jueves, 29 de agosto de 2019

Notas del Día 29/08/2019

LA DELACIÓN FIRMADA POR MANUEL “COKO” SOSA SOBRE CASOS DE CORRUPCIÓN EN PDVSA.  El periodista Alberto Rodríguez compartió en 2017 a través de su cuenta de Twitter el documento que tuvo que firmar el actor venezolano Manuel “Coko” Sosa, sobre los casos de corrupción dentro de la estatal Pdvsa.  Según el documento, a Sosa se le concedería arresto domiciliario por prestar testimonio sobre los casos de corrupción presentados por el fiscal general Tarek William Saab.
Sosa fue detenido el pasado 4 de octubre de 2017 por un presunto desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, a través de dos empresas con las que realizó subcontratación de impresoras por 2 millones de dólares. – Con información de maduradas.com

LA DELACIÓN FIRMADA POR MANUEL "COKO" SOSA EN 2017 (+DOCUMENTOS)



EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 29 DE AGOSTO DE 2019 | VENEZUELA



LA EX-MINISTRA CON LA QUE ALEX SAAB Y ÁLVARO PULIDO BUSCARÍAN ABRIRSE A NUEVOS NEGOCIOS EN VENEZUELA



SOCIO DE ALEX SAAB YA HABÍA SIDO JUZGADO POR NARCOTRÁFICO EN ITALIA. Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab involucrado en el caso de lavado de activos por el que son juzgados en Estados Unidos, había pagado una condena de 15 años por narcotráfico en Italia en el año 2000.  En ese entonces y bajo el nombre de Germán Rubio Salas, Pulido fue detenido por las autoridades colombianas en medio del operativo "Crucero", por pertenecer a una red de narcotráfico que tendría vínculos en Venezuela.  En ese momento, Rubio Salas era pedido en extradición pues debía pagar una condena de 15 años de prisión en Milán, Italia, por hechos de narcotráfico cometidos entre 1991 y 1992.  Por su parte, Alex Saab tiene varias empresas textileras investigadas por lavado de activos y en las juntas directivas de ellas aparece su familia, mientras que sus hijos aparecen en la famosa Lista Clinton pese a que no alcanzan los 23 años de edad. – Con información de Angélica Benavides - asuntoslegales.com.co

LA PARTICULAR RELACIÓN DEL EMPRESARIO OSCAR FARÍA CON CITGO Y EL NEGOCIO PETROLERO VENEZOLANO



EL POSIBLE DESTINO DE UN CANAL DE TELEVISIÓN PROPIEDAD DE VENEZOLANOS EN MIAMI



POR ESTO SUS COMPATRIOTAS NO PERDONAN A LA EX-FISCAL GENERAL DE VENEZUELA LUISA ORTEGA DÍAZ Y AL DIPUTADO GERMÁN FERRER



SIMONOVIS: LUISA ORTEGA DÍAZ SERÁ JUZGADA “EN ALGÚN MOMENTO”. El comisario Iván Simonovis aseguró este viernes que la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, será juzgada en “algún momento” por las decisiones que tomó antes de reconocer a Juan Guaidó.  “Luisa Ortega Díaz en algún momento será juzgada por las decisiones que tomó antes de reconocer a Guaidó”, dijo para VPITv, al tiempo de destacar que “ninguno de los que siguen al gobierno se salvarán de la cárcel” ya que “los acuerdos políticos son políticos no penales”.  “El lavado de dinero, la trata de personas se convierten en una sanción penal. Si una persona facilitó para trasportar droga de un país a otro es sancionado y entras a formar parte de una investigación criminal”, expresó Simonovis.  Asimismo, indicó que se tomará al menos 4 años el realizar “cambios importantes en Venezuela”, al enfatizar que “la seguridad es prioridad para el venezolano, y estamos trabajando en eso”.  Dijo que muchos de los miembros de los colectivos en Venezuela ya están identificados y que “estamos conversando que se puede hacer con los grupos armados”.  “Estamos en el proceso de brindarle la información necesaria al gobierno de los Estados Unidos (…) Las investigaciones contra el régimen de Venezuela están avanzadas”, agregó.  Simonovis también advirtió que hay que tener “discreción” con la información que se maneja con los afectos al gobierno y que “existen traiciones entre los miembros del régimen”. - Con información de Jesús A. Herrera S. – Noticiero Digital

ASÍ ACUSABAN AL ABOGADO MARIO VILLARROEL EN 2008: "ES UN LUDÓPATA, ÉL TIENE PUESTOS EN LOS CASINOS"



