Por: Liliana Arreaza - El poder económico logró lapidar el caso de presunta agresión sexual en contra de un adolescente en una unidad educativa privada de la ciudad de Barcelona. Los dueños de la institución, que también son propietarios de un instituto universitario privado, lograron una sospechosa solidaridad de parte de representantes de la vindicta pública.El caso tomó un giro tal, que el denunciante y padre del adolescente fue imputado y huyó del estado Anzoátegui. Autoridades de la zona educativa anzoatiguense también se encargaron de convertir a los acusadores en acusados.
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