras ha contribuido a frenar el flujo de drogas. Washington mantiene un firme apoyo al gobierno de Hernández, al que ha canalizado millones de dólares en cooperación de seguridad para detener los envíos de cocaína a Estados Unidos desde Sudamérica. El sábado, la Casa Presidencial rechazó las afirmaciones de la Fiscalía y negó “categóricamente” que el gobernante haya recibido dinero del narcotráfico. “El presidente @JuanOrlandoH ha liderado una batalla sin precedentes para liberar al país del narcotráfico como resultado de una alianza efectiva con los Estados Unidos y otros países”, expresó un comunicado oficial publicado en Twitter. Destacó que una de las armas para combatir ese flagelo ha sido la extradición, “la más temida entre los narcotraficantes”. En otro tuit, se consignó: “El presidente de la República @JuanOrlandoH niega categóricamente las falsas y perversas acusaciones hechas por el traficante de drogas Alexánder Ardón”, citado por la cadena de televisión Univisión. PROTECCIÓN PARA TRAFICAR. De acuerdo con el diario hondureño La Prensa, que reprodujo el sábado el documento revelado por los fiscales, Tony Hernández le dijo a un testigo cooperante (que sería Alexánder Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso y copartidario del presidente) “que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección” que les otorgarían Lobo y Juan Orlando Hernández si el Partido Nacional (al cual pertenecen ambos) ganaba las elecciones de noviembre del 2009. Lobo venció y asumió el gobierno en enero del 2010. Fue sucedido, cuatro años después, por Hernández. Tony Hernández expresó al testigo que confiaba en que su hermano reemplazara a Lobo en la presidencia y así “continuaría protegiéndolos”. Esta protección apuntaba a garantizar la llegada de cocaína desde Colombia a Honduras. La droga entraría a través de la costa del Caribe, por el departamento de Gracias a Dios (noreste, fronterizo con Nicaragua). De allí sería trasladada a la frontera con Guatemala en helicópteros y camiones, según el documento de los fiscales. En este se afirma que “el acusado (Tony Hernández) Ardón" aseguró que los vehículos cargados de cocaína no serían interceptados debido a su acceso a la información de la Policía y el radar". Hernández ganó la reelección en el 2017 luego de que la Corte de lo Constitucional anuló la prohibición para optar a un segundo periodo y tras imponerse en unos comicios muy cuestionados por supuesto fraude. – Con información de Agencias
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
Boliempresario Alejandro Ceballos compró semana pasada 3 caballos por $1.2 millones, en subasta en Saratoga, New York.— Casto Ocando (@cocando) 19 de agosto de 2016
Los nuevos caballos adquiridos por Alejandro Ceballos: Distorted Humor ($350,000), Medaglia D’Oro ($425,000), y Astrology ($425,000).— Casto Ocando (@cocando) 19 de agosto de 2016
EGLI ANTONIO RAMÍREZ, TÍO DE RAFAEL RAMÍREZ, HABRÍA FIRMADO CONTRATO MILLONARIO CON EMPRESA VASCA POR PROYECTO QUE NUNCA SE CONCRETÓ
AUTORIZACIÓN DE EMPLEO PARA INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS
LAS IMPACTANTES REVELACIONES DE CHIKUNSOBERANO2018, 06 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA
PEDRO TORRES PICÓN, HIJO DEL BANQUERO BOLIGARCA PEDRO TORRES CILIBERTO, EN CÍRCULO DE ASESORES DE GUAIDÓ
PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.comContenidos Relacionados...