TRES EMPRESAS MEXICANAS HAN SACADO PROVECHO EN VENTA DE ALIMENTOS A VENEZUELA.  Hasta ahora poco se ha mencionado sobre las tres empresas más beneficiadas en México por la venta de las despensas al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a pesar de que estas compañías, a través de las cuales se comercian los alimentos, han estado envueltas en diversos escándalos en el pasado. Se tratan de El Sardinero, Rice&Beans y La Cosmopolitana.  La Cosmopolitana, por ejemplo, fue la responsable de la distribución de comida contaminada con salmonela en el penal de Puente Grande, en Jalisco, que derivó en la intoxicación de 450 reos. El Sardinero fue sancionada por falsificar la dirección de la empresa en una licitación pública. Y Almacenes Vaca (Rice&Beans) tiene alrededor de 600 contratos por adjudicación directa con el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto.  De acuerdo con facturas en poder de Excélsior (México), estas empresas constituidas en México se han dedicado a vender los alimentos al Gobierno Venezolano en condiciones preferenciales, con pago por adelantado, al contado, en una sola exhibición y en dólares.  Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) impuso la sanción de 3 millones de dólares a los involucrados en la red creada para comercializar alimentos a sobreprecio y de mala calidad, el pasado 18 de octubre, se limitó a referir a los empresarios colombianos Álex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, intermediarios entre México y el Gobierno venezolano, y a los representantes de Group Grand Limited (compañía que factura los alimentos al gobierno de Maduro): Santiago Uzcátegui Pinto, Andrés Eduardo León Rodríguez y Emmanuel Rubio González; pero sobre las empresas mexicanas y sus dueños que cobran millones de dólares por la venta de comida a Venezuela, las autoridades callaron.  El esquema al que la PGR calificó como “fraudulento” también involucra a compañías mexicanas. Todavía queda la incógnita de si formarán parte de la sanción.  El negocio de las provisiones mexicanas ha sido tan fructífero que, de enero de 2017 a agosto de 2018, sumó más de 850 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Economía  Esta cifra de 850 millones de dólares sólo representa lo que los empresarios mexicanos cobraron a las intermediarias por el envío de más de 2.000 millones de kilos de los 11 productos CLAP, porque Group Grand Limited facturó las despensas al Gobierno de Nicolás Maduro hasta 112% más caras del costo pagado en México.  Antes de que empresarios mexicanos y el Gobierno venezolano establecieran una alianza para surtir el programa estrella de las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) del presidente de Venezuela, el intercambio comercial entre ambas naciones era bastante reducido.  Y luego de esta alianza entre México y Venezuela sucedió un salto abrupto si se toma en cuenta que meses antes de la creación del programa venezolano el intercambio comercial entre ambos países estaba en niveles mínimos y apenas se registraron exportaciones esporádicas de aceite vegetal, harina de maíz y lentejas.  La leche en polvo, por ejemplo, no había sido exportada de México hacia Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, hasta que se instauraron las cajas CLAP. Y en 2018 fue el producto que más ganancias generó, con 75 millones de dólares por 85 millones de kilos.  Una desconocida empresa de Monterrey llamada Grupo Brandon fue la que monopolizó los envíos de leche en polvo a Venezuela.  Información de la aduana venezolana revela que en los primeros seis meses del año, Grupo Brandon exportó casi 30 mil toneladas, solo por detrás de El Sardinero y de Rice & Beans, la otra gran ganadora en México con el programa gubernamental venezolano.  LAS FAMILIAS BENEFICIADAS EN MÉXICO.  Las tres familias mexicanas más beneficiadas por la exportación de los alimentos CLAP a Venezuela son los empresarios Jorge Carlos Fernández Francés, presidente de El Sardinero Es Servicio, SA de CV; el empresario guanajuatense Aristóteles Vaca Pérez, dueño de Rice&Beans y Almacenes Vaca, y los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn, dueños del Corporativo Kosmos y sus filiales: La Cosmopolitana, SA de CV, y Productos Serel, SA de CV.  LA COSMOPOLITANA Y PRODUCTOS SEREL.  En junio de 2014, la familia Landsmanas Dymensztejn ya había sido multada por las autoridades sanitarias del Gobierno de Jalisco por vender comida con salmonela en el penal de Puente Grande.  Es decir, cuatro años antes de que el portal de noticias venezolano Armando.Info y Excélsior publicaran que la leche en polvo Kosland —hecha por una de sus filiales, Productos Serel— contenían bajos niveles nutrimentales y un niño para poder lograr su requerimiento diario de calcio con ese producto debería beber 24,8 vasos, en lugar de 1,8 como lo indica la norma.  Las autoridades de Jalisco sancionaron a La Cosmopolitana, SA de CV, con 331.217 pesos al comprobar su responsabilidad en la intoxicación que sufrieron 450 internos.  Sin embargo, ninguna de estas sanciones por la mala calidad de su comida ni la exhibición en prensa ni las observaciones hechas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han revertido esta situación.  Desde 2011, la CNDH ha recibido quejas de los familiares de los internos del penal del Altiplano “por la alimentación de mala calidad y antihigiénica” que reciben por parte de La Cosmopolitana (en el expediente CNDH/3/2009/4415/Q), pero en la actualidad esta empresa continúa recibiendo contratos millonarios para alimentar a reos en diversos estados del país como: Ciudad de México o Baja California (La Mesa, El Hongo y el centro de rehabilitación de Ensenada).  “Te dan la comida casi echada a perder”, afirmó Roberto Robles a Excélsior, quien estuvo preso en La Mesa. La Cosmopolitana acaba de obtener un contrato de más de 143 millones de pesos (con el proceso de licitación 32065001-003-18) en noviembre de 2017, para ofrecer los servicios de alimentación a los internos de los Centros de Reinserción Social y de Adolescentes del Estado de Baja California.  Pero la mala calidad en la comida que distribuye en los penales sólo es parte de la lista de escándalos de la empresa.  Entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011, se reveló un caso de corrupción en el que el director de Adquisiciones de Bienes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), César Mora Eguiarte, filtró información a los directivos de La Cosmopolitana y Productos Serel para ganar las licitaciones.  Para poder investigar al funcionario del IMSS, César Mora, la Secretaría de la Función Pública (organismo encargado de vigilar las actividades de los servidores públicos federales y auditar el gasto de recursos federales) abrió el expediente: DE/903/10 y lo separó de su cargo.  