jueves, 20 de febrero de 2020

Petrolera española Repsol reconoce dificultades de sus negocios en Venezuela

Repsol ha tenido que aumentar provisiones en 2019 para cubrir el agujero en que se ha convertido su participación en Venezuela. Según detalla a su auditor, PwC, "el grupo ha realizado una evaluación de la recuperabilidad de sus inversiones, así como del riesgo de crédito sobre las cuentas a cobrar a PDVSA. Como consecuencia de ello, el ha reconocido provisiones por el perfil de crédito de PDVSA y por el deterioro del entorno de los negocios en Venezuela, afectando al valor de los instrumentos de financiación y cuentas a cobrar a PDVSA (-97 millones de euros) así como al valor de las inversiones contabilizadas por el método de la participación (-83 millones de euros)".

De esta manera, Repsol ha tenido que poner otros 180 millones de euros a fondo perdido pese a que a cierre de 2018 dotó más de 1.100 millones para sanear su posición en el país con capital en Caracas. No obstante, la situación del país se ha ido complicando cada vez más durante los últimos 12 meses. En este periodo, la crisis política se ha exacerbado después de que el disidente Juan Guaidó haya sido reconocido como presidente de Venezuela por muchos países en el mundo, incluído EEUU, España o la Unión Europea.

Según explica Repsol a sus inversores, "en 2019 continúa la situación de inestabilidad política, la recesión económica (el PIB se ha reducido un 40% en 2019) y la inflación (7.374% en 2019 y se prevé un 3.000% para 2020) por lo que se ha prorrogado el Estado de Emergencia Económica. La producción petrolera se ha reducido significativamente en los últimos años. Se ha producido una devaluación importante de la divisa venezolana frente al euro (52.231 euos/Bolivar frente a los 730 euros/Bolívar de 31 de diciembre de 2018) sin impacto significativo en los estados financieros del grupo, dado que la moneda funcional de sus filiales en el país es el dólar americano, a excepción del caso de Quiriquire Gas".

A nivel más técnico, la petrolera presidida por Antonio Brufau sostiene que "el 7 de enero de 2019 se publicó el Decreto presidencial Nº 35 que establece que los contribuyentes que realicen operaciones en moneda extranjera deberán determinar y pagar sus tributos en divisa extranjera (o criptodivisa), encontrándose pendiente el desarrollo reglamentario. La norma entró en vigor el 1 de enero de 2019 y afecta a la determinación y pago de todos los tributos nacionales. El principal impacto reconocido en 2018, fue la cancelación de activos por impuestos diferidos en las empresas valoradas por el método de la participación. En el futuro, el Decreto podría simplificar la determinación del impuesto sobre beneficios y eliminar los impactos negativos en dicho impuesto derivados de futuras devaluaciones". ->>Vea más...

Fuente: Con información de El Confidencial

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