sábado, 3 de septiembre de 2022

Exfiscales y exjueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en EE.UU. Se encuentran bajo sospecha de haber incurrido en hechos de corrupción mientras ejercían sus funciones

Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate a la corrupción en Guatemala, están en el centro de una extensa investigación sobre manejo de bienes y fondos en cuentas privadas multimillonarias presuntamente procedente de la corrupción, de acuerdo a testimonios y documentos de la Fiscalía General revisados por Primer Informe.

Los ex funcionarios, que ejercieron cargos claves en el sistema judicial de Guatemala hasta el año pasado, incluyendo la posición de Fiscal General y la poderosa Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), acumularon cantidades de dinero en cuentas personales y secretas, que no hubieran podido con el salario que ganaron mientras ejercieron sus cargos, reveló Casto Ocando en Primer Informe, según Reporte de la Economía.

La fiscalía está poniendo énfasis en varias de las cuentas que tienen balances de millones de dólares, controladas por corporaciones creadas en paraísos fiscales para evitar declararlas en Guatemala, de acuerdo a investigadores de la fiscalía guatemalteca.

De izquierda a derecha: los fiscales Andrei González, Iván Velásquez (ex comisionado de CICIG), Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, cuando controlaban estrechamente la justicia en Guatemala

Entre los investigados destacan cuatro ex fiscales y una ex jueza, todos exiliados en Washington DC y bajo aparente protección de la Administración Biden y en particular del Departamento de Estado. Estos son, Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Erika Aifan, Andrei González y Rudy Herrera, indicaron las fuentes.

La investigación incluye numerosos casos de presuntos malos manejos en la administración de justicia en Guatemala por parte de estos ex funcionarios, muchos de ellos ya conocidos públicamente. Pero abarca información desconocida hasta ahora sobre las cuentas bancarias de este grupo dentro y fuera del país centroamericano, que actualmente se encuentran bajo indagación oficial.

De acuerdo a fuentes familiarizadas con la investigación, entre los casos en desarrollo se encuentran la adquisición de propiedades de lujo, actuaciones cuestionables en Brasil relacionadas con presuntos intentos para encubrir la corrupción de Odebrecht en Guatemala, y la existencia de una presunta red de lavado de dinero procedente de la corrupción, con vínculos en entidades bancarias de Guatemala, Islas Caimán, Suiza y Estados Unidos.

El embajador Todd Robinson, que sirvió en Guatemala entre 2014 y 2017, fue el más poderoso protector de la fiscal Thelma Aldana mientras estuvo en funciones, y ahora que se encuentra asilada en Washington DC.

Este grupo de funcionarios recibieron el apoyo irrestricto de altos funcionarios norteamericanos como Juan González, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América Latina, y el embajador Todd Robinson, jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado, y el congresista demócrata por New Jersey, Albio Sires, bajo la presunción que se trataba de adalides de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

Pero las investigaciones en Ciudad de Guatemala revelan un cariz totalmente distinto.

Juan Francisco Sandoval, ex jefe de FECI y figura clave que servía de enlace entre la Fiscalía General y la ya desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue despedido de su cargo el 23 de julio de 2021, y acusado pocas semanas después de “obstrucción a la justicia” e “incumplimiento del deber”.

Sandoval, quien había sido calificado por el Departamento de Estado como un “campeón anticorrupción”, abandonó el país rumbo a Estados Unidos antes de que un tribunal guatemalteco ejecutara una orden de captura en su contra, acusado de decenas de irregularidades y manejos corruptos.

“El acto de remover a Juan Francisco Sandoval de #FECI es un golpe letal a la lucha contra la corrupción en #Guatemala”, reaccionó el congresista Sires en un tuit posteado a las seis de la tarde del mismo día del despido de Sandoval. El mensaje fue retuiteado tres horas más tarde por Todd Robinson, que fue embajador en Guatemala entre septiembre de 2014 y septiembre de 2017.

Sin embargo, a lo largo de su gestión, Sandoval no sólo acumuló docenas de denuncias en su contra, sino que contó con el apoyo del embajador Robinson, lo cual convirtió al poderoso fiscal en una figura intocable desde el punto de vista judicial.

De acuerdo a la Fiscalía, el apoyo crucial de Washington a Sandoval impidió una indagación a fondo sobre la naturaleza de las acusaciones en su contra, incluyendo la existencia de cuentas privadas en Guatemala con cientos de miles de dólares, que exceden los salarios que recibió mientras ejerció como jefe máximo de FECI.