El propio secretario de la Función Pública de aquel entonces, Salvador Vega Casillas, declaró que César Mora enviaba el proyecto de licitación a las empresas, mientras “los proveedores a su vez le regresaban un correo, mandándole con colores distintos las cosas que debían de eliminar, las cosas que debían modificar y las que debían quedarse en la convocatoria, de tal manera que los favorecerían”.  De los 4. 623 millones de pesos que La Cosmopolitana ha recibido por contratos públicos, 2. 965 provinieron del IMSS, de acuerdo con Contratobook.  EL SARDINERO.  El Sardinero ha sido una de las empresas más activas en el envío de las despensas mexicanas hacia los puertos de Venezuela.  Según consta en diversas tarjetas de embarque, El Sardinero se encargó de exportar al menos la mitad de las siete millones de despensas que se enviaron del 22 de febrero al 23 de agosto del 2017. Mientras que la factura SD02350, en poder de Excélsior, y emitida el 7 de julio de 2018, muestra que el negocio continúa.  Por el envío de lentejas, aceite vegetal, arroz, harina de maíz, harina de trigo, frijol negro, mayonesa y salsa de tomate, cobró en efectivo y por adelantado 14.318 dólares.  El Sardinero es encargada de conseguir a diversos proveedores en México para abastecer al Gobierno venezolano de los alimentos básicos.  Algunas de las empresas que El Sardinero ha usado para surtir las cajas CLAP, que factura, son: La Costeña, Aurrerá, Maseca, Minsa, La Merced, Abeto, La Ribereña, Clemente Jacques y Arroz Morelos.  El dueño de la compañía El Sardinero, constituida en Querétaro por Jorge Carlos Fernández Francés, tampoco se salva de tener escándalos en el pasado.  Este empresario saltó a los medios de comunicación en 2015 cuando un diario nacional revelara que, para evadir impuestos, había sobrepuesto unas placas de la Ciudad de México a un Ferrari 458 con el que llevaba paseándose por lo menos cuatro años en París, Barcelona y Roma.  La matrícula 415-SYL que usaba su auto deportivo realmente pertenecía a un Golf modelo 2003, según los registros vehiculares del Gobierno de la Ciudad de México y estaba a nombre de El Sardinero.  Mientras que el 22 de diciembre de 2014, la Función Pública sancionó a El Sardinero (oficio: PISI-A-NC-DS-0135/2014) con una prohibición de dos años cinco meses y nueve días para celebrar contratos con dependencias y entidades federales, y con una multa de 672.000 pesos por falsificar la dirección de la empresa en una licitación pública.  RICE&BEANS.  El guanajuatense Aristóteles Vaca Pérez, apoderado de las empresas Rice&Beans y Almacenes Vaca, es otro de los empresarios clave en la venta de despensas mexicanas al Gobierno de Nicolás Maduro.  Luego de que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, lanzara la acusación de que Group Grand Limited pertenecía al presidente Nicolás Maduro y se denunciara ante la PGR, la compañía registrada en Ciudad de México y Hong Kong simplemente desapareció del mercado.  El 6 de abril de 2018 los representantes de Group Grand Limited enviaron una carta a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) —ente que centraliza las compras del Gobierno venezolano— pidiendo la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” a la empresa Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi.  Ese contrato implicaba el suministro de 11 millones 500 despensas CLAP para el gobierno venezolano. Así que Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, sociedad constituida en Besiktas, Estambul, en Turquía, terminó por sustituir a Group Grand Limited, aunque detrás de ésta continúan el dúo colombiano: Alex Saab y Álvaro Pulido.  Sin embargo, a Group Grand Limited no sólo la sustituyeron de los contratos con el Gobierno de Nicolás Maduro, también en las facturas emitidas en México.  A partir de ese momento la empresa mexicana Rice&Beans, de Aristóteles Vaca, comenzó a facturar directamente a Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, en lugar de a Group Grand Limited.  En el documento FXG13940, Rice&Beans le facturó —el 17 de julio de 2018— a la empresa turca 220.000 dólares por pasta, aceite, mayonesa, salsa de tomate, frijol, lentejas, arroz, harina de maíz y harina de trigo.  El pago, por supuesto, como se lee en todas las facturas en poder de este diario fue por adelantado, en efectivo, en una sola exhibición y en dólares.  Aristóteles Vaca Pérez se ha dado a conocer en México por ser uno de los empresarios consentidos del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.  Durante este sexenio priista, a través de la compañía Almacenes Vaca, Aristóteles recibió alrededor de 600 contratos por un monto de 567 millones de pesos, cada uno de estos por adjudicación directa y, a través de Diconsa (red de abasto social más grande en México, encargada de garantizar la distribución de alimentos a población en condiciones de marginación).  Este negocio de las provisiones CLAP que representa más de 850 millones de dólares y en las que han intervenido diversas empresas nacionales y extranjeras, realmente es operado por un grupo selecto de empresarios colombianos, venezolanos y mexicanos que son: Álex Saab Morán, Álvaro Pulido Vargas, Santiago Uzcátegui Pinto, Jorge Carlos Fernández Francés, Aristóteles Vaca Pérez y los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn.  EL CASTIGO, TRES MILLONES A LA ONU.  El pasado 18 de octubre la PGR desmanteló y puso fin a las operaciones del grupo de personas y empresas nacionales y extranjeras que adquirieron productos alimenticios mexicanos y los revendieron 112% por arriba de su costo en Venezuela.  Esta venta de despensas fue revelada por Excélsior el 1 de agosto de 2017, a través de una investigación conjunta con el portal venezonalo Armando.info.  Desde entonces, este diario ha documentado la mala calidad de los alimentos que entregaba un programa implementado en 2016 por Nicolás Maduro.  Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), informó que tras ser investigados y descubiertos los implicados llegaron a un acuerdo reparatorio en el que se comprometieron a donar tres millones de dólares a la ONU con el objetivo de ayudar la emergencia alimentaria que enfrenta Venezuela.  Sin embargo, esta cantidad ni siquiera es el 10% de lo que los involucrados ganaron por revender alimentos pues, en una factura de la que Excélsior tiene copia, Group Grand Limited cobró casi 42 millones de dólares por seis millones de kilos de leche en polvo.  Casi un año antes, el 1 de agosto de 2017, Excélsior publicó que el Gobierno de Nicolás hace negocio redondo con alimentoss que compra a México.  En 2016 Maduro echó a andar su programa de despensas llamado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con el fin de frenar la escasez de comida. – Con información de Claudia Solera, Roberto Deniz y Patricia Marcano en El País (España) // La Patilla

