La Fiscalía ecuatoriana hizo público en 2013 un caso de lavado de activos en el que varias empresas ficticias utilizaban el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) para sacar dinero de Venezuela hacia el Ecuador y luego a paraísos fiscales.
Galo Chiriboga, entonces fiscal general del Estado ecuatoriano, informó en una rueda de prensa que luego de varias investigaciones, se pudo comprobar la existencia de empresas “de fachada” que supuestamente realizaban actividades de comercio y producción, pero que en realidad eran operaciones simuladas.
“Las empresas usaban el sistema SUCRE para obtener dólares de Venezuela, utilizaban de puente al Ecuador y salían hacia paraísos fiscales” manifestó el funcionario. Agregó además que habían detectado “un exorbitante balance entre los bienes exportados por las compañías ficticias y los dineros recibidos por el SUCRE desde Venezuela”.
El Ministerio Público halló varias irregularidades como la existencia de compañías constituidas entre el 2010 y 2012 y que simultáneamente a su creación realizaron operaciones multimillonarias.
También, que los recursos recibidos por las compañías ficticias por concepto de dineros compensados desde Venezuela, permanecían, en el mejor de los casos, 72 horas en Ecuador, para luego salir a paraísos fiscales.
Otra de las irregularidades que llamó la atención de Fiscalía es que en algunos casos detectaron socios, varios de ellos con nacionalidad extranjera, vinculados con delitos de narcotráfico.
Chiriboga señaló que al momento se trabajaba con la Fiscalía de Venezuela para desbaratar a estas organizaciones “que han perjudicado sobre todo el patrimonio económico venezolano”.
El fiscal se refirió al caso de la empresa Fondo Global de Construcción S.A., constituida en el 2012, perteneciente a Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, la cual había presentado información falsa o errónea respecto a su lugar de domicilio. Además, no se habían podido hasta el momento evidenciar operaciones de producción, a pesar de que la razón social es la de construcción de casas prefabricadas. También se logró detectar un desfase de USD 131’907.798 entre los dineros recibidos a través de la plataforma SUCRE y los rubros exportados.
Informó también que dentro del caso de la empresa mencionada, gracias a una orden judicial emitida por Nelson Cadena, juez de Garantías penales, fue posible la retención de más de 47 millones que estaban en una cuenta privada en Ecuador.
El SUCRE es una unidad de comercialización entre Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominicana, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Ecuador y Uruguay, que pretende reemplazar al dólar estadounidense.
Como una moneda virtual es utilizada en las diferentes transacciones comerciales de los países miembros a través del Banco del ALBA, los estados participantes colocan sumas de capital en dicho banco, creando un Fondo de Compensación y otros mecanismos regulatorios, para limar las asimetrías financieras.
El entonces gerente del Banco Central, Mateo Villalba, explicó que ni los bancos Centrales de Ecuador y Venezuela son los encargados de revisar las transacciones económicas, sino que esa responsabilidad es de las entidades financieras en las cuales las compañías o las personas tienen sus cuentas. “Ecuador tiene una política de cero tolerancia a actividades inusuales o a cualquier indicio de mal utilización del sistema SUCRE” sentenció Villalva.
Exportaciones ficticias
Empresas que registraron exportaciones ficticias y sobrefacturadas de Ecuador a Venezuela se multiplicaron como golondrinas en verano. Aunque los antecedentes de sus operaciones se remontan al 2008, cuando el sector textilero hizo las primeras denuncias. Venezolanos, colombianos y ecuatorianos idearon un esquema para transferir (a Ecuador) cientos de millones de dólares de Venezuela, que la Fiscalía y la Unidad de Lavado de Activos de la Policía presumen como lavado de activos.
La arquitectura era la siguiente: consorcios jurídicos crean o venden empresas de papel para exportar todo tipo de productos utilizando prestanombres. Las firmas son instrumentales, operan pocas semanas o meses, luego se extinguen. Cambian de dirección y razón social y vuelven a funcionar para hacer exportaciones puntuales y así evitar el control de las autoridades. Buena parte de los productos no existe en el mercado o se exportan ítems sobrefacturados. Un 90% de los dólares que ingresa al sistema financiero vuelve a salir hacia otros países, como EE.UU., Panamá y Hong Kong.
Desde julio del 2010, las exportaciones a Venezuela subieron como la espuma, con la puesta en marcha del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre). Este mecanismo funciona entre países de la Alba (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua), para impulsar comercio recíproco.
Mientras el 2010 se recibieron USD 7 millones por este concepto, en el 2012 subió a USD 910 millones. Se multiplicó 120 veces.
En 2013 el fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga informó que la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons) movió, a través de este mecanismo, USD 135 millones desde Venezuela. La compañía registra un domicilio erróneo o falso, tampoco tiene operaciones de producción. La Fiscalía abrió una indagación por presunto lavado y se retuvieron USD 47 millones.
La Unidad de Lavado de la Policía sigue la pista de unas 150 empresas que exportan a Venezuela. En su mayoría era de fachada y venden productos inexistentes, sin proveedores visibles. Eran firmas intermitentes, creadas por consorcios que las venden a granel.
