EL ESCÁNDALO DE LA "OPERACIÓN MALETÍN VERDE". Juan Guaidó apareció más serio de lo habitual. Con semblante grave, el líder opositor, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y la mayoría de países de Europa y América Latina, se dirigía a los periodistas congregados en una inesperada rueda de prensa dominical. Sabía que una bomba política acababa de estallar. El portal de investigación Armando.info había publicado ese día que diputados de varios partidos de la oposición se habían dejado comprar.
Los acusados habían aceptado interceder por varios empresarios de la órbita del chavismo investigados en distintas instancias internacionales por su participación en un esquema de corrupción vinculado con las llamadas cajas CLAP, el sistema de reparto de alimentos a precios subvencionados que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con BBC Mundo. Guaidó, actual presidente de la Asamblea Nacional, calificó de "inaceptable usar una institución del Estado para tratar de lavar la cara de corruptos y ladrones que han saqueado en todo momento a Venezuela" y prometió una investigación. Pero la ya conocida como "Operación maletín verde", como la bautizó el diputado José Guerra, que fue quien primero se refirió públicamente a ella, ya estaba en marcha y los daños políticos para gobierno y oposición aún por cuantificarse. Según la información publicada por Armando.info, diputados de diferentes partidos opositores, incluido Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), habían hecho gestiones ante instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que se dejara de investigar a los empresarios implicados en la supuesta red corrupta en torno al sistema CLAP. Los implicados habían incluso enviado cartas dirigidas a autoridades extranjeras certificando que no había investigaciones en curso en Venezuela contra los implicados. Al diputado Luis Eduardo Parra Rivero, del partido Primero Justicia, se le acusa de haber negociado con el empresario colombiano Carlos Lizcano para lograr que el grupo de parlamentarios se pusiera a trabajar en defensa de los implicados. La oposición, con Juan Guaidó a la cabeza, ha denunciado insistentemente que la corrupción generalizada en los gobiernos de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después arruinaron a Venezuela. Las implicaciones de este escándalo salpican tanto al gobierno como a la oposición. El escándalo en torno a las cajas CLAP estalló en mayo de 2018, cuando investigaciones periodísticas revelaron que los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Enrique Pulido Vargas se habían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro para la distribución de los productos CLAP. El CLAP es una de las apuestas estrellas de Maduro, que lo ha descrito como "el alimento que le llega a las familias" frente al "bloqueo del imperio", en referencia a las sanciones de Estados Unidos. Según las informaciones publicadas, firmas vinculadas al entramado empresarial de Saab y de Pulido obtuvieron ingresos millonarios por su participación en este programa, que estaría además entregando alimentos de baja calidad a la población. Saab fue sancionado el pasado mes de julio por el Departamento del Tesoro estadounidense por "participar con infiltrados de Maduro para llevar a cabo una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar a la hambrienta población venezolana". Nada podía hacerles más daño a Guaidó y a la oposición venezolana que aparecer como cómplices del mismo chavismo al que acusan de saquear Venezuela y dicen combatir. Y eso que la rápida reacción de Guaidó, apartando a los legisladores implicados y ordenando una investigación en la que invitó a participar a los medios de comunicación, dista mucho de la que es habitual cuando es el gobierno el señalado. Maduro suele responder a las acusaciones que pesan sobre altos cargos del Estado e incluso miembros de su familia denunciando ser víctima de una "guerra mediática". Lo que probablemente quedará, al final y al cabo, será una sensación de descrédito general de la política que podría llevar a muchos venezolanos a pensar que los dirigentes de uno y otro signo son igual de corruptos. De hecho, muchos ya lo piensan. Esa especie de "todo vale, nada importa" alimenta el desinterés por la política de la castigada población venezolana, una dificultad añadida para los intentos, cada vez menos briosos, de Guaidó por sacar a Maduro a través de la movilización popular. Mientras, Maduro observa desde Miraflores