BERNARDO PÉREZ BEICOS Y EL "ESQUEMA VACUNADOR" EN EL MP DE VENEZUELA



BOLÍVAR SOBERANO QUEDÓ EN LA HISTORIA. Hace justo un año Venezuela estrenaba el bolívar soberano, la nueva moneda con cinco ceros menos que sustituía al bolívar fuerte, víctima de la hiperinflación del país, la más alta del mundo.  Había llegado a tal extremo la devaluación del viejo bolívar, que los artículos más cotidianos costaban cientos de miles o millones de bolívares, haciendo imposibles de manejar las cuentas de las empresas y también las de muchas familias, cuyo poder adquisitivo fue devorado día tras día por la subida de los precios.  Cuatro días después de la entrada en vigor de los nuevos billetes el 30 de agosto de 2018, un kilo de aguacates costaba 27,50 bolívares soberanos en un supermercado de Caracas. El miércoles, su precio estuvo en 7.780, es decir, 283 veces más que entonces.  El kilo de zanahorias, que entonces estaba en 40 bolívares soberanos, costaba esta semana 9.900, 247 veces más.  Otro artículo muy consumido en un país en el que muchas comunidades no cuentan con un suministro regular de agua potable, la garrafa del líquido mineral de cinco litros, costaba 136 bolívares cuando se estrenó la nueva moneda. Esta semana su precio alcanzó los 22.305 bolívares.  El kilo de papas, que costaba 73,93 de los nuevos bolívares, se vende ya por 23.500. Como muestran estos productos, la subida de los precios se ha mantenido y afecta a todos los productos, incluidos los de primera necesidad.  Sube sin parar. El impacto de esta imparable alza es el tema de conversación dominante en todos los mercados.  Carolina, telefonista que compra a menudo en un mercado de una zona de la capital tradicionalmente considerada como de clase media, se queja de que “la harina de maíz para hacer las tradicionales arepas ya cuesta casi 17.000 bolívares. Sube sin parar, como el aceite, como la pasta, como todo”.  Son los efectos para la gente de la inexorable pérdida de valor del bolívar soberano, que no parece tener más éxito que su predecesor, algo que ya advirtieron muchos expertos cuando apareció en la palestra pública.  El bolívar soberano venía para corregir todos esos males, prometía el cuestionado presidente Nicolás Maduro en los largos mensajes que dirigía al país a través de la televisión estatal en aquellas fechas.  Debía provocar un “equilibrio reevaluador” en la economía venezolana.  La nueva moneda era parte de un conjunto de reformas económicas oficialmente bautizado como Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, que incluía el fin de la venta de gasolina gratis y el anclaje de los salarios a una moneda virtual creada por el Estado venezolano llamada petro.  Maduro, que ha culpado reiteradamente de la hiperinflación a “la especulación contra la moneda venezolana” impulsada desde Estados Unidos y Colombia, los ejes de la “guerra económica” que a su juicio sufre su país, aseguraba que el nuevo cono monetario le pondría fin.  Un año después, el bolívar soberano es de lo poco que queda de un plan que el gobierno dejó de hablar hace tiempo y un recorrido por las calles que refleja su escaso éxito en el objetivo de contener la hiperinflación.  Francisco Rodríguez, economista jefe de la consultora Torino Capital declaró que “no se puede acabar con la hiperinflación sin un pro-grama de disciplina fiscal y monetaria”. – Con información de 2001.com.ve

INTERNACIONALES

EL «HORRIBLE» SERVICIO DE «OK RENT A CAR» EN ESPAÑA, SEGÚN SUS CLIENTES



(COSTA RICA) FUSILES Y CHALECOS ANTIBALAS PARA PROTEGER LAS JOYAS NATURALES. En Corcovado, un parque nacional ubicado al sur de Costa Rica, es fácil ver dantas en los bosques o tiburones toro en las aguas del Pacífico que bañan este reducto salvaje que concentra el 2,5% de la biodiversidad mundial en un territorio más pequeño que Andorra. Con mucha suerte se puede captar a un jaguar en plena cacería y, con mucha menos, a un miembro de las redes de narcotráfico que llevan cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y que usan los humedales o los bosques como una suerte de bodegas. Para hacerles frente, el Gobierno tico ha tomado la decisión de armar a sus guardaparques.  Ahí queda playa Llorona, una zona casi virgen en medio de cascadas y bosque primario, donde en la madrugada del 10 de mayo cayó herido un guardaparques que colaboraba con la policía en la captura de dos narcotraficantes cuyo barco semisumergible quedó encallado con más de dos toneladas de cocaína. Lo pudieron sacar por aire al día siguiente para que le atendieran tras haber sufrido un disparo en el abdomen. La información aparece fácil al buscar “playa Llorona” en un buscador digital, como si el narcotráfico fuera una especie más.  Los decretos de este país centroamericano que protegen más de la cuarta parte de su territorio, una proporción similar a la de Brasil, el mayor pulmón del planeta, pero con solo un guardaparques por cada 4.000 hectáreas protegidas, al Estado le resulta imposible custodiar sus tesoros naturales sobre los que se edifica tanto su imagen de país conservacionista como la poderosa industria turística, que aporta divisas, el 8% del PIB a una economía renqueante y supone una importante inyección de recursos para unas arcas públicas que no pasan sus mejores años. “Andan muy mal. La protección es pésima”, dice a EL PAÍS Mario Boza, uno de los padres del programa de parques nacionales que Costa Rica comenzó en la década de los setenta y que desde entonces no ha parado de crecer, hasta llegar a las actuales 143 áreas protegidas, 13 de ellas bajo administración privada. Este año, el Ejecutivo de Carlos Alvarado (centroizquierda) creó una reserva alrededor del volcán Miravalles (noroeste) con solo dos funcionarios y sin presupuesto asignado. ->>Vea más… - Con información de Álvaro Murillo – El País

