Saab: “En 2017 no habrá elecciones anticipadas generales”

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reiteró que no se realizarán elecciones anticipadas generales, sino de gobernadores. En entrevista para Correo del Caroní, afirmó que 2017 será un año electoral, para escoger a gobernadores, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo considere.

A continuación lea la entrevista

– ¿Hay sincronía entre usted y Luisa Ortega Díaz?
– He mantenido relaciones cordiales, no solamente institucionales, sino también humanas con mis colegas tanto de la Fiscalía como de la Contraloría; puesto que es mi formación; una formación de educación, de búsqueda de acuerdos, humanista, que me permite hablar con propiedad.

El constituyentista aclara que su tarea fundamental está en el pasado y no en el presente: “Mi principal objetivo promover valores que tienen que ver con los recuerdos, las historias, que nos datan de nuestros héroes. Esa es una de mis mayores fortalezas. Y en lo que ha sido nuestra gestión en el Poder Ciudadano, siempre he tenido el consenso y el apoyo de nuestros colegas. Cuando -repito- hay un tema que amerite de un debate y luego de una negociación o de acuerdo para llegar al tema definitivo, no ha habido problema.

– ¿Cómo entender sus pronunciamientos más recientes?
– Mis pronunciamientos han sido interdiarios y han sido parte de una costumbre de siempre dar la cara. En abril, los pronunciamientos que he realizado han sido en favor del diálogo, de la concordia, del entendimiento nacional, del principio de cooperación entre poderes públicos, de respeto a las decisiones del Consejo Moral Republicano, que es un Poder Público, y que cuando emite una decisión debe respetarse así alguien no esté de acuerdo con ella.

Me he referido a circunstancias en las que, lamentablemente, las fuerzas de seguridad del Estado cometieron excesos policiales que implicaron violación a los derechos humanos, por ejemplo, el caso del joven muerto en Carrizal, a manos de un policía de Tránsito, perteneciente a la PNB; esa denuncia la hice como defensor del Pueblo. Hablé con las más altas autoridades y en cuestión de horas el funcionario fue detenido y puesto a órdenes de los tribunales competentes. Igual cuando se dio el allanamiento a la Universidad de Carabobo, sobre actos vandálicos en sedes públicas como la magistratura, Mercal, Inces, unidades de transporte público.

Yo no he visto condolencias de nadie del sector manifestante hacia la persona que le cayó un botellón de agua congelada y que falleció. También nos hemos pronunciado por los actos violentos en Mérida producidos por francotiradores que hirieron a dos funcionarios de la Gobernación, que pertenecen al partido de gobierno.

– ¿Por qué no hay correspondencia entre la apreciación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo sobre el golpe de Estado?
– Una cosa es un impasse o contradicciones de carácter jurídico-legal que fue lo que pudo haber ocurrido con la opinión de la fiscal, que fue una opinión, porque no fue una acción legal; ella no interpuso ninguna acción jurídica que, repito, luego fue aclarada en oficio por el TSJ.

He dejado en claro que una cosa es eso y otra la ruptura del orden constitucional. Para mí una ruptura del orden constitucional fue el Carmonazo, que derogó la Constitución del 99, la más democrática que ha tenido Venezuela porque fue votada en un referéndum popular, pero también disolvió los cinco poderes públicos nacionales y asumió como dictador de Venezuela, desatando una represión criminal que estuvo a punto de convertirse en un magnicidio contra el presidente Hugo Chávez. Represión en la que yo, siendo parlamentario, fui el único diputado que, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior, estuvo privado de libertad en la Disip durante los días del golpe.

Pronunciamientos que he hecho: que cese la violencia, venga de donde venga, porque estoy convencido de que este será un año electoral en Venezuela: habrá elecciones regionales cuando el ámbito electoral lo considere. En mi percepción, no las elecciones anticipadas generales.

La voz que inicialmente se pronunció y dijo que la AN no podía ser disuelta por el TSJ, fui yo. Expliqué que solo podía disolverse cuando el jefe del Estado, en atribuciones constitucionales, observase que la propia AN le habría destituido a tres vicepresidentes ejecutivos en un mismo período presidencial, eso lo establece la Constitución en aras de garantizar la gobernabilidad, ahí pudiera el Presidente disolverla. Eso lo dije.

No me he prestado, como presidente del Poder Ciudadano, para que se active un golpe constitucional que implosione al TSJ.

Categoría B
– A finales de 2016, la ONU, a través de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Ganhri), rebajó a la categoría “B” a la Defensoría del Pueblo en Venezuela. ¿A qué lo atribuye usted?
– En primer lugar no deja de ser un error de carácter orgánico, promovido de manera interesada por dos o tres ONG, ellas muy desprestigiadas en el país, fachada de la NED (Fundación Nacional por la Democracia, por sus siglas en inglés), que es un órgano del departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuando estas dos o tres ONG comenzaron a mentir sobre que la ONU había rebajado la categoría a la Defensoría del Pueblo, nosotros aclaramos de manera contundente que era falso.