cómo las puñaladas vuelan de nuevo en público entre sus rivales y, en Estados Unidos, Donald Trump sigue mucho más ocupado en su reelección y en defenderse del "impeachment" que de Venezuela. Ya antes de que saliera a la luz la información periodística que implica a los miembros de la Comisión de Contraloría, su presidente, Freddy Superlano, envió una carta a Guaidó en la que anunciaba su decisión de "separarse" temporalmente del cargo "en aras de facilitar las investigaciones necesarias sobre los señalamientos públicos recientes" y exhortó a hacer lo mismo a sus compañeros en la comisión. Superlano indicó que ese paso no implicaba "reconocimiento o responsabilidad alguna" en hechos irregulares. Ya el domingo, Guaidó anunció la 'intervención y reestructuración inmediata" de la Contraloría y una investigación abierta y pública en la que estarían invitados a participar organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes. También dijo que todas las cartas o documentos emitidos por miembros de la Asamblea que exoneraran a empresas o ciudadanos "vinculados con la corrupción" serían anuladas. La alta dirigencia gubernamental no se ha referido hasta el momento al asunto, aunque en los medios estatales las acusaciones de corrupción en las filas de la oposición ocupan amplio espacio desde hace días. En los últimos días, las supuestas irregularidades se han convertido en un problema que ha crecido como una bola de nieve para Guaidó. Solo 48 horas antes de la información sobre la compra de diputados opositores, su recién destituido "embajador" en Colombia, Humberto Calderón Berti, daba una rueda de prensa en Bogotá en la que acusaba al entorno de Guaidó de un manejo indebido de los fondos destinados a la operación que el pasado 23 de febrero intentó hacer entrar "ayuda humanitaria" a Venezuela y habló de pagos indebidos en "prostitutas y licor" que estarían siendo investigados por la Fiscalía colombiana. La polémica llega poco después de que en las últimas movilizaciones de protesta convocadas por el líder opositor se diera una participación mucho más baja a la que era habitual en los primeros meses del año y en un momento en el que las fisuras que tradicionalmente han existido en el bloque opositor venezolano afloran de nuevo. Si la semana pasada la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado, calificó la destitución de Calderón Berti como "un error muy grande", este lunes, el diputado José Brito, de Primero Justicia, fue más allá. Brito, uno de los diputados implicados en la supuesta trama de corrupción, llamó "estafador" a Guaidó. Le acusó, además, de haber puesto en marcha una "guerra sucia" para matar la "rebelión" existente contra él en el seno de la Asamblea Nacional. "Juan Guaidó y Nicolás Maduro son compinches", afirmó Brito, al que su partido ha decidido expulsar después de que su nombre apareciera involucrado en el escándalo. Según el analista Luis Vicente León, de la consultora Datanálisis, "si la oposición entendiera el riesgo que corre, su respuesta sería unificada, dejando de lado por ahora divisiones internas e intereses individuales". Para León, aunque también está implicado, todo lo que está ocurriendo beneficia al gobierno. "Sea cual la estrategia de control de daños que use la oposición, este round lo gana Maduro de calle", indica. – Con información de Agencias
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL BOCHORNOSO CASO DE CORRUPCIÓN DE DIPUTADOS EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA
JOSÉ BRITO, UN DIPUTADO INDIGNADO DE LA OPOSICIÓN EN VENEZUELA, ACUSA A JUAN GUAIDÓ DE SER UN “CORRUPTO”
EL EMPRESARIO ÁLVARO PULIDO SALPICADO POR EL ESCÁNDALO DE DIPUTADOS EN VENEZUELA
DENUNCIAN DESBLOQUEO DE CUENTAS DE ALEX SAAB EN MÉXICO. México habría desbloqueado las cuentas de Alex Saab y al mismo tiempo permite que continúe el negocio ilícito de lavado de dinero en el marco de la importación de alimentos para los CLAP. A pesar de conocer las sanciones internacionales, y de estar al tanto de que el colombiano Álex Saab estaría vinculado en casos de corrupción, y lavado de dinero, el Gobierno de México ha preferido hacer caso omiso. Este martes 26 de noviembre la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela pidió a las Fiscalías de México y Perú aportar toda la información a su alcance sobre Álex Saab; también pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que explique por qué en ese país le fueron desbloqueadas las cuentas bancarias al colombiano acusado de