(HONDURAS) RED LÉSBICA CATTRACHAS: “DURANTE EL GOLPE PUSIMOS EL PECHO Y NOS ACUERPAMOS EN LA CALLE”. Después del golpe de Estado en Honduras se han intensificado los ataques contra la comunidad LGBTI, con un saldo de 331 personas asesinadas y 1 desaparecida, una cantidad importante de ataques, agresiones, amenazas, y el cercenamiento acelerado de derechos fundamentales.  Indyra Mendoza, directora de la Red Lésbica Cattrachas y panelista en el Foro “Impactos del golpe de Estado en los derechos humanos, con énfasis en la violación de los derechos laborales y de la comunidad LGBTI”, organizado por Cofadeh, Apuvimeh y la Rel-UITA, conversó con La Rel.  -Cuál ha sido el impacto del golpe en la comunidad LGBTI? -El golpe nos enseñó muchas cosas, como por ejemplo que somos personas que este Estado asesino quiere eliminar.  Durante el golpe, de las 29 personas asesinadas, 15 eran mujeres trans, 9 de las cuales fueron ejecutadas de forma extrajudicial. Todos los casos están impunes.  Pero también aprendimos que nuestras demandas podían ser escuchadas a nivel internacional. En el primer Examen Periódico Universal (EPU) logramos que Naciones Unidas le hiciera 7 recomendaciones al Estado de Honduras.  Diez años después tenemos 88 recomendaciones sobre temáticas LGBTI desde diferentes espacios internacionales.  El caso de Vicky Hernández nos enseñó que, aunque nos vean desechables, sí valemos.  Su caso ahora se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se hablará de los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales durante el golpe.  De lograr la derogación de la amnistía general[1] se abriría la posibilidad de perseguir penalmente a los que estuvieron detrás de todos los asesinatos ocurridos durante y después del golpe.  Estamos hablando de miles de personas asesinadas, incluyendo a más de 340 femicidios durante los primeros seis meses del golpe. ¿Dónde están los culpables?  -Recordemos quién fue Vicky y en qué contexto fue asesinada. –Vicky era una mujer transexual, activista del Colectivo “Unidad Color Rosa” y del Colectivo “TTT” de San Pedro Sula, VIH positiva, que la noche del golpe estaba en el ejercicio del trabajo sexual.  Ni ella ni sus compañeras se habían dado cuenta que había ‘toque de queda’ y que en las calles sólo había policías y militares.  Cuando miraron que un grupo de uniformados se estaba acercando a ellas comenzaron a correr. A Vicky la encontraron el siguiente día con un disparo en la cabeza.  Logramos tener acceso a un documento de Medicina Forense donde se decía que a Vicky no se le hizo autopsia porque era VIH positiva. De esta manera ocultaron todas las pruebas. Fueron sus compañeras, junto con su familia, que recuperaron su cadáver en la morgue y la enterraron.  Desde este momento, nuestra organización, sus familiares y la Fundación Mundial de Victidogmática “Robert F. Kennedy” le hemos dado seguimiento al caso, que ahora se conocerá en la Corte IDH.  Será el primer caso de asesinato y crimen de odio contra personas con orientación LGBTI que llega hasta esta instancia judicial internacional.  -¿De dónde viene tanto odio? -Tiene mucho que ver con el fundamentalismo religioso.  A partir del 2004, la Confraternidad Evangélica de Honduras decidió hacer todo lo posible para que no se aprobaran leyes sobre los derechos LGBTI.  De esta manera se fue profundizando el odio en la sociedad y los evangélicos fueron adquiriendo más poder, posicionándose en puestos claves como educación, salud y depuración policial. Prácticamente se han convertido en el soporte moral de este régimen.  El objetivo es muy claro: llegar a tener una nación sin personas anormales, inmorales o aberradas como nos llaman a nosotros. Una nueva nación sólo de gente de camiseta blanca, que se adhiera a su moral y no a las libertades y a los derechos humanos.  -El golpe tuvo también el efecto ‘positivo’ de visibilizar a la comunidad LGBTI. -Durante el golpe también la sociedad civil aprendió a respetarnos y comenzó a vernos de otra forma. Nos acuerpamos todos y también las personas LGBTI pusimos el pecho por todos los que estábamos en las calles.  Muchas organizaciones se han abierto a la temática LGBTI, como por ejemplo Copinh y Ofraneh[2] que ya tienen comisiones específicas dentro de su estructura.  Esperamos que otras organizaciones, como por ejemplo los sindicatos y los maestros, hagan lo mismo y que se avance en el respeto de nuestros derechos.  - Notas [1]  La amnistía general fue proclamada por Porfirio Lobo el día de su investidura como presidente en enero del 2010. [2]  Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) – Con información de Giorgio Trucchi | Rel-UITA - kaosenlared.net

