Notas del Día 03/11/2012

PRESUNTA ESTAFA EN PROYECTO HABITACIONAL KARIÑA EN EL ESTADO BOLÍVAR. 30 familias luchan por obtener su hogar desde hace más de 4 años tras haber pagado 60% del costo de Residencias Kariña, un proyecto habitacional desarrollado en Puerto Ordaz, estado Bolívar, por la “Constructora 2005”, representada por el ciudadano Nasseh Escheik, contra quien cursa una acusación por “estafa agravada en grado de continuidad”, ante la Fiscalía nº 2 del estado Bolívar, a cargo de la fiscal Emily Hernández.
Las familias afectadas se sienten víctimas de una presunta estafa, dado que la obra tendría apenas 20% de avance y permanecería paralizada desde hace 2 años. “Hemos acudido a todas las instancias correspondientes tanto regionales como nacionales sin resultados, por lo que pedimos justicia y acciones para la resolución de nuestro caso”, manifiestan los afectados.

 Por medio de una carta las víctimas exponen sus argumentos:                 

PUERTO ORDAZ, NOVIEMBRE DE 2.012 ASUNTO: FRENTE CONTRA LA ESTAFA INMOBILIARIA DEL ESTADO BOLIVAR CASO RESIDENCIAS KARIÑA (CONSTRUCTORA 2005) Reciba un cordial saludo de parte de las víctimas y/o afectados del Estado Bolívar que nos vimos en la necesidad de conformar el Frente contra la Estafa Inmobiliaria, desde principios del 2012, tomando como base la Resolución 110 que precisamente se ha promulgado para combatir la Estafa y la Usura Inmobiliaria. Somos apróx. 450 familias afectadas, los Urbanismos que conformamos el Frente son: Residencias Kariña (2008) Campaña de Guayana – antiguo Guayana Country Club (2003) Afectados de INAVI (2000) Isla Bonita Sistcon Lomas del Orinokia Las Lomas (Caronoco) ASOCASA Se realizaron las denuncias ante todas las Instituciones, entre las que podemos mencionar: Defensoría del Pueblo, INDEPABIS, MOPVI, Ministerio Vivienda y Hábitat, Vicepresidencia de la República, Asamblea Nacional, Ministerio Público, entre otras, quienes conocen los casos, saben que llevamos largos años en la lucha sin haber obtenido respuesta efectiva. Solicitamos que las Instituciones cumplan con sus funciones, se integren y articulen esfuerzos para solucionar de manera conjunta y sistemática todos los casos de Estafa Inmobiliaria del Estado Bolívar y darle respuesta a las familias de los Urbanismos afectados en el menor tiempo posible. Hemos logrado constituir una Mesa Interinstitucional, luego de la orden que dio a la Gobernación de Bolívar, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de dar respuestas y soluciones a todos los Estafados Inmobiliarios de Guayana, en su visita a la zona el 20 de Agosto de 2012. El 27 de Agosto de 2012, se constituyó la Mesa Interinstitucional, con los voceros de los Urbanismos afectados y presidida por la Representación de la Gobernación del Estado Bolívar en la persona del General Fuentes Manzulli, Diputadas del Cleb: Mirian Reyes y Roselys Salazar, Ministerio Público en las personas de Fiscal Emily Hernández y Valerio Matiguan, CVG, Ferrocasa, Inavi. La cual ha sido clave en las soluciones a los Urbanismos Riberas del Caroní y Villa Tocoma II. La Mesa Interinstitucional dio inicio con reuniones semanales, luego se cambió a quincenales y desde el 22 de Septiembre (a la fecha hace ya más de 1 mes), no se ha llevado a cabo mas reuniones, ya que las mismas han sido aplazadas frecuentemente y cada vez los plazos de convocatoria son mayores, es decir, no nos dan avances a nuestros casos y no se cumplen los acuerdos a los cuales se comprometen las Entidades en cada reunión. Han existido demasiados retrasos y no se han cristalizado las ideas expuestas. Se acordó en un principio, invitar a las Autoridades competentes en cada caso, cosa que no se ha concretado, trayendo como consecuencia retardo en las respuestas. Nuestro caso, desde el 2008 estamos en espera de respuestas de la Constructora 2005, somos 29 familias afectadas, las cuales pagamos el 60% del costo del Inmueble. Conjunto Residencial que consta de 06 torres de 16 apartamentos cada una y que lleva por nombre “Residencias Kariña”, ubicado en la UD-324, sector Villa Betania, Municipio Caroní del Estado Bolívar, perteneciente a la Constructora 2005, presidida por Nasseh Escheik. Esta obra, tiene en la actualidad un avance de apróx. 20% de la construcción y el Representante de la Empresa ha manifestado públicamente que NO cuenta con la aprobación de recursos por parte de los Bancos para la culminación de la misma, a pesar de que los optantes le cancelaron lo requerido en su contrato de opción compra-venta. Sobre Nasseh Escheik existe una Demanda Penal del Ministerio Público, a través de la Fiscal 2ª Emily Hernández, por Estafa Agravada en Grado de Continuidad. Estatus actual: en espera de Audiencia Preliminar. El mismo caso de nosotros, fue el Caso del Urbanismo Villa Tocoma II en Puerto Ordaz, también de la misma Constructora 2005 y con terreno hipotecado por el Banco Bicentenario, caso que ya el Gobierno Regional, específicamente, la Gobernación del Estado Bolívar, General Rangel Gómez, tomó cartas en el asunto y le dió solución a estas familias afectadas, actualmente está en construcción dicho Urbanismo. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que las mismas acciones que se tomaron con Villa Tocoma II, se tomen con nuestro caso, que las Instituciones articulen sus esfuerzos para convocar Reunión entre las partes: Constructora 2005, afectados Residencias Kariña, Ministerio de Vivienda y Hábitat y CorpBanca (la cual tiene la hipoteca de 1er grado sobre los terrenos del Proyecto). Para que en dicha reunión, Nasseh Escheik ceda los terrenos a CorpBanca y el Ministerio de Vivienda y Hábitat coordine la asignación y ejecución de la Obra a otra Constructora. Vemos con preocupación y angustia que las relaciones entre las Instituciones del Estado y Privadas (CorpBanca), no se han logrado articular para darle una respuesta efectiva a los afectados. Hacemos un llamado a estas Instituciones Gubernamentales para que agilicen los procesos y administren la justicia que debe prevalecer en este tipo de casos, protegiendo al ciudadano de un delito tan común e impune, como lo es, la Estafa Inmobiliaria y a la Familia como núcleo central de la Sociedad. conjuntoresidencialkarina@gmail.com @Resid_Karina

