Pedro León Rodríguez: ¿De prófugo de la justicia por corrupción a testigo estrella contra exfiscal?

Desde que explotó el escándalo por los casos de corrupción cometidos por quien se conocía como el “Zar de la Faja”, Pedro León Rodríguez, son muchos los giros que ha dado el mismo dependiendo de quien encabece la investigación. El ex directivo de la PDVSA podría pasar de ser el principal imputado a ficha principal acusador de la ex fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz.
La industria petrolera nacional sigue siendo, pese al estado caótico en el que hoy está, el principal activo de Venezuela y, por ende, la fuente más importante tanto de ingresos como de negocios turbios. Entre quienes a la sombra de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, lograron enriquecerse de manera ilícita haciendo uso del poder y con el beneplácito de las esferas gubernamentales, se encuentra Pedro León Rodríguez, quien durante muchos años ocupó la Gerencia Ejecutiva de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), un hombre que tuvo tal poder que llegó a conocerse, simplemente, como el “Zar de la Faja”. La discrecionalidad con la que actuó le permitió tomar decisiones fundamentales y hacer todo tipo de negocios y contrataciones con su palabra como la ley y norma. Una gestión caracterizada por la corrupción que es parte del haber que llevó a la petrolera nacional al estado de depauperación en el que en la actualidad se encuentra, de acuerdo con un reportaje de la periodista Maibort Petit.

El último capítulo de esta zaga en la que sus protagonistas se acusan mutuamente, da cuenta de que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una ponencia de la magistrada, Francia Coello González, ordenó que la causa contra cuatro exdirectivos de Petróleos de Venezuela, S.A. sea radicada en el Área Metropolitana de Caracas, por cuanto el caso se ha devenido en un “escándalo público” en el estado Anzoátegui donde venía cursando.

El portal El Cooperante reseña en nota publicada el 27 de septiembre, la sentencia número 326 que arrebata el caso al Tribunal 4° de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui.

“Según los argumentos expuestos por el Ministerio Público (MP), el caso ‘constituyen alarma, sensación y escándalo público, partiendo de la naturaleza grave de los delitos imputados’.

La magistrada consideró que existía “una situación de peligro” que amenazaba con obstaculizar el curso regular del proceso que se le sigue a Pedro José León Rodríguez, a Jesús Cornelio Osorio Virgüez, a Miguel Ángel Castillo Lara y a Hernán Ernesto Guevara Pastrán, quienes son “juzgados por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio y concierto de funcionario público con contratista, previstos y sancionados en los artículos 54 y 72 de la Ley Contra la Corrupción (vigente para la fecha de los hechos), así como asociación para delinquir, tipificado y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”[1], reseña la nota de El Cooperante.

Las corruptelas supuestamente cometidas por Pedro León Rodríguez son de vieja data, reconocidas incluso en el portal oficialista Aporrea, en la que se le señala como el responsable de grandes estafas llevadas a cabo desde tiempos de la administración del finado expresidente, Hugo Chávez Frías.

“En efecto, Pedro León Rodríguez era el ‘community manager’ que movía todas las fichas del tablero no sólo en relación con las labores que se efectuaban de perforación, explotación y producción petrolera, sino que además ordenaba en asociación con las mafias (...), todo lo que tenía que ver con el traslado de los buques petroleros que salían desde los puertos de Anzoátegui, sin obviar los grupos clandestinos (civiles y militares) que se han encargado durante este tiempo en solidificar la industria del contrabando de combustibles en esta zona de la geografía nacional, cuyo punto delincuencial ha estado centrado hacia Trinidad y Tobago, Guyana e islas del Caribe”[2], asegura Javier Antonio Vivas Santana en el artículo de la página citada en el párrafo anterior.

Vivas Santana no excluye de culpas a nadie y manifiesta que las corruptelas de las que fue protagonista el “Zar de la Faja” se hicieron, muchas de ellas, en connivencia con las “cúpulas perversas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en especial de Anzoátegui y Nueva Esparta”, entre quienes cita al alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín; al gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa. Señala en estas dos entidades se llevaron a cabo fiestas, bacanales y orgías con artistas internacionales, pagados en dólares por la petrolera a una empresa de eventos y protocolo de la esposa del primero de los mandatarios aquí citados.

En el escrito también se acusa que Pedro León Rodríguez junto con Héctor Rodríguez, para la fecha en que este este último ejerció como ministro de educación, decidían a dedo cuáles serían las empresas que se encargarían de los trabajos de remodelación y ampliación de los planteles educativos de Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, obras supuestamente sobrefacturadas, nunca concluidas y con problemas de infraestructura.

El testaferro

Para la realización de sus oscuros negocios, León Rodríguez se habría valido de testaferros que le permitían encubrir con sus nombres los esquemas de corrupción implementados.

