Notas del Día 29/03/2014

FUERON ACUSADAS 44 PERSONAS POR HECHOS DE VIOLENCIA. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes 28 de marzo que el Ministerio Público acusó a 44 personas, por estar presuntamente vinculadas con los hechos de violencia acaecidos en el país desde el 12 de febrero hasta la fecha.
Así lo informó durante una rueda de prensa que ofreció en el auditorio de la sede principal de la institución, ubicada en la avenida México de Caracas, donde indicó que se presentaron 21 actos conclusivos, de los cuales 20 son acusaciones y un sobreseimiento. Detalló que por estos hechos, fue acusado Rodolfo Carlos Pazos González por homicidio intencional simple en perjuicio de un estudiante de 17 años de edad, y por el mismo delito pero en grado de frustración en relación con cinco personas. Esta situación ocurrió el 17 de febrero cuando el adolescente fue atropellado en la avenida Perimetral de Carúpano, estado Sucre, durante una protesta. En el estado Lara, se acusó a Héctor Doménico Cussati Martínez por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Arturo Alexis Martínez, quien era hermano del diputado a la Asamblea Nacional, Francisco Martínez. Cussati Martínez también fue acusado por porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos, descarga de armas de fuego en lugares públicos habitados, instigación pública e instigación al odio. En este caso, la víctima murió por un impacto de bala cuando limpiaba una barricada en la avenida Herman Garmendia de Barquisimeto. También fue acusado en el estado Táchira Jesner Gregorio Cegarra Azuaje, por ser facilitador en el homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles de Daniel Joel Melgarejo Vargas, quien falleció tras resultar herido durante una riña sostenida en una barricada. Por este caso también fue acusado un adolescente por el mismo delito. Asimismo, en la citada jurisdicción fue acusado Henry Verno Cabrera por homicidio intencional agravado en grado de frustración, en perjuicio de José Duque, María Porras y Jorge Omañe. En Caracas, fueron acusados los funcionarios de la Policía de Chacao: Aldair Alberto Prato Sánchez, Erlyn Dubraska Noguera López y José Gregorio González Guevara; el primero por el delito de homicidio intencional en grado de autoría y los dos últimos por homicidio intencional en grado de tentativa, en perjuicio de la funcionaria del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Karelys Chacón Benítez. También se les acusó por uso indebido de arma orgánica. La víctima murió por un impacto de bala que recibió en la autopista Prados del Este. En el estado Carabobo, se acusó a Víctor José de Almeida Ramos por homicidio intencional calificado en grado de tentativa en perjuicio de Aníbal Rafael Hernández López, quien resultó herido en una manifestación en la avenida Cedeño de Valencia; además del delito de uso indebido de arma de fuego. La Fiscal General destacó que por los delitos de instigación pública, hurto calificado, atentado a medios de transporte y otros contemplados en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones fueron acusadas 35 personas en el área metropolitana de Caracas (6), Aragua (7), Miranda (2), Táchira (5), Trujillo (14) y Zulia (1). Adicionalmente, informó que se pidió el sobreseimiento en el caso de la muerte de Jimi Erwill Vargas González (32), ocurrida el pasado 24 de febrero como consecuencia de una caída de un segundo piso, en Pueblo Nuevo, San Cristóbal. Ortega Díaz dijo que hasta la fecha se han registrado 37 personas fallecidas, de los cuales 29 son civiles y 8 funcionarios. Indicó que hay 559 personas lesionadas, 379 de estas son civiles y 180 efectivos militares, policías y funcionarios públicos; mientras que hay 168 privados de libertad. El Estado tiene como política el respeto a los DDHH. La Fiscal General informó que actualmente el Ministerio Público investiga 81 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por los recientes hechos de violencia. Puntualizó que el Estado venezolano tiene como política el respeto a los derechos humanos, y que las presuntas trasgresiones de tales garantías corresponden a acciones individuales de funcionarios. En ese sentido, precisó que de las 81 investigaciones, 75 son por trato cruel, dos por tortura, dos por homicidio y otras dos por homicidio frustrado. Aseguró que el Ministerio Público sancionará a quienes resulten responsables de tales eventos. Señaló que actualmente hay 17 funcionarios de diferentes organismos de seguridad privados de libertad, otros tres tienen medidas cautelares; además hay siete órdenes de aprehensión que aún no se han concretado. Informó que de los funcionarios de seguridad que han sido privados de libertad, siete son del Sebin, dos de la policía del municipio Chacao, cuatro del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, uno del Ejército Nacional Bolivariano, un policía del estado Aragua, un policía del estado Mérida y un Guardia Nacional Bolivariano. Recordó que la Constitución de la República Bolivariana es un catálogo abierto de los derechos humanos. Referente a la denuncia formulada por diputados de la Asamblea Nacional contra María Corina Machado, la Fiscal General indicó que fueron comisionadas las Fiscalías 41° y 45° Nacional a fin de dirigir dicha investigación. Asimismo, señaló que en relación al caso de la muerte de Adriana Urquiola (28), ocurrida el pasado domingo 23 de marzo, en el sector Los Nuevos Teques del estado Miranda, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante un tribunal de control.También recordó que fue comisionado el fiscal 20º nacional, Yeison Moreno, para determinar las causas que produjeron la falla en la subestación eléctrica Boyacá, lo que causó un apagón en varios sectores de Caracas. Vale señalar que durante la rueda de prensa Ortega Díaz estuvo acompañada del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, José Gregorio Sierralta; además del director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Joel Espinoza, y el director de Delitos Comunes, Nelson Mejía. – Prensa MP

