(Anzoátegui) Diferentes versiones sobre asesinato de hijo de defensor de derechos humanos

Diferentes versiones se barajan en torno a la muerte del joven Luis Armando Urbano. Según una de éstas, el día lunes 10 de octubre de 2016 el joven, de profesión electromecánico, habría realizado un trabajo de reparación de un vehículo, por el cual le habrían pagado 35 mil bolívares, según relató una fuente vinculada al caso.
De acuerdo al relato, el muchacho, sin cambiarse la ropa de trabajo fue a buscar a su novia, quien lo invitó a visitar a unos familiares en el barrio Molorca de Puerto La Cruz. Se trasladaron en su motocicleta y al llegar al sitio decidió estacionarse frente a la casa de los familiares de la novia para reparar un problema que presentaba la cadena de la moto, en momentos cuando por el lugar pasaron dos motorizados de Polisotillo, quien al ver al joven vestido con braga de Pdvsa, le realizaron un cacheo, le quitaron el dinero y le dijeron que estaba “tumbado”, por lo cual el joven se alteró y les reclamó, recibiendo dos impactos de bala en el pecho. Mal herido pidió auxilio y que llamasen a su padre, activista de derechos humanos. Duró casi una hora en el pavimento pidiendo auxilio, por lo cual los motorizados llamaron a su comando pidiendo supuesto apoyo por un presunto enfrentamiento. Según la fuente, fue llevado mal herido en una patrulla de Polisotillo, donde suplicaba por su vida, pero testigos presumen que recibió dos impactos de bala más que provocaron su muerte y que le fue sembrada un arma que portaba un uniformado en su chaleco. Temen que sea otro caso de homicidio, siembra de delitos, desaparición de documentos de identidad y papeles de la moto, para justificar que el occiso era un delincuente. La fuente agregó que el joven ajusticiado no presentaba problemas de mala conducta ni antecedentes penales, como habría verificado el chequeo policial.
De acuerdo a otra hipótesis, el suceso pudo tener vinculación con otro caso en el cual una abogada intentó desalojar a una familia, por la disputa de un apartamento. Debido a esto, los que denunciaron la violación de derechos humanos, recibieron amenazas por parte de un ciudadano colombiano de nombre Espartaco, quien al saber que el propietario del apartamento, de origen italiano, había muerto, intentó adueñarse del inmueble con documentos de dudosa validez, para tratar de venderlo por 400 millones de bolívares fuertes. Según tal hipótesis, Espartaco tendría vínculos con policías de Sotillo que atenderían a sus órdenes.

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