hacerse una fortuna con la importación de alimentos en Venezuela. «Este hecho nos genera gran preocupación, pues existen numerosos indicios de que estas cuentas están vinculadas a una gran trama de corrupción», dice la misiva de la Asamblea Nacional. En octubre de 2018 cuando el presidente de México era Peña Nieto, la Procuraduría General de ese país desmanteló una banda de empresas asociadas que exportaba alimentos de baja calidad y con 112% de sobreprecio a Venezuela. Una investigación de los portales Armando.info y Excelsior reveló que los colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas han logrado sortear las sanciones internacionales mientras mantienen el negocio ilícito con los CLAP. Con nuevas marcas de alimentos mantienen el negocio tanto en México, Colombia y Venezuela. Explica la investigación que los productos de marca «Renaciente» que ahora llegan a los hogares más pobres de Venezuela, son empacados por la empresa 4PL Industrial S.A.S. De acuerdo con Armando.info, se trata de una firma colombiana que conecta a la red de Saab y Pulido con otros dos colombianos: Carlos Lizcano Manrique y Jorge Andrés Saavedra Bedoya. – Con información de Sabrina Martín - el PanAm PostPANAM POST: LOS «MAGISTRADOS» VENEZOLANOS QUE TEJIERON UNA RED DE ESTAFAS CON MIGRANTES EN COLOMBIA
EL PERIODISTA ÁNGEL MONAGAS EVALÚA ESTE 4 DE DICIEMBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS VENEZOLANOS EN «ASÍ AMANECE VENEZUELA»
LOS EXTRAÑOS NEGOCIOS DE LA AEROLÍNEA PLUS ULTRA Y CAMILO IBRAHIM EN VENEZUELA Y LAS SOSPECHAS DE SU NEXO CON LA CORRUPCIÓN
POR ESTO EL MAGNATE VENEZOLANO ALEJANDRO CEBALLOS RECIBE EL APELATIVO DE «BOLIGARCA»
LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL AL ABOGADO VENEZOLANO HÉCTOR DAGER GASPARD POR LAVAR EN PANAMÁ MILLONES EN SOBORNOS DE ODEBRECHT
HERMANOS GASPARD MORELL CON POLÉMICO HISTORIAL. De una lectora: Los venezolanos José y Chamel Gaspard detentan un sin igual poder económico en Panamá, donde tienen mansiones, apartamentos y los yates más lujosos y más modernos anclados en una de las marinas de Amador. Los casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros que hay en su contra en Venezuela son múltiples. Varios bancos los demandaron por no pagar créditos. También afectaron a PDVSA al recibir anticipos y dejar de ejecutar las obras. Años atrás fueron proveedores de las Misiones Sociales de la gobernación de Anzoátegui. Ahora encabezan fundaciones “altruistas” en Panamá. - Cecilia HerreraContenidos Relacionados…
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(05(07/2010) POCO A POCO SE DESVELA CÓMO PDVAL FUE UTILIZADA PARA IRREGULARES NEGOCIOS
(27/08/2014) HERMANOS GASPARD. De una lectora: En Venezuela hay múltiples casos cambiarios, inmobiliarios, fiscales, bancarios y otros contra los hermanos José y Chamel Gaspard, por lo que son muy extrañas las páginas donde alaban su reputación. Los Gaspard detentan un poder económico sin comparación en Panamá. - Cecilia Herrera
(06/10/2014) POLÉMICOS COMERCIANTES. De una lectora: Registrando cuentas en la red social Twitter y dominios en Internet, presentándose como artistas, altruistas, filántropos y defensores de causas ecológicas, los cuestionados comerciantes Chamel Gaspard Morell y José Gaspard Morell buscan lavar sus rostros y pasados plagados de denuncias en contra suya y problemas con la justicia. Cecilia Herrera
INTERNACIONALES
CARLOS GILL, EL EMPRESARIO MIMADO DEL MAS EN BOLIVIA CON PODER EN MEDIOS Y TRANSPORTE
LA DENUNCIA EN BOLIVIA DE UN SENADOR CONTRA CARLOS GILL, EL “EMPRESARIO FAVORITO” DEL GOBIERNO DE EVO MORALES
ASÍ DE EXCÉNTRICO ES EL ABOGADO ABELARDO DE LA ESPRIELLA, “EL CAPO DE LAS LEYES” EN COLOMBIA
EL CONTRALOR GENERAL PANAMEÑO FEDERICO HUMBERT FUE UTILIZADO COMO INSTRUMENTO POLÍTICO POR EL EX-PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA, SEGÚN LOS VARELALEAKS
ESTO CRITICAN PANAMEÑOS ACERCA DE LA RELACIÓN QUE TUVIERON ALGUNOS MEDIOS CON EL GOBIERNO DEL EX-PRESIDENTE JUAN CARLOS VARELA
LAS ACUSACIONES CONTRA EL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE PANAMÁ POR EVADIR INVESTIGACIONES CONTRA LA PROCURADORA GENERAL
ORIGINARIA O PARALELA, LA CONFUSA PROPUESTA DEL EX-CANDIDATO PRESIDENCIAL RICARDO LOMBANA ACERCA DE UNA CONSTITUYENTE EN PANAMÁ
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FUNCIONARIOS DEL ESTADO PANAMEÑO Y ABOGADOS SOSPECHOSOS DE PERMITIR TRÁFICO HUMANO POR PASOS FRONTERIZOS