HIJO DE EXDIRECTOR DE DIGEPOL SIN BIENES DEJADOS POR SU PADRE. Alejandro fue uno de los hijos del exdirector de la Digepol Erasto Fernández en una relación distinta a su matrimonio con Esperanza Martinó, expresidenta de Fogade. Alejandro Alcalá, quien heredó como segundo nombre el de su padre, estaría viviendo en condiciones terribles tras sucumbir a los flagelos que afectan en las calles a la sociedad. Además una serie de accidentes le han generado ciertas discapacidades. Así lo relatan lectores informados del tema. Los mismos aseguran que a Alcalá le correspondía parte de los bienes de su padre por herencia, pero sus hermanos y la esposa de su padre giraron la vista hacia otra parte cuando tocó hablar de herederos.

ORDENAN REENGANCHE DE POLICÍAS DESTITUIDOS DE POLIANZOÁTEGUI. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del estado Anzoátegui ordenó el reenganche de tres de los principales líderes del paro policial del 2004, que se dio en la policía de esa jurisdicción contra el exgobernador David de Lima. Sin embargo, la destitución se produjo después, bajo el mandato de su sucesor Tarek William Saab. Tras más de 9 años el tribunal ordenó reincorporar a los uniformados a sus cargos o reponer el procedimiento administrativo sancionatorio y pagarles los salarios dejados de percibir desde entonces. Según detallan personas informadas del caso, la abogada de los demandantes es actualmente Síndico Procuradora del municipio Guanta. Trascendió que estarían por ser emitidas varias sentencias más. De acuerdo a una fuente, el departamento legal de Polianzoátegui suma no menos de 200 reveces en demandas tribunalicias efectuadas por funcionarios despedidos.

Enlace Relacionado… - Sentencia Judicial

ESCASEZ Y ESPECULACIÓN EN ANZOÁTEGUI. Habitantes del estado Anzoátegui les hacen un llamado a las autoridades que dirigen la Superintendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos. “En la actualidad vemos muchos anaqueles vacíos en el ramo que sea: alimentos, repuesto de automóviles, lubricantes, etc. Sin embargo, seguimos viendo como los llamados “buhoneros” tienen un stop completo de todos los artículos de la cesta básica de alimentos, otros tienen los lubricantes de todas marcas, a la venta con precios del 300% más que su precio original, y todo esto en las narices de cualquier funcionario policial o gubernamental. También se observa que los pocos electrodomésticos que aparecieron después del 8 de diciembre del año pasado, volvieron a precios de especulación si los comparamos a los precios que obligaron a los comerciantes a vender para esas fechas”, reiteran.

DISCREPANCIAS EN TRIBUNALES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. Aseveraciones entre empleados y miembros de los tribunales de violencia contra la mujer del estado Anzoátegui permiten concluir que existen serias discrepancias entre jueces, alguaciles y otros. Parte de éstas se agudizaron luego que entre los años 2009 y 2010 la jueza Arianny Romero ordenara una serie de despidos, debido a lo cual los empleados despedidos introdujeron una denuncia ante la Inspectoría General de Tribunales en la ciudad de Caracas, alegando presuntos vejámenes, hostigamiento y abuso de autoridad. Extraoficialmente fuentes tribunalicias han informado acerca de la supuesta destitución reciente de la jueza.

TRABAJADORES PRESUMEN POSIBLE CAMBIO DE DIRECTIVA EN TELEVISORA DE ORIENTE. En días anteriores se corrió por los pasillos de TVO la salida inminente del presidente de la planta televisiva William Galvis y de su hermano, encargado de distintas gerencias del canal. Esto según testimonio detallado por trabajadores de la Televisora de Oriente (TVO) en un escrito que nos envían. Consideran que la gerencia de producción y programación no ha tenido los resultados esperados por los dueños, dado el supuesto descenso de la audiencia. Recuerdan que el mayor cliente de la teledifusora es PDVSA, a través de su Gerencia de Asuntos Públicos, que ha realizado una fuerte inversión publicitaria y que por ende, en opinión de trabajadores del canal, merece que sus mensajes publicitarios lleguen a un mayor público. En otro orden de ideas, aseguran que uno de los ejecutivos de la televisora, de apellido Galarza, solicitó un crédito a un banco público para la compra de equipos por más de 50 millones de bolívares, siendo la empresa propietaria del canal la garante del crédito. No descartan que próximamente el Dr. Alberto Azocar Matos y un equipo de especialistas realice una auditoría a la gestión de la junta directiva actual, para luego tomar posesión de la presidencia de TVO.

