Militares venezolanos que se unieron a Guaidó en Colombia fueron desalojados de sus albergues

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.
Ese día, los oficiales, efectivos de tropa profesional y agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos.
De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente, de acuerdo con el periodista Javier Ignacio Mayorca en su columna Crímenes Sin Castigo.

La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.

Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.

“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un ex capitán.

Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel Guillermo Palomino, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.

Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.

Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.

Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Parlamento trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a la disidencia castrense con ocho meses de embarazo.

Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado al movimiento de Guaidó. Desde Venezuela, les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.

Fuente: Columna de Opinión "Crímenes Sin Castigo" 22/08/2019 - Javier Ignacio Mayorca - talcualdigital.com