Notas del Día 20/12/2014

LOS 7 ASPECTOS PRINCIPALES PARA COMPRENDER LAS SANCIONES DE EEUU CONTRA VENEZUELA. La promulgación del acta por defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela o ley S.2142, por parte del presidente estadounidense, Barack Obama, contempla sanciones para quienes sean considerados responsables por supuestos "actos de violencia" contra personas vinculadas con las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 4 de febrero.

Estas son algunas claves para comprender las medidas: 1) El presidente podrá imponer las sanciones previstas a cualquier persona extranjera, incluyendo a funcionarios o exfuncionarios o de todo aquel que haya actuado a nombre del gobierno de Venezuela, y que haya participado de distintas formas en los llamados "actos de violencia" contra quienes estuvieron vinculados las protestas iniciadas el 4 de febrero de 2014. 2) La ley pretende sancionar a quienes hayan actuado de estas tres formas: a.- Perpetrado u ordenado "actos significativos de violencia o abusos graves contra los derechos humanos" b.- Ordenado o dirigido la detención y enjuiciamiento por el "debido ejercicio" de la libertad de expresión o de reunión c.- Asistido con apoyo financiero, material o tecnológico, o de bienes o servicios la comisión de esos actos. 3) Las sanciones previstas son de dos tipos: a.- Bloqueo de activos: prohíbe todas las transacciones de todos los bienes e intereses en propiedad de la persona objeto de la sanción. b.- Exclusión de los EEUU y revocatoria de visas o documentos similares: denegación de visas y revocatoria de la existente. 4) Hay excepciones para la importación de bienes en el caso del bloqueo de activos y para el ingreso de funcionarios que representen al país o deban acudir a tareas de las Naciones Unidas en territorio estadounidense. 5) El presidente queda facultado para exceptuar la aplicación de sanciones inmigratorias si considera que es en beneficio del interés nacional de los EEUU. Asimismo lo faculta para hacer reglamentos, licencias y órdenes necesarias para aplicar las sanciones. 6) El plazo para imponer las sanciones termina el 31 de diciembre de 2016. 7) La ley aprobada no incluyó la solicitud del otorgamiento de fondos por la suma de 15 millones de dólares para financiar durante 2015, en forma directa o a través de organizaciones no-gubernamentales, los esfuerzos de los medios de comunicación de oposición (llamados independientes) para transmitir, distribuir y compartir información más allá de los limitados recursos disponibles, así como facilitar un acceso a Internet abierto y sin censura. - Fuente: http://la-tabla.blogspot.com

CLAUSURAN COMPAÑÍA DE SEGUROS DE BANQUEROS VENEZOLANOS EN REPÚBLICA DOMINICANA. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana clausuró la Unión de Seguros, propiedad de los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray por alegadamente tener una deuda ascendente a los 60 millones de pesos. La compañía clausurada era una empresa del disuelto Banco Peravia, la cual, según declaraciones recientes del superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, fue intervenida por esa institución debido a los déficits operacionales que venía registrando. El superintendente había señalado en su momento que la Dirección de Inspección de la Superintendencia había verificado que las operaciones de la Unión de Seguros, en fechas del 31 de diciembre del 2013 hasta el 31 de mayo del 2014, mantenían déficit de la inversión de reservas, índice de liquidez mínima requerida, reclamaciones pendientes de pago a asegurados, entre otras deficiencias. Gutiérrez Félix también había informado que la intervención se produjo el pasado cuatro de agosto de este año, mediante una comunicación remitida al presidente de Unión de Seguros, José Luis Santoro, donde se le notificó la designación de los inspectores Luis Fernández y Jessica Adames. – Con información de http://hoy.com.do

Enlace Relacionado… - En el 2010 un ex general denunció por estafa al Banco Peravia

TRABAJADORES ASEGURAN QUE COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA A CONTRATISTAS PETROLERAS. En horas de la mañana del pasado lunes 15 de diciembre, trabajadores petroleros y de la empresa Polar, contratistas, sindicatos, PCV, Frente de lucha de la clase trabajadora, Sutrapetrorinoco, JCV, CCT Cruz Villegas, Consejo de Trabajadores, tomaron la Inspectoría del Trabajo de El Tigre a fin de exigir reivindicaciones laborales. Así lo informó el coordinador municipal de PCV en el municipio Simón Rodríguez (Anzoátegui), Alan Figuera, quien a su vez comentó que en días pasados recibieron la visita en la ciudad de El Tigre, del presidente del Parlamento Latino Americano y a su vez presidente de la Comisión de Petróleo y Minaa, y militante del PCV, Carolus Wimmer acompañado del secretario político regional del PCV, Orlando Aguilera a fin de fortalecer el movimiento sindical dirigido por el PCV con la corriente clasista de trabajadores Cruz Villegas, Sutrapetrorinoco. Figuera dijo que “se le entregó las denuncias emitidas por los trabajadores en cuanto a los problemas en Pdvsa y el paro técnico que pretenden algunos gerentes de la industria aleados a contratistas petroleras vinculadas a la adquisición de dólares del estado como es el caso de Venalmaq y sus filiales ,también la solicitud de la intervención de la Inspectoría del Trabajo de El Tigre donde se deja bien claro la destitución de los inspectores Juan López y Luis Miguel Alfonso donde solicitamos una exhaustiva investigación de estos funcionarios en cuanto a sus bienes adquiridos en su gestión e igual de sus posibles testaferros”. A su vez, el dirigente sindical felicitó el trabajo efectuado por el Sebin con la comisión anticorrupción en cuanto al caso de la empresa y empresario de Militarek, ubicada en la ciudad de Anaco por el lavado de dólares y el enriquecimiento ilícito a través de forjamientos de documentos del estado, según precisó la fuente dicha denuncia fue realizada en reiteradas ocasiones por el PCV. – Con información de Agencias

