El pasado 24 de septiembre una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) apresó en el estado Anzoátegui a cuatro funcionarios de la policía municipal de Barcelona (Polibolívar), entre ellos el comisario José Luis Surga. La aprehensión se produjo luego que un ciudadano denunció que había sido agredido por los uniformados, quienes le habrían exigido 500 mil bolívares para no imputarle delitos.
En declaraciones a medios familiares del comisario aseguraron que El alcalde Guillermo Martínez, le había pedido a Surga que trabajara en Polibolívar, donde era jefe de inteligencia. Fuentes policiales han indicado extraoficialmente que Surga era candidato a director de Polibolívar y que uno de los oficiales detenidos tendría antecedentes por presuntos robos, mientras que otro habría estado preso por el asesinato de un sujeto apodado “Gordo Flaco”. De igual modo otras fuentes sostienen que el comisario fue expulsado de la entonces DISIP, luego de vinculársele con el presunto robo a un transporte de valores. Agregan que de la policía del estado Anzoátegui y de otras policía fue expulsado ante la presunta implicación de funcionarios a sus órdenes en robos, secuestros, extorsiones, y otros delitos.
Familiares de Lisandro Salazar Marcano, quien fue presuntamente ajusticiado por agentes de la Policía del Municipio Sotillo (Anzoátegui), exigieron en 2008 al Ministerio de Interior y Justicia la intervención de esa institución. Aníbal Salazar Rodríguez, padre del fallecido; y Luis Escobar Ugas, presidente de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, acusaron a los efectivos Reinaldo Sotillo y Douglas Martínez de darle muerte al joven de 25 años de edad y quien se desempeñaba como taxista. Asimismo denunciaron el mismo año al entonces comisario José Luis Surga, director de la Policía de Puerto La Cruz, por encubrir el hecho. Los denunciantes relataron que el día de los sucesos Salazar transitaba en el vehículo con el que trabajaba junto a Jesús Aguilera por el paseo Colón de la ciudad oriental, cuando de repente un sujeto armado que cargaba una caja, abordó el auto y les ordenó salir de la zona. Instantes después los agentes policiales los interceptaron en las inmediaciones de la calle Bella Vista, frente a la sede de Hidrocaribe; y allí, después de reducir al presunto atracador, quien posteriormente fue presentado bajo el nombre de William Piquiña, le dispararon. Minutos antes Piquiña había asaltado una tienda de artículos deportivos y se había hecho con 77 mil bolívares fuertes (77 millones de bolívares). Acto seguido los policías la emprenden contra Salazar, a quien obligan a salir del vehículo que conducía y le disparan a quemarropa. Esto, pese a que él y Aguilera les informaron en reiteradas ocasiones que nada tenían que ver con el supuesto delincuente y que habían sido secuestrados por él. "Que un policía municipal, quien es el encargado de proteger la vida de las personas, sea capaz de asesinar a dos personas por 77 mil bolívares fuertes dice mucho", afirmó Ugas. El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público, organismo que comisionó a un fiscal para que lo investigara. Al menos 10 personas que laboraban en el edificio de Hidrocaribe presenciaron lo ocurrido.
Funcionarios de la policía municipal de Puerto La Cruz (Polisotillo) aseguraron en 2013 que una junta evaluadora designada por el entonces alcalde Stalin Fuentes para la reestructuración, encabezada por José Luis Surga y Reinaldo Sotillo, había invadido las competencias de la directora de la institución policial. “Lejos de realizar un diagnóstico en la institución lo que hacen es convocar a formación a los funcionarios a cada momento, sacarlos de sus servicios para amenazarlos e insultarlos. (…) Pretenden que la directora les dé viáticos y vehículos especiales para trasladarse", indicaron entonces. Recordaron que un miembro de la junta, quien se desempeñó como Jefe de Inteligencia de la Policía Metropolitana en el estado Anzoátegui, habría dado muerte en 1995 a un ciudadano de apellido Carmona, luchador del movimiento MBR-200, asunto del cual, según sostuvieron, no estaban al tanto autoridades del gobierno del estado Anzoátegui. Diferentes denuncias y casos reportados han señalado la presunta responsabilidad del comisario Surga.
lunes, 28 de septiembre de 2015
(Anzoátegui) Funcionarios detenidos presentaban antecedentes y denuncias por malas prácticas policiales
2 comentarios:
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esa eficiencia pongalan en practica en polianzoategui donde el director d---e una b---da, se r---on los cauchos, un dinero, se pierden evidencias, dolares, etc etc y nada ---
ResponderEliminarmuy eficientes y que paso con jhnni duran y los cauchos y vilcherz por el dinero ??? ---
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