La parlamentaria, que es integrante de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, aseveró que esta instancia no tendrá descanso en su trabajo para llevar ante la justicia a varios funcionarios públicos presuntamente involucrados en actos de corrupción.
Al respecto, señaló que “vamos a continuar las investigaciones contra los exalcaldes de Valencia, Edgardo Parra y de Ciudad Bolívar, Víctor Fuenmayor, y daremos todo nuestro apoyo al Presidente Nicolás Maduro para poner orden en la economía y hacer respetar los derechos de nuestro pueblo.”
El exalcalde Víctor Fuenmayor ha sido acusado de varios hechos de presunta corrupción en la gestión 2008-2013, incluyendo presuntas irregularidades en la venta a particulares de una gran cantidad de vehículos desincorporados de la flota municipal.
También ha sido denunciado por el abandono de los servicios públicos, especialmente asfaltado y aguas servidas, la mala gestión del aseo urbano y domiciliario y la adjudicación presuntamente irregular de contratos a empresas pertenecientes a familiares y amigos.
Por otra parte, Ascencio exhortó a la población a apoyar la Ley Habilitante y resaltó que esta medida ha sido clave para enfrentar la guerra económica que la derecha declaró contra el pueblo venezolano.
“La Ley Habilitante nos permitirá reformar leyes para luchar contra la corrupción y la guerra económica en este nuevo período legislativo 2014”, apuntó la diputada.
También denunció la irresponsabilidad de la derecha al sabotear la economía por razones políticas, sin importarle las consecuencias que esto tiene para todo el país, especialmente la clase media y los sectores populares.
Aseguró que el pueblo de Miranda sacará a Henrique Capriles de la gobernación más temprano que tarde, “por negligente y por abandonar sus responsabilidades”, al tiempo que consideró que el mismo deberá afrontar las consecuencias de sus llamados a la violencia post-electoral y su mala gestión al frente de la gobernación mirandina.
Así mismo, adelantó que la Comisión de Contraloría de la AN prepara la apertura de nuevas investigaciones contra funcionarios de distinto nivel en todo el país, por causas como la presunta comisión de hechos dolosos, corrupción y mala gestión al nivel de servicios públicos, las cuales se realizarán sin importar su filiación política.
| Fuente: AVN |
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