Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo.Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente de una firma de asesoría de inversiones con sede en Connecticut, Estados Unidos de América. Beracha era un financiero venezolano cercano al Gobierno de Hugo Chávez que, según afirmó una demanda en su contra, podía producir anticipos en efectivo por valor de varios millones de dólares con relativa facilidad, por el precio correcto.
El 2 de noviembre de 2007, Beracha envió por correo electrónico a Illarramendi instrucciones para depositar más de $ 10 millones (la participación de Beracha en las ganancias de una transacción) en tres cuentas bancarias de HSBC en Suiza, a través de una cuenta de HSBC en Nueva York.
"Amigo, soy tu mayor productor jajajajaja", escribió Beracha en español antes de enviar el mensaje a Illarramendi.
Un par de demandas en un tribunal federal de EE. UU. Afirman que los dos hombres estaban en el centro de un esquema Ponzi de 500 millones de dólares que barajaba el dinero de los inversores entre un laberinto de compañías extraterritoriales, fondos de cobertura y cuentas bancarias que se extendían desde las Islas Caimán hasta Suiza y Panamá. , allanando el camino canalizando sobornos a funcionarios en Venezuela.
El esquema colapsó en 2011, causando pérdidas de cientos de millones a los inversionistas, incluido un miembro de una de las familias más ricas de América Latina. Según documentos judiciales, el esquema Ponzi también se comió parte del fondo de pensiones de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, o PDVSA, una alcancía para la revolución socialista de Chávez.
Algunas de las empresas utilizadas en el plan están incluidas en una memoria caché de 2,5 millones de archivos secretos extraterritoriales obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Illarramendi se declaró culpable de cargos criminales en 2011. John J. Carney, un síndico designado por un juez estadounidense para limpiar el desastre Ponzi, llevó a cabo una demanda que acusa a Beracha de proporcionar “el dinero o acceso al dinero que mantuvo a Illarramendi y su plan a flote ".
El síndico también acusó a un funcionario del Gobierno venezolano, Juan S. Montes, gerente de inversiones senior de PDVSA, apodado "Black", de embolsarse más de $ 30 millones en sobornos a cambio de aprobar complejas transacciones de "canje de bonos" entre el fondo de pensiones de PDVSA. y los fondos de cobertura de Illarramendi.
Carney afirma que fue Beracha, con su red de contactos entre los ricos y poderosos de Venezuela, quien ayudó a Illarramendi a mantener el fraude. Él alegó en la demanda que Beracha inyectó dinero fresco en el esquema a cambio de "comisiones y comisiones exorbitantes". Illarramendi y Beracha, afirma Carney, realizaron más de 170 millones de dólares en transferencias fraudulentas a través de una red de empresas offshore.
Beracha, que posee un negocio de corretaje y una compañía de telefonía móvil que opera en toda América Latina, niega enérgicamente las irregularidades y dice que tiene derecho a la devolución de 140 millones de dólares. “Nunca supe que Illarramendi estaba defraudando a nadie hasta que se hizo público”, escribió Beracha al ICIJ en español. ->>Vea más...
Fuente: Con información de elpublique.me
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