CRISIS EN VENEZUELA: ¿QUÉ HA PASADO CON LA CLASE MEDIA EN CARACAS? A primera vista, hay poco sobre el restaurante La Esquina, en Caracas, que haga evidente la crisis que vive el país. La música suena con fuerza desde unos altavoces ocultos entre plantas suntuosas. El moderno bar, ubicado entre jardines, tiene vista a una piscina decorativa y poco profunda que resalta como la pieza central del restaurante, de acuerdo con BBC Mundo.
Y en el interior, hay una pared de vinos finos para los comensales que deseen una copa, mientras que el menú ofrece platillos como carpaccio, aceite de trufa y poke bowl (plato tendencia en varios países del mundo que consiste en pescado marinado sobre una base de arroz o quinoa junto a verduras frescas). El restaurante es otro mundo comparado con lo que se vive en gran parte de Venezuela, un país donde cerca del 90% de la gente vive en la pobreza y el Fondo Monetario Internacional predice que la inflación llegará a 10 millones por ciento este año. Este es un país donde el salario mínimo ronda los $5 dólares al mes y la mayoría de las personas batallan para poder comprar una docena de huevos o una simple bolsa de arroz. Pero al otro lado de la ciudad, hay un pequeño supermercado que vende productos importados para aquellos que pueden darse el lujo de comprar algo ahí. La mayoría de los clientes son extranjeros o venezolanos con más recursos como los llamados “Boligarcas”, epíteto que usan los venezolanos para referirse a quienes se han enriquecido con la “Revolución Bolivariana” de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En este supermercado se pueden encontrar estanterías de queso gourmet, aceitunas mixtas y caviar. También hay una pierna de jamón serrano con un precio de $1,800 dólares. Quedan pocos lugares como estos en un país que llegó a ser el más próspero de la región. Y aún en los momentos más difíciles de la crisis, es admirable que sigan existiendo. ->>Vea más… Con información de BBC Mundo - eldeber.com.bo
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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UNA INTERESANTE SEMBLANZA ACERCA DE TOBÍAS CARRERO NÁCAR | EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA
LAS DENUNCIADAS OPERACIONES DE CAICATIAMA MANAGEMENT Y HUMBERTO ARAQUE UGARTE
LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNSOBERANO2018 23 MAYO 2019
INTERNACIONALES
(PANAMÁ) FUNCIONARIOS DEL ESTADO PANAMEÑO Y ABOGADOS SOSPECHOSOS DE PERMITIR TRÁFICO HUMANO POR PASOS FRONTERIZOS
(PANAMÁ) INVITAN A 'TORTUGONE PARTY' PARA CELEBRAR LA DESPEDIDA DEL GOBIERNO DE VARELA
(PANAMÁ) PRACTICAN LA DETENCIÓN DE PIRATAS QUE ACCEDIERON A INSTAGRAM DE LA EXCANDIDATA PRESIDENCIAL BALBINA HERRERA
(PANAMÁ) LAS INFIDENCIAS DE UNA INVESTIGACIÓN. Por: Adelita Coriat - El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, está próximo a revelar los resultados sobre las sumarias de investigación que efectuó acerca de la participación del bufete del hoy fallecido abogado Rogelio Saltarín —abogado personal del presidente Juan Carlos Varela— con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Esta pesquisa se originó a raíz de una demanda penal producto de la publicación seriada que hice en La Estrella de Panamá , del 1 al 4 de octubre de 2018, titulada: ‘La mano paralela de la justicia'. La pesquisa revelaba una desviación sin precedentes del Consejo de Seguridad, convertido en un instrumento de persecución política y alquimista de casos judiciales puntuales. Un plan estructurado como si fuera un rompecabezas. En el escrito describía a los actores centrales que interactuaron entre sí desconociendo las fronteras entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría. El CSN terminó manejando los expedientes de supuestos casos de corrupción. ‘Las piezas principales de este plan son Rolando López, actual secretario ejecutivo del CSN, y Rogelio Saltarín, abogado penalista y asesor externo en materia penal de la Presidencia de la República durante los primeros 18 meses del gobierno de Juan Carlos Varela, que utilizaron el brazo de Kenia Porcell en la jefatura de la Procuraduría General de la Nación', se lee en mi escrito. Uno de los puntos más delicados fue la denuncia de esta estructura que contaba ‘con un grupo de juristas aliados que conformaban un club de amigos a quienes se les denominó La Taquilla. Ese clan, que nunca tuvo rostro ni identidad definida, se especializó en obtener la libertad de encausados, según denunciaron fuentes judiciales. Eran capaces de ablandar medidas cautelares de los procesados, donde primaba el interés del que pagaba y del que recibía esos favores, menoscabando el interés de la justicia. REVISA EL BORRADOR. Por meses he consultado al procurador González sobre la conclusión de su investigación. El contacto inició a principios de diciembre de 2018, y las respuestas se hicieron acompañar de su estilo caballeroso