Pdvsa otorgó poder especial a la esposa y a la suegra de Rafael Ramírez

La fecha en que Petróleos de Venezuela S.A. otorgó el Poder Especial “amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiere” a Beatrice Sansó e Hildegard Rondón de Sansó, esposa y suegra del entonces presidente de la estatal petrolera y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, tal vez exime de delito a los protagonistas de este hecho, pero no deja de despertar sospechas de que al momento de conferir el referido poder no haya privado el parentesco como la razón para depositar en las mencionadas la responsabilidad de representar legalmente a la empresa con relación al “tratamiento de la parte informática que afectó” a la industria durante el paro petrolero, según alegó el consultor jurídico para le fecha, Rodolfo Porro Aletti.

Y es que para entonces, no existía en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente, un aparte que rezara lo que el artículo 30 de la Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público aprobada en 2016 expresamente indica: “Ningún funcionario público podrá designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quien esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario”, de acuerdo con un artículo de la periodista Maibort Petit en Diario16.

Porro Alettí manifestó al respecto, de acuerdo a una cita que de él se hace en el página Resistencia Venezuela en la que aseguraba que “el 8 de mayo de 2003 se le otorgó un poder a estas abogadas para el tratamiento de la parte informática que afectó a PDVSA y sus filiales, pero no existe contratación alguna por 33 mil dólares ni por otro monto. Me siento profundamente orgulloso de la trayectoria de una jurista de la dimensión de Hildegard Rondón y de la colaboración prestada por Beatrice Sansó de Ramírez (…) Ni Alí Rodríguez ni Ramírez sugirieron u ordenaron ese llamado”[1].

Sobre Rodolfo Porro Aletti
Rodolfo Porro Aletti nació el 15 de octubre de 1943, es titular de la Cédula de Identidad N° V-2.934.216, se le ubica en la parroquia Baruta, municipio Baruta, Estado Miranda[2].

Es médico siquiatra y abogado
Su cuenta individual en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales refiere que se encuentra cesante desde el 15 de octubre de 2003, mismo día que tenía establecido como su fecha de contingencia. Sin embargo el informe refiere que trabajó hasta el 30 de septiembre de 2014 en el Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas con el número patronal D19809522. Cotizó 1.052 semanas y un total de salarios de Bs. 2.100,10[3].

Tiene pensión asignada por el programa Amor Mayor por Bs. 4.500,00 que le son depositados en el Banco Bicentenario[4].

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Nacional República de Indonesia de la parroquia Baruta, municipio Baruta, estado Miranda.

Porro Aletti está estrechamente vinculado a Alí Rodríguez Araque de quien es cuñado al estar o haber estado casado con una hermana de este último. Fue destituido del Tribunal 15º Penal de Caracas por el caso del “narco indulto” otorgado a Larry Tovar Acuña bajo la presidencia de Ramón J. Velázquez y por mala instrucción del expediente del pelotero Gustavo Polidor. Fue director encargado de Recursos Humanos de la Alcaldía de Caracas, de donde pasó a la consultoría jurídica de la estatal petrolera, misma posición que después ocupó en el Ministerio de Finanzas. Igualmente, presidió la junta interventora de Bandes y del Banco Industrial de Venezuela (BIV), institución financiera en donde luego fue su presidente[5].

El 28 de febrero de 2011, la Asamblea General Extraordinaria de la Junta Interventora del Banco Industrial de Venezuela C.A. designó a Porro Aletti, quien se había desempeñado hasta entonces como presidente de la junta interventora del Banco Industrial de Venezuela, como el nuevo presidente del BIV, una designación que apareció en la Gaceta Oficial N° 39.628 de fecha 3 de marzo de 2011. En el acto, el para la época ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, informó que por instrucciones del presidente de la república, Hugo Chávez Frías, procedía a nombrar a Rodolfo Porro Aletti como presidente del BIV. También se designó como directores principales de la junta directiva a Arelis Castillo, Luis Arias, Ana Isabel Vásquez Rodríguez, Camilo Crespo, Francisco Manzanilla y Huáscar Castillo.

La gestión de Rodolfo Porro Aletti al frente del BIV se vio salpicada de acusaciones sobre colocaciones irregulares del 65 por ciento de la cartera de inversiones de la institución en siete bancos que fueron intervenidos por el estado venezolano, a saber, Canarias, Banpro, Bolívar, Confederado, Central, Real y Baninvest. Tales colocaciones ordenadas por Porro Aletti se habrían llevado a cabo, supuestamente, sin la autorización de los otros dos miembros de la junta interventora, Conrado Pérez y Arlet Sánchez. Estos últimos presentaron su renuncia al tiempo que denunciaron grandes colocaciones con altos riesgos y con tasas dudosas; pago de honorarios profesionales a abogados externos para mantener las licencias de las sedes de Miami y New Cork, al bufete de Miguel Saldivia; contratación de la esposa de Porro Aletti para la Agencia de Miami, según punto de cuenta firmado y autorizado por el ministro Ali Rodríguez Araque, por la cantidad de 3.500 dólares de sueldo y una bonificación mensual de 3.500 dólares, en total 7.000 dólares aun cuando no era profesional del área financiera, sino maestra; pago de viáticos a Rodolfo Porro Aletti para visitar a sus esposa y a su hijo en Miami, por cuenta del Banco Industrial de Venezuela[6].

El periodista Alek Boyd vincula a Porro Aletti a Raúl Gorrín investigado por una corte de los Estados Unidos por supuestamente estar incurso en el delito de lavado de dinero, así como también al extesorero nacional, Alejandro Andrade, quien admitió ante la justicia de EE. UU. haber incurrido en el mismo delito. Precisa que desde sus posiciones, primero como presidente de la junta interventora y luego como presidente del Banco Industrial de Venezuela, no cuestionó las operaciones irregulares que los primeros habrían llevado a cabo involucrando a la institución por él dirigida[7].

El nombre de Porro Aletti también aparece supuestamente relacionado con el caso conocido como “Petrocontrabando, denunciado por el ex consultor jurídico de PDVSA, Fabián Chacón, sobre maniobras internas irregulares ordenadas por Alí Rodríguez Araque dentro de la estatal[8]. ->>Vea más...

Fuente: Con información de Maibort Petit - Diario16