Venezolano Miguel Mawad incursiona en el negocio de los restaurantes y la música en Miami tras acusaciones contra su familia por beneficiarse de estafa Ponzi

Miguel Antonio Mouawad Mawad, más comúnmente conocido como Miguel Mawad, se ha hecho un rostro habitual en los telediarios del corazón y la prensa rosa de habla hispana, por sus accidentados romances con figuras del medio artístico, como la actriz de televisión Gaby Espino o la modelo Aleska Génesis Castellanos, ambas, al igual que Mouawad Mawad, de nacionalidad venezolana.

Pero detrás de los flashes y debajo de las alfombras rojas, se oculta una historia de estafas, testaferros, relaciones de negocios y personales poco conocidas y opacas, conflictos familiares y una particular predilección por relacionarse con personalidades de la televisión, la música y el deporte. En esa historia, además de Miguel Mawad, otros dos protagonistas principales son sus padres, Romeo Mikael Kaadou Mouawad y Jespa Mouawad Mawad.

En 2006, la familia Mouawad Mawad constituyó en Panamá las sociedades REAL ESTATE FMM HOLDING S.A. y GRUPO INMOBILIARIO 4555, S.A., a través del agente registrador de la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermúdez (DENFAB). Llama la atención que, en ambos casos, figura el prestanombres panameño José Eugenio Silva Ritter, como suscriptor.

Una investigación periodística internacional reveló en 2016 que José Eugenio Silva Ritter no es un portentoso empresario. Muy por el contrario, era un residente de la periferia de la capital panameña, a unos 25 kilómetros del epicentro de los negocios del itsmo. Allá fue a parar en 2013 un equipo de reporteros del diario O Globo de Brasil, para conocer quién era ese personaje que aparecía como supuesto administrador de un hotel en Brasilia que le ofreció una fuerte suma de dinero a José Dirceu, el exministro de gobierno de Lula Da Silva, condenado por corrupción.

Una vieja casa ubicada en un barrio pobre de la ciudad era la residencia de José Silva Ritter, cuya rúbrica como directivo se multiplicó en más de 23 mil empresas constituidas por la firma Morgan & Morgan, algunas de ellas creadas con el objeto de ocultar los verdaderos beneficiarios de capitales, en distintos casos, extraídos de las arcas gubernamentales.

En 2015, los Mouawad Mawad fueron objeto de una demanda en los Estados Unidos por parte de John J. Carney, síndico designado por un juez estadounidense para recuperar activos que, mediante un esquema Ponzi, habían sido estafados a inversores por el financiero venezolano Francisco Illarramendi. Entre los afectados por la estafa estuvo el fondo de pensiones de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El caso fue complementario a un procedimiento de ejecución de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. («SEC») contra Francisco Illarramendi por violación de las leyes federales de valores. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut creó un patrimonio bajo administración judicial y nombró a John J. Carney como síndico.

En la acción, el síndico presentó una demanda para recuperar la propiedad en beneficio del patrimonio de la administración judicial. Los demandados fueron Piero Enrique Montelli Torres («Montelli»), Inverplus Sociedad de Corretaje de Titulos Valores, CA («Inverplus»), IVP Overseas Ltd. («IVP») (colectivamente, los «Demandados de Montelli»), Romeo Mikael Mouawad, Jespa Mawad de Mouawad, Miguel Antonio Mouawad Mawad, Tania Mouawad Mawad, Horion Investment Ltd., Grimsel Group Ltd. (“Grimsel”), y M. Holding SA (“M. Holding”).

El síndico alegó que Montelli ayudó a Illarramendi a ocultar el esquema y conspiró con Illarramendi incluso después de que la SEC demandó a Illarramendi, ayudándolo en su intento de eludir el congelamiento de activos pendiente de la SEC. A cambio, alegó el Síndico, Montelli recibió o dirigió transferencias fraudulentas de entidades de administración judicial en su nombre o el de sus afiliados, y facilitó transferencias fraudulentas en beneficio de los demandados Mouawad Mawad.

Los demandados Miguel Mouawad Mawad (“Mawad”) y M. Holding solicitaron la desestimación de la demanda, alegando notificación inadecuada del proceso, falta de jurisdicción personal, falta de jurisdicción sobre la materia, falta de legitimación activa y forum non conveniens, una doctrina legal mayoritariamente de derecho consuetudinario a través de la cual un tribunal reconoce que otro foro o tribunal donde el caso podría haberse presentado es un lugar más apropiado para un caso legal.

La acción judicial tuvo como propósito recuperar la propiedad de los activos que Illarramendi desvió para sostener su esquema Ponzi. El Síndico alegó que Mawad, M. Holding y Horion recibieron más de $71 millones en transferencias fraudulentas. El síndico alegó que Mawad y su familia, a menudo en concierto con el amigo de la infancia de Illarramendi, Montelli, establecieron compañías ficticias para enriquecerse a sí mismos y a las entidades que controlaban.