EXIGEN A INDEPABIS ACCIONES CONTRA SAVECA-OLA CRUISES. “Mora” es una de una larga lista de personas que esperan a que la empresa Saveca-Ola Cruises, les devuelva el dinero de los cupos que compraron en el crucero Ola Esmeralda, el cual lleva varios meses fuera de circulación. El caso de “Mora” es especial, pues sufre problemas de salud que la obligan a recurrir a un costoso tratamiento de quimioterapia en el que es apoyada por la Fundación Badan, organización dedicada a la lucha contra el cáncer. La afectada subraya que sus intentos de comunicarse vía telefónica con Saveca-Ola Cruises han sido infructuosos. Sólo espera que la compañía le devuelva el dinero que pagó hace más de un año, necesario ahora para su tratamiento. Otros clientes le hacen un llamado a Consuelo Cerrada, presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), a intervenir en el caso que afecta a decenas de usuarios.

MISTERIO ANTE VEHÍCULOS RECUPERADOS POR EL CICPC-ANZOÁTEGUI. “Algo misterioso sucede con los vehículos recuperados por el CICPC en el estado Anzoátegui”. La aseveración la realizan lectores en remitidos que nos envían. Afirman conocer casos de vehículos recuperados por la policía científica que no han sido devueltos a sus propietarios, a los cuales ni siquiera han notificado de su hallazgo. Dicen no comprender cómo muchos de los vehículos denunciados como robados y recuperados se encuentran nuevamente en circulación sin haber sido devueltos a sus legítimos propietarios. Exhortan a las autoridades nacionales del CICPC a ordenar un procedimiento interno en la División de Vehículos del CICPC-Anzoátegui, ante la sospecha que ciertos funcionarios podrían estar actuando al margen de la ley.

TRABAJADORES CONFRONTAN OPINIONES SOBRE PUERTO DE GUANTA. Opiniones antagónicas coexisten entre trabajadores respecto a cómo es administrado el Puerto de Guanta. Mientras un grupo de empleados cuestiona las presuntas hostilidades y atropellos de parte de directivos del terminal portuario, otro grupo atestigua que las molestias de su contraparte se deben a que los directivos “no los dejan hacer lo que hacían anteriormente, como llegar tarde al trabajo y en estado de embriaguez los fines de semana”. Según refieren en una comunicación, “en horas nocturnas el puerto quedaba sin un trabajador a merced de los ladrones que robaban contenedores, almacenes o buques”, pero que ahora, el de Guanta es a su juicio “el puerto más seguro de Venezuela gracias a los directivos actuales”. Respecto a sus compañeros de labores, añaden: “ya no pueden meter sobretiempo sin trabajarlo o cobrar por los movimientos de las máquinas o puede ser que les molesta que no pueden utilizar los vehículos de nuestra empresa para marramucias.”