“Altísima tensión política”
– ¿Estamos en una transición de poder en Venezuela?
– Quienes hablan de una transición de poder en Venezuela juegan mucho con la irresponsabilidad de los calificativos, puesto que en el ordenamiento jurídico mundial y nacional cuando se habla de transición de poderes es cuando ha ocurrido un golpe militar que ha depuesto un presidente constitucionalmente electo y vuelve a restituirse el sistema de libertad para que por la vía democrática del debate del voto se elijan las autoridades eso es lo que se ha llamado siempre una transición de poder en cualquier país. Por lo tanto, afortunadamente, ese no es el caso venezolano.

El caso venezolano es uno de altísima tensión política de una confrontación entre quienes apoyan el bando gubernamental y los que se oponen a él. Vemos que un sector lamentablemente minoritario ha querido ir por la ruta de las elecciones regionales. Aquí sé -según Almagro lo ordenó- de una situación sobrevenida de elecciones anticipadas nacionales, de todos los cargos, algo que no está en la Carta Magna, pero que se pretende hacer de manera impuesta.

Es lo que veo con esos llamados, que no solo tuvo Almagro, sino también Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, que no le hace honor el ser Premio Nobel de la Paz, porque pidió para Venezuela prácticamente violencia callejera.

Yo hago ese llamado a los líderes: que se retomen las vías que la Constitución establece; que los problemas se resuelvan por la vía del debate democrático, de la manifestación pacífica y sin armas, del diálogo, de la concordia, de la convivencia ciudadana y por supuesto del ejercicio de los derechos civiles y políticos que involucran en este caso el sufragio. Y estoy convencido de que el año 2017 será un año electoral, un año de renovación de los poderes públicos regionales y municipales y eso es una vía realmente democrática.

– ¿El objetivo de la Defensoría del Pueblo a raíz la crisis en abril cuál es?
– En el caso de la violencia de ciudadanos que han manifestado pacíficamente y que han sido lamentablemente heridos o asesinados, y las marchas que han transcurrido: vigilarlas para que transcurran de manera pacífica. Esa ha sido la norma de la Defensoría del Pueblo, un objetivo de protección y vigilancia de los derechos humanos, tanto así que en los tres casos en los que se ha determinado el uso indebido de armas de fuego por parte de funcionarios policiales o de la GNB, ocurridas en Miranda, Carrizales-Valencia y Cabudare, ha sido la Defensoría del Pueblo que de manera protagónica ha solicitado formalmente la apertura de procesos penales contra quienes actuaron contra el margen de la ley. De igual forma de civiles en calidad de francotiradores que han matado a funcionarios de la Gobernación de Mérida, o como ocurrió en Los Castores, donde civiles mataron a un GNB, o el caso de Paola en Táchira, donde se determinó que un ciudadano violento disparó desde su casa.

Hemos vigilado para que haya un uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza policial.

Recordemos lo que ocurrió con eventos como las guarimbas del 2014: al principio, euforia; luego de varios meses: 43 muertos y 800 lesionados, entre ellos seis GNB fallecidos, tres policías, un fiscal del Ministerio Público, cinco ciudadanos muertos por acciones de los castrenses o de policías, otros a manos de francotiradores o gente que colocó guayas o aceites en las calles.

Bloqueos en Twitter
En la última semana de marzo, el titular de la Defensoría del Pueblo volvió a ubicarse entre las tendencias en Twitter. La razón: bloquear a la esposa del dirigente político de Voluntad Popular, Lilian Tintori en esta red social. La esposa del líder opositor, Leopoldo López, subió la imagen en Twitter y se viralizó. Comenzaron los dimes y diretes.

– ¿Le parece que bloquear en Twitter es una actitud acorde con su cargo en el que, se supone, no debe discriminar a ningún venezolano, aunque le sea antagónico?
– El uso de mi cuenta personal en Twitter obedece, como se sabe, a intercambiar opiniones, ideas, mensajes, dialogar a mi forma, mi estilo, con mis seguidores y que tengan a bien decirme lo que consideren y que bien yo pudiera elegir para responder. Queda claro que yo hago un uso libre de mi cuenta en Twitter. Cuando considero que debo responder algo lo respondo, cuando debo pronunciarme, lo hago.

Para mí, Twitter es una vía de comunicación, es una vía de diálogo. Si a veces he troleado, lo he hecho, pero muy pocas veces. Eso es algo que no forma parte de lo que implica o simboliza mi cuenta. Los que me hacen críticas constructivas pueden ser muy duros, pero aun así respondo con respeto, pero hay quienes usan mi cuenta de Twitter para ofenderme.