"HUÍ DE GUATEMALA CUANDO LAS MARAS IBAN A POR MIS HIJOS DESPUÉS DE HABER ASESINADO A MI MARIDO".  El pasado 26 de julio el presidente estadounidense, Donal Trump, firmó un acuerdo con Guatemala de "tercer país seguro", mediante el cual el gobierno centroamericano debe ofrecer a los refugiados que intentan llegar a Estados Unidos, y que así lo soliciten, asilo político. Con este acuerdo, que según el jefe de la Casa Blanca es "bueno para ellos y bueno para nosotros", los solicitantes de asilo en Estados Unidos pueden ser deportados fácilmente a otro país- en este caso Guatemala- mientras se resuelve su caso. De esta manera, la administración Trump puede negarse a acoger a los inmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos, obligando a las personas que cruzan las fronteras de Guatemala -la mayoría provienen de El Salvador y Honduras- a solicitar asilo al estado guatemalteco y evitar así el flujo de migración con destino a Estados Unidos. Pero, ¿es cierto el argumento de que Guatemala es un territorio seguro, tal y como intentan sostener  desde Washington? Según la fundación que estudia la seguridad ciudadana y nacional en Latinoamérica Insight Crime, Guatemala figura entre los 10 países con mayor tasa de homicidios en América Latina, o lo que es lo mismo, más de 22 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aunque es cierto que la tasa de criminalidad del último año representa una mejoría con respecto a los años anteriores, los datos desmienten a La Casa Blanca: Guatemala no es un país seguro.  Más allá de los números y estadísticas, la sensación de seguridad o inseguridad la perciben los propios habitantes de un territorio. Por ello, La SER de España ha hablado con Norma, quien huyó, precisamente por culpa de la violencia en Guatemala, hace 4 años para llegar a España.  Por cuestiones de seguridad y protección Norma prefiere identificarse solo con el nombre. Esta ciudadana guatemalteca tuvo que dejar su tierra natal después de que las maras de Guatemala asesinaran a su marido, un dentista a quien los mafiosos extorsionaban para cobrarle una 'renta' por tener una consulta médica. "No me dijo que lo estaban amenazando y extorsionando, porque yo también pagaba una 'renta', por mi peluquería", explica, "pero él me decía que no les diera ni un duro". La cosa no quedó allí; después de que acabaran con la vida de su esposo, las maras continuaron con las extorsiones: le amenazaron con secuestrar a su hijo para torturarlo, y con llevarse a su hija para venderla a otros grupos criminales si no pagaba. Cuando acudió a la policía, le pidieron que hiciera de intermediaria con los criminales y que les entregara el dinero que pedían para que luego ellos interceptaran a los extorsionadores. "Uno de los agentes se me insinuó para que le ofreciera mi cuerpo. A cambio él prometió ayudarme. Allí la policía, lejos de ayudarte, te fastidian aún más", confiesa Norma. En Guatemala, a parte del crimen organizado, la corrupción policial es uno de los principales factores que explican el clima de inseguridad nacional. Según el propio cuerpo de Policía Nacional Civil, solo en el primer trimestre de 2019, cerca de un centenar de agentes fueron detenidos acusados de narcotráfico, extorsión y/o sicariato. ->>Vea más… - Sohaib Nadi - cadenaser.com

(PANAMÁ) ESTAFAS MIGRATORIAS. De un lector: El panameño Manuel Mora Cornejo se hace pasar por abogado con idoneidad en Panamá, usando la de la abogada Vanessa March, para ofertar tramitaciones migratorias que carecen de validez y cobrar altas sumas de dinero. Al parecer Mora Cornejo, es familiar del comisionado Mora, importante comisionado del Servicio de Inmigración, cuyo buen nombre emplea. Manuel Mora tiene varias denuncias y un prontuario muy amplio por estafas migratorias.– Franklin Linares



(PANAMÁ) LOS NADA ATRACTIVOS APARTAMENTOS DE PANAMÁ BRIDGE SERVICES. De un lector: Con recurrencia la empresa de servicios inmobiliarios Panamá Bridge Services ha dejado a clientes defraudados e inconformes. Lo ejemplifica el caso del apartamento 66 en un edificio de Ciudad de Panamá. Como los arrendatarios anteriores eran venezolanos y en Panamá muchos piensan que todos los venezolanos solventes forman parte de esquemas ilegales y de corrupción, mensualmente pagaban 5 mil 500 dólares, exigiéndoles pagos por adelantado, imponiéndoles controles, verificaciones internas, mantenimiento de aires acondicionados centrales de las dos alas del apartamento y de las consolas en tres de las cuatro habitaciones. Hay que acotar que el mantenimiento de la mayoría de las propiedades de la empresa regularmente no sería oportuno y adecuado. A los propietarios anteriores les tocó reparar varias filtraciones graves en los baños y closets, sin recibir nunca un reintegro. Las reparaciones que correspondían a la empresa administradora tardaban meses y hasta semanas en efectuarse. Completamente cerrado por la altura, sin terrazas o balcones, el apartamento carece de depósito (maletero), como otros del mismo edificio. El gasto promedio mensual de las reparaciones ascendía a 1 mil dólares. El lugar carecía de cortinas y las cañerías estaban tapadas. Cuando los ocupantes anteriores, venezolanos, ofrecieron 900 mil dólares para comprarlo, el primer año les dijeron que era una buena oferta, el segundo lo elevaron a 1 millón 500 mil dólares y así estuvieron durante tres años, antes de mudarse a otro país. El apartamento, que desde hace más de tres meses permanece vacío, se ofertaría ahora para la venta en 1 millón 200 mil dólares, pero nadie lo alquila o lo compra. Los atractivos que se ofrecen son áreas sociales y comunes del edificio. Pero la edificación empieza a envejecer y es víctima de la humedad por su cercanía al mar. Un estudio termoeléctrico demostró que las paredes internas y externas del inmueble estaban llenas de agua y humedad. Las baldosas del baño principal se han levantado como un acordeón, ¿Por qué? Al edificio estar construido sobre un relleno, allí estaba el vertedero de basura de la ciudad, lo cual hace que la estructura se mueva o incline, ocasionando rupturas en las paredes y baños. Es más llamativo aún el hecho que Panamá Bridge Services es una empresa de Eric Van Hoorde, que como presidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), debería mostrar a sus clientes el lado positivo de los inmobiliarios panameños. (…) El caso de los apartamentos del edificio Ocean Two es, al igual que otros, uno de sus peores ejemplos. – Adrián Ramírez