Para evitar distorsiones y frenar la evasión tributaria, se integró un comité interinstitucional, encabezado por la Fiscalía, luego de que el 23 de marzo del 2012 se conocieron los movimientos inusuales de firmas exportadoras ecuatorianas a Venezuela en la reunión del Consejo Monetario Regional del Sucre, en Caracas.
Entre el 2011 y 2012 se revirtieron 108 operaciones tramitadas por el Sucre, de las cuales 101 correspondieron a Ecuador y siete a Bolivia. En los dos casos Venezuela actuó como importador.
El gerente subrogrante del Banco Central del Ecuador, Hugo Villacrés, informó que estas reversiones se debían al control de licitud de fondos y debida diligencia desde el sistema financiero privado y añadió que las operaciones devueltas llegaban en 2013 a 300 por unos USD 100 millones.
Uno de los organismos que más ha investigado estos casos es el Servicio de Rentas Internas (SRI). La entidad confirmó que identificó 200 empresas con riesgo de sobrefacturaciones y envíos ficticios.
Las autoridades coincidieron en que la facilidad para crear firmas es una debilidad. La Superintendencia de Compañías (SC) informó que solo podía inspeccionar de oficio a las compañías sujetas al control, ante una denuncia.
El Servicio Nacional de Aduanas (Senae) también detectó estas irregularidades. De hecho, según confirmó el fiscal Galo Chiriboga, fueron retenidos contenedores que esperbana su exportación a Venezuela. El 12 de junio pasado el Senae expidió una resolución que establece más requisitos para los exportadores. «Se busca garantizar el flujo de comercio creando un control adicional para frenar las operaciones con sobreprecio e inusuales a Venezuela. Se presentaron 29 noticias criminis en relación a este tema ante la Fiscalía. El control y las investigaciones son permanentes», explicó el organismo.
En 2012, 375 compañías exportaron a la nación llanera, según el Banco Central ecuatoriano. El abanico de productos que se comercializaron incluye: atún, vehículos, leche, cebollas y chalotes, máquinas para ordeño, textiles, cortadoras de césped, palitos y cucharitas. Y químicos como ácido cítrico, dióxido de titanio, citrato de sodio, óxido de zinc, sulfito de sodio, boro o telurio.
Desde 2011 había una reducción de la venta de productos tradicionales y un incremento de exportaciones de químicos.
Con base en listados oficiales del Senae, un equipo periodístico hizo un muestreo e investigó a 13 empresas en Quito; 24 en Guayaquil y 8 en Manta. En todos estos casos hay evidencias de que las firmas presuntamente son ficticias o se hicieron humo, luego de concretar una o dos exportaciones.
Dazmedical se constituyó en febrero 2012, en la calle Cuero y Caicedo OE1-45 y av. 10 de Agosto, al norte de Quito, para dar servicios de comunicación e información, pero realizó una exportación de nueve productos químicos por USD 2,2 millones, según los registros del Senae. Entre ellos, hialuronato de sodio (solución esteril) y policosanol (sustancia química), que generalmente se importan.
Los empresarios Álvaro Pulido y Alex Saab, representantes de la compañía de capital colombiano Fondo Global de Construcción, investigada por la fiscalía de Ecuador por realizar operaciones de lavado de activos con divisas, consistentes en la realización de exportaciones ficticias de materiales de construcción a Venezuela, han sido contratistas desarrolladores de obras de viviendas en el estado Vargas y obras civiles en algunos centros penitenciarios venezolanos. De acuerdo a los señalamientos, los trabajos ya concretados son escasos para el grueso de las obras asignadas.
Los empresarios habrían construido una planta para fabricación de paneles de viviendas, gracias a una asociación mixta con instituciones públicas venezolanas, que les habrían permitido tener acceso a divisas sin acudir a Cadivi. Álvaro Pulido (apodado “Cuchi”) sufrió en 2012 el congelamiento de cuentas en las entidades financieras Banco Pichincha y Credicorp en Ecuador. Ambos empresarios habrían realizado exportaciones de Ecuador a Venezuela por medio de cartas de crédito de CADIVI.
El fiscal ecuatoriano Galo Chiriboga informó en 2013 sobre varios los casos de compañías involucradas en «operaciones inusuales» y puso como ejemplo una acción fiscal, por «lavado» de activos, que logró bloquear una transferencia por $47 millones que pretendía efectuarse a través de giros bancarios mediante el sistema Sucre .
La compañía imputada era Fondo Global de Construcción S.A., dedicada a la construcción de viviendas con materiales prefabricados, por haber registrado datos erróneos o falsos sobre su domicilio y que tampoco tenía operaciones de producción.
Dicha compañía, constituida en 2012, registró giros con Venezuela por $135 millones, aunque apenas mantenía pago a proveedores por $200 mil y operaciones de comercio por $3 millones.
Chiriboga dijo que, al parecer, este tipo de compañías también depositaban en paraísos fiscales parte del dinero obtenido en sus operaciones irregulares. ->>Vea más...
FUENTE: Con información de expresa.se
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