Yo tengo un derecho pacífico a la defensa como usuario de una cuenta verificada que es @TarekWilliamSaab que es la de bloquear a quienes crean que porque tengas un Twitter o sean fulano, zutano, mengano, pueden hacer uso inamistoso para dirigirse hacia alguien que no los está insultando ni maltratando.

Por lo tanto me asombra, que sea tomado una y otra vez como noticia, que uno bloquee a alguien que eso termine convirtiéndose en noticia. Perdónenme, pero ese es un derecho que puede tener un usuario de su cuenta de no querer que lo siga alguien para insultarlo y de hecho es hasta silencioso porque lo bloqueas y ya. Que luego la persona que ha sido bloqueada lo convierta en una noticia nacional y mundial, bueno… en verdad creo que es gente que tiene una muy baja autoestima. Es mi opinión. Psicológicamente la persona que se queja porque alguien la bloqueó, para mí, tiene una muy baja autoestima.

Autoridad moral
– ¿Por qué no permite que una marcha de la oposición llegue hasta su despacho y con ello evitar una mayor represión que, al final del día, desencadena más violencia?
– De manera suficiente he respondido a una especie de extorsión, una pretensión de chantajear, amedrentar al defensor Pueblo, por un sector de la dirigencia política que se convierte en inquisidora cuando dice que van con una multitud de manifestantes a entregarme una comunicación. ¿En qué país eso puede considerarse un hecho creíble?
Para empezar, la comunicación (la carta) la he recibido por diversas vías: en Caracas, no menos de cinco veces; y en el interior del país, creo que han sido 15 cartas similares entregadas en delegaciones de la Defensoría del Pueblo. En esas cartas piden lo mismo: que se abra el procedimiento para destituir a los magistrados del TSJ.

De manera oportuna, el 6 de abril convoqué a una reunión del Consejo Moral Republicano a la que asistió la fiscal, el contralor y mi persona; ninguno de los tres, ni por escrito, ni vía oral, opinó para calificar como “falta grave” la actuación de los miembros de los magistrados del TSJ.

Hubo una conclusión final ese día: se declaró improcedente la solicitud que recibimos (de la AN) y así fue comunicada a la AN, sin embargo se ha dado de manera amenazante y grave un ultimátum al defensor del Pueblo que si no hace lo que un sector de la AN desea yo correré con las consecuencias… ¿de qué?

Jurídicamente al defensor del Pueblo y a ninguno del Poder Ciudadano, lo califica la AN, quien puede calificar una acción es el TSJ en Sala Plena, y todo lo que se ha dicho de manera temeraria e irresponsable es una infame amenaza que no va a lograr nada. Yo sí sé combatir dialécticamente dando la cara como la he dado, con mi palabra y mi acción, para establecer la estabilidad del país.

No será el defensor del Pueblo la pieza, de la que la dirigencia inquisidora que me amenaza y me acusa, que implosione, que precipite un golpe institucional en el país para colocarnos quien sabe quién y en un futuro incierto. Y no voy a ser yo.

– Hay sectores políticos y ONG que esperan su renuncie al cargo. Lo acusan de omisión y de complicidad con el Gobierno. ¿Estaría dispuesto a renunciar para apaciguar la crisis en el país?
– Yo no solo tengo una formación cívica en cuanto al tema de derechos humanos, sino también jurídica y académica. Como reconocimiento a esa labor, cuando se eligió quien podía ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente que redactara el título de derechos humanos de nuestra Constitución, se me eligió a mí. Por lo tanto, hago caso totalmente ínfimo, por no decir de ignorancia o de desprecio, a lo que cuatro ONG hicieron con esa colecta de firmas electrónicas, usando colegio de abogados muy desprestigiados en el país.

Entonces, está mi autoridad moral aquí, frente a la de ellos, que se sabe para quiénes trabajan, quiénes les pagan sus viáticos y viajes fuera del país, porque cuando yo pertenecía a una ONG tenía pasajes de metro, de microbús, de a pie, pateando tribunales con esas víctimas de abusos policiales y militares. Pateé estaciones policiales, fui perseguido, porque están los expedientes sobre esas persecuciones brutales de las que fui víctima… solo por ser un activista de derechos humanos con mucha valentía y gallardía, cuando muchos callaron en esa época de los 70, 80 y 90.

Sigo firme y mi labor en la Defensoría del Pueblo no la juzgan cuatro agentes que viajan por el mundo, sino el pueblo en su mayoría, esos que van a las oficinas a que se les atienda y va a ser así hasta que toque por la vía legal, constitucional.

Fuente: Correo del Caroní - http://noticiaaldia.com