(RUSIA) NUEVO INFORME: "¿TOMANDO EL CONTROL? CENSURA Y VIGILANCIA DE INTERNET EN RUSIA". Reporteros Sin Fronteras desgrana en su nuevo informe sobre la censura y vigilancia en Rusia las sistemáticas restricciones que ha impuesto el gobierno ruso a la libertad de prensa y de expresión en los últimos años, con especial mención a las grandes plataformas internacionales como Google, Facebook y Twitter. En el informe (->>Vea informe en inglés...), "¿Tomando el control? Censura y vigilancia de internet en Rusia", Reporteros Sin Fronteras analiza la censura en internet desde las protestas masivas contra Vladimir Putin en 2011/12. El informe documenta un amplio número de legislaciones adoptadas desde entonces con el propósito de prohibir determinados contenidos, aumentar la vigilancia del tráfico de datos e imposibilitar las comunicaciones anónimas online. Además muestra la presión a la que están sometidas determinadas líneas editoriales críticas y cómo las autoridades intentan silenciar a periodistas y blogueros individuales. El documento describe el sistema ruso de vigilancia masiva SORM y da información sobre nuevos medios online. Reporteros Sin Fronteras también analiza la relevancia de plataformas internacionales como Google, Twitter y Facebook en la libertad de expresión en Rusia y les pide que clarifiquen su posición de cara a los sistemáticos ataques a la libertad de prensa y de expresión de las autoridades. Estas empresas deben abordar los derechos humanos con diligencia y compromiso, resistiéndose a las demandas de los estados que pretenden censurar internet o vigilar sus contenidos violando derechos humanos. En concreto las peticiones de las autoridades rusas de que determinados contenidos no estén disponibles sólo deben acatarse por orden judicial y cuando dichos contenidos violen a su vez los derechos humanos. "Poniendo en práctica un sistema masivo de vigilancia a la población sin ningún motivo es violar los derechos humanos como el derecho a la privacidad o la libertad de prensa", advierte Christian Mihr, responsable de la oficina alemana de Reporteros Sin Fronteras. "Las plataformas internacionales como Google, Facebook y Twitter deben posicionarse claramente y no colaborar con las autoridades rusas, ni almacenar datos personales de usuarios de internet o bloquear determinados contenidos, que no es otra cosa que hacer el trabajo de los censores. Alemania, país anfitrión del Internet Governance Forum, debe hacer todo lo posible para contener estos intentos rusos de fragmentar internet en redes separadas más fácilmente controlables por los estados", añade Mihr. El informe describe el sistema ruso de vigilancia masiva, documenta casos de personas individuales encarceladas por sus actividades online y aborda la "ley de soberanía en internet", una legislación en vigor desde principios de noviembre que puede ponerse en práctica con la tecnología actual. Rusia ocupa el puesto 149 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org(MALTA) RSF: "LAS DIMISIONES POLÍTICAS NO SON SUFICIENTES, HAY QUE JUZGAR A LOS AUTORES E INSTIGADORES DEL ASESINATO DE DAPHNE CARUANA GALIZIA". Dos años después del asesinato de Daphne Caruana Galizia en Malta con un coche bomba, la investigación criminal avanza finalmente con varias detenciones y dimisiones políticas. Pese al aparente progreso, Reporteros Sin Fronteras enfatiza que las dimisiones políticas no son suficientes para hacer justicia y pide el enjuiciamiento de los instigadores del asesinato y todos los involucrados sin más demora. El exdirector de la oficina del Primer Ministro, Keith Schembri, ha sido el último en ser detenido en conexión con el asesinato de Daphne Caruana Galizia, tras su dimisión, el 26 de noviembre. El ministro de turismo, Konrad Mizzi, también ha dimitido, y el ministro de economía, Christian Cardona, se ha suspendido a sí mismo. El empresario Yorgen Fenech, propietario de la empresa 17 Black registrada en Dubai, ha sido detenido, interrogado y puesto en libertad tres veces. No ha sido acusado todavía, pero sigue bajo custodia policial y ha pedido inmunidad a cambio de información. Su médico personal, Adrian Vella, también ha sido detenido en conexión con el asesinato. Al sospechoso Melvin Theuma le han ofrecido un perdón presidencial a cambio de información y está previsto que testifique el 29 de noviembre. Mientras, los acusados Alfred Degiorgio, George Degiorgio, y Vincent Muscat siguen detenidos desde el 4 de diciembre de 2017, pero todavía no han sido llevados a juicio. "Después de dos largos años de impunidad, celebramos el