El pasado 30 de enero de 2015 el ministro de la defensa venezolano Vladimir Padrino confirmó el derribo de una aeronave usada para narcotráfico en las aguas cercanas a la isla de Aruba. La agencia Reuters dijo en ese entonces que “se trató de una avioneta ejecutiva con matrícula estadounidense en cuyo interior pudieron rescatar unos 400 paquetes de drogas, principalmente cocaína, según informaron autoridades de Aruba”.Los supuestos responsables de esta operación son parte de un cártel de narcotráfico colombiano que la agencia federal antinarcóticos de EE.UU investiga desde el año 1998. “Los hechos del caso indican que desde el año 1998 hasta el 10 de junio de 2015, Dicson Penagos Casanova y Juan Gabriel Ríos Sierra eran miembros de una organización de tráfico de narcóticos que operaba desde Colombia, responsable de transportar toneladas de cocaína a través de aeronaves registradas en los Estados Unidos. Testigos que cooperan en el caso manifestaron que Penagos Casanova y Ríos Sierra coordinaron envíos aéreos de droga que le pertenecían a los acusados y a otras organizaciones de narcotráfico”, según refiere el acta procesal.
Los documentos del caso que se ventila en la Corte del Distrito Central del estado de California hacen especial énfasis en la colaboración a cambio de sobornos y pagos con cargamentos de cocaína a “militares y funcionarios públicos venezolanos” quienes aseguraban que las aeronaves pudieran cargar la droga desde Apure, despegar y atravesar territorio nacional sin problemas”.
Penagos y Ríos han sido traficantes activos desde 1998. Pero no fue sino hasta julio de 2015 que las autoridades estadounidenses formalizaron la acusación en los tribunales federales. Dos accidentes aeronáuticos marcaron la desarticulación de esta organización criminal internacional.
Detalles de la operación
Los acusados adquirieron a nombre de otros, aeronaves con siglas estadounidenses con el propósito de trasladar toneladas de cocaína desde almacenes ubicados en territorio venezolano “en el estado Apure” hacia México y Honduras para ser luego introducidos a EE.UU por la ciudad de Los Ángeles y otras regiones del país.
“Penagos y Ríos acordaron con sus co-conspiradores transportar la cocaína por rutas terrestres desde las afueras del Departamento del Meta en Colombia, hasta los almacenes subterráneos ubicados cerca de las aeropistas clandestinas en el estado Apure. Acordaron sobornos para ser pagados a militares venezolanos y funcionarios gubernamentales en un esfuerzo por asegurar que los aviones cargados de droga que se habían organizado desde Colombia disfrutaran de un paso seguro por los espacios aéreos de Venezuela”, refiere el acta.
Asimismo afirma que “Ríos (Juan Gabriel) hizo acuerdos con los equipos de tierra en las pistas clandestinas de Apure en Venezuela para retribuir con cocaína el uso de los depósitos subterráneos de almacenaje para el proceso de carga de los aviones”.
Los agentes federales antinarcóticos intervinieron las comunicaciones entre Penagos, Ríos y sus socios para lograr la desarticulación de la organización. En una de ellas realizada el 7 de diciembre de 2014 los acusados acuerdan el transporte de una carga para enero de 2015.
El día 29 de ese mes una avioneta “Challenger” modelo 600 siglas N214FW de EE.UU fue cargada en el estado Apure con aproximadamente 1.550 kilos de cocaína en una operación coordinada por Penagos y Ríos. Más tarde la avioneta fue derribada cerca de las aguas de la isla de Aruba por las Fuerzas Armadas Venezolanas. “En otra comunicación del 31 de enero, Ríos conversó con otro conspirador no identificado para notificarle que se reuniría con oficiales militares para discutir el derribo de esta aeronave”.
Cuatro meses más tarde, el 20 de mayo de 2015, otro cargamento aéreo esta vez con 1.329 kilos de cocaína cayó al mar cerca del puerto colombiano de Barranquilla por fallas de combustible. El 3 de junio de ese año Penagos informó a otro conspirador que el accidente fue producto de una falla de combustible y no por la intervención de militares venezolanos. Los acusados podrían afrontar incluso la pena capital, según se lee en el resumen del caso. El valor en el mercado final de estos dos cargamentos ronda los 70 millones de dólares.
Fuente: Fiorella Perfetto - http://elpitazo.com
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