Grupo VerdeAzul de los Vallarino y Grupo Eleta recibieron incentivos para sus proyectos turísticos en Panamá valiéndose de influencias y gracias al fenómeno político de las «puertas giratorias»

El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) está haciendo circular unos panfletos en la Ciudad de Panamá que son repartidos por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) en diferentes "piqueteos" y protestas efectuadas en distintos puntos de la urbe, en ocasiones de forma simultánea y en otras de forma aleatoria, en un aparente intento de evitar que las autoridades se vean tentadas a reprimir las protestas, que usualmente se llevan a cabo cerca de donde se desarrollan obras de construcción, permitiendo a los obreros que participan en las protestas acudir fácilmente a las manifestaciones, durante determinado tiempo y regresar a sus labores, resguardándose de cualquier tipo de represión de la que puedan ser objeto.

En parte de los panfletos se puede leer lo siguiente:

“La abogada de tres de las empresas, “Inmobiliaria Palma Bonita”, “DB Hotel & Residence” y “Ocean Hill Pearl Island”, es la sobrina de Cortizo, Melissa Cortizo Brown, de la firma Virtu Atelier Legal.

Este caso que implica tráfico de influencias, corrupción y peculado, entre otros, debe ser investigado y los responsables sancionados.

Danza de los millones versus vida digna

Y todavía se preguntan muchos por qué Panamá es uno de los países más desiguales del planeta. Un modelo económico basado en el espejismo del crecimiento económico que no se refleja en desarrollo humano real, en vida digna para todos, en lo que otros llaman, “vivir bien”, “buen vivir”, o “vivir sabroso”, como ahora en Colombia.

Hay un reparto extremadamente desigual de las riquezas que genera la sociedad que se concentran más y más en pocas manos. Fortunas en posesión de monopolios, oligopolios y mafias, creadas por su relación con los gobiernos.

Es una aberración, para llamarle menos, un robo descarado, que mientras el pueblo se sumerge en un mar de apremiantes necesidades, el Estado regale millones de dólares a las clases pudientes que reciben subsidios millonarios y a la vez presionan por despidos masivos en el sector público, aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres y por eliminar programas de ayuda a los pobres como beca universal, vale digital, 120 a los 65, Angel Guardián, Red de Oportunidades, tanque de gas, que si bien no son la panacea y son utilizados para clientelismo político, en el momento actual resultan paliativos para la sobrevivencia de muchos panameños.

Esta danza de los millones ocurre cuando los pacientes de la Caja de Seguro Social (CSS), saqueada por estas mafias, reciben en el mejor de los casos, arroz con huevo o tuna como dieta diaria.

Hay que organizarse y luchar no solo por cambios coyunturales sino también por trasformaciones reales y estratégicas. Exigir respuestas al pliego de peticiones de la Alianza Pueblo Unido por la vida que propugna por las principales reivindicaciones populares y seguir insistiendo y crear las condiciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que barra con este sistema injusto, su modelo económico salvaje e inhumano y la institucionalidad podrida.

Panamá, 28 de junio de 2022.

FRENADESO FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES”

 

Pearl Island

Un proyecto cuestionado por las violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, obtiene del Estado beneficios fiscales millonarios para construir un hotel. Arquitectura offshore, Pandora Papers y posibles conflictos de intereses convirtieron a Pedro González en Pearl Island, un megaproyecto de lujo en la República de primos, según una investigación de la periodista Sol Lauría en Concolón.

En un paraíso olvidado sobre el Pacífico panameño, una familia poderosa levanta un hotel cinco estrellas en el mayor proyecto turístico-inmobiliario que se construye hoy en el país: Pearl Island, en una isla del archipiélago Las Perlas que hasta ahora ha sido conocida con el nombre de Pedro González. Ese hotel, el Ritz-Carlton Reserve Pearl Island, ha estado involucrado en escándalos desde antes de que se pusiera la primera piedra en 2017.

Primero salió a la luz que, para ponerlo en marcha, sus promotores despojaron de las tierras a una comunidad que había vivido allí por un siglo y que a sus líderes, que protestaron por el bloqueo a sus fincas y playas, los detuvieron y les abrieron procesos judiciales. Los habitantes de Pedro González llevaron el caso en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió al Estado panameño garantizar los derechos de la comunidad, entregar un informe detallado sobre el proceso de consulta previa y comenzar un diálogo, con reuniones periódicas entre las partes, para resolver el conflicto socio ambiental.

Cuatro meses después de esa audiencia y en medio del proceso de conversaciones que apenas iniciaba, el entonces presidente Juan Carlos Varela viajó al rincón en conflicto para inaugurar la obra del hotel junto a sus promotores, un consorcio encabezado por el grupo panameño Eleta. Parado sobre la arena blanquísima y con el mar más esmeralda de frente, Varela dijo en la playa que es símbolo de querencia para los lugareños: “Más que una historia de negocios, es una historia de amor, una historia de compromiso y deja muy claro los valores que hacen grande a Panamá: los valores de familia y de fe”. Fue una muestra inequívoca de con quién estaba el compromiso del gobierno nacional: la familia Eleta, con la que Varela comparte lazos de sangre.

Los Eleta, una dinastía empresarial que también es activa en política, son dueños del Grupo Eleta, un conglomerado familiar con inversiones en energía, telecomunicaciones, desarrollos inmobiliarios, turismo y agroindustria. En 2008 decidieron montar un megaproyecto turístico-inmobiliario de lujo en la isla de infarto que es Pedro González, con el que cosecharon denuncias por parte de los lugareños y favores del lado del poder en la ‘República de primos’, como en Panamá llaman a su propio país por pequeño y endogámico.

Durante la presidencia de Varela, entre 2014 y 2019, el gobierno le otorgó 17 millones de dólares como “incentivo turístico”. Con el siguiente mandato, con Laurentino Cortizo a la cabeza, los habitantes se ilusionaron: tal vez los favoritismos desaparecerían en una gestión cuyo eslogan de campaña había sido “el pueblo primero”. Pero Cortizo cortó los diálogos promovidos por la CIDH y aumentó los privilegios hacia los Eleta: el Ritz-Carlton Reserve recibirá un subsidio por 232 millones de dólares en forma de créditos fiscales, gracias a una ley aprobada en la la Asamblea Nacional el 20 de abril de 2022.

¿Por qué el Estado aceptaría dejar de cobrar impuestos en beneficio de Pearl Island y concederle a un grupo sólido una suma millonaria en medio de una crisis económica? ¿Por qué apuesta a construir un hotel de lujo para fomentar el turismo, con el rechazo del propio sector? ¿Por qué obvió su papel, desoyendo las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el mayor órgano en la región, para un proyecto con un pasado complejo?

La estrategia para lograr semejante ventaja, que incluyó dos proyectos de ley en el legislativo tras una demanda de inconstitucionalidad ante el primer intento, fue pergeñada y ejecutada por personas ligadas a los promotores y, al mismo tiempo, al presidente del país.

La familia Eleta tiene como socio local en el megaproyecto al grupo panameño VerdeAzul, del exministro de Economía, banquero y político, Alberto Vallarino. El funcionario que impulsó la ley que le dará al hotel cientos de millones, el ministro de Turismo Iván Eskildsen, fue empleado de los dos grupos antes de asumir el cargo. La cabeza detrás de la jugada y el principal armador de las políticas de turismo en el país, es otro de ese club: Juan Manuel Henríquez, exyerno del presidente Cortizo y quien hasta el año 2020 fue gerente de una hacienda del Grupo VerdeAzul. ->>Vea más...

FUENTE: Con información de awriterwithfreedom.com