(PANAMÁ) RETRASOS EN PROYECTO ALTA TERRA. De un lector: El conjunto residencial Alta Terra fue publicitado a lo grande en Panamá, como de alto nivel, lujo y confort para la clase media, pero ha resultado en un proyecto donde los menos beneficiados han sido los compradores. La verdad es otra. El proyecto tuvo retrasos, la calidad de los acabados es sumamente baja, se encuentra en una peligrosa zona, rodeada de barriadas inhóspitas y su “plus”, la línea del metro, ha traído más caos e inseguridad a la zona de San Miguelito. El gerente del proyecto, Ricardo Mejía, representa a un grupo de inversores colombianos, cuyo dinero, desde el aspecto fiscal y financiero, da mucho qué decir. (…) Además de meses de retraso en la entrega de los apartamentos, el Conjunto Residencial Alta Terra de Ciudad de Panamá presenta graves problemas en los acabados, que resultaron no teniendo el lujo ofrecido. El aspecto de Alta Terra muestra que la construcción es por hoy mucho menos de lo que en proyecto le vendían a los compradores. (…) Tampoco cuenta con los servicios ofrecidos en planos y maquetas. – Adrián Ramírez

(MÉXICO) LAS AUTORIDADES, IMPOTENTES ANTE LA OLA DE ASESINATOS DE PERIODISTAS. Con el asesinato del periodista Nevith Conde Jaramillo, asciende a 10 el número de periodistas asesinados en México en 2019, lo que confirma al país como el más peligroso del mundo para la prensa. A esta situación de violencia extrema se suma la impunidad casi total en la que permanecen estos crímenes. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tomado hasta hoy ninguna decisión valiente para acabar con esta situación, por lo que Reporteros Sin Fronteras (RSF) urge cumplir con algunas recomendaciones. Rogelio Barragán Pérez, Norma Garabia Sarduza, Francisco Romero Díaz, Telésforo Santiago Enríquez, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Rafael Murúa Manríquez, Omar Iván Camacho Mascareño, Santiago Barroso, Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Conde Jaramillo. La lista de periodistas mexicanos asesinados a causa de su trabajo periodístico crece de manera inexorable.  El 24 de agosto de 2019, con el asesinato de Nevith Conde Jaramillo, sumaban al menos* 10 los periodistas asesinados en México, la misma cifra que en todo el año 2018. Este 2019, uno de cada tres asesinatos de periodistas que se perpetran en todo el mundo ha tenido lugar en México, lo que lo convierte en el país más letal para la prensa, por delante de Afganistán y Siria, países en los que se han registrado cuatro asesinatos (en cada uno) en el mismo periodo.  Los últimos dos asesinatos revelan en gran medida la incapacidad e ineficacia de las autoridades federales y locales para frenar esta espiral infernal de violencia, sobre todo cuando hay funcionarios o políticos locales directamente involucrados.  El sábado 24 de agosto, en el municipio de Tejupilco (estado de México), apuñalaron al periodista Nevith Conde Jaramillo. Encontraron su cuerpo en uno de los cerros de los alrededores de este municipio. Nevith era director del diario digital El Observatorio del Sur, en el que a menudo denunciaba la corrupción de funcionarios locales. Los colegas y allegados del periodista con los que RSF se puso en contacto afirmaron que lo amenazaron de muerte dos veces -una en noviembre de 2018 y otra en junio de 2019-, como represalia por la información que había publicado. El reportero había denunciado estas amenazas ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, pero según dicha entidad no había continuado con los trámites, sin detalles sobre el porqué. Los compañeros de la víctima también señalaron que “había fuertes fricciones” con el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas.  Por otra parte, Jorge Celestino Ruíz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa, fue asesinado el 2 de agosto de 2019 en el municipio de Actopan (estado de Veracruz). El periodista había denunciado que el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, había desviado dinero del municipio. El reportero fue agredido y amenazado varias veces en 2018. Tras denunciarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, ésta le otorgo medidas de protección temporales, que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no cumplió. Días antes de que asesinaran al reportero, un mensajero del alcalde fue a las oficinas de Gráfico de Xalapa y ofreció dinero a cambio de que no publicará información comprometedora sobre las actividades del presidente municipal, cosa que el diario rechazó.  “Los investigadores deben demostrar la mayor imparcialidad, dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor profesional e identificar lo antes posible a los responsables de los asesinatos de Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Conde Jaramillo, casos en los que se sospecha que políticos locales estuvieron implicados”, señala Emmanuel Colombié, director de la oficina en América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF). “Frente a esta ola de agresiones y asesinatos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la gravedad de la situación y emprender acciones contundentes y urgentes a las que se comprometió al llegar a la Presidencia”.  Más de 90% de los crímenes cometidos contra periodistas en México permanece en la impunidad, lo que explica el círculo vicioso en el que se encuentra atrapada la prensa mexicana. Ante esta situación, RSF acudió en marzo de 2019 a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en el país por la impunidad en que permanecen los crímenes –asesinatos y desapariciones– cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018, bajo los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, predecesores de Andrés Manuel López Obrador.  Frente a la inigualable cantidad de asesinatos de periodistas registrados en México en 2019 RSF desea hacer una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, en particular al presidente, Andrés Manuel López Obrador.  RSF RECOMIENDA:  A la Segob,  1) Ofrecer mayor protección a los periodistas:  - Mejorando la eficacia y la reactividad del Mecanismo nacional de protección de periodistas, reforzando sus capacidades humanas y económicas; reflexionando en profundidad sobre su papel en la prevención de los riesgos que corren los periodistas, sobre todo en los estados más peligrosos del país.  - Implementando lo antes posible las recomendaciones del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de protección a periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presentadas el día 26 de agosto.  - Creando una política integral de atención a periodistas víctimas de desplazamiento forzado y a sus familias.  2) Incrementar los recursos de las autoridades para investigar estos crímenes.  La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) muy pronto formará parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. En este contexto, es urgente:  - Ampliar las facultades e incrementar los recursos económicos y humanos de la FEADLE.  - Dar a conocer lo antes posible las orientaciones y los lineamientos de la FEADLE en lo que respecta a la investigación de los crímenes cometidos contra periodistas, así como los medios de impugnación de las decisiones de esta fiscalía.  - Alentar a la FEADLE a que haga pleno uso de su facultad de atracción (del ámbito local al federal) de investigaciones de delitos contra libertad de expresión, como lo contempla el artículo 21 del Código Penal. RSF considera que, de manera imperativa, la FEADLE debe atraer los casos de los asesinatos de Jorge Celestino Ruiz, Norma Sarabia Garduza y Francisco Romero, perpetrados en 2019.  - Que se aplique efectivamente el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión” publicado en octubre de 2018.  - Que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la que dependerá la FEADLE, se acerque lo antes posible a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que trabajen juntas en los nuevos objetivos y desafíos a enfrentar.  México se encuentra en posición 144, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 elaborada por RSF. – Con información de rsf-es.org