y amable: ‘estamos realizando práctica de pruebas para verificar la denuncia; realizamos transcripciones a las diligencias'. En enero pasado indicó que efectuaba una solicitud adicional a la PGN para el posterior análisis de la información y determinar si se está o no ante un hecho punible, tarea a la que se encomendó en febrero. En mayo de 2019, manifestó que elaboraba una resolución que esperaba tener lista en una semana. Ese mes, por segunda vez, dijo que revisaba el borrador para hacer las últimas correcciones. Para el trabajo de investigación entrevisté a docenas de abogados penalistas, exdirectores del CSN, exmagistrados de la Corte Suprema, exprocuradores de la PGN; recogí la voz de los procesados en las investigaciones iniciadas por Saltarín, ministros y viceministros, fuentes judiciales. Muchos de los consultados, temerosos ante la consecuencia de sus palabras, solicitaron omitir sus nombres, y así lo respeté. Obtuve documentación, luego de gestionar varias peticiones al Ministerio de la Presidencia, para conseguir el informe de gestión de Saltarín en base a la Ley de Transparencia en la gestión pública que finalmente me entregaron a finales de julio de 2018, y examiné docenas de expedientes para hacer un análisis comparativo, entre las sumarias de las fiscalías encargadas de los procesos que se originaron bajo la asesoría de Saltarín, y los fallos emitidos por los juzgados. LA GÉNESIS Todo empezó a finales de abril de 2018, cuando publiqué un informe que revelaba a beneficiarios de pagos directos e indirectos que efectuó la constructora brasileña Odebrecht a través del Departamento de Operaciones Estructuradas, y que vinculó a varias sociedades panameñas. Un documento que provenía del CSN y cuya autenticidad corroboraron distintas fuentes. Un día después de la publicación, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado calificando la noticia de errada y negó su autoría. Sostenía que este tipo de pesquisas corresponden al Ministerio Público y no al CSN. Curiosamente, el debate sobre la autoría del documento superó el contenido de la información sensitiva que establecía vínculos entre la constructora y sociedades anónimas que antes no habían sido publicadas. Reproduje íntegra la versión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, al parecer el derecho a réplica no había sido suficiente. Al día siguiente, en horas de la noche, recibí una llamada del enlace del Consejo de Seguridad para citarme a una reunión con dos altos funcionarios del Consejo. No había motivo para tal cita, pues ya había sido publicado el manifiesto del CSN. Sin embargo, ante la insistencia del enlace, accedí. La intención de los altos funcionarios se centraba en conocer quién me entregó el informe antes mencionado —respuesta que nunca obtuvieron—, insistían en que la fuente buscaba hacer daño a la entidad. La reunión duró casi dos horas, pero antes de que concluyera la conversación que se pactó ‘off the record', recordé que en mi bolso cargaba un poder del entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, a un abogado del Consejo de Seguridad de nombre David Hidalgo Padilla, en el proceso conocido como ‘compras de arroz'. En dicho documento aparecía la dirección y el teléfono del CSN para ubicar al apoderado del PAN. Le mostré el papel al interlocutor de más alto rango y éste lo leyó detenidamente. Ante mi insistencia sobre una explicación al respecto, el funcionario admitió que el abogado trabajaba para la institución, pero fue incapaz de justificar la razón por la que se habilitó al jurista para interponer la denuncia. En cambio, me refirió a su ‘jefe', el ministro de la Presidencia Álvaro Alemán, para que explicara el asunto. Alemán aceptó la entrevista de forma inmediata, pero negó todo vínculo con el CSN. Se mostró molesto por las preguntas incisivas que buscaban conocer el alcance de la relación entre Saltarín, el CSN y la Procuraduría General de la Nación. Alemán describió la labor de Saltarín en la Presidencia como una figura coordinadora del cúmulo de denuncias que surgieron en las entidades durante la pasada administración gubernamental que ameritarían presentar querellas. Sostuvo que el licenciado Hidalgo pertenece al Ministerio de la Presidencia, que antes laboraba en el Consejo de Seguridad y que ‘de repente lo llamaron para hacer ese trabajo como asesor penal en la Presidencia'. Posteriormente, Hidalgo fue trasladado como director de la Dirección General de Ingresos. Acudí personalmente al despacho de Hidalgo para conocer su versión sobre su función como querellante del PAN. Su secretaria me dijo que se encontraba de vacaciones. Sugirió que enviara un cuestionario por correo electrónico y así lo hice. Pero a pesar de las múltiples llamadas, jamás respondió las inquietudes sobre su actuación. Una de las primeras personas que contacté fue a Rogelio Saltarín. A finales de