Los fiscales Juan Francisco Sandoval y Thelma Aldana (en el centro), acompañados del embajador Robinson, personal de la embajada norteamericana en Guatemala y visitantes, durante el día de las elecciones de 2016. A sabiendas o no, los fiscales Sandoval y Aldana llevaban el pin que los identificaba con el partido Demócrata

La ex Fiscal General de Guatemala entre 2014 y 2018, Thelma Aldana, quien llegó a Estados Unidos a principios de 2019 luego de que su sucesora en el cargo, María Consuelo Porras, la acusó de varios delitos y emitió varias órdenes de captura en su contra, también había sido elogiada como una gran luchadora anticorrupción, y llamativamente recibió el Premio Al Sustento Bien Ganado (Right Livelihood Award), considerado desde 1980 como el “Nobel Alternativo”.

Pero los cuestionamientos contra la ex Fiscal General de Guatemala se incrementaron luego que abandonó el cargo, y los fiscales de asuntos internos comenzaron a profundizar en los casos donde ella aparentemente había excedido su autoridad. La investigación tomó un rumbo distinto cuando comenzaron a recolectar información sobre sus finanzas personales, que según las últimas estimaciones acumulan millones de dólares, “una fortuna inexplicable”, según el fiscal del caso.

Hasta ahora, ni Robinson ni cualquier otro alto funcionario en Washington que ha prestado un apoyo irrestricto a los ex fiscales han prestado atención a las denuncias. La respuesta en común ha sido esta: se trata de una venganza por su trabajo de lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el número de denuncias son tantas que resulta imposible ignorarlas, argumenta la Fiscalía: Thelma Aldana tiene 33 denuncias actualmente bajo investigación. La ex jueza Erika Aifán tiene 20 denuncias. Juan Francisco Sandoval, enfrenta 58 denuncias. Andrei González, 9 y Rudy Herrera, 9 denuncias de investigación.

Sandoval y Aldana no son los únicos objetivos de la indagación oficial. Están implicados otros ex funcionarios que colaboraron con ambos, y también se encuentran exilados en Estados Unidos. Tal es el caso de la ex jueza Erika Aifan y los ex fiscales Andrei González Arteaga y Rudy Manolo Herrera, que trabajaron bajo la égida de Sandoval y Aldana, y también tienen sus propios récords de numerosas denuncias y acusaciones en su contra.

Erika Aifán, ex jueza plenipotenciaria del Tribunal D de Mayor Riesgo, actualmente exilada en Washington, proyectó una imagen internacional de adalid anticorrupción, pero acumuló numerosas acusaciones en su contra.

Aifán, que renunció a su cargo en marzo de 2022 por temor a ser arrestada debido a numerosas denuncias en su contra, es considerada por el Departamento de Estado como una “aliada” en la lucha contra la corrupción, y fue galardonada en marzo de 2021 con el “International Women of Courage Award”, al lado de otras 13 mujeres de todo el mundo, consideradas por Washington como mujeres con desempeños extraordinarios.

“Pese a la fuerte oposición que ha enfrentado durante ejercicio, la jueza Aifán se ha convertido en un ícono en Guatemala en la lucha contra la corrupción, en los esfuerzos para incrementar la transparencia y en las acciones para mejorar la independencia del sector justicia”, indicó el comunicado del Departamento de Estado cuando le fue otorgada la distinción.

Sin embargo muchas de las decisiones de Aifán mientras tuvo a su cargo el Juzgado D de Mayor Riesgo, que durante años monopolizó los juicios de gran impacto politico en Guatemala, están ahora bajo la lupa de las autoridades, al igual que sus cuentas personales.

Para expresar hasta qué punto la Administración Biden estaba comprometidos en la lucha de los “campeones” anticorrupción de Guatemala, el secretario de Estado Anthony Blinken sancionó dos veces -en septiembre de 2021 y mayo de 2022-, por “socavar la democracia” y “obstruir investigaciones de actos de corrupción”, a la fiscal general María Consuelo Porras, la sucesora en el Ministerio Público que cambió en poco tiempo la estructura del poder judicial que hasta el momento de su llegada había sido dominada por Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.

Pero este apoyo ha impedido analizar a fondo del papel de estos y otros funcionarios, sobre todo desde la llegada de la CICIG en 2005 a Guatemala, lo que ha contribuido a la situación actual del sistema judicial guatemalteco. ->>Vea más...

FUENTE: Con información de Reporte de la Economía

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