significativo avance que aparenta experimentar la investigación sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Es el resultado de una campaña sostenida por su familia y la sociedad civil maltesa e internacional que ha llevado a cabo una enorme presión y un valiente trabajo de investigación. Pero todavía no son suficientes pasos hacia la justicia. Pedimos que se juzgue a todos los autores materiales e intelectuales de este asesinato", afirma la directora de la oficina de Reino Unido de Reporteros Sin Fronteras, Rebecca Vincent. Reporteros Sin Fronteras ya detalló las deficiencias de la investigación criminal en un informe elaborado en colaboración con The Shift News. Nuestra organización reitera ahora la necesidad de una investigación independiente e imparcial sin más demora, al tiempo que celebra los cambios en el seno del equipo investigador. Este paso sigue siendo crucial para determinar si el estado conocía o debía haber conocido la amenaza que se cernía sobre Caruana Galizia, así como si el estado actuó para impedir su asesinato y qué lecciones podemos obtener para el futuro. "Para que el país puede seguir adelante debe hacerse todo lo posible para conocer todos los hechos y llevar a los responsables del asesinato ante la justicia", afirma Pauline Adès-Mével, responsable de la oficina de Unión Europea - Balcanes de Reporteros Sin Fronteras. RSF también insta al gobierno maltés a poner en práctica las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 26 de junio de 2019 sobre el estado de derecho en el país. Desde la primera detención de Yorgen Fenech el 20 de noviembre, se han producido cuatro manifestaciones masivas donde se ha pedido la dimisión del Primer Ministro Joseph Muscat y justicia para Daphne Caruana Galizia. Malta ocupa el puesto 77 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. Consulta más información sobre Malta en el Informe Anual elaborado por RSF-España. - Con información de rsf-es.org
(CAMERÚN) LA JUSTICIA NIEGA LA LIBERTAD PROVISIONAL AL PERIODISTA AMADOU VAMOULKÉ PESE A LOS INFORMES MÉDICOS QUE LA ACONSEJAN. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su consternación por la decisión de un tribunal especial de Yaoundé de rechazar la libertad provisional de Amadou Vamoulké pese a que dos informes médicos avalan la necesidad de que sea tratado en el extranjero. Su detención continúa violando la propia legislación camerunesa. "Es como una condena preliminar", afirma RSF. No hay argumentos legales ni morales que hayan disuadido al tribunal, que ha considerado "sin base" la solicitud. De esta manera los jueces han seguido el argumento de la fiscalía que niega la posibilidad de que Vamoulké se acoja a las "benevolentes provisiones" de la legislación camerunesa, porque su delito se castiga con cadena perpetua. Vamoulké ya ha pasado tres años y tres meses en detención provisional. Se le juzga por desvío de fondos públicos, no para fines personales, pero con el único propósito de beneficiar a la CRTV, la radio que dirigió de 2005 a 2016. Sin embargo, uno de los acusados en el mismo proceso ha sido puesto en libertad provisional. Cabe recordar que el código penal del país establece que nadie puede estar más de 18 meses en prisión provisional y que la legislación que creó los tribunales especiales establece que deben completar sus procesos judiciales en nueve meses. "Esta decisión es como una inicial condena", afirma Arnaud Froger, responsable de la oficina de África de Reporteros Sin Fronteras. "Mantener encarcelado a este periodista y seguir negándole tratamiento médico es una persecución y tortura. Esta decisión desafía al sentido común, la ley, la moralidad y la dignidad humana. Confirma -si necesitara confirmación- la naturaleza política de este proceso, que se alarga los últimos tres años y medio", añade. La próxima audiencia, que será la vigésimo sexta en el proceso, está programada para el 7 de enero. RSF visitó a Vamoulké en la cárcel el 19 de noviembre y comprobó la ausencia de tratamiento médico desde septiembre, cuando fue diagnosticado por dos neurólogos que determinaron que sufría una neuropatía en dos informes remitidos al tribunal. RSF adjuntó una copia de dichos informes al grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas y al relator especial de la ONU para las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Camerún ocupa el puesto 131 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de rsf-es.org
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