Según información suministrada por fuentes ligadas a la comisión encargada de elegir al nuevo contralor del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui (Barcelona), el concejal Alirio Rojas, recientemente suspendido del PSUV, y el director general de la contraloría barcelonesa Jorge González irrespetaron el proceso cuando hicieron la publicación en prensa de un llamado a concurso, incumpliendo los requisitos exigidos por la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Las fuentes aluden a una serie de supuestos actos tendientes a entorpecer el proceso de elección. Recuerdan que contra el actual contralor existe una denuncia por un supuesto contrato de automatización que fue otorgado a una persona de Maturín (Monagas) por más de Bs.F. 400 mil, pese a que sin embargo una auditoría hecha al trabajo ejecutado concluyó que el costo no habría superado los Bs.F. 20 mil.
En opinión de las fuentes, las presuntas irregularidades en el proceso para escoger al contralor tenderían a favorecer a un abogado y aspirante de apellido Amundaray, actual director de Asuntos Legales del organismo fiscalizador municipal. Argumentan que la Contraloría General de la República, en una circular de fecha 30 de agosto de 2013, indicó que ser de reconocida solvencia moral es requisito sine qua non para: “i) participar en concursos públicos para la designación de los titulares de los órganos de control fiscal, ii) obtener el certificado de inscripción de personas naturales en el Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control que lleva esta Máxima Entidad Fiscalizadora (La Contraloría General de la República) y, iii) el ingreso o reingreso al Máximo Órgano Contralor y a otros órganos de control fiscal que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal”. En ese sentido opinan que el abogado Amundaray no podría participar como aspirante a contralor municipal de Barcelona, puesto que sobre el mismo pesaron delicados cuestionamientos y denuncias cuando fue contralor del municipio Juan Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui (Lechería), lo cual incumpliría la norma moral establecida por la Contraloría General de la República.
Venta de ejidos
En otro orden de ideas, rememoran que el concejal Alirio Rojas dirigió por más de 10 años la Comisión de Ejidos de la Cámara Municipal de Barcelona, periodo durante el cual fueron denunciadas ventas de miles de hectáreas de ejidos sin que fueran llevadas al pleno de la Cámara.
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