COMISARIO VÍCTIMA DEL HAMPA EN ANZOÁTEGUI. Funcionarios policiales sospechan en torno a la posible implicación de varios compañeros y colegas en el caso de la muerte de un comisario de la policía del estado Anzoátegui apodado “Perrote, quien años atrás cayó víctima de supuestos antisociales que salieron de los calabozos de la policía de Barcelona, donde se suponía debían permanecer detenidos. ¿Cómo salieron esos presos, cómo los dejaron salir? Se preguntan. Uno de los funcionarios que según afirman impidió que el caso fuera esclarecido, se encuentra activo en la policía científica en Puerto La Cruz, sostienen.

TENIENTE CORONEL RETIRADO SOLICITA AYUDA PARA RECUPERAR VIVIENDA EN MUNICIPIO SUCRE DE MIRANDA. De un lector: Con el debido respeto, me permito solicitar si es posible, la publicación de la presente denuncia en la que se plantea la situación por la que estamos pasando muchos propietarios para la recuperación de nuestros inmuebles ocupados ilegitimamente por personas que se aprovechan, abusan y se amparan en normas que personalmente considero contrarias a derecho. Gracias de antemano. VIACRUCIS DE UN PROPIETARIO POR ANTE EL MINISTERIO P P LA VIVIENDA y HABITAT Voy a narrar la ODISEA, que irreverente, pero que estoicamente tengo que SUFRIR por CULPA del Ministerio supra mencionado, y que me imagino, que en igual forma lo padecerán los propietarios, que en su pleno derecho, quieran RECUPERAR algún inmueble ocupado a la machimberra por personas que ABUSAN, SE AMPARAN Y SON PROTEGIDAS por normas, que en mi escaso entender, contradicen no solo el espíritu, el propósito y la razón de disposiciones constitucionales y legales patrias, sino también de normas supralegales contenidas en tratados internacionales, como la “DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948) (articulo 17, Ordinales 1 y 2), y la “CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS” (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos) (Artículo 21 Derecho a la Propiedad Privada)”. Mi caso: ANTE LA OCUPACIÓN ILEGITIMA de un inmueble de mi propiedad: 1.- Un apartamento de mi propiedad esta ocupado ilegítimamente por 3 personas, por lo que no puedo USAR, GOZAR y mucho menos DISPONER de el. Sin embargo, para evitar demandas, tengo religiosamente que pagar las cuotas de condominio, aunándose los conceptos de aseo urbano y de gas domestico, que también tendré que pagar, por ser su propietario; 2.- Conforme al Decreto que con rango de ley regula la materia, el 09 de octubre 2013, mediante escrito solicite al Ministro RICARDO MOLINA, la iniciación del respectivo procedimiento; 3.- El 12 de noviembre, dicha solicitud, ERRÓNEAMENTE fue enviada a la Superintencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (SUNAVI), donde declinaron su conocimiento en razón de era incompetente en razón de la materia, por cuanto no se trataba de dirimir una relación arrendaticia, sino una ocupación ilegítima; 4.- En razón de que esa solicitud se “extravió”, el 22 de enero de 2014 tuve que reiterar el pedimento por medio de un nuevo escrito, el cual fue remitido a la Dirección Ministerial del Distrito Capital, ubicada en el Bloque 1 de la Urbanización “El Silencio”, en Caracas, en donde también declinaron su conocimiento alegando que eran incompetentes en razón del territorio, por cuanto el inmueble esta ubicado en el Municipio Sucre del Estado Miranda, y; 5.- El 20 de marzo del presente, dicha solicitud, fue enviada entonces a la Dirección Ministerial situada en la urbanización “Los Naranjos” en Guarenas, Estado Miranda. A la fecha de hoy han transcurrido cinco (5) meses desde la solicitud y el procedimiento aun no se ha iniciado, con el AGRAVANTE de que en mi condición de adulto mayor (78 años) y con impedimento físico, no me quedara mas remedio que trasladarme continuamente en autobusetes desde Catia La Mar Vargas, donde resido hasta Guarenas, Miranda, y viceversa, situación esta que contradice, por no decir que viola, soslaya, quebranta o vulnera, el espíritu, propósito y razón del PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD, TRANSPARENCIA Y CERCANIA ORGANIZATIVA A LOS PARTICULARES, contenido en el articulo 22 de la vigente LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Tal incongruencia demuestra que el MINVIVIENDA, no tomó en consideración, de que la sumatoria de la población de los Municipios del Estado Miranda que integran la gran Caracas o del área Metropolitana de Caracas, es mayor que la del Municipio Libertador, porque en caso contrario, pues, hubiesen creado, activado o ampliado, una Dirección Ministerial con competencia y sede en dicha Area Metropolitana de Caracas. En el materia judicial, una persona, que quiera dirimir una controversia por vía tribunalicia por hechos ocurridos en el ámbito del territorio de uno de los cualesquiera municipios que conforman la Gran Caracas, no van ni a los Teques ni a Guarenas, sino a un tribunal competente de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Por ultimo, mi agradecimiento a los funcionarios de la Consultaría Jurídica de MINVIVIENDA y a la abogada de la Dirección Ministerial de Caracas, por sus atenciones. - Tcnel. (AV) AMABLE ANTONIO VILORIA - amablito2004@yahoo.com