PRESUNTAS ANOMALÍAS EN ZONA Nº 3 DE POLIANZOÁTEGUI. Habitantes de la población de Píritu aseguran que numerosos funcionarios adscritos a la brigada motorizada de la Zona nº 3 de la Policía del Estado Anzoátegui están presuntamente dedicados a la custodia de comerciantes asiáticos, lo cual se traduciría en ingresos mensuales para un alto oficial de la zona policial, por el orden de los 40 mil bolívares fuertes. Opinan que merece se investigue porqué Audencio Colmenares, jefe del destacamento policial, autorizaría tal situación.

SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN INASS-CLARINES. A raíz de la llegada del director encargado Oswaldo Marcano Paraguatey se desató en el Instituto Venezolano de los Servicios Sociales (INASS) en Clarines, estado Anzoátegui, una especie de “cacería de brujas”. Al menos así lo consideran trabajadores de la institución. “En su carácter de director mandaba a quitarle la comida que los adultos mayores compraban en la calle, tales como: harina pan, arroz, espaguetis, etc. También se dedicó a regalar las medicinas de los adultos mayores no sabiendo la carencia de medicinas en este centro.” Sostienen que la gobernación del estado Anzoátegui no le está proveyendo de recursos a la institución a través del situado, dado que los directores actuales, Daniel Marcano y Glennys Parica, no han rendido cuentas de su gestión, mientras que a los trabajadores no se les ha pagado el bono de alimentación (cestatickets) en lo que va de 2012. “El señor Daniel Marcano y la señora Glennys Parica se dieron a la tarea de quitarle las suplencias a varias personas que tenían años aportando tiempo y trabajo sólo con la esperanza de un cargo fijo”, alegan. Mencionan los casos de Anyolina Sanez, Josefina Sanez, Yanetzi Campos, Ana Unamo, Ramón Acevedo, Jesús Itriago y Julio Portillo, a quienes, según indican, les fue quitado el derecho de optar por un cargo, de acuerdo a órdenes de los funcionarios Oswaldo Paraguatey, Glennys Parica y Daniel Marcano. Los trabajadores exhortan a las autoridades nacionales del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, además de hacerle un llamado al vicepresidente de la Asamblea Nacional Aristóbulo Istúriz, para que sea revisada la situación administrativa del centro, ante la presunción de irregularidades.

ANCIANA VÍCTIMA DE ANTISOCIALES EN BARCELONA. Habitantes del estado Anzoátegui señalan que la difunta Gumercinda Pérez, una anciana sordo-muda que pereció el 17 de octubre pasado tras haber sido hallada con fuertes signos de violencia en un sector cercano al hospital Luis Razetti de Barcelona, pudo ser victima de los mismos delincuentes que hace aproximadamente 2 años asesinaron a una joven estudiante, los cuales, según detallan en una comunicación, “andan sueltos libres y campantes haciendo de las suyas”. Añaden que tras haber sido capturados, algunos de los presuntos homicidas de la joven fueron inexplicablemente puestos en libertad. Aseguran que Pérez se desempeñó por largo tiempo como empleada doméstica de los suegros del actual Registrador Civil (prefecto) de Puerto La Cruz y de unos comerciantes de origen árabe. Exigen se haga justicia en el caso.
       

Internacionales

CONSTRUCTORA PANAMEÑA CUESTIONADA POR SUPUESTAS OBRAS DE MALA CALIDAD. De acuerdo a comunicación que nos remite, la ciudadana Dayra Cortés asegura ser propietaria de un inmueble en uno de los proyectos residenciales desarrollados por la Constructora Grupo Corcione en Panamá, empresa cuestionada por venezolanos residentes en el país centroamericano, en vista de las presuntas fallas estructurales que han presentado algunas de sus obras. Cortés coloca a disposición su correo electrónico (en reserva) a quienes hayan presentado quejas en contra de la empresa, y ofrece junto a sus vecinos hacer frente a la mala calidad de los inmuebles vendidos por la constructora.