Grupo de Lima amenaza con más sanciones a Venezuela, pero sin uso de la fuerza

El Grupo de Lima amenazó el lunes con imponer nuevas sanciones a Venezuela con el fin de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro pero reiteró que no promueve acciones militares.
Un par de horas antes del inicio de una reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para abordar el tema de Venezuela, y en medio de especulaciones de que se podría contemplar una intervención militar, 11 países latinoamericanos críticos del gobierno venezolano dijeron en un comunicado que estaban dispuestos “a adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.

La declaración lleva la firma de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y el gobierno de Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente legítimo de Venezuela.

El documento condena lo que describe como “reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas... para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país, mediante la realización de elecciones generales libres, justas y transparentes”. Rechaza asimismo “los crecientes vínculos del régimen de Maduro con grupos armados al margen de la ley y el amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”.

Varios países de América aprovechan la Asamblea General de las Naciones Unidas para intensificar sus esfuerzos a favor de un cambio de gobierno en Venezuela y están invocando el TIAR con el argumento de que la crisis económica y social de ese país compromete la estabilidad regional. Millones de venezolanos han emigrado, mayormente a países de la región, y Colombia acusa a Maduro de apoyar a guerrilleros colombianos.

Una delegación enviada por Guaidó, reconocido como presidente legítimo de Venezuela por medio centenar de países, se reunió por la mañana con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó hace poco un informe crítico de la situación en Venezuela.

“Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe que usted (Bachelet) presentó sobre Venezuela. No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados”, expresó Julio Borges, quien encabeza la delegación.

En su informe Bachelet se mostró “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.

“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”, afirmó la expresidenta chilena.

Elliot Abrams, representante del gobierno estadounidense para Venezuela, dijo que “se necesita más presión y más sanciones” al gobierno de Maduro, sin mencionar la opción militar.

Declaración del Grupo de Lima

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, reunidos en la ciudad de Nueva York, expresan lo siguiente:

1. Rechazan los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas y la Asamblea Nacional de Venezuela para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país, mediante la realización de elecciones generales libres, justas y transparentes, con observación internacional.

2. Renuevan su apoyo al Presidente Encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, como autoridades legítimas y democráticamente electas, y destacan su voluntad por alcanzar una salida pacífica conducida por los propios venezolanos. Siguen comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con la comunidad internacional e instan a los demás países a unirse a los esfuerzos hacia ese objetivo.

3. Expresan la disposición de adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela.

4. Rechazan los crecientes vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región.

5. Promueven, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos nacionales aplicables, la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones a los derechos humanos.

6. Urgen al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a establecer un mecanismo independiente de seguimiento e investigación sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, documentadas en el último informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como el propuesto por los países del Grupo de Lima junto a otros miembros de la comunidad internacional.

7. Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura.

8. Reiteran su profunda preocupación por la gravedad de la crisis humanitaria en Venezuela y por la dimensión del éxodo migratorio, más de 4.3 millones de personas según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que desborda las capacidades para su atención y subrayan la necesidad de incrementar el apoyo internacional, especialmente financiero para ayudar a la migración venezolana y a los países de acogida, para atender esta situación sin precedentes en la región.

Fuente: Con información de AP - diariolibre.com // Agencias