Al menos una de estas transacciones involucraba la obtención de dólares baratos que el gobierno venezolano vende al cambio oficial para que los importadores paguen a sus proveedores extranjeros.
En uno de los casos, 12 demandantes acusan a Carlos Eduardo Mendoza y Efraín Betancourt, residentes de Miami-Dade y gestores de Yupi Holdings, de haberse quedado con 78 millones de bolívares que les prestaron en el 2012 y por los que debían recibir unos $8 millones de dólares en cuentas estadounidenses como devolución del préstamo, en una operación en la que también participaron otros inversores que son parte de la demanda.
En otro, la empresa All Factoring de Venezuela demandó a cuatro sociedades de diferentes países, entre las que figura Atmosphere Fund, constituida en las Islas Vírgenes Británicas y cinco empresarios o empleados, entre ellos dos residentes de Miami-Dade, Luis Wolkowiez y Jorge Reyes, por no restituirles más de la mitad de un préstamo de 234 millones de bolívares por los que iban a recibir $15.5 millones.
Wolkowiez había sido demandado en el 2012 por una empresa de Panamá, New Grove Ventures, con un accionista venezolano, Carlos Edery, por no devolver gran parte de un préstamo de 3.8 millones de bolívares que, según el demandante, la empresa le prestó y que debían ser devueltos en dólares en una cuenta de Miami Dade.
Las partes llegaron a un acuerdo para cerrar el caso.
En otros casos judiciales, Wolkowiez encaró demandas por ruptura de contratos en negocios de exportación e importación a Venezuela.
“La gente en Venezuela está buscando cómo obtener dólares”, dijo el abogado Alexander F. Fox, quien es uno de los abogados de los demandantes en el caso contra Yupi Holdings y uno de los que defienden al demandado Luis Wolkowiez en el proceso contra Atmosphere Fund.
“Cuando no hay liquidez, cuanto más escasos son los dólares, siempre hay más oportunidades para la gente que quiere robar”, añadió el abogado.
En otra demanda interpuesta en Broward, el empresario venezolano Julius Jessurun Arenas demandó a INJEX 21, empresa con sede en Fort Lauderdale y propiedad del ex pelotero Sammy Sosa, por no pagarle parte de una comisión que debía cobrar en dólares tras conseguir que una empresa de recolección de basura de Venezuela hiciera un pedido de inyectores sin aguja distribuidos por INJEX 21. Además, según la demanda, INJEX 21, habría cerrado otro pedido sin respetar el contrato de exclusividad de Arenas.
La demanda fue retirada y, tras afirmar haber alcanzado un acuerdo con INJEX 21, el abogado de Jessurun envió a El Nuevo Herald una declaración jurada en la que afirmó que todo lo que había declarado con anterioridad era falso.
Los representantes de Yupi Holdings e INJEX21 negaron las acusaciones. En el caso de Atmosphere Fund, los demandados o sus abogados no respondieron a los emails y llamadas telefónicas, rechazaron comentar sobre el caso, o no pudieron ser contactados, excepto en el caso del representante de Jorge Reyes, quien negó cualquier responsabilidad de su cliente respecto a que los demandantes no hubieran recuperado su inversión.
EL MERCADO CAMBIARIO
En el mercado oficial venezolano, las operaciones de cambio de dólares por bolívares tienen que ser aprobadas por el gobierno, que establece límites de cuantía y requisitos para comprar dólares.
El principal sistema oficial para obtener dólares hasta enero de este año era a través de la Comisión de Administración Divisas (CADIVI). Ciudadanos y empresas que necesiten pagar a proveedores extranjeros de bienes considerados esenciales (como piezas para maquinaria agrícola, o industrial, alimentos o productos médicos) podían adquirir a través de ella dólares al cambio oficial de 6.3 bolívares.
Este sistema fue sustituido recientemente por otro de subastas en las que el precio del dólar será de al menos 11.3 bolívares.
Pero en Venezuela, un país que importa el 70 por ciento de todo lo que su población consume, la demanda de dólares es mucho mayor a los que el gobierno distribuye.
En el mercado cambiario paralelo, ilegal en Venezuela, el precio del dólar se ha disparado desde mediados del 2012 (...).
Además, la brecha en la cotización del dólar ha abierto la puerta a operaciones en las que algunos obtienen beneficios de millones de dólares defraudando al gobierno venezolano.
El Banco Central de Venezuela informó en junio que individuos que obtuvieron dólares de CADIVI para pagar a proveedores extranjeros simulando importaciones ficticias o declarando un valor superior de la mercancía importada provocaron una fuga de divisas que ascendió a $20,000 millones en el 2012, un tercio de las divisas que Venezuela destina a las importaciones, según reportó la prensa local.