mayo de 2018 le escribí a su celular para una entrevista, a lo que respondió que sufría de quebrantos de salud. En un momento mostró interés de hablar, pero después fue internado en un hospital en el extranjero. El abogado falleció en diciembre de 2018, poco después de regresar a Panamá. La publicación tomó por sorpresa al Consejo de Seguridad Nacional. El gobierno de Varela mantuvo silencio hasta pasados diez días de la fecha de la publicación. Se emitió un comunicado con el sello del Gobierno Nacional, sin firma, en el que se justificaba la contratación de bufetes de abogados para asesorías diversas. Paralelamente a la publicación de los reportajes, se produjo un extraño silencio de los medios de comunicación nacionales. Escasos hicieron eco de la información. A juzgar por las palabras de Juan Carlos Tapia, conductor del programa ‘Lo Mejor del Boxeo', quien comentó las publicaciones bajo advertencia de que cerrarían el espacio televisivo, la reserva colectiva respondía a claras amenazas de censura que evidenciaron una violación al derecho de expresión e información que la administración Varela se jacta en defender. La procuradora Kenia Porcell nunca quiso hablar para esta investigación, a pesar de mis múltiples insistencias, correos electrónicos y repetidas peticiones al enlace de prensa de la entidad. Lo que sí hizo fue calificar la investigación como un ‘sofrito' o ‘refrito' ante algunos periodistas que se atrevieron a preguntarle del tema a su salida de la Fiscalía Auxiliar. Desde mediados de octubre de 2018, Porcell no ha dado la cara públicamente. Una serie de hechos posteriores a la publicación me motivaron a sospechar que mi teléfono estaba siendo intervenido y que me seguían sin justificación judicial. Curiosamente, la noche del 17 de octubre, luego de que corrió como pólvora una noticia falsa en las redes y celulares, que contaba que había salido ‘librada de un supuesto intento de secuestro en el que resulté herida con un objeto contundente', recibí la llamada de los dos altos funcionarios del Consejo de Seguridad con los que me había reunido anteriormente, para decirme que ellos no habían sido los autores de la ‘fake news' y que velaban por mi seguridad. ‘Tenga por seguro que usted estará muy bien cuidada', escuché al otro lado del auricular. – Con información de Adelita Coriat – La Estrella de Panamá
(PANAMÁ) MIGRACIÓN RETIENE A 25 EXTRANJEROS. El Servicio Nacional de Migración detuvo a 25 extranjeros que se encontraban en el país con la estadía vencida y realizando trabajo sin permiso laboral. Migración acompañado de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizó el operativo en Pueblo Nuevo, distrito de Panamá, y en el distrito de La Chorrera, de Panamá Oeste. El director de Migración, Miguel López Cedeño, explicó que los operativos se realizaron en restaurantes y centros de diversión nocturna, a raíz de denuncias específicas recibidas. Sin embargo, no especificó los nombres de los locales. De los 25 extranjeros retenidos, 16 son colombianos, siete venezolanos, un dominicano y un nicaragüense. Migración explicó, en un comunicado, que las infracciones administrativas migratorias serán sancionadas con amonestación, multas, devoluciones, cancelaciones, deportaciones o expulsiones, dependiendo de la gravedad del caso. – Con información de José Arcia – La Estrella de Panamá
(NICARAGUA) FIRMA INGLESA BUSCARÁ PETRÓLEO. Cairn, la compañía de petróleo y gas que cotiza en la bolsa de Londres, llegó a un acuerdo con la empresa noruega Equinor que tiene concesiones de exploración petrolera en Nicaragua para asumir ese trabajo… La noticia fue compartida por el presidente ejecutivo de Cairn, Simon Thomson, antes de la reunión general de la compañía… “Desde nuestra última fecha de informe, hemos consolidado nuestra posición en América Latina y hemos firmado un acuerdo de adquisición de fondos con Equinor por un 35.1% de participación no operativa en cuatro bloques de exploración en la costa del Pacífico de Nicaragua”, detalló Thomson… Cairn ha adquirido participaciones en los bloques (C-1, C-2, C-3 y C-4), que cubren un área de 16,000 km2 en la Cuenca Sandino… Thomson dijo que la compañía ha adquirido los derechos de exploración para una posible campaña de perforación de exploración en 2020… “La incorporación permite a Cairn acceder a un potencial de recursos de alto impacto en una ubicación fronteriza que contiene una variedad de tipos de juegos de exploración”, afirmó Thomson… Tras la transacción, Equinor ha seguido siendo el operador con un 49,9% de capital. La empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) posee la participación restante del 15%… Por medio del Acuerdo Presidencial 177-2018, se autorizó al Ministerio de Energía y Minas (MEM), proceder a suscribir con los Contratistas EQUINOR y PETRONIC los Acuerdos de Modificación en las Cláusulas 2, 6, 8, 24 y 26 de los Contratos de Concesión para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Pacífico Costa fuera, Bloques C 1, C2 y C3, otorgados en las Escrituras Públicas Número 494, 495, 496 respectivamente, y en las Cláusulas 2, S, 6, 8, 24 y 26 del Contrato de Concesión Bloque C4, otorgado en la Escritura Pública Número 497; todos suscritos el 28 de mayo de 2015 entre el Estado de la República de Nicaragua y la compañía Statoil Nicaragua Holdings, B.V., Sucursal en Nicaragua (STATOIL) ahora denominada Equinor Nicaragua B.V. Sucursal en Nicaragua (EQUINOR) y la Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC)… La empresa petrolera noruega estatal Equinor, antes Statoil, ahora en sociedad con Cairn piensa perforar en busca de petróleo afuera de las costas nicaragüenses del Pacífico. Según funcionarios de Equinor, en caso de que la perforación sea exitosa, se podría pensar en recuperar unos 300 millones de barriles de crudo… - Con información de informepastran.com
(SUDÁN) LA LIBERTAD DE PRENSA, NECESARIA PARA UNA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA. Reporteros Sin Fronteras condena la prohibición a la cobertura de temas de corrupción y otros actos de censura impuestos por las autoridades militares que dirigen Sudán, cuyas políticas están bloqueando el deseo de la población de tener medios independientes, imprescindibles para cualquier transición democrática. El presidente depuesto Omar Al-Bashir, está encarcelado desde el 16 de abril por el Consejo Militar de Transición que mantiene también un férreo control de lo publicado en los medios. La agencia reguladora de los medios, controlada por las autoridades de transición, ha enviado una carta a todos los medios de comunicación sudaneses prohibiendo la publicación de cualquier información relacionada con la corrupción. Abdul Azim Awad, secretario general de dicha entidad reguladora, pretende con ello evitar la oleada de denuncias de corrupción contra muchos líderes del régimen anterior. "Condenamos esta decisión, que va en contra del derecho del pueblo de Sudán a tener un debate público de alta calidad en este momento crucial de la historia del país, un debate sin que las autoridades interfieran y sin que los medios estén censurados", afirma Arnaud Froger, responsable de la oficina de África de Reporteros Sin Fronteras. "Urgimos a las autoridades militares de transición a abandonar este control a los metidos y permitan el desarrollo de una prensa libre e independiente, en lugar de intentar amordazarlos con sus políticas editoriales. No habrá una transición democrática exitosa sin libertad de prensa", añade. Los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad no confiscan sistemáticamente periódicos, como hacían durante las protestas que llevaron al derrocamiento de Bashir, pero sus responsables, y los comandantes militares del anterior régimen, están ahora a cargo de la transición, y siguen interfiriendo en el trabajo de los periodistas. El reportero de Al Midan, Mohamed Al-Fateh, fue detenido el 14 de abril en el aeropuerto de Jartún, por estar en la lista de periodistas prohibidos. Hiba Makawi, fue suspendido de su puesto en la radio nacional, el 2 de mayo, por un informe crítico con los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad. Algunos políticos y representantes de la sociedad civil que han sido invitados a participar en debates de medios públicos a menudo tienen negado el acceso por agentes de estos mismos servicios. Los profesionales de los medios de comunicación en Sudán todavía tienen un largo camino para superar el instinto de autocesurarse en un país donde los servicios de Inteligencia y el partido anteriormente en el poder siguen controlando los medios públicos y la mayoría de los privados. Sudán ocupa el puesto 175 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org(LIBIA) "GENERAL HAFTAR: ¿DÓNDE ESTÁN LOS PERIODISTAS GURJ Y CHIBANI?". Reporteros Sin Fronteras (RSF) insta al general Khalifa Haftar a aclarar todo lo posible qué ha ocurrido con los periodistas Mohamed Gurj y Mohamed Chibani de Libia Alahrar Television, detenidos cerca de Trípoli el 2 de mayo por la brigada "Al Kaniat", un grupo afiliado a su ejército. Han pasado más de dos semanas desde su detención y aún no hay ningún dato certero sobre lo ocurrido. Según informaciones no verificadas que circulan en las redes sociales, ambos periodistas de televisión están muertos. "Instamos a esclarecer qué ha ocurrido con Mohamed Gurj y Mohamed Chibani: es inhumano que sus familiares y amigos esperen tanto tiempo sin noticias", ha declarado Souhaieb Khayati, responsable de la oficina de RSF en el norte de África. Libia ocupa el puesto 162, entre 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de RSF 2019. Ver también el Informe Anual de la organización. – Con información de rsf-es.org
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