domingo, 8 de abril de 2018

Los funcionarios panameños "sancionados" por Venezuela

Este jueves el Gobierno de Venezuela cortó relaciones comerciales con 46 empresas y 22 personas naturales en Panamá, entre ellas, el presidente de ese país, Juan Carlos Varela.
La administración de Maduro argumentó que la medida, contenida en una resolución conjunta de los ministerios de Interior, Justicia y Paz, Comercio Exterior y Economía y Finanzas, es para “proteger el sistema financiero” venezolano.

Conozca el perfil de las personas naturales con las que el gobierno de Venezuela decidió bloquear sus relaciones económicas por 90 días prorrogables, según el decreto.

Juan Carlos Varela, de profesión ingeniero, es presidente de Panamá desde el 1 de julio de 2014. Fungió como vicepresidente desde el 1 de julio de 2009 hasta el 1 de julio de 2014. Además, estuvo a la cabeza del ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 30 de agosto de 2011, tras ser destituido por el otrora primer mandatario de ese país, Ricardo Martinelli.

En agosto de 2017, Varela impuso la “polémica” medida de exigir visa a los ciudadanos venezolanos que quisieran viajar a Panamá. Aseguró que el cambio en la política migratoria respondía a la llegada de, al menos 2.000 coterráneos, a esa nación.

“En un mes iban a llegar el mismo número de personas que llegaron en un año, lo que iba a representar un riesgo para los empleos de los panameños, para nuestra seguridad y para la misma comunidad venezolana en Panamá”, indicó Varela a la prensa, según registros de la agencia de noticias EFE.

Al respecto, Venezuela ejecutó “medida de reciprocidad”, y decidió en octubre de 2017 exigir visa a los panameños que desearan ingresar a Venezuela.

Juan Carlos Varela habló el 20 de septiembre ante la ONU y pidió a los países que integran este organismo “acompañar al pueblo de venezolano a salir de la crisis”. Panamá también forma parte del Grupo de Lima y se ha mostrado a favor de que, en el país, se produzca un cambio que beneficie a los venezolanos.

Isabel de Saint Malo, es la actual vicepresidente y canciller de Panamá. El 3 de abril de este año salió al paso públicamente para defender la medida tomada por la administración de Varela de crear una lista de 55 funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, considerados de “alto riesgo” por incurrir en presunto blanqueo. La decisión fue tomada para “proteger” el sistema financiero de Panamá.

“Panamá consideró, por la protección de nuestro sistema financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector (bancario) en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo”, explicó De Saint Malo, reseñó la agencia de noticias EFE.

En 2015 De Saint Malo se reunió con el presidente Maduro con el propósito de gestionar el pago de una millonaria deuda que el Gobierno de Venezuela mantenía con empresas panameñas. Tras la detención del exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, la diplomática pidió “respetar a las autoridades electas y derechos de opositores”. En su momento, también alzó la voz por la condena de 14 años de presión al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, e instó al Estado venezolano a respetar el debido proceso.

Álvaro Alemán, actual ministro de la Presidencia de Panamá, mantiene un perfil bajo en cuanto a sus relaciones con Venezuela. Sin embargo, en abril de 2017, en el marco de las protestas antigubernamentales, se reunió con el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, quien lo tildó de gentil.

Florido agradeció en ese momento, la postura de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de que en Venezuela se produjera una ruptura del orden constitucional, según publicó el diario panameño La Prensa en su versión web.

María Luisa Romero, es ministra del Gobierno de Panamá. Egresó de Harvard como abogada en 2008, donde también obtuvo el título en Ciencias Políticas en 2004. Fungió como jurista en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica desde 2008 hasta 2009.

Entre otra de sus responsabilidades, trabajó en la Embajada de Panamá en los Estados Unidos (2004-2005), país con el que Venezuela no mantiene buenas relaciones de ningún tipo.

Augusto Arosemena Moreno, fue nombrado ministro de Comercio e Industrias de Panamá en diciembre de 2015. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y entre 2004 y 2006 laboró como agregado comercial en la Embajada de la República de Panamá en Washington, D.C. Al igual que María Luisa Romero, mantiene estrechos vínculos con la actual administración estadounidense, lo que contradice notoriamente la tendencia política del gobierno de Caracas.

Los otros sancionados

Marcela Paredes de Vásquez, ministra de Educación.
Ramón Arosemena Crespo, ministro de Obras Públicas.
Miguel Mayo, ministro de Salud.
Luis Ernesto Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario.
Mario Etchelecu, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Roberto Roy, ministro para Asuntos del Canal.
Eduardo Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario.
Alcibíades Vásquez Velásquez, ministro de Desarrollo Social.
Alexis Bethancourt, ministro de Seguridad Pública.
Emilio Sempris, ministro de Ambiente.
Kenia Pocell, Procuradora General de la Nación.
Federico Humbert, Contralor General de Panamá.
Stanley Motta, empresario.
Pedro Vailarino, empresario.
Carlos Cerdas Araya, empresario de Constructora Meco.
Juan Alexis Rodríguez, empresario de Constructora Rodsa.

Fuente: Con información de http://www.caraotadigital.net

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