REFUGIO DE PACIENTES EN CARACAS. El 29 de noviembre de 2014 un grupo de pacientes con diferentes patologías graves recibieron la noticia que había sido cerrado, supuestamente de forma definitiva, el refugio de la Misión Milagro ubicado en El Helicoide, al lado de la Policía Nacional, en la ciudad de Caracas, donde se alojaban las personas enfermas de otras regiones que iban a consulta en diferentes hospitales de la ciudad capital. Los pacientes padecen enfermedades graves como cáncer y diferentes patologías, por lo que constantemente viajan a Caracas a sus consultas en diferentes hospitales y a realizarse quimioterapias, radioterapias y otros tratamientos. Los afectados piden al Ejecutivo nacional se les informe si las instalaciones serán reabiertas y a dónde pueden acudir mientras permanezcan cerradas.

BARMAN DE RESTAURANT DE CARACAS FUE EL CÓMPLICE DEL ESPOSO EN ASESINATO DE TURISTA ESPAÑOLA. Un bartender de un restaurant de la gastronómica urbanización Las Mercedes de Caracas es el cómplice del esposo de la turista española asesinada el pasado lunes por encargo en la ciudad de Maracaibo en el occidental estado Zulia de Venezuela. Se trata de Miguel Antonio Duverge Peña, de 31 años de edad, y quien es el responsable del bar de Barriott Ristorante & Lounge, un exclusivo establecimiento de Las Mercedes, una urbanización donde se concentran bares y discotecas en el este de la capital venezolana. El crimen de la turista española María Liz Cristaldo, de 35 años, fue planificado en España este año por su propio esposo y un amigo venezolano, de nombre Miguel Antonio Duverge Peña, así lo informó, este jueves, el secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, Jairo Ramírez, refirió el diario Panorama. A la mujer la mandó a matar su esposo, Jesús González Quintana (34) para cobrar los 300 mil euros del seguro de vida de la paraguaya con nacionalidad española, reseñó La Verdad, otro diario local. Duverge mantiene en su perfil personal de la red social Facebook fotografías de una visita a Madrid en 2013, la cual coincide con las fechas de sus primeros intercambios con el esposo en España. Los detectives lograron dar con el móvil real tras analizar el teléfono celular del marido de origen gallego. Se percataron de que tuvo comunicación con los sicarios antes y después del homicidio. La Policía, al darse cuenta de esta irregularidad, se trasladó el miércoles en la noche hasta el Hospital de Sanipez, donde González permanecía aparentemente aturdido por lo ocurrido. El crimen de la mujer se intentó presentar como una acción delictiva de una banda de ladrones alegando que la criminalidad en la nación sudamericana es muy elevada. De ese modo el marido y su cómplice pretendieron enmascarar su acción. Asimismo medios de prensa venezolana insistieron en la hipótesis de la criminalidad desbordada una vez conocido el homicidio, calificado como femicidio en la novísima legislación venezolana. Con base en esta calificación la pena sería de 30 años de prisión. – Fuente: http://la-tabla.blogspot.com

MINISTERIO PÚBLICO CITÓ EN CALIDAD DE IMPUTADO A ALCALDE DEL ESTADO ARAGUA. El Ministerio Público citó en calidad de imputado al alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, por su presunta vinculación con los hechos de violencia ocurridos desde el 12 de febrero hasta finales de junio en el estado Aragua. El acto de imputación estará a cargo de los fiscales 30º nacional y 6º de esa jurisdicción, Tulio Mendoza y Luis Verde, respectivamente, y se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana del 21 de enero del año 2015. Una vez imputado, Guarate adquirirá los derechos contemplados en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el debido proceso y los derechos del imputado. – Prensa MP

PROTESTAN A FUNCIONARIOS DE PDVSA GAS. Este viernes 19 de diciembre dirigentes sindicales y secretarios de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, Gas, Similares y Derivados de Venezuela (Futpv) se pronunciaron contra los funcionarios de Pdvsa Gas Jose, Oswaldo Galdona, Gregorio Villarroel, Andrea Triana y otros, a quienes algunos trabajadores califican textualmente como “azotes de las contratistas y cooperativas”. Desde semanas atrás los trabajadores han solicitado la remoción de los funcionarios de Pdvsa Gas Andrea Triana y Superintendente Laboral Oswaldo Galdona, así como la intervención de la Gerencia de Relaciones Laborales en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, dado que presumen que mantendrían irregulares convenios para provecho propio con algunas contratistas.