Montelli es un contador público venezolano que facilitó el esquema de Illarramendi al ayudar a Highview Point Partners ("HVP") a asegurar inversiones mediante fraude. Montelli también controlaba empresas ficticias como Naproad Finance, SA ("Naproad") y HPA, Inc. ("HPA"). Según Illarramendi, Montelli trabajó anteriormente “estrechamente” con Illarramendi y Frank López (“López”), director de HVP Partners y señalado en otra demanda presentada por el Síndico, mientras que los tres eran empleados de un importante banco internacional.

Romeo Mouawad, el padre de Miguel Mouawad Mawad, es un ciudadano venezolano y financiero, de origen libanés, que operaba una firma de corretaje internacional en Venezuela. Poseía, en su totalidad o en parte, y controlaba a los demandados M. Holding, Horion y Grimsels. Jespa Mawad de Mouawad es su esposa, y Miguel y Tania Mouawad Mawad son sus hijos.

Cada uno de los cuatro miembros de la familia Mouawad-Mawad poseía el 25% de las acciones de Horion, una corporación ficticia de las Islas Vírgenes Británicas formada aproximadamente dos semanas antes de recibir la primera transferencia de una entidad de administración judicial. M. Holding se constituyó en Belice en mayo de 2009, aproximadamente dos semanas antes de que Illarramendi y Montelli intentaran por primera vez transferir fondos a M. Holding. En ese momento, Romeo Mouawad y Miguel Mouawad Mawad poseían cada uno el 50% de sus acciones.

Los hechos objeto de la acción ocurrieron en relación con los intentos de Illarramendi de encubrir una pérdida comercial masiva, que comenzó en octubre de 2005, un año antes de la constitución de las compañía de los Mouawad Mawad en Panamá. Con la complicidad de sus asociados, Illarramendi se embarcó en un elaborado plan para ocultar el “agujero” entre los activos reales en poder de los fondos que contenían dinero de los inversores confiados a Highview Point Partners, LLP ("HVP Partners") y los pasivos adeudados como resultado de tratar de ocultar pérdidas. El esquema involucraba el uso de entidades extraterritoriales y cuentas bancarias y una red compleja de transferencias, préstamos y transacciones a menudo mal o falsamente documentados con numerosas personas. Cuando se reveló todo el esquema, el “agujero” ascendía a más de $300 millones.

El 7 de marzo de 2011, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut presentó una acusación contra Illarramendi, señalándolo de fraude electrónico, fraude de valores, fraude de asesor de inversiones y conspiración para obstruir la justicia. Illarramendi se declaró culpable y reconoció que se había involucrado en un plan para ocultar a los inversores y acreedores las pérdidas, había incurrido en una transacción fallida y que había utilizado el dinero proporcionado por nuevos inversores a los fondos de HVP Partners para pagar los rendimientos que prometió a los inversores anteriores. También admitió haber ignorado las formalidades corporativas y haber mezclado inversiones en varios fondos de HVP Partners. El 14 de junio de 2011, la SEC inició una acción de ejecución civil contra Illarramendi y otros, alegando que se apropiaron indebidamente de los activos de los inversores en violación de las leyes de valores. La SEC también buscó una orden de congelamiento de los activos de esos demandados y el nombramiento de un Síndico sobre esos activos. En 2011, la jueza federal de distrito Janet B. Arterton nombró a John J. Carney como síndico.

La demanda alegó que los Mouawad Mawad tienen una presencia extensa y continua en los Estados Unidos, que incluye, entre otras cosas, millones de dólares en propiedades inmobiliarias y múltiples residencias personales en Florida.

Pero más allá de los negocios junto a sus padres y hermana, Miguel Mawad ha hecho carrera por cuenta propia en el mundo de los negocios, asociado con Jonás Millán y Michael Reyes, junto a quienes constituyó las sociedades MJ AIR SERVICES LLC y MIMA HOLDING LLC, en los años 2016 y 2017, respectivamente. Ambas compañías se encuentran hoy inactivas. Los nombres de ambas firmas parecen tratarse de un juego de palabras, con las sílabas iniciales de los nombres de sus accionistas: Miguel (Mi o M), Michael (Mi o M) y Jonás (J). Ese mismo juego de acrónimos y sílabas se repite en otras compañías en las que no figura expresamente el nombre de Miguel Mouawad Mawad, pero sí el de su asistente y como prefiere llamarla una persona consultada, su “testaferro”. ->>Vea más...

 

FUENTE: Con información de Estrella Ferretti - expresa.se