domingo, 1 de diciembre de 2019

Armando.Info: ¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin

Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones informales ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido.
Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja una defensa activa del principal programa social y foco de corrupción, es solo una de las ironías de esta historia.

Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración Trump junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), procesado en Florida por Lavado de Dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo, hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones, de acuerdo con un reportaje de Roberto Deniz en Armando.Info.

Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.

Eso fue así hasta ahora.

Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.

De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia.

Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

Carlos Rolando Lizcano Manrique
Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.

Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.

Invocan a Guaidó para ganar indulgencias

Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.

“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019. Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito.

Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela a través de Salva Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP.

Los diputados Adolfo Superlano, hasta hace días del partido Cambiemos, y José Brito, de Primero Justicia, consignaron ante la Fiscalía de Colombia una carta en defensa de Carlos Lizcano y la empresa Salva Foods, propietaria de las Tiendas CLAP.



La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, Departamento de Norte de Santander, Colombia, hace 48 años, habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.

En el escrito, consignado ante la subdirección de gestión documental de la Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la República el 23 de enero de 2018. “El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana”, se jactan.

Acumulando millas
La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados en el extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano.

A pedido del empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en Washington a finales de septiembre. Para el momento de cierre de este reportaje no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.info solo permiten afirmar que el envío postal del escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre de 2018 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.

También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre Lizcano, el empresario, y el diputado Luis Parra, han tenido lugar en una casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje.

Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá afuera (N. d. R.: Rafael Ramírez)”.

A pedido del empresario Carlos Lizcano los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN también enviaron por correo una carta al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ->>Vea más...

Fuente: Con información de Armando.Info

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Envíenos sus comentarios y aportes informativos al tema. Recuerde que su comentario, aunque no sea publicado, puede ser tomado en cuenta para nuestros temas de investigación. Los comentarios con términos insultantes, ofensivos, denigrantes y que incumplan nuestras políticas serán rechazados. Sólo puede enviar comentarios de menos de 1 mil (1.000) caracteres.

 
LO + LEÍDO...

LO + LEÍDO...