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viernes, 21 de abril de 2017

Acusan en España a hermano de expresidente de la comunidad de Madrid por sobornar a funcionarios venezolanos

Pablo González, hermano del detenido ex presidente regional madrileño Ignacio González, sobornó a funcionarios de Venezuela para lograr contratos públicos en el país caribeño y en favor de su patrimonio y su familia. Así se desprende de varios pinchazos realizados en su teléfono por la Guardia Civil, según ha podido saber El Mundo de España de fuentes de la investigación. Además, como directivo de la empresa pública Mercasa, Pablo González habría recibido comisiones «en todos los sentidos» por negocios en Angola, Panamá, Argentina y República Dominicana.

La corrupción en Mercasa, destapada por El Mundo e investigada por el juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción, seguía un modus operandi muy perfilado por los investigadores. Se conseguían contratos públicos y se pagaban muy por encima del precio de mercado. A partir de ahí, se desviaba parte del montante total para pagar a los funcionarios que habían facilitado la adjudicación. Por otro lado, aprovechaban el movimiento del dinero para que parte terminara en el bolsillo de los involucrados en la operación.


Los investigadores dan por seguro, a tenor de varias conversaciones telefónicas mantenidas por Pablo González, que este llevó a cabo prácticas corruptas en Venezuela, valiéndose primordialmente de su responsabilidad de director de Operaciones y Estrategia de la empresa pública Mercasa.

Según la información de los investigadores, el propio Pablo González admitió en varios pinchazos haberse puesto en contacto con miembros del Gobierno venezolano para llevar a cabo el apaño y conseguir al menos un contrato. En la conversación, González admite que miembros del Gobierno chavista le habían indicado a qué constructora debía subcontratar una vez consiguiera la adjudicación. Las pesquisas efectuadas confirmaron posteriormente que en efecto se llevó a cabo dicha subcontratación.

La clave en la operación se produjo después, según el mismo González destapó en las escuchas: la subcontratación se cargó un 10% más porque con ese dinero se pagaba al funcionario del que había dependido la adjudicación del contrato.

Los investigadores asumen que otra parte de ese dinero podría haber terminado también en los bolsillos de Pablo González. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró la sociedad pública Mercasa y el juez José de la Mata imputó a toda su cúpula el pasado miércoles, a la vez que se producía la operación del Canal de Isabel II. El nexo de ambos casos, lo que previsiblemente los une, es la persona de Pablo González.

En cuanto al Canal, se apunta la posibilidad de que actuara como testaferro de su hermano Ignacio. En el caso Mercasa figura por su condición de alto directivo de la empresa pública y las evidencias de que conocía y toleraba las prácticas corruptas investigadas y confirmadas en los pinchazos telefónicos realizados.

Los investigadores encuadran parte del lucro obtenido por González en sus negocios privados. Además, han señalado al juez De la Mata que cuentan con pruebas del interés de Pablo González en que su cuñado, Juan José Caballero, se beneficiara también de sus manejos en Latinoamérica.

Precisamente, Juan José Caballero ha sido uno de los detenidos en la operación del Canal de Isabel II. Ambos fueron supuestamente beneficiados por Ignacio González en la adjudicación de una obra del Canal en Madrid.

El modus operandi en el extranjero del Canal y Mercasa coincide con el que ha llevado a la imputación de la cúpula de la también empresa pública Defex: comisiones ilegales y sobrecostes. En Angola, Defex consiguió un contrato de 150 millones de euros por venta de armas, de los que 100 desaparecieron de mano del prófugo de la Justicia Guilherme Taveira.

Hinchar un 400%

Inflar contratos.

Los investigadores sospechan que Mercasa inflaba hasta un 400% los contratos para desviar fondos a los bolsillos tanto de los funcionarios que adjudicaban contratos como de los directivos.

Los directivos lo sabían.

Los pinchazos telefónicos destapan que el conocimiento de las prácticas corruptas era total por parte de la cúpula de la empresa pública, según la investigación. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de Pablo Herraiz - Quico Alsedo - http://www.elmundo.es

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