FERTINITRO. Trabajadores de Fertinitro piden se aclare qué tipo de vinculación posee el jefe de seguridad Jhonny Cedeño con una de las contratistas de la productora de fertilizantes estatizada. Piden una investigación que descarte cualquier sociedad entre Cedeño y los representantes de la contratista, con el fin de desestimar versiones al respecto.

DESMEJORAMIENTO LABORAL EN POLICÍA DE ANZOÁTEGUI. “Señores de Visipol y coordinación policial de Caracas hagan una verdadera averiguación en la Policía de Anzoátegui, ya que esta Directiva encabezada por el Comisario Sebin José Rivero, en compañía de su asesor legal, el Director de Operación (cuñado), el Director de Logística Mata (cuñado), la Directora de Recursos Humanos (Sobrina), (…) nos desmejoraron en los sueldos, nos pagan la prima de antigüedad con sueldo viejo, quitaron la prima de profesionalización, las vacaciones les recortaron 80 días, pagaron 40 días nada más”, de esa manera lo expresan oficiales del organismo policial, quienes no desean ser identificados para evitar represalias. “Un funcionario policial que dure 16 a 18 años de servicio les toca de prestaciones sociales 200.000,00 bolívares en cambio a uno de sus directivos que duran un año en el cargo le pagan esta misma cantidad, claro designó (Rivero) a varios de sus familiares en estos cargos sin nombrar que le dio plazas administrativas con cargos bien remunerados a un aproximado de 30 familiares y allegados los cuales asignaron a personal y las otras direcciones”. “El jefe de la Dirección de Estrategias Preventivas e Inteligencia de Polianzoátegui Alexis Gómez, exDisip, sabe de policía e investigaciones muy poco, igualmente Daniel Vega jefe de Operaciones y Mata, director de Logística”, atizan. Asimismo denuncian cobranzas irregulares a los encargados de los Centros de Coordinación Policial y aparentes irregularidades en las compras que hacen para la institución. “La señora de personal nunca está en su oficina. En la policía no hay nadie quien resuelva ningún problema que se presente a los funcionarios. Sin nombrar a Hilda Rodríguez quien aplica el derecho a conveniencia y la de los jefes que están ahora”, opinan. CENTRO DE COORDINACIÓN Nº 4. “El dormitorio de las femeninas del Centro de Coordinación Nº 4, está igualito, la femenina “polipresa” mantiene ese dormitorio en condiciones paupérrimas, con un perro con garrapatas, no deja que las obreras limpien los sanitarios sólo por maldad”. “Hagan una cárcel especial para los “polipresos”, que hay 15 en el dormitorio del Centro de Coordinación Nº 4 y los policías honrados no podemos ni siquiera ir al baño por esta invasión. Queremos paz en la Zona 4, los polipresos meten a sus mujeres en el dormitorio que le pertenecen a los funcionarios honrados y la fumadera de sustancias que agarran es grande, ya no aguantamos más”. Hay un “polipreso” del grupo del supervisor Arraez con un dormitorio especial sólo por ser familia del comisionado Aníbal Rivero”. El “polipreso” de apellido Páez, es mala conducta, no respeta a nadie ni a los jefes y de paso gerencia el comedor del Centro de Coordinación”, expresan entre sus denuncias.

(ANZOÁTEGUI) DENUNCIAN PRESUNTO ACAPARAMIENTO EN LOCATEL. Usuarios de Locatel exigen una explicación acerca de las fallas que presenta la red de farmacias en sus sucursales de Lechería y Puerto La Cruz. “Exigimos que Locatel explique si el acaparamiento de productos es una nueva política que están implementando o es una atribución que se están tomando por cuenta propia algunos empleados. Sabemos que en esas sucursales están acaparando medicinas y productos de primera necesidad. Lo que hacen es no colocarlos a la vista del público, sino venderlos a seleccionados clientes. Allí participan despachadores y empleados de seguridad. El descaro es tan alto que mientras que a algunos clientes les dicen que no hay medicamentos, al mismo tiempo algunas cajas están despachándolos y por teléfono informan que si hay. Llevan meses haciéndolo una y otra vez. Los precios son más altos que en otras franquicias farmacéuticas y ya no son competitivos como antes, todos los meses aumentan ¿Se estará sumando Locatel a la guerra económica en el estado Anzoátegui? Un llamado a los inspectores de la Superintendencia de Precios Justos para que visiten Locatel y constaten esas irregularidades”, aseguran en un remitido contralores sociales del estado Anzoátegui, quienes han optado porque sus nombres no sean mencionados.