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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales
(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias
(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)
(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes. – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com
INTERNACIONALES
POLO CIUDADANO SE PRONUNCIA CONTRA POLÍTICA DE RECORTES IMPUESTA POR EL PRESIDENTE DE PANAMÁ “CONTRA LOS MÁS POBRES”
PROTESTAN CONTRA CONMUTACIÓN DE PENA PARA HOMICIDA DEL PERIODISTA PANAMEÑO RAMÓN “MONCHY” CANO
FUNCIONARIOS DEL ESTADO PANAMEÑO Y ABOGADOS SOSPECHOSOS DE PERMITIR TRÁFICO HUMANO POR PASOS FRONTERIZOS
(BRASIL) RSF LANZA UN LLAMAMIENTO INTERNACIONAL PARA APOYAR A LA REDACCIÓN DE 'THE INTERCEPT BRASIL'. Publicado el miércoles 31 de julio de 2019, el llamamiento cuenta el respaldo de las principales organizaciones brasileñas e internacionales de libertad de expresión. Se trata de un apoyo expreso a la redacción del diario digital de investigación The Intercept Brasil, blanco de una violenta campaña de intimidación y desestabilización desde el 9 de junio de 2019. Entre los firmantes se cuentan la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Las publicaciones de The Intercept Brasil sobre el caso de corrupción Lava Jato han desatado una avalancha de ataques y de tentativas de desestabilización hacia los representantes de dicho periódico. Entre los ataques más graves y recientes se encuentran las amenazas de encarcelamiento a Glenn Greenwald, fundador y director de la redacción de The Intercept Brasil, formuladas públicamente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el sábado 27 de julio de 2019. (31 DE JULIO 2019) LLAMAMIENTO INTERNACIONAL A FAVOR DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN BRASIL TRAS LOS ATAQUES A PERIODISTAS DE 'THE INTERCEPT'. Las 26 organizaciones defensoras de la libertad de prensa y de los derechos humanos condenan con firmeza la ola de agresiones y amenazas que ha sufrido la redacción de The Intercept Brasil, diario en línea que publica trabajos periodísticos de investigación. Pedimos a las autoridades que velen por que se respete estrictamente el secreto de las fuentes informativas, que está garantizado por la Constitución brasileña. Las agresiones y amenazas comenzaron el 9 de junio de 2019, cuando The Intercept Brasil publicó el primero de una serie de reportajes en los que daba a conocer graves irregularidades en el Lava Jato –investigación judicial que reveló un caso de corrupción en el que estaban implicados empresarios y políticos, uno de los mayores escándalos en la historia de Brasil–. Para publicar esta información –basada en documentos obtenidos de una fuente anónima– The Intercept Brasil estableció una colaboración con diversos medios de comunicación brasileños, entre ellos el diario Folha de São Paulo y la revista Veja. Desde que se publicó esta información los miembros de The Intercept Brasil, en particular Glenn Greenwald, fundador del medio, han sido blanco de numerosos insultos, amenazas de muerte y calumnias, que se basan en información falsa difundida en las redes sociales a fin de desacreditar el trabajo de The Intercept. El caso de The Intercept Brasil es simbólico y representativo de las dificultades a las que se enfrentan todos los periodistas que investigan temas delicados en Brasil, donde se han vuelto frecuentes las campañas de intimidación y persecución de la prensa. Quienes firmamos este llamamiento consideramos que los intentos de desestabilizar y desacreditar a The Intercept Brasil y sus colaboradores, independientemente de su origen, constituyen una grave amenaza para la libertad de información, ya que no sólo buscan desviar la atención de la población respecto al contenido de estas publicaciones, sino que también nutren un ambiente cada vez más hostil al trabajo de la prensa, sobre todo al periodismo de investigación. Recordamos al Estado brasileño que tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los periodistas y de investigar las graves amenazas recibidas por los periodistas de The Intercept Brasil y sus colaboradores. La libertad de prensa y de información son los pilares de la democracia y trascienden las divergencias políticas, por lo que deben ser protegidas y garantizadas a toda costa. - Firmantes: - Agência Pública de Jornalismo Investigativo - Amnesty International Brazil - Article 19 Brasil - Asociación de la Prensa de Madrid (APM) - Associação Brasileira de Imprensa (ABI) - Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) - Associação dos Correspondentes Estrangeiros (ACE) de São Paulo - Committee to Protect Journalists (CPJ) - Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) - Federación de las Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) - Freedom House - Freedom of the Press Foundation - Global Editors Network (GEN) - Human Rights Watch - IFEX - Index on Censorship - Instituto Vladimir Herzog - Interamerican Press Association (IAPA/SIP) - International Press Institute - Intervozes - Mediapart - Observatório da Imprensa - PEN International - Reporteros Sin Fronteras (RSF) - The Guardian - Witness Brasil – Con información de rsf-es.org
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