(IRÁN) LA MAYOR PRISIÓN DEL MUNDO PARA LAS MUJERES PERIODISTAS. Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su alarma por la nueva oleada de detenciones e interrogatorios de mujeres periodistas que tiene lugar desde principios de agosto en Irán. La República Islámica es ya la mayor prisión del mundo para las mujeres periodistas, con un total de diez detenidas en la actualidad.  "Irán, que ya era uno de los cinco mayores carceleros de periodistas del mundo, se ha convertido en el país con más mujeres detenidas en relación con sus actividades periodísticas, por encima de cualquier otro", denuncia Reza Moini, jefe de la oficina para Irán y Afganistán de Reporteros Sin Fronteras.  "Hacemos un llamamiento a Javaid Rehman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, para que intervenga con la máxima urgencia a fin de conseguir su libertad y para que aborde la desastrosa situación de la libertad de prensa en este país".  Estos son los perfiles de las diez periodistas actualmente detenidas en Irán:  - NOUSHIN JAFARI  La detención de esta reportera gráfica fue confirmada por el portavoz del sistema judicial, Gholam Hossein Esmaili, el 14 de agosto. Especialista en teatro y cine, fue arrestada en su casa de Teherán el 3 de agosto por agentes de inteligencia de la Guardia Revolucionaria vestidos de civil, que confiscaron dispositivos de almacenamiento de datos y CD. Los trols afines a la Guardia Revolucionaria fueron los primeros en informar su detención y del cargo presentado en su contra: "insulto a los valores sagrados del Islam" en Twitter. Su familia no ha sabido nada de ella desde que la detuvieron y aún se desconoce dónde está recluida.  Jafari trabajaba para la sección de "Artes y Literatura" del diario Etemady y ya había sido arrestada en febrero de 2010, cuando estuvo detenida durante 28 días. Según sus familiares, los agentes de inteligencia de la Guardia Revolucionaria la presionan para que haga una confesión.  - MARZIEH AMIRI  La sala 28 de la corte revolucionaria se negó a ponerla en libertad bajo fianza el 13 de agosto. Periodista del diario Shargh, Amiri fue detenida mientras informaba frente a una comisaría de policía de inteligencia en Teherán, el 1 de mayo. Su abogado dijo a los medios que está acusada de "conspiración y reunión contra la seguridad nacional", "propaganda antigubernamental" y "alteración del orden público". Según su familia, ha sido condenada a 10 años de prisión y también a 148 latigazos.  - ASSAL MOHAMMADI  Estudiante de la Universidad Islámica Azad y miembro del consejo editorial del periódico estudiantil Game, fue devuelta a prisión por un tribunal de Teherán el 4 de agosto. Inicialmente arrestada el 4 de diciembre de 2018, había sido puesta en libertad bajo fianza de 400 millones de tomans (10.000 euros), pero la fianza se aumentó después a mil millones de tomans (212.000 euros). Se personó en la corte con los trabajadores de la compañía de caña de azúcar Haft-Tappeh, ya que había cubierto su huelga y sus protestas para pedir aumentos salariales.  - SANAZ ALLAHYARI  Ella y su marido, Amir Hossein Mohammadi Far, son compañeros de Assal Mohammadi en Game. También están detenidos por cubrir la huelga y el maltrato de los trabajadores encarcelados.  - FARANGIS MAZLOOM  Es la madre de Soheil Arabi, que recibió el Premio a la Libertad de Prensa 2017 de RSF en la categoría periodista-ciudadano. Agentes de inteligencia la detuvieron el 22 de julio. Su único delito fue informar al público sobre las condiciones en que se encuentra recluido su hijo encarcelado y el trato inhumano y degradante al que está siendo sometido.  - HENGAMEH SHAHID  Reportera y editora del blog Paineveste, lleva recluida desde el 25 de junio de 2018. Fue sentenciada a 12 años y nueve meses de prisión por sus revelaciones sobre la falta de justicia dentro del sistema judicial iraní y sus críticas a su jefe, Sadegh Amoli Larijan.  - SEPIDEH MORADI, AVISHA JALALEDIN Y SHIMA ENTESARI  Las tres trabajaban para el digital de noticias de la comunidad sufí, Majzooban Noor. Están detenidas desde febrero de 2018 y cumplen penas de cinco años de cárcel en la tristemente célebre prisión de Evin de Teherán.  - NARGES MOHAMMADI  Periodista y activista de derechos humanos detenida desde mayo de 2015. Un tribunal de Teherán la condenó a un total de 16 años de prisión. Según una ley de 2015, que dice que una persona condenada por varios cargos solo cumple la condena aplicada al cargo más grave, tendrá que cumplir un período de 10 años. Mohammadi está apadrinada por periodistas españoles en el marco de la campaña de apoyo a encarcelados de RSF España.  Irán ocupa el puesto 170, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org


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