Proveedores estadounidenses y de otros países o sus socios compran con dólares bolívares baratos en el mercado paralelo venezolano donde hoy $10, por ejemplo, se pueden convertir en unos 750 bolívares. Luego el comprador venezolano, que en ocasiones es un mero intermediario, compra con los bolívares obtenidos dólares baratos a CADIVI al tipo oficial (si se ingresan 750 bolívares obtenidos con $10, CADIVI retornaría casi $120) para pagar al proveedor extranjero.
El proveedor extranjero, el comprador o sus socios, que consiguieron $120 con una inversión inicial de $10, pueden volver a vender los dólares en el mercado paralelo.
La mercancía en ocasiones no se entrega y suele suceder que lo realmente importado resulta ser, en vez de maquinaria, chatarra u objetos de poco valor. Otras veces los precios están muy inflados.
“Es el mejor negocio que puedes hacer en el mundo. Hacen dinero, no porque sean inteligentes, sino porque tienen acceso a dólares al cambio oficial. Imagine poder comprar acciones a $1 y venderlas a $10”, dijo Fox sobre este tipo de operaciones.
OPORTUNIDAD PARA OBTENER DOLARES
La demanda de sus clientes afirma que Mendoza y Betancourt contaron a los demandantes que el dinero que depositaran en la cuenta de un intermediario venezolano, Inversiones Maxx, servirían para financiar una importación desde Miami.
Según los documentos judiciales, una vez que la mercancía importada llegara a Venezuela, el intermediario finalizaría el canje de los bolívares prestados por dólares a través de CADIVI al tipo oficial, y estos serían transferidos a cuentas de Yupi Holdings y sus gestores en Estados Unidos, quienes devolverían el préstamo en dólares a los demandantes.
“Los demandantes, que deseaban transferir fondos de sus cuentas bancarias en Venezuela a Estados Unidos en dólares, vieron la transacción como una oportunidad para obtener dólares a una tasa de cambio oficial a través de CADIVI, que es mucho más baja que la tasa de cambio disponible en el mercado abierto”, señala la demanda.
“Nos dijeron que necesitaban bolívares para la importación”, dijo Eduardo Rivas, inversor que encabeza la demanda y quien afirmó desconocer más detalles sobre la compra. “Ni preguntamos”.
(...)
Los dólares les costaron más caros que el del tipo oficial de $4.3 por bolívar vigente entre junio y septiembre del 2012, cuando los demandantes depositaron los fondos y, en general, algo más baratos que si los hubieran cambiado en el mercado paralelo, (...).
Quienes atraían a otros prestamistas al negocio, se llevaban una comisión. Es el caso de Rivas y Ernesto Chávez.
El préstamo debía devolverse en unos tres meses, pero los demandantes aseguran que los dólares nunca llegaron.
Fox, antiguo asistente de la Fiscalía Estatal en Miami Dade, señaló que los actos de los demandados podrían ser considerados por las autoridades de Estados Unidos como un delito de transmisión de dinero sin licencia.
Sin embargo, no ve ninguna razón por la que la operación realizada por sus clientes pudiera considerarse ilegal en Venezuela ya que no se trata estrictamente de un cambio de moneda, sino de un préstamo para financiar una exportación.
De esa opinión difiere Neil G. Taylor, antiguo asistente de la fiscalía federal y abogado defensor de Ramiro Parra, uno de los inversores que decidió no demandar a Yupi Holdings, pero que está siendo demandado por otro inversor, Henssel Bages, un residente de Miami Dade a quien metió en la operación y quien ingresó en la cuenta de Inversiones Maxx $1 millón en varios depósitos.
ARGUMENTAN ILEGALIDAD DE OPERACION
Taylor afirma que Parra fue un inversor defraudado más, que Bages depositó todo el dinero en la cuenta de Inversiones Maxx y que Parra no recibió ni un centavo.
Pero el abogado también defendió que, en todo caso, el acuerdo es ilegal porque incumple las leyes de control de cambio de Venezuela y por lo tanto ninguna corte civil podría obligar a su cumplimiento, como señaló en la moción para desestimar el caso que presentó en representación de Parra.
“[Esta operación], aunque común, implica la ruptura con conocimiento de las leyes y regulaciones del país de origen y, por lo tanto, de las leyes criminales sobre lavado de dinero [de Estados Unidos y La Florida]”, argumentó Taylor en la moción.
“Muchas veces, en Sudamérica, la gente que deja un país y se muda a Estados Unidos quiere sacar su dinero y lo hace a través del mercado negro”, dijo Taylor, quien señaló que eso rompe el control de cambios que los países establecen para que su moneda no se debilite. “Cuando haces esto, va contra la ley, es lavado de dinero”.
Fox señaló que no está de acuerdo con este argumento, pero no quiso hacer más comentarios.
Los estatutos sobre lavado de dinero castigan la realización de operaciones o transferencias de dinero procedente de actividades ilícitas.
Taylor añadió que eso no implicaba forzosamente que la fiscalía vaya a perseguir a quienes intentan sacar su dinero del país porque sus circunstancias son muy especiales. También considera que los demandantes de Yupi Holdings fueron víctimas de un fraude que podría perseguirse criminalmente.
Manuel Gómez, profesor asociado de Derecho en la Universidad Internacional de la Florida, señaló que sólo podría hablarse de lavado de dinero en Estados Unidos si éste procediera de una actividad ilegal, pero concedió que la operación podría ser vista por los tribunales venezolanos como ilegal si se ofrecieron divisas o se demuestra que en realidad no se trataba de un préstamo, sino de una mera permuta de moneda, bolívares por dólares.
La ley contra ilícitos cambiarios de Venezuela castiga con multas y prisión de dos a seis años la compra, venta, ofrecimiento, enajenación, transferencia o recepción de divisas por valor de más de $20,000 o su equivalente en otra divisa en un año sin la intervención del Banco Central de Venezuela.
Si la cuantía es de entre $10,000 y $20,000, ese comportamiento se castigarían con una multa.
La obtención de divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, se pena con prisión de tres a siete años.
Dependiendo de cómo se produjera la transferencia de dinero a Estados Unidos, se podrían haber violado las regulaciones sobre la declaración de la procedencia de los fondos.
ASEGURAN TENER PRUEBAS
Menachem Mayberg, abogado que defiende a los demandados en el caso de Yupi Holdings, aseguró que aunque Betancourt y Mendoza podrían haber instruido a los únicos demandantes con los que sus clientes hicieron negocios directamente, Rivas y Chávez, a realizar depósitos en las cuentas de Inversiones Maxx, estas instrucciones están relacionadas con una operación distinta, que no explicó, y que el dinero nunca llegó a sus clientes.
“Hasta ahora no han enseñado nada que demuestre que el dinero llegó a mis clientes”, dijo Mayberg.
Las pruebas que los demandantes han presentado en el caso hasta el momento son varios correos electrónicos de Mendoza y Betancourt dirigidos a Chávez en los que indican la información de una cuenta a nombre de Inversiones Maxx 0712, un email en el que Betancourt se disculpa por el retraso en el pago a los clientes de Chávez porque el Banco Central de Venezuela se ha retrasado en liquidar divisas aprobadas y emails de Mendoza en los que le pregunta a Chávez por qué aún no había hecho los depósitos acordados.
En uno de los mensajes, Betancourt afirmó que sus operaciones son legítimas.
En los interrogatorios, Mendoza señaló que en aquella época tuvo problemas con el servidor de correo electrónico desde el que se enviaron varios de los mensaje, entre ellos el que contiene la información de la cuenta de Inversiones Maxx y que no recuerda haberlos enviado.
Pero Fox dice que los demandantes tienen en su poder estados de cuentas, emails y mensajes de texto que aún no han sido incluidos como pruebas y que demuestran los hechos que alegan.
Mediante una declaración jurada, Roger Quaranta, gestor de Inversiones Maxx, afirmó que Mendoza y Betancourt manejaban desde Miami Dade la cuenta de la empresa donde se depositaron los bolívares y que él desembolsó los fondos de esa cuenta siguiendo las instrucciones de Mendoza y Betancourt.
Rivas afirmó que había participado en una operación previa por casi un millón de dólares diseñada por Mendoza y Betancourt, similar a la que les resultó fallida, y que todo había salido bien.
El quería cambiar bolívares que había obtenido con negocios de impresión en Venezuela porque él reside en Miami, pero no puede acceder al sistema de CADIVI. Dice que otra de las inversoras, Lidemar González, quien invirtió más de 30 millones de bolívares y a quien él metió en la operación, necesitaba los dólares para pagar a proveedores de su empresa en Estados Unidos.
La demanda está en la corte civil de Miami-Dade, que se ha declarado competente para juzgar el caso.
| Fuente: Maria Perez http://www.elnuevoherald.com |
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