Entre dichos testaferros se nombra insistentemente a Pedro García, quien se habría enriquecido inexplicablemente y ahora disfruta de una vida de lujos en Miami, Estados Unidos: Mansión con piscina, 15 carros de lujo, entre ellos un Rolls Royce, avión privado, bienes que disfruta al lado de su novia, la modelo Carolina Roviro.

La empresa Servicios y Suministros Industriales GP, C.A., una pequeña compañía con sede en Valencia, estado Carabobo, que cuenta con tan solo dos trabajadores y que está dedicada a la “compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de equipos de refrigeración, equipos y maquinarias industriales, comerciales, domésticas, automotrices y sus accesorios; equipos de computación, materiales y suministros de oficinas, ferretería en general, materiales de construcción; y en general cualquier actividad de lícito comercio conexa con el objeto señalado”[3], tal como puede verse en el portal Pymes Venezuela que reseña información de la empresa.

La citada empresa tenía como principal cliente a la filial de PDVSA, Petroquímicas de Venezuela (Pequiven), a la cual Pedro García suministraba servicio y equipos, contrato obtenido gracias a los buenos oficios de Pedro León Rodríguez, beneficiario de manera indirecta de tales contrataciones.

A Pedro García también se le vinculó con el narcotráfico, actividad por la que llegó a ser aprehendido, así como por asociación para delinquir y legitimación de capitales, pero se vio librado de los cargos gracias a que el arresto fue revocado por una Corte de Apelación de Anzoátegui[4], según da cuenta la página Guisos Rojos el 17 de mayo.

Corrupción extra frontera

La Faja Petrolífera del Orinoco es, sin duda, una mina apetecida para cualquier funcionario corrupto, toda vez que en ella se concentra un potencial energético único en el mundo. Es por ello que no solamente los manejos oscuros son protagonizados por nacionales, sino también por conglomerados extranjeros, entre ellos Sarleaf Limited, una empresa británica que formaría parte de una cadenilla de subcontratistas cuyo origen es la empresa Energy Coal, SPA, la cual tomó el control de las operaciones durante la administración de Pedro León Rodríguez, reseña Caraota Digital en un trabajo firmado por Fiorella Perfetto.

Sarleaf Limited forma parte de un holdings es investigado por corrupción y lavado de capitales relacionados con “la ruta del dinero K” en Argentina, que es como se conoce el caso de manejos irregulares encabezados por Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de una empresa de papel constituida en 2007 con un capital inicial de mil libras esterlinas, que subcontrató a la empresa venezolana Alfamaq C.A. tres días después de haber firmado un acuerdo con Energy Coal SPA, el 8 de octubre de 2012, en el que reconocía no tener la capacidad para ejecutar el desarrollo del complejo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela en Colinas de Francisco de Yare para la cual fue contratada el 5 de octubre de 2012.

Un informe elaborado por inspectores socialistas de la presidencia de la república da cuenta estas irregularidades de las cuales hace referencia Caraota Digital y que también fue dado a conocer por el periodista Alek Boyd. El citado informe, elaborado en julio de 2015 bajo la tutela del para entonces vicepresidente ejecutivo de la república, Jorge Arreaza, y remitido al ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez. Allí quedaba evidenciado el grave estado en que se encontraba la Faja Petrolífera del Orinoco.

“La obra no se ejecutó en ese período. El 10 de marzo de 2014, Pdvsa cerró el contrato identificado con el N° 4600044463 suscrito con Energy Coal SPA por el cual el Estado venezolano ya había pagado más de 64 millones de dólares “por el suministro de 74 estructuras metálicas para edificios[5]”, refiere el expediente citado por el portal el 21 de marzo.

Pese a este antecedente, Petróleos de Venezuela volvió a contratar (contrato N°4600056910), ahora de manera directa, con Sarleaf Limited el 30 de mayo de 2014, para ejecutar el complejo de viviendas pero sin el concurso de Energy Coal SPA. Otra vez Sarleaf Limited subcontrata a Inversiones Alfamaq, C.A para llevar a cabo la obra.

Esta empresa está ligada al Néstor Marcelo Ramos, señalado por la fiscalía argentina como  testaferro de Lázaro Báez de gran vinculación con los expresidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, en prisión preventiva por el delito de lavado de dinero. Cristina Fernández niega tal relación pero las averiguaciones la comprometen como socia en negocios y propiedades, manejados casi todos por Néstor Marcelo Ramos, a solicitud de Lázaro Báez.

Ramos fue director de Sarleaf Limited desde noviembre de 2011 hasta junio de 2013, periodo en el cual logró conectarse con PDVSA en tiempos de la gestión de Pedro León Rodríguez en la Faja Petrolífera del Orinoco. La investigación de Caraota Digital apunta que la empresa cambió de denominación en Inglaterra en abril de 2015, cuando pasó a llamarse Steeleaf Trading International Limited. Tal cambio coincide con la fecha de la fiscalización de las operaciones en la FPO. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de Maibort Petit - http://maibortpetit.blogspot.com