jueves, 22 de octubre de 2015

Hess Corporation pide remitir demanda de Islas Vírgenes por Hovensa a tribunal de bancarrota

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2015/10/pic904509760-1.jpg(+Traducción) Hess Corporation está tratando de conseguir que la demanda del gobierno VI presentada contra la compañía - una demanda para más de $ 1.5 mil millones en daños - transferidos a los Estados Unidos Tribunal de Quiebras.
La compañía de Fortune 500 se trasladó la demanda del VI de la Corte Superior de la Corte de Distrito de Estados Unidos el viernes.

Hess inmediatamente le pidió a un juez federal que remitir el caso al Tribunal de Quiebras, donde Hess sostiene la demanda del gobierno pertenece.

En la demanda, el gobierno alega VI Hess violó la ley y sus contratos con el gobierno en el transcurso del año e ilegalmente cerró la refinería HOVENSA.

Al argumentar que el caso sea transferido a la corte de bancarrota, Hess sostiene que la demanda de que el gobierno está relacionado con la quiebra de HOVENSA; que HOVENSA tiene la mayor exposición en la demanda; y que el caso podría afectar a la finca de HOVENSA. HOVENSA se encuentra actualmente en medio de Capítulo 11 procedimientos de quiebra.

Un juez no se ha pronunciado al respecto.

HOVENSA es una empresa conjunta entre Hess Aceite Virgen Islas Corp., una subsidiaria de propiedad total de Hess Corporation, y PDVSA VI, una subsidiaria de propiedad total de la compañía petrolera nacional de Venezuela, Petróleos de Venezuela.

El gobierno VI demandó Hess - y no HOVENSA - en el caso que presentó en la VI Corte Superior en septiembre, alegando violaciónes civiles de la Ley de Organizaciones Corruptas Criminales Influenciado y, así como la interferencia intencional con las relaciones contractuales existentes y los recuentos que alegan inducción fraudulenta y no divulgación fraudulenta, el engaño y la ocultación.

Entre las alegaciones de la demanda es que Hess controlado HOVENSA - y que Hess desvió más de $ 1 mil millones en activos Hovensa y agobiados HOVENSA con los gastos de explotación insostenibles. El gobierno afirma que Hess violó la ley cuando se cerró la refinería de petróleo HOVENSA casi una década antes de que sus obligaciones legales con el gobierno estaban completas.

El lunes, los abogados dijeron que el Gobierno VI tiene previsto presentar una moción pidiendo a un juez para enviar el caso de vuelta a VI de la Corte Superior.

"Obviamente, creemos que se trata de violaciónes de las leyes locales, y nos gustaría que el caso continuará en la Corte Superior de las Islas Vírgenes," actuando Fiscal General VI Claude Walker dijo.

Hess invoca varios argumentos en sus presentaciones, incluida la HOVENSA tiene una mayor exposición en la demanda, a pesar de que Hess es el demandado identificado.

Hess señala que HOVENSA en su acuerdo de funcionamiento de Responsabilidad Limitada Corporación indemniza Hess de los daños y perjuicios que pudieran surgir como consecuencia de la operación del negocio - en otras palabras, HOVENSA asume la obligación de pagar los daños y perjuicios.

Por lo tanto, Hess argumenta, el resultado del caso podría tener un impacto inmediato en la quiebra raíces de HOVENSA y debe ser referido a la división de la quiebra.

Sin embargo, la cláusula de indemnización en el convenio operativo HOVENSA LLC no se aplica a los daños que se derivan de las acciones u omisiones que constituyen mala fe, fraude, violación intencional de la ley o mala conducta intencional o una violación material - que es lo que el gobierno VI alega en el pleito.

Hess también sostiene que, incluso si el caso no se refiere a la división de la quiebra, que todavía debe permanecer en la Corte de Distrito de Estados Unidos en lugar de la Corte Superior.

Hess cita estas dos razones:

- El Acuerdo de 1965 Concesión entre Hess y el territorio - que la Legislatura convirtió en ley cuando se ratificó el acuerdo - le dio la jurisdicción Tribunal de Distrito de Estados Unidos sobre litigios relacionados con las disputas que surjan del acuerdo. Esta disposición se ha extendido en los acuerdos posteriores.

- El Tribunal de Distrito de Estados Unidos retuvo la jurisdicción para presidir disputas relacionadas con el decreto 2011 de consentimiento entre HOVENSA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el gobierno VI.

En su demanda, el gobierno VI desafía el decreto de consentimiento, alegando que Hess negoció el decreto de consentimiento para HOVENSA, causando HOVENSA a concedes a las condiciones onerosas para el beneficio de Hess. La demanda alega que el decreto de consentimiento - con su $ 700 millones en mejoras acordadas - despejó el camino para Hess para convertir la refinería a una instalación de almacenamiento de petróleo.

La demanda también alega que Hess y Hovic no tenían ninguna intención de hacer los $ 700 millones en mejoras, porque Hess destinado a cerrar la refinería y forzar su conversión en un terminal de almacenamiento de petróleo.

Hess sostiene la demanda del gobierno cuestiona la legalidad fundamental del decreto de consentimiento, lo que dice es exactamente el tipo de disputa sobre la que el Tribunal de Distrito debe presidir.

El gobierno VI responderá y espera mantener el caso en la Corte Superior del VI, dijo Walker.

"Creemos que nuestro caso es muy fuerte y estamos haciendo una serie de argumentos imaginativos y novedosos para luchar contra esto, que es lo que se espera", dijo Walker. "Pero al final vamos a prevalecer."

Hess seeks to keep V.I. from collecting damages HOVENSA's parent company asks judge to move V.I. government's lawsuit to bankruptcy court

Hess Corporation is trying to get the lawsuit the V.I. government filed against the company - a lawsuit seeking more than $1.5 billion in damages - transferred into U.S. Bankruptcy Court.

The Fortune 500 Company moved the lawsuit from V.I. Superior Court to U.S. District Court on Friday.

Hess then immediately asked a federal judge to refer the case to Bankruptcy Court, where Hess contends the government's lawsuit belongs.

In the lawsuit, the V.I. government alleges Hess violated the law and its contracts with the government over the course of years and illegally shut down the HOVENSA refinery.

In arguing to have the case transferred to bankruptcy court, Hess contends that the government's lawsuit is related to HOVENSA's bankruptcy; that HOVENSA has the greatest exposure in the suit; and that the case could affect HOVENSA's estate. HOVENSA is currently in the midst of Chapter 11 bankruptcy proceedings.

A judge has not yet ruled on the matter.

HOVENSA is a joint venture between Hess Oil Virgin Islands Corp., a wholly owned subsidiary of Hess Corporation, and PDVSA V.I., a wholly owned subsidiary of the national oil company of Venezuela, Petroleos de Venezuela.

The V.I. government sued Hess - and not HOVENSA - in the case it filed in V.I. Superior Court in September, alleging civil violations of the Criminally Influenced and Corrupt Organizations Act, as well as intentional interference with existing contractual relations and counts that allege fraudulent inducement and fraudulent non-disclosure, deceit and concealment.

Among the lawsuit's allegations is that Hess controlled HOVENSA - and that Hess siphoned off more than $1 billion in HOVENSA assets and burdened HOVENSA with unsustainable operating expenses. The government asserts that Hess broke the law when it shuttered the HOVENSA oil refinery nearly a decade before its legal obligations to the government were complete.

On Monday, attorneys said the V.I. Government plans to file a motion asking a judge to send the case right back to V.I. Superior Court.

"Obviously, we believe we are dealing with violations of local law, and we'd like to have the case continue in the Superior Court of the Virgin Islands," acting V.I. Attorney General Claude Walker said.

Hess puts forward several arguments in its filings, including that HOVENSA has greater exposure in the lawsuit, even though Hess is the named defendant.

Hess notes that HOVENSA in its Limited Liability Corporation operating agreement indemnifies Hess from any damages that might arise out of the business operation - in other words, HOVENSA takes on the obligation to pay the damages.

Therefore, Hess argues, the outcome of the case could have an immediate impact on HOVENSA's bankruptcy estate and should be referred to the bankruptcy division.

However, the indemnification clause in the HOVENSA LLC operating agreement does not apply to damages that stem from actions or omissions that constitute bad faith, fraud, intentional violation of law or intentional misconduct or a material breach - which is what the V.I. government is alleging in the lawsuit.

Hess also contends that even if the case is not referred to the bankruptcy division, it still should stay in U.S. District Court rather than Superior Court.

Hess cites these two reasons:

- The 1965 Concession Agreement between Hess and the territory - which the Legislature made into law when it ratified the agreement - gave the U.S. District Court jurisdiction over litigation involving disputes arising out of the agreement. That provision has been extended in later agreements.

- The U.S. District Court retained jurisdiction to preside over disputes involving the 2011 consent decree between HOVENSA, the U.S. Environmental Protection Agency and the V.I. government.

In its lawsuit, the V.I. government challenges the consent decree, contending that Hess negotiated the consent decree for HOVENSA, causing HOVENSA to agree to onerous terms for Hess' benefit. The suit alleges that the consent decree - with its $700 million in agreed-upon improvements - cleared the way for Hess to convert the refinery to an oil storage facility.

The lawsuit also argues that Hess and HOVIC had no intention of making the $700 million in improvements, because Hess intended to shut down the refinery and force its conversion into an oil storage terminal.

Hess contends the government's lawsuit challenges the fundamental legality of the consent decree, which it says is exactly the type of dispute over which the District Court should preside.

The V.I. government will respond and hopes to keep the case in V.I. Superior Court, Walker said.

"We believe our case is very strong and they are making a number of fanciful and novel arguments to fight this, which is to be expected," Walker said. "But in the end we will prevail."

Fuente: Con información de JOY BLACKBURN